Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica». Agregó que «estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir».

Además, INDEC informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó que «está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante».

«A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población», indicó el secretario general de ATE Nacional.

En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó que «la destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor».

«En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad», detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.

«Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo», concluyó Aguiar.

Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.

Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

En medio de la recorrida por las provincias del ministro del Interior, Diego Santilli, para intentar cautivar a los mandatarios provinciales y lograr la aprobación de la reforma laboral, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «los gobernadores no tienen que ser ingenuos ni dejarse manipular en las conversaciones».

«No pueden avalar una reforma laboral que terminará de destruir el empleo en las provincias y que además encubre una reforma tributaria que pone en jaque la coparticipación», agregó el dirigente en referencia a las modificaciones que incorpora el proyecto del oficialismo, las cuales representan una pérdida de la recaudación anual de $8.149.521.000.000, equivalente a USD 5.727 millones. La mitad de ese monto recaerá principalmente en las provincias.

«La eliminación de Ganancias para las grandes empresas y la modificación de otros tributos recorta drásticamente los recursos que de manera automática se transfieren a las provincias. La reforma se traducirá en pérdidas multimillonarias para todos los distritos», agregó Rodolfo Aguiar.

En este marco, el secretario general de ATE continuó con que «los mandatarios provinciales tienen que saber que la conflictividad está en ascenso, que va a crecer rápidamente y va a comenzar por sus territorios».

En referencia al diálogo que prometió la senadora Patricia Bullrich para lograr la aprobación de la norma, Aguiar evaluó que «estamos frente a una contrarreforma que no admite modificaciones mediante el diálogo. Sería un error pensar que si a un proyecto que fue enteramente redactado por los estudios jurídicos del gran empresariado nacional, con el sólo hecho de introducir modificaciones se podría mejorar la posición de los trabajadores o garantizar que los perjuicios sean menores».

«El movimiento sindical no puede aspirar al mal menor. Debe dar pelea, debe luchar. Esta iniciativa, desde el primer hasta el último artículo, nos perjudica. Debemos plantear la huelga general. Sentarnos en una mesa a discutir un proyecto que no es de los trabajadores es directamente sentarse a perder. Se trata de una regla básica de toda negociación. Distinta sería la historia si lo que está sobre la mesa hubiera sido una iniciativa de los trabajadores», sentenció el referente estatal.

«Actualmente el mundo del trabajo está en crisis y no la vamos a superar con este tipo de legislaciones regresivas. El 72% de los trabajadores en la Argentina cobra menos de $1.000.000 por mes y no alcanza para cubrir el costo de la Canasta Básica Total. Con la ley que pretende el Gobierno, esta triste y penosa realidad empeorará. Asistimos a un empobrecimiento silencioso y generalizado. Tenemos que reaccionar», concluyó Aguiar

Este jueves (08/01), el gremio docente UnTER recibió la convocatoria a paritarias para el miércoles 22 de enero, una instancia que, según señalaron, «debió haberse realizado hace más de tres meses». Desde la cúpula del sindicato advirtieron que «la demora evidencia una falta de voluntad política del Gobierno Provincial para dar respuestas en tiempo y forma a las demandas del sector educativo».

Durante la jornada, además, la nueva conducción de UnTER entregó una nota formal al gobernador Alberto Weretilneck en el marco del acto de inicio de la 50° Regata Internacional del Río Negro, reiterando la exigencia de una convocatoria urgente a paritaria.

En este sentido, desde el gremio denunciaron que «el Ejecutivo provincial mantiene una política de dilación que profundiza el atraso salarial, dejando los ingresos del sector muy por debajo de la canasta familiar patagónica y deteriorando de manera sostenida las condiciones de vida de quienes garantizan el derecho social a la educación».

Exigieron que la próxima reunión «no sea solo una formalidad, sino una paritaria real, con una propuesta concreta de recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido». También reclamaron definiciones claras sobre condiciones laborales y pedagógicas para todo el colectivo docente.

Finalmente, advirtieron que «sin una recomposición salarial no hay otra cosa que ajuste» y remarcaron que «continuaremos reclamando respuestas», al tiempo que señalaron que «sin soluciones a los reclamos planteados no estaría garantizado el inicio del ciclo lectivo 2026 en Río Negro».