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Judiciales

Piden prisión preventiva para otro imputado por el homicidio en El Cuy

La fiscal Giuffrida solicitó que se dicte la prisión preventiva al segundo sospechoso Leonardo Ruiz.

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En el marco de la causa por el homicidio del comerciante lanero Juan Alejandro Cardozo, ocurrido el pasado 26 de abril en la localidad de El Cuy, la titular de la Fiscalía de Delitos contra las personas, Teresa Giuffrida, solicitó en el día de hoy, que se dicte la prisión preventiva al segundo sospechoso del crimen, Leonardo Rafael Ruiz. La audiencia se desarrolló ante el Juzgado de Instrucción Nº 4, a cargo de la Jueza Natalia González, con la presencia del imputado, representado por los defensores particulares Jorge Crespo y Guillermo Leskovar Garrigós y la abogada querellante.

La fiscal expuso ante las partes los argumentos en los que basa el pedido de solicitud de la prisión preventiva, basados en los parámetros que ha establecido el Superior Tribunal de Justicia, como así también la jurisprudencia de otros tribunales del país. En este sentido, la Fiscalía entiende que en este caso «esta justificado el carácter excepcional de la prisión preventiva», entendiendo que la misma debe fundarse en los riesgos procesales como el peligro de fuga y la obstrucción a la investigación.

Además, la representante del Ministerio Público Fiscal remarcó la naturaleza del hecho, la severidad de la pena y el grado de presunción de culpabilidad del imputado y la peligrosidad evidenciada en el accionar de los imputados, que está dada por cuatro personas que habrían ingresado en horas de la madrugada en el interior de la vivienda con una arma de fuego y con el resultado de un hecho criminoso.

Por su parte, la defensa rechazó que se ordene la prisión preventiva de su defendido, considerando que «no existen riesgos procesales de fuga y que no posee antecedentes penales computables».

Cabe destacar, que en la jornada de ayer, la Fiscalía solicitó que se mantenga la detención del otro imputado Pablo Adrián Sotelo. Con respecto a las pruebas recolectadas, la fiscal Giuffrida remarcó que «todavía no se ha producido la totalidad de la prueba y que hasta el momento hay dos personas prófugas que estarían implicadas en el hecho». También se realizó con resultados positivos una pericia odorológica sobre elementos secuestrados, en relación a los dos imputados.

Finalmente, el Tribunal dispuso que el próximo lunes resolverá la situación procesal y el dictado de la prisión preventiva de ambos imputados que seguirán detenidos.

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Le hackearon el WhatsApp a su socio y perdió $5,8 millones en una falsa operación cambiaria

La mujer realizó dos transferencias a una cuenta de un tercero, luego de recibir una oferta de dólares desde el número de WhatsApp de su socio. La Justicia ordenó retener los fondos y pasarlos a una cuenta judicial.

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Una mujer de Cipolletti transfirió $5,8 millones para comprar dólares a quien creía que era su socio, pero luego descubrió que un tercero tenía el control del teléfono de él. Tras la denuncia penal y el reclamo ante el banco, la Justicia ordenó retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial.

La operación comenzó cuando la mujer recibió un mensaje de WhatsApp desde el número de su socio, quien le ofrecía venderle dólares. Como ya había realizado una compra de esa moneda con él en otra oportunidad, la propuesta no le generó sospechas. Sin embargo, su interlocutor insistió en que el pago se hiciera mediante una transferencia a una cuenta de una tercera persona en el Banco de Galicia. La mujer realizó dos depósitos.

Al día siguiente se enteró de que el teléfono de su socio había sido hackeado. Entonces realizó una denuncia penal y presentó un reclamo ante la entidad bancaria. El banco congeló preventivamente los fondos porque la titular de la cuenta receptora no había justificado su origen, aunque advirtió que no podía devolverlos sin una orden judicial.

Ante esa respuesta, la mujer acudió a la Unidad Jurisdiccional Civil N° 9 de Cipolletti y solicitó una medida autosatisfactiva para recuperar el dinero de manera inmediata.

El juez no ordenó la devolución directa sin antes escuchar a la titular de la cuenta de destino. Explicó que este tipo de medida produce efectos definitivos y que, por ese motivo, debe garantizarse el derecho de defensa de la otra parte.

Sin embargo, hizo lugar al pedido subsidiario para resguardar el dinero. Consideró verosímil que la titular de la cuenta hubiera recibido un pago sin ser acreedora de quien lo realizó y que la operación se hubiera concretado mediante un ardid. Señaló que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la restitución en ambos supuestos. También tuvo en cuenta que el congelamiento preventivo dispuesto por el banco no contaba con respaldo judicial y podía levantarse en cualquier momento.

La resolución ordenó a la entidad bancaria retener los fondos y transferirlos a una cuenta judicial. Además, estableció un plazo de 10 días para que la titular de la cuenta receptora explique la causa de los depósitos.

Si no se presenta ni formula oposición dentro de ese período, se tendrán por ciertos los hechos relatados y se ordenará transferir el dinero a la mujer. No obstante, como existe una investigación penal por el mismo hecho, la entrega de los fondos quedará supeditada a un informe del Ministerio Público Fiscal.

