Judiciales
Triple Crimen: Denegaron salidas transitorias a Kielmasz
Está cumpliendo prisión perpetua por el triple crimen ocurrido en Cipolletti en 1997.
El juez de Ejecución Penal de General Roca, Juan Pablo Chirinos, denegó la incorporación al régimen de salidas transitorias del interno Claudio Kielmasz y ordenó que se “ajuste el programa tratamental” que está recibiendo en la Colonia Penal Federal N° 4 de Santa Rosa, La Pampa. La sentencia fue dictada el 17 de mayo, al resolverse una nueva solicitud del interno de ser incorporado al beneficio. Similares planteos ya habían sido rechazados en abril de 2013 y en marzo de 2014, tras haber concluido el juez en aquellas instancias que “el Sr. Kielmasz no puede empatizar con otras personas” y que ello obstaculiza su “respeto a los derechos de terceros”.
Al resolver el nuevo planteo, Chirinos destacó los avances que hasta julio de 2015 había alcanzado el interno gracias al buen vínculo tratamental afianzado con una Licenciada en Psicología de la Unidad Federal de Río Gallegos, donde se encontraba alojado. Sin embargo, destacó el retroceso evidenciado luego de que se le asignara una nueva psicóloga tratante a raíz del retiro de la primera. “No supieron, no quisieron o no pudieron entablar un vínculo tratamental lo suficientemente sano como para lograr la continuidad del tratamiento”, concluyó el juez, afirmando que ese “quiebre” derivó en “una seguidilla de sanciones” que redujo las calificaciones del interno y que llevó a que el Servicio Penitenciario revocara su anterior dictamen favorable para las salidas transitorias.
En esas circunstancias Kielmasz fue trasladado primero a la Unidad Federal 12 de Viedma y luego a la Unidad 4 de Santa Rosa. Además, resultó procesado por el presunto delito de amenazas contra una docente del Penal de Río Gallegos y denunció penalmente a su nueva profesional tratante. “La llegada de una nueva tratante mostró cómo se repetían patrones anteriores con denuncias penales para no ser atendido por esta persona. Este es el camino elegido por el interno, camino que claramente lo margina de los beneficios solicitados”, indica la sentencia.
En la resolución el juez enumeró las circunstancias que “muestran un claro retroceso” en la situación del interno y precisó que su traslado desde la unidad de Viedma a la de Santa Rosa respondió a una denuncia de agresiones -con lesiones constatadas- y a una sentencia del Juzgado Federal de Viedma sobre las condiciones generales de detención en la U12 y al resguardo de los internos allí alojados.
En su consideración final el juez indicó: “Creo que el interno debe (…) trabajar para ‘fortalecer sus recursos personales para enfrentar los hechos, sobreponerse al impacto del daño causado, sentir empatía y solidaridad con el sufrimiento de otro, fortalecerse para el futuro y descubrir un nuevo sentido a su vida, mientras esté cumpliendo condena y tras su egreso’. Este trabajo no puede hacerlo solo, debe trabajar con los profesionales de las unidades donde se aloja y el camino de las amenazas sólo logra marginarlo cada día mas”. Es por eso que Chirinos remitió información relevante a la unidad penitenciaria de La Pampa para que “ajuste el programa tratamental” a las nuevas circunstancias del interno.
Kielmasz se encuentra cumpliendo una condena firme de prisión perpetua por el triple crimen ocurrido en Cipolletti en 1997, del cual resultaron víctimas las jóvenes María Emilia y Paula González y Verónica Villar. Fue declarado “coautor de secuestro agravado y reagravado seguido de muerte” y condenado en julio de 2001, aunque está detenido desde fines de diciembre de 1997. Aunque están cumplidos los plazos que prevé la Ley de Ejecución de Penas para la solicitud del beneficio de salidas transitorias, el juez de Ejecución ha considerado en sus últimas sentencias, sobre la base de múltiples informes periciales, que el interno aún no está en condiciones psicológicas de acceder sin custodia al medio libre.
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Una duda familiar lo llevó descubrir su verdadera identidad: Impugnó su paternidad, pero conservará el apellido
Decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
El fuero de Familia de Luis Beltrán resolvió la demanda de impugnación de paternidad y rectificó la filiación del hombre. A pesar de este cambio, él expresó su voluntad de conservar el apellido, ya que con ese nombre se identifica social y afectivamente.
Durante el proceso se autorizó una prueba genética entre él y quien había cumplido el rol paterno. El informe pericial concluyó que no existía vínculo biológico entre ambos. Con base en la pericia genética, se resolvió desplazar el reconocimiento paterno.
