Judiciales
Piden que internos tengan arresto domiliciario por superpoblación
Lo solicitó el Defensor Luis Carrera para los internos de «El Maruchito».
En la jornada de hoy se llevó a cabo la segunda audiencia oral y pública para avanzar en un plan integral de reparaciones del Establecimiento de Ejecución Penal Nº 2, en relación a tres ejes centrales: arreglo del sistema eléctrico, filtraciones y fallas en el sistema de calefacción. La misma se desarrolló en el marco del recurso de habeas corpus y su posterior ampliación que fue interpuesto por el Defensor de Ejecución Penal, Eduardo Luis Carrera, en relación a las condiciones de detención, seguridad e integridad física de sus asistidos alojados en ese establecimiento.
La defensa propuso como medida alternativa, para solucionar los problemas eléctricos, particularmente en el pabellón 3, que en caso de que no se pueda resolver esta problemática de riesgo en un corto plazo, que a los internos que se encuentran en el Anexo del Maruchito de esta ciudad, con beneficios de salidas transitorias y semilibertad y que posean una pena corta, se les conceda el arrestro domiciliario con pulsera electrónica para descongestionar el espacio y de esta manera, reubicar a los internos en dicho lugar o en su defecto, que sean traslados a otras unidades penales cercanas, respetando los vínculos familiares, continuándose además con la medida ya dictada por el Juez de prohibición de nuevos ingresos al Penal 2, hasta tanto se realicen las refacciones urgentes y teniendo en cuenta además la superpoblación.
El defensor Eduardo Luis Carrera señaló, que tanto de lo que surge de los informes de los peritos agregados a las actuaciones, de las testimoniales tomadas bajo juramento de ley, como las inspecciones realizadas, se detectaron filtraciones sobre el cableado eléctrico precario que pone en riesgo inminente la vida de sus asistidos como el resto de los internos. Remarcó que existen riesgos de cortocircuito por sobrecalentamiento y en consecuencia probabilidad de incendio de acuerdo a los informes de los ingenieros de oficio y de parte . Asimismo, el representante del Ministerio de la Defensa solicitó que el Estado en forma inmediata, en su carácter de garante de la seguridad penitenciaria, extreme todos los recaudos necesarios para anular esta situación de riesgo a fin de garantizar la integridad física y la seguridad de sus defendidos, bregando ademas por el bien del resto de la población carcelaria y de todo el personal que trabaja y transita por el establecimiento.
«Esta puesta de peligro conlleva una responsabilidad directa de los deberes del Estado y por lo tanto, este riesgo al que se llegó, es el que debe evitar el Estado para no incurrir en una negligencia grave, en función de la normativa constitucional y de la Convención Americana de Derechos Humanos, teniendo en cuenta además las pautas establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al fijar las normativas a tener en cuenta al respecto, de que los estados partes deben velar por la integridad física de aquellas personas privadas de libertad», remarcó el defensor. En este sentido, destacó la predisposición de las autoridades estatales para dar solución a los problemas técnicos y el avance en la compra y colocación de membranas, que permitirán solucionar de manera urgente las filtraciones en las tres celdas más afectadas como así también en otros sectores, como el pasillo central donde se encuentra el tablero eléctrico y el área donde permanece parte del personal penitenciario.
En cuanto a los problemas eléctricos, que se desprenden de los informes presentados por los peritos, se analizó en la audiencia los plazos de ejecución de los arreglos. Por parte de la defensoría y de la fiscalía se solicitó que los mismos sean resueltos en un plazo urgente, particularmente en el pabellón 3, que es uno de los más afectados del establecimiento.
Por su parte, los representantes de la Secretaría de Justicia de la Provincia ofrecieron como plazo estimado 2 meses para terminar con la obra provisoria de la instalación de una tablero principal de electricidad y de tableros secundarios. Asimismo, se acordó la presentación de un informe de parte de las autoridades estatales, con los avances de la obra al tribunal y a las partes involucradas.
Con respecto a las fallas en el sistema de calefacción, se determinó que un plazo estimado de 15 días se entregarán las frazadas y en una semana la instalación de los caloventores en el establecimiento. También se fijó que en una semana se realizará una nueva inspección al penal a los fines de verificar el estado y las condiciones de la temperatura.
