Río Negro
Autorizan al Ejecutivo rionegrino a emitir Letras
La Provincia fue autorizada a emitir hasta 1.350 millones de pesos para cubrir deficiencias estacionales de caja.
La Legislatura rionegrina sancionó ayer por unanimidad la ley que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir Letras de Tesorería por hasta 1.350 millones de pesos para cubrir deficiencias estacionales de caja. La norma también habilita a la Tesorería General a librar cheques de pago diferido para el actual ejercicio financiero por hasta 350 millones de pesos. Además, la ley modifica la composición de las Fuentes Financieras del Presupuesto de Recursos y Gastos de la Administración Provincial para el año 2016, con una disminución en 250 millones de pesos en el Endeudamiento Público a corto plazo; 400 millones en el Endeudamiento Público a largo plazo; y un incremento de 650 millones en el Endeudamiento en Letras del Tesoro.
El proyecto fue debatido por más de una hora y obtuvo el aval de todos los bloques, incluso del Frente para la Victoria, que criticó los fines del endeudamiento. El legislador Facundo López fue el miembro informante del oficialismo: “No estamos autorizando una nueva deuda, estamos modificando la composición de la fuente financiera sin que ello signifique variar el monto total autorizado”, señaló. Habló de la necesidad de implementar estos instrumentos financieros en un contexto de caída en la recaudación provincial relacionada a una combinación entre recesión, inflación y adopción de medidas macroeconómicas en el orden nacional que producen un impacto en los ingresos que percibe la Provincia.
Por la oposición, Mario Sabatella (FpV) discrepó con el oficialismo en cuanto a que estas medidas no tienen que ver con un nuevo endeudamiento de la Provincia. Habló de “una gran dosis de imprevisibilidad e irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos provinciales”. Lamentó que el endeudamiento se tome para pagar deuda y no para crecer y realizar obras. “Vamos a acompañar esta ley pensando fundamentalmente en nuestros trabajadores públicos, en nuestros enfermos, en nuestros alumnos, en nuestros maestros, y también en aquellos pequeños comercios que ven agravada terriblemente su situación con esta recesión”, expresó.
Por la misma bancada, Elvin Williams y Alejandro Marinao también hablaron de falta de previsiblidad por parte del Gobierno provincial. Williams describió un estado de situación autoinflingida por la toma de medidas antipopulares del Gobierno nacional. Llamó a la reflexión al gobernador Weretilneck, sostuvo que “si no toma las cosas con la gravedad que estamos viviendo” se va a profundizar la recesión. Al igual que Sabatella, Marinao justificó su acompañamiento en la necesidad de que los trabajadores puedan cobrar sus salarios.
Por el bloque AFPIR, Jorge Ocampos, y por el de la UCR, Soraya Yauhar, apoyaron la iniciativa del Ejecutivo. Ocampos fundamentó su acompañamiento en la necesidad de ser “razonables, criteriosos y leales a la verdad”, advirtió que la situación que atraviesa la Provincia tiene que ver con las políticas nacionales aplicadas para intentar “sanear las deudas recibidas”. En el mismo sentido, Yauhar se refirió a la repercusión que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional tienen en la Provincia y aseguró que la ley transparenta la política de financiamiento del Poder Ejecutivo.
El presidente del bloque oficialista, Alejandro Palmieri, describió las previsiones realizadas en la ley de Presupuesto vigente, que al día de hoy quedaron desactualizadas, y argumentó la necesidad de aprobar la ley para afrontar la caída de recursos que ingresan a la Provincia -fundamentalmente los provenientes de la coparticipación nacional-, derivada de la implementación de medidas macroeconómicas nacionales, que impactaron en la caja de la recaudación de las provincias.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