El Tribunal reconoció el derecho del hijo a conocer su identidad biológica y a contar con un emplazamiento filial que refleje esa realidad.
El hombre decidió conservar su apellido porque, más allá de la falta de vínculo biológico, quien lo crió siempre ejerció el rol de padre. Se analizó este planteo desde una perspectiva dinámica del derecho a la identidad. Reconoció que el apellido no solo se vincula con lo jurídico, sino que también constituye un aspecto profundo de la autopercepción y pertenencia.
En tanto, la sentencia ordenó la rectificación del acta de nacimiento en el Registro Civil correspondiente, eliminó el nombre del padre y dejó constancia únicamente de la madre.
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Uno de los adolescentes imputados por el crimen de Julián Dobra se quitó la tobillera
Finalmente fue localizado en su vivienda y ahora lo internarán en uno de los dispositivos de la SENAF, hasta que continúe el proceso.
Este mediodía (09/10) la Fiscalía solicitó que se modifique la detención de uno de los menores imputados en el legajo que investiga el homicidio de Julián Dobra, tras la notificación por parte la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico que el adolescente se había quitado el dispositivo.
«Tras esa confirmación, durante la tarde de ayer (08/10) la Policía se hizo presente en la vivienda donde el joven venía cumpliendo la medida. De manera inmediata intervino la Brigada de Investigación y se convocó a la Unidad de Canes para dar con él. Sin embargo, durante esta mañana el adolescente se encontraba en su casa nuevamente», explicó el equipo fiscal.
En la audiencia, el Ministerio Público Fiscal explicó que «pesa sobre el menor punible una imputación por un hecho grave, en calidad de participe primario. El 14 de agosto pasado se dictó una medida cautelar teniendo presente el peligro procesal de entorpecimiento a la investigación, sin embargo, con la actitud desplegada, hoy se suma el de fuga. Por ello es que con presencia de personal de SENAF es que solicitamos que sea internado en uno de los dispositivos que dicho organismo cuenta para este tipo de casos«.
Por su parte, la defensora pública de menores punibles explicó que «se ha trabajado en este tema, no se han encontrado otras medidas alternativas por eso se adhiere al pedido de la Fiscalía».
Finalmente, el juez de Garantías interviniente resolvió en pos de lo planteado por la Fiscalía.
Datos e imágenes de menores
Al inicio de la audiencia, la defensora de menores volvió a solicitar, a través del juez interviniente en este legajo, que se inste a los medios de comunicación de mantener la prohibición de publicar datos e imágenes de los menores que están involucrados en este o en cualquier otro legajo.
La defensora invocó, además de normativa provincial, la Ley Nacional N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley Nacional N° 20.056 sobre la prohibición de la difusión o publicidad de hechos referidos a menores de edad. Tal como indica la normativa internacional de raigambre nacional y provincial.
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Le robaron el celular y le negaron cobertura porque no entregó la factura ni el cargador
La Justicia falló a favor de la víctima y falló contra la empresa de seguros.
Una mujer entrenaba al aire libre en Roca cuando sufrió el robo de su riñonera. Adentro tenía las llaves de su casa y un teléfono celular. Rápidamente hizo la denuncia policial y el reclamo ante el seguro.
El dispositivo contaba con cobertura de protección para portátiles. Cumplió con todos los requisitos, pero la aseguradora rechazó la cobertura. Ante la falta de respuesta, presentó una denuncia en Defensa del Consumidor. Finalmente, recurrió al Poder Judicial.
El fuero Civil de Roca hizo lugar a la demanda contra BBVA Consolidar Seguros S.A y y la mujer será indemnizada por los daños y perjuicios. La jueza consideró que entre las partes existió una relación de consumo, lo que implica la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor.
La empresa de seguros alegó que la mujer no presentó documentación complementaria indispensable para probar el siniestro. Mencionó la falta de la factura de compra, la caja del celular, el cargador, los manuales y otros accesorios. También solicitó la constancia de bloqueo de IMEI y la verificación del dispositivo móvil mediante las plataformas Gmail y Hotmail.
Con la prueba presentada, se acreditó que la mujer cumplió con los requisitos formales: denunció dentro del plazo, presentó la denuncia policial y remitió la documentación básica solicitada. Respecto de los elementos reclamados por la aseguradora, la jueza resolvió que esos requisitos no surgían del contrato firmado.
El fallo establece que el proveedor debe brindar información adecuada, clara y completa durante toda la vigencia del contrato. La falta de información y la negativa injustificada a cubrir el siniestro constituyeron un incumplimiento contractual grave.