Participaron del encuentro, el Juez Juan Pablo Chirinos, representantes del Ministerio Público de la Segunda Circunscripción, la defensora de Ejecución Penal de Cipolletti, la Dra. Laura Gonzalez Vitale, integrantes del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, de la Fiscalía de Estado, del Servicio Penitenciario Provincial. También estuvieron presentes el Ingeniero en Electricidad y especialista en Seguridad e Higiene, Alberto Julio Delord como perito oficial, y el ingeniero Alejandro Omar Ulloa, como perito de parte. Ambos profesionales recorrieron las instalaciones del Penal la semana pasada y presentaron sus respectivos informes preliminares, en los que coincidieron en destacar la precaria situación del tablero principal de electricidad y de los tableros secundarios, así como los problemas de “sobrecorriente” en el tendido.
Mañana está previsto que el Juez de a conocer la sentencia definitiva en relación a la medida dispuesta el viernes pasado acerca de la prohibición del ingreso de nuevos detenidos en el establecimiento y acerca de lo analizado en esta jornada.
Judiciales
Confirmaron la prisión preventiva del policía acusado de estar involucrado en un violento robo ocurrido en Cipolletti
El efectivo fue detenido en una Comisaría de Roca donde prestaba funciones.
El policía acusado por el delito de robo agravado que tuvo como víctimas a dos adultos mayores de Cipolletti continuará en prisión preventiva. Ayer (16/04) se revisó la medida cautelar y el juez que condujo la audiencia confirmó la misma. También levantó la reserva dispuesta inicialmente respecto de la imagen y los datos personales del imputado.
Inicialmente, el juez de garantías admitió los cargos contra Enzo García, un policía acusado de participar en un violento robo ocurrido en Cipolletti el 20 de marzo. El hecho, que involucró el uso de un arma de fuego y una supuesta simulación de ser personal de ANSES, terminó con lesiones graves en una de las víctimas, quien permanece internada con pronóstico reservado.
Según la acusación de la Fiscalía, «el agente policial coordinó el accionar delictivo junto a otras dos personas aún no identificadas». El episodio tuvo lugar en una vivienda ubicada en el centro de Cipolletti donde los tres hombres arribaron a bordo de una camioneta.
Dos de ellos descendieron y, valiéndose de un engaño relacionado con una falsa denuncia en ANSES, ingresaron por la fuerza al domicilio. Uno vestía un uniforme policial. Mientras uno de los intrusos amenazaba con un arma a la persona residente, otro inmovilizó a la propietaria mediante agresiones físicas para llevarla a la habitación donde guardaba dinero. Posteriormente, accedieron a una caja fuerte en el primer piso, de donde también sustrajeron objetos de valor.
La Fiscalía sostuvo que el imputado permaneció en el exterior cumpliendo funciones de vigilancia y habría facilitado el uniforme utilizado por uno de los autores materiales del robo. Luego de consumado el hecho, todos abandonaron el lugar con los bienes sustraídos.
Durante la secuencia, una de las víctimas sufrió un accidente cerebrovascular, además de lesiones en el cuello y el cráneo. El informe médico correspondiente confirmó su internación en una clínica de la ciudad.
Las evidencias presentadas incluyeron grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios, elementos secuestrados en allanamientos y la identificación del imputado mediante un pago electrónico realizado en un local cercano al lugar del hecho. Entre los elementos incautados se encontraron armas, vestimenta policial, cartuchos de diferentes calibres y dispositivos de uso táctico. El policía García fue detenido por la Fiscalía en la propia Comisaría de Roca en la que prestaba funciones.
El Ministerio Público calificó los hechos como robo agravado por el uso de arma y por haber sido cometido en poblado y en banda. Sindicó al imputado como coautor.
En la audiencia de formulación de cargos, el juez de garantías dispuso la reserva de los datos personales del imputado y de su imagen debido a que restaban medidas investigativas. Entre ellas se mencionó la realización de una rueda de reconocimiento.
Audiencia de revisión
El juez de juicio que revisó las actuaciones levantó la reserva. El fiscal invocó que ya no había medidas pendientes que impidieran la publicidad absoluta de la audiencia. En consecuencia los medios pudieron cubrir sin restricciones.
El magistrado, para resolver, consideró el principio de publicidad que impone el código procesal penal, la reglamentación del Superior Tribunal de Justicia respecto del acceso a la información pública y el Código Civil, que regula el ejercicio del derecho a informar.
