Sociedad
Mango presentó proyecto para que la Policía no detenga a menores
El legislador busca modificar parcialmente la ley de Protección Integral de los Derechos de los Niños.
El legislador Marcelo Mango (Frente para la Victoria) presentó un proyecto para modificar parcialmente la ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para que los menores de edad «no puedan ser demorados o detenidos por las fuerzas policiales bajo el pretexto de brindarles protección o averiguar sus antecedentes y medios de vida”. Fundamenta que “el mero hecho de encontrar a jóvenes deambulando por la vía pública no puede convertirse en una presunción para realizar una privación injustificada de la libertad ambulatoria de las personas, más aún cuando dicha práctica policial suele dirigirse a jóvenes pertenecientes a sectores marginales de la población».
Desde su óptica, «las normas y convenciones vigentes referidas a la cuestión deben interpretarse de forma integral, sin soslayarse el nuevo paradigma en materia de protección a la niñez y adolescencia desde todos los estamentos del Estado, siendo las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial actores necesarios en la protección que debe ser proporcionada a este sector de la sociedad».
El legislador Mango no pone en discusión «las facultades de la Policía en materia de prevención y seguridad dispuestas en la Ley Orgánica de la fuerza de seguridad» y deja en claro que «los preceptos que le permiten al personal policial actuar en casos en que un menor sea sorprendido perpetrando un ilícito no debe interpretarse de tal manera que un joven sea perseguido o privado de su libertad en todo otro supuesto y, mucho menos, so pretexto que ello sea en aras de una hipotética protección del menor».
Señaló que «recientemente el Superior Tribunal de Justicia resolvió que la Policía puede detener a niños o adolescentes menores de edad cuando considere que están en situación de abandono, con la obligación de dar inmediata intervención a los organismos tutelares que correspondan y a sus progenitores o tutores». Mango sostiene que “el análisis jurídico y legislativo que realizan los jueces sobre la actuación de la policía está alejado de la realidad, ya que mayoritariamente las detenciones no se realizan porque los menores se encuentran en situación de abandono. De acuerdo a las denuncias que realizan permanentemente los padres, algunos funcionarios públicos y judiciales, los organismos de derechos humanos y los mismos jóvenes de nuestra provincia, las fuerzas policiales realizan detenciones ilegales, discriminatorias y arbitrarias de niños y jóvenes, por pertenecer a determinado barrio, por el color de la piel, la vestimenta o el aspecto físico», agregó.
Expresa luego el parlamentario que“teniendo en cuenta que el origen de esta controversia judicial se origina porque la Policía utiliza el inciso a) del artículo 5º de la ley 4109 para detener a niños y jóvenes con la excusa de ‘protegerlos’, es que consideramos necesario incorporar en la misma ley la prohibición expresa de demorar o detener a los menores bajo ese pretexto o el de la averiguación de antecedentes. El párrafo que proponemos incorporar a la ley 4.109, es para dejar claro que la intención de los legisladores al estipular en la norma que los niños y jóvenes tienen prioridad para recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, no fue con el propósito de que los menores sean detenidos, sino que contrariamente era para que tengan la preferencia de la sociedad y del Estado en el respeto y goce de sus derechos», añadió.
El legislador Mango consideró finalmente que “si se aprueba la presente propuesta se pondrá fin a esta polémica judicial y fundamentalmente deberá frenar el accionar policial respecto a la práctica de encarcelar a los menores de edad”.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
