Luego de que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) accediera a información que confirma la intención de despidos en organismos públicos, se iniciará un paro de 3 días en Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), a desarrollarse del 29 de noviembre al 1 de diciembre inclusive, afectando a las exportaciones y comercio interprovincial.

«Se están poniendo en serio riesgo la continuidad de todo el personal ingresado en el año 2023, como así también de los 550 contratados bajo la modalidad FUNVET, quienes están en una situación de extrema precarización, dado que firmaban como monotributistas un contrato de prestación de servicios», indicó el Secretario General, Rodolfo Aguiar.

«La medida que vamos a iniciar mañana tendrá un fuerte impacto y no se nos podrá responsabilizar a los trabajadores por las consecuencias de la misma. Hace años demandamos que se garantice la estabilidad de todos los trabajadores del organismo. No hay ningún motivo para que alguien pretenda aplicar un ajuste en el SENASA, ya que el mismo se autofinancia y además le aportó al Estado argentino 12 mil millones de pesos en el 2022», agregó.

«Este es el inicio de un plan de acción que va a tener continuidad por otros organismos y no descartamos llegar a la huelga general si como se anticipa, la primera variable de ajuste vamos a ser los estatales», apuntó el dirigente nacional.

El SENASA es el organismo encargado de la fiscalización de producción agroalimentaria que cuenta con la habilitación de la Organización Mundial del Comercio para controlar las normas fitosanitarias necesarias para exportar a los otros países. Es el organismo encargado de otorgar las certificaciones necesarias para el comercio internacional. Es decir, sin estos controles no habrían exportaciones ya que son el único organismo argentino con la potestad de regularlo.

«Si se levantan las barreras de control zoofitosanitario, se pone en riesgo el status sanitario alcanzado por la Argentina, pudiendo perderse la zona libre de moscas de los frutos que dificultaría el comercio de fruta con Estados Unidos, encareciendo considerablemente los costos de la exportación. También se perdería la zona libre de aftosa, por lo cual la carne que se comercializa entraría en el circuito mundial de comercialización de países con aftosa, perdiendo el mercado de países que compran carne al circuito no aftosa que se paga mucho más (como por ejemplo, Japón)», destacó Aguiar.

«No sólo existe un perjuicio económico al frenar esta actividad, ya que el alimento que se come en el país podría dejar de ser seguro para la salud humana. Incluso pueden entrar nuevas plagas y enfermedades. Ya se confirmaron casos de Alphavirus (encefalomielitis equina) en Corrientes y Santa Fe, un peligroso virus transmitido por mosquitos infectados que infecta a los caballos, pero también puede afectar a humanos», añadió.

En esta línea, el Coordinador General de ATE SENASA, Jorge Ravetti, explicó que «los trabajadores contratados bajo la modalidad FUNVET están ultra precarizados» y que son quienes llegaron para «recrear las barreras sanitarias ante la llegada de la influenza aviar a la Argentina. Esta enfermedad no se erradicó del país. Hace pocos días surgió un foco en Catamarca. El control del SENASA es indispensable para evitar que este tipo de enfermedades hagan un daño mayor», completó.

La situación del denominado dólar fruta; la temporada de cosecha que se aproxima y un balance de lo que dejaron las gestiones que se llevaron adelante para sostener la actividad frutícola, fueron algunos de los ejes que se abordaron en un encuentro que tuvo lugar en la Secretaría de Fruticultura, junto a integrantes del Complejo Frutícola y autoridades del Ministerio de Producción y Agroindustria de Río Negro.

La reunión fue encabezada por el ministro, Carlos Banacloy, quien estuvo acompañado por el secretario de Fruticultura, Facundo Fernández, y el subsecretario del área, Pablo De Azevedo. Asistieron autoridades de CAFI y de la Federación de Productores y presidentes de diferentes cámaras.