Judiciales
Amenazó con un arma blanca a su ex pareja y abusó de ella
El sujeto ya tenía una medida de prohibición de acercamiento a la víctima.
Ayer (16/04) al mediodía imputaron a un sujeto acusado de amenazar, golpear y abusar sexualmente de una mujer, sobre la cual tenía prohibición de acercamiento. Continuará detenido por el período de 4 meses, mientras continúa el proceso judicial
Según la acusación fiscal, el hecho habría ocurrido el viernes pasado (11/04), durante la tarde, cuando la víctima se acercó a la casa que compartía con el imputado y éste «aprovechándose de su superioridad física, la desigual relación de poder y la vulnerabilidad en la que se encontraba la mujer, la golpeó provocándole lesiones de carácter grave», describió la fiscal.
Asimismo, el sujeto «amenazándola con un arma blanca, abusó de la mujer», agregó la Fiscalía.
La calificación legal propuesta y por la cual quedó imputado es la de «lesiones graves doblemente calificadas por la relación de pareja y por ser cometidas por un hombre contra una mujer y mediando violencia de género, abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma, coacción agravada por el uso de arma, desobediencia a una orden judicial todo en concurso real y en el marco de violencia de género», según los Artículos 45, 55, 90 en función del art. 92 y 80 inc 1 y 11, 119 3er., 4to. párrafo inc. d, 149 bis 2do párrafo, 149 ter 1er. supuesto y 239 del Código Penal.
Entre el sustento probatorio presentado por la Fiscalía para sostener esta acusación se encuentra el informe victimológico de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), el legajo del Juzgado de Familia donde estaban determinadas medidas cautelares de prohibición de acercamiento que el hombre desobedeció, informe del Cuerpo de Investigación Forense de la 2° Circunscripción Judicial respecto de las lesiones que presenta la víctima.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado teniendo presente el posible entorpecimiento a la investigación y la normativa internacional, nacional y provincial que llama al Estado a proteger a las víctimas de violencia de género.
A su turno, el defensor penal público que asistió al hombre durante la audiencia se opuso a la preventiva y propuso otras medidas menos gravosas.
Por su parte, el juez interviniente resolvió tener por formulados los cargos en los términos fiscales y determinó el plazo de preventiva en el mismo sentido que lo solicitó el Ministerio Público Fiscal, por 4 meses.
Judiciales
Cesantearon a una empleada judicial por tener tres empleos en simultáneo
La situación se descubrió por controles internos luego que la mujer registrara más de 400 de días de licencia en poco más de 4 años, por cuestiones de salud y de atención familiar.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro resolvió la cesantía de una empleada judicial de la Cuarta Circunscripción, tras comprobar que registraba tres empleos en simultáneo. Además, ordenó remitir el expediente a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia para que analice si la situación generó un perjuicio económico al erario público.
La mujer durante la pandemia se mudó a otra provincia. La situación se descubrió por controles internos luego que la mujer registrara más de 400 de días de licencia en poco más de 4 años, por cuestiones de salud y de atención familiar.
En el proceso disciplinario se verificó que figuraba como trabajadora en el Poder Judicial, en una Municipalidad de la Provincia de Neuquén y en la obra social de los petroleros de esa provincia.
En 2019 registró más de 100 días de licencia. Luego, con la pandemia, se mudó a una ciudad neuquina y desde allí desarrolló tareas. En 2022 usufructuó 180 días de licencia extraordinaria sin goce de haberes. Cuando requirió una extensión, le fue denegada. Pero al inicio del año siguiente hizo uso de licencia por enfermedad de tratamiento prolongado, totalizando más de 255 días. Finalmente, usufructuó más de 150 días de licencia sin goce de haberes, con certificado médico.
La agente admitió el múltiple empleo en su declaración y dio cuenta de las situaciones de salud propias y de allegados. Dijo que desconocía que estaba violando disposiciones con los distintos trabajos registrados. Aseguró que en el último tiempo solicitó licencia sin goce de haberes.
El máximo órgano judicial determinó que hubo una incompatibilidad legal establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Ética e Idoneidad de la Función Pública.
Las investigaciones dieron cuenta de que la agente figuraba con múltiples empleadores según los registros previsionales y las bases de datos de AFIP y ANSES.
En el proceso se solicitaron informes a los organismos tributarios y de seguridad social para determinar la cantidad de empleadores, los aportes registrados y otros antecedentes vinculados.