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Una abuela de Roca logró que la Justicia fijara una cuota alimentaria provisoria para su nieta

La mujer, que convive con la niña y se ocupa de su cuidado, inició una demanda contra ambos progenitores. La jueza estableció que cada uno aporte el 20% de sus ingresos, con un mínimo equivalente al 70% del salario mínimo.

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Una abuela materna de General Roca logró que la Justicia fijara una cuota alimentaria provisoria para su nieta, una niña que vive con ella y de cuyo cuidado se ocupa. La mujer había iniciado una demanda contra ambos progenitores para que contribuyeran económicamente con las necesidades básicas de la pequeña.

Además del reclamo alimentario, la abuela inició otro proceso judicial para obtener la guarda de la niña. En su presentación explicó que la madre trabaja en otra provincia y percibe un salario mensual, mientras que el padre realiza trabajos ocasionales. Por ese motivo, solicitó que ambos aportaran un porcentaje de sus ingresos, con un mínimo equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

El fuero de Familia de Roca hizo lugar parcialmente al pedido y estableció que cada progenitor deberá aportar el 20% de sus ingresos totales, luego de los descuentos obligatorios de ley. También fijó para cada uno un monto mínimo equivalente al 70% del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

Para resolver, la jueza tuvo en cuenta el carácter urgente de los alimentos provisorios y el derecho de la niña a recibir asistencia económica de sus padres. Consideró, además, que el proceso de guarda iniciado por la abuela constituye un indicio suficiente del derecho que reclama, lo que permite adoptar una medida preventiva sin esperar a contar con todas las pruebas ni a una sentencia definitiva.

La magistrada explicó que el objetivo es evitar que la demora del proceso judicial perjudique a la niña. En esta etapa, señaló, no corresponde realizar un análisis exhaustivo de las pruebas, ya que esa evaluación se llevará adelante antes de dictar la sentencia definitiva. También valoró que los progenitores todavía no habían contestado la demanda y que el Defensor de Menores se había pronunciado a favor de establecer una cuota provisoria.

La resolución aclaró que los montos podrán aumentar o reducirse durante el proceso si se presentan nuevas pruebas que justifiquen una modificación. La cuota definitiva se determinará luego de analizar la situación económica de ambos progenitores y los demás elementos incorporados al expediente.

Por último, se dispuso que los aportes deberán depositarse entre los días 1 y 10 de cada mes en una cuenta judicial. La jueza ordenó su apertura y la gestión de una tarjeta de débito para la abuela. La cuenta tendrá como único destino el depósito de las cuotas alimentarias y las asignaciones familiares.

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Imputaron a una mujer por el choque en el que murió Omar Moreno en la Ruta 22

La Fiscalía sostuvo que la conductora realizó un adelantamiento en un sector con doble línea amarilla y se interpuso en el carril por el que circulaban las víctimas.

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Una mujer quedó imputada por el accidente de tránsito ocurrido en mayo de este año sobre la Ruta Nacional N° 22, a la altura del puente ubicado en el ingreso a Colonia Fátima, en el que murió Omar Edgardo Moreno y dos mujeres sufrieron lesiones graves.

Durante la audiencia realizada este viernes (13/11), la fiscal Verónica Villarruel explicó que, de acuerdo con la acusación, el siniestro ocurrió alrededor de las 10.27, cuando la imputada circulaba en un Peugeot 307 en sentido este-oeste e inició una maniobra de adelantamiento en un sector demarcado con doble línea amarilla. Según detalló la representante del Ministerio Público Fiscal, la conductora se habría acercado a una camioneta para sobrepasar a dos automóviles y un camión, invadiendo de esa manera el carril por el que circulaban las víctimas.

Ante esa situación, Moreno intentó evitar la colisión y se desplazó hacia la banquina sur. La imputada también realizó una maniobra hacia ese sector. La Fiscalía sostuvo que, como consecuencia de una conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria, y de no mantener el dominio efectivo del vehículo, se produjo el choque que terminó con la vida del hombre. Tanto la mujer que lo acompañaba como la persona que viajaba junto a la imputada sufrieron lesiones graves.

Entre las pruebas presentadas por la Fiscalía se encuentran el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial de General Roca, certificados médicos, informes de los peritos mecánicos sobre el Peugeot 307 y el Ford Focus involucrados, y el relevamiento realizado por la Delegación de Cervantes del Gabinete de Criminalística.

También se incorporaron pericias accidentológicas sobre las velocidades aproximadas de los vehículos al momento del impacto y la mecánica del hecho, un video extraído de un taxi que circulaba por la ruta en ese momento y las entrevistas al camionero que habría sido sobrepasado y al conductor del taxi. A esto se sumaron informes del Cuerpo de Investigación Forense sobre la víctima fatal y las lesiones que presenta la mujer que continúa bajo tratamiento médico.

La querella adhirió a lo expuesto por el Ministerio Público Fiscal y la defensa particular no formuló objeciones.

Finalmente, la jueza de Garantías Claudia Lemunao tuvo por formulados los cargos por homicidio culposo doblemente agravado por la conducción de un vehículo automotor y con culpa temeraria, en concurso ideal con lesiones graves culposas triplemente agravadas por la conducción de un vehículo automotor, con culpa temeraria y pluralidad de víctimas (dos víctimas), conforme a los artículos 54, 84 bis, segundo párrafo, y 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal.

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