«Ya en el cierre de la temporada, lo más importante fue ver cómo se vio reflejado el dólar fruta y su impacto en la liquidación de los productores, algo que se había acordado con CAFI en el inicio de la gestión y que requerimos a la Secretaría de Agricultura de la Nación», señaló Banacloy. El funcionario destacó que «los temas que atañen a la actividad frutícola se resuelven en una mesa con todos los sectores, buscando acuerdos».

La mano de obra para el sector, el análisis de lo que se planteará en las reuniones paritarias y la competitividad del sector en el contexto del atraso del tipo de cambio también fueron temas que se abordaron en el encuentro.

«Va a ser una temporada muy particular, la cosecha viene casi completa y va a haber mucho trabajo con buena mano de obra, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algunos puntos fundamentales, antes del inicio de la temporada. Entendemos las necesidades que va a tener el trabajador y que la fruticultura, probablemente, no pueda afrontar todo lo que el trabajador necesite. Pero también en eso necesitamos darle a la actividad mano de obra más calificada, con más competitividad, y que no tengamos volúmenes de descarte que después impactan doblemente, relativizando los precios», agregó Banacloy.

El presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernández, calificó el encuentro como «muy positivo» y se mostró expectante para, luego del 10 de diciembre, presentarle al nuevo presidente de la Nación, Javier Milei, la agenda que propone la fruticultura valletana para el próximo año. «Hoy el dólar no es favorable para nosotros y los costos son cada vez más altos», destacó.

Se realizó, en la sede de la Secretaría de Fruticultura de la localidad de Allen, una nueva reunión de trabajo del Comité de Evaluación Provincial de Subproyectos del Subcomponente Medios de Vidas Rurales de Los Sistemas Agroalimentarios Climáticamente Inteligentes e Inclusivos (AGROXXI-CIAF). A través de ella se aprobaron las nueve iniciativas presentadas, por un monto de $244.916,023, beneficiando a más de 100 familias de productores de diferentes puntos de la Provincia.

La actividad fue coordinada por el Secretario de Financiamiento, Martín Lamot y contó con la participación del Ministro de Producción y Agroindustria, Carlos Banacloy.

Banacloy destacó, en la oportunidad, la importancia de impulsar estos proyectos, porque abarcan a distintas regiones de la provincia, e incluyen diferentes cadenas productivas como son la ganadería, la fruticultura, la horticultura y el agregado de valor.

Estuvieron presentes también Pablo Gutiérrez Ageitos, por AGROXXI, Ramiro Radeland, Coordinador Técnico de UPE Río Negro; María Soledad Urraza, de INTA, Ángel Guttmann, de la INAFCI; los productores Magaly Muñiz y Amador Lagos Mella, y José Morales, representante de Comunidades Originarias.

Los proyectos aprobados son:

• – Fortalecimiento predial para los productores de Comallo, para 15 familias ganaderas.
• – Mejora de la infraestructura predial para la producción de fruta fina, para 7 familias productoras de fruta fina y hortalizas.
• – Mejoramiento predial para el fortalecimiento de la producción pecuaria de la comunidad Nehuen Peñi, de Río Chico Abajo, para 18 familias.
• – Equipamiento productivo colectivo para emprendedores del Valle Inferior, para la Asociación Movimiento de Emprendedores del Valle Inferior – San Javier.
• – Mejora de la producción a través de la incorporación de nuevas tecnologías y valor agregado en origen, para 13 familias del Grupo La Soñadita, de General Conesa.
• – Incorporación de infraestructura para mejorar producción y calidad de vida en la costa del Colorado, para 7 familias del Grupo Costa del colorado – Cervantes.
• – Aumento de la eficiencia en la cadena de valor a partir de mejoras en la producción y el transporte, para 26 familias de la Fundación Cultivo Ecológico – Red de Productores Agroecológicos de la Comarca Andina (REPACA).
• – Mayor y mejor producción de forrajes y hortalizas en General Conesa, para 8 familias.
• – Mejoramiento de la infraestructura predial productiva para integrantes del Grupo de Productores Independientes de Colán Conhue, para 16 familias.