Opinión
Ciudades fundadoras en el Bicentenario de la Independencia
El vicegobernador Pedro Pesatti solicita que se reconozca a Viedma como ciudad fundadora y constructora de la emancipación nacional.
El 9 de julio de 1816 las Provincias Unidas de Sudamérica declararon la Independencia de “los violentos vínculos que las ligaban a los reyes de España” y se invistieron “del alto carácter de una Nación libre e independiente del rey Fernando VII, sus sucesores y metrópoli, y de toda dominación extranjera”. Esta fue una verdadera demostración de coraje patriótico ya que el contexto para la declaración era altamente desfavorable debido al reestablecimiento del trono español en 1813 y al fracaso de las revueltas en el resto del nuevo continente.
En esos tiempos, las grandes distancias entre las ciudades débiles de las Provincias Unidas y la carencia general de recursos frente a la dominación de una Europa rica y próspera conspiraban contra la imperiosa necesidad de declararnos libres y soberanos, sin que más nada importara, tal como lo expresó San Martín en una de sus más célebres proclamas. No obstante, pese a todas las dificultades y adversidades, la voluntad de presentarnos ante el mundo como una Nación libre e independiente consiguió imponerse.
Más que una voluntad, lo que se impuso fue una pasión que atravesó e incluyó todo nuestro territorio nacional y, en primer lugar, a la Patagonia, incluidas las Islas Malvinas, que pagaron el más caro tributo a las distancias y a la desatención de Buenos Aires. Recordemos que esta tierra insular fue y es la que guarda los restos de nuestros últimos héroes, el lugar elegido por la Patria para abrazarse a ellos como se abrazó a los héroes del Ejército de los Andes. En cuanto a la Patagonia, cada oportunidad que se les presentó, tanto en el intento de anexamiento realista de 1818 como en la gloriosa gesta del 7 de marzo de 1827, no hizo más que confirmar su vocación de sostener su comunidad de destino con el resto de las Provincias Argentinas.
Por estas razones, a doscientos años de aquel segundo acontecimiento fundacional de la Patria, necesitamos concretar una reivindicación histórica para los pueblos de Viedma y Patagones. Debemos hacerlo porque estos pueblos, que fueron uno sólo en el otrora Fuerte del río Negro desde la fundación del Fuerte y la población Nuestra Señora del Carmen en 1779, preexistieron a la Revolución de Mayo y a la Independencia, y como tales, ingresan a la categoría de pueblos fundadores de la Argentina.
Antecedentes y justificación
En principio, debemos considerar que en aquellos años de lucha independentista, el poder económico y político del Virreinato se dividía entre las provincias del Norte, el Centro, el Litoral, Cuyo y la omnipresente Buenos Aires. La Patagonia -cuyo único y primer faro permanente y primigenio se encontraba en el Fuerte del Río Negro, hoy Viedma y Carmen de Patagones, fundadas juntas el 22 de abril de 1779- quedaba casi como una predicción de la historia: postergada y olvidada.
A modo de disgresión debemos señalar que luego de la Revolución de Mayo de 1810 hay evidencia histórica de que la bandera española flameaba en la margen norte del río Negro hasta 1814. Incluso es posible constatar en 1818 algún intento realista de tipo individual para recuperar estos territorios de Viedma y Patagones (aún siendo indivisibles) y la Patagonia toda, incluidas las Islas Malvinas, que habían sido reconocidos en Tucumán, en la Declaración de la Independencia, como parte integrante de las Provincias Unidas e independientes del poder español.
En las décadas posteriores llegarían las campañas de Juan Manuel de Rosas y de Julio Argentino Roca, el crecimiento demográfico y de infraestructura, el aprovechamiento de los recursos naturales para toda la Nación y los procesos de provincialización de los territorios nacionales de los que Viedma fue su capital, primero del Territorio Nacional de la Patagonia (1878) y, luego, del Territorio Nacional del Río Negro (1884). La Campaña de Juan Manuel de Rosas -a principios de la década de 1830- fue fundamental para consolidar la soberanía sobre los territorios más alejados que, desde los tiempos del virreinato, eran codiciados por potencias extranjeras, sobre todo por Inglaterra, cuya presencia en Malvinas se remonta a los tiempos de nuestra organización como país.
Ya con el desarrollo económico y tecnológico, el siglo XX vio nacer a una Patagonia proveedora de energía y riquezas a través de sus recursos hídricos, hidrocarburíferos, mineros, ictícolas, ganaderos, agrícolas y turísticos, que la proyectaron como un espacio de enormes potencialidades pero con escaso desarrollo poblacional.
La historia oficial utiliza el concepto de “anexamiento” de la Patagonia al territorio nacional como consecuencia de las mencionadas acciones de Rosas y de Roca. El término es inexacto e injusto, ya que si bien es cierto que la mayor parte de este vasto sector del país estaba fuera del control de la burocracia estatal porteña, había sitios –como, por ejemplo, Viedma-Patagones- con población y actividad política y comercial muy anterior a la conformación de la Patria, tal como sucedía en el resto de la Argentina, y con conciencia de su función histórica. Un claro ejemplo de todo ello lo resume el gran hijo del río Negro, Luis Piedrabuena, cuya vocación de servicio y aporte a la consolidación de nuestra soberanía en los mares australes sólo resulta comprensible si conocemos el contexto del lugar donde nació.
En este proceso de reafirmación de la pertenencia al territorio nacional es necesario destacar el significado de la gesta del 7 de marzo de 1827. Un hecho olvidado -tal vez intencionalmente- por la historia oficial, quizás debido al nulo papel que desempeñó Buenos Aires y que permitió sellar a fuego la soberanía argentina sobre la Patagonia frente a las pretensiones del entonces imperio brasileño.
Los manuales tradicionales coinciden en su prosa casi discriminatoria del rol cumplido por los patagónicos, al tiempo que soslayan la importancia del combate del 7 de Marzo en el proceso de convalidación de la Independencia declarada en 1816. Sin embargo, si la resistencia popular a la invasión brasileña hubiera fracasado –o no se hubiese producido-, la geografía de nuestro país habría corrido serios riesgos de no ser tal como hoy la concebimos.
En efecto, aquellos quinientos pobladores del más variado origen que poblaban el confín de la Patria en el portal de la Patagonia defendieron con escasos recursos el territorio nacional, superando sus diferencias para privilegiar un objetivo común. Aquellos pobladores bautizaron la Patagonia de Argentina con las aguas del río Negro y ratificaron para siempre la voluntad de nuestro pueblo de afianzar nuestra soberanía hasta en el último rincón de la Patria. Este verdadero hito de la historia argentina que ellos llevaron a cabo es equiparable en su significado con la Vuelta de Obligado porque reúne dos puntos en común: por un lado, la determinación que debieron reunir quienes fueron parte de ambos combates y, por otro lado, la presencia de uno de los grandes héroes de la historia argentina, Juan Bautista Thorne, el Sordo de Obligado, ya que el joven oficial también formó parte de la escuadra argentina en el combate del 7 de Marzo de 1827 que organizaron los marinos corsarios basados en el río Negro y el capitán de la corbeta nacional “Chacabuco”, Santiago Jorge Bynon.
Todo ello denota la importancia fundamental del Fuerte del Río Negro en la independencia nacional y en la defensa del territorio respecto de las agresiones externas. Paradójicamente, en ambos casos, la historia oficial descargó su ensañamiento.
También es necesario recordar que, para 1816, Viedma y Patagones constituían la frontera política más austral del país, ya que recién en 1820 la autoridades nacionales decidieron tomar el control efectivo de las Islas Malvinas. Este asentamiento poblacional preexistente y permanente garantizó la defensa limítrofe y dio impulso social y económico a una amplia y postergada región del país. Sin embargo, la reivindicación histórica se ha situado exclusivamente fuera de la Patagonia, centrándose en las batallas que consolidaron nuestra independencia y la resistencia a los embates extranjeros posteriores.
No puede quedar ajena a esta breve reseña sobre el carácter de pueblo fundador que corresponde a Viedma y Patagones una referencia a la Ley Provincial Nº 4965, porque es a partir de dicha ley que la Provincia de Río Negro rememora y celebra cada día 4 de marzo el choque de armas producido en las playas de la margen sur del río, a la altura del hoy denominado “Pescadero”, en el Balneario El Cóndor. Esta rememoración se enmarca en el contexto de los acontecimientos ocurridos la semana del 7 de marzo de 1827, durante el intento de invasión por parte del Imperio del Brasil al Fuerte del Río Negro, el más austral de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
En consecuencia, por todos estos antecedentes, por quienes fueron artífices de los procesos de gestación de la patria en estas poblaciones -cuando la Argentina no era aún mucho más que un proyecto en diseño-, y como tributo al federalismo que acompañó desde cada rincón de nuestro territorio la gesta independentista y la construcción de un destino compartido, resulta justo y necesario que en este Bicentenario de la Declaración de la Independencia se reconozca a Viedma -y junto con ella a Carmen de Patagones- como ciudad preexistente, fundadora y constructora de la emancipación nacional.
Esta es la razón por la cual impulsamos ante el parlamento rionegrino un reconocimiento a este atributo que guarda la capital de la provincia para iniciar, a partir de allí, ante el Congreso de la Nación, el proceso que nos permita resignificar el rol cumplido por las viejas comunidades de la comarca Viedma-Patagones en los tiempos fundacionales de la Argentina.
Pedro Pesatti.
Vicegobernador de la Provincia de Río Negro.
Opinión
Más allá del diagnóstico: La necesidad de una salida con contenido
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
¿Cuánto más se puede decir del estado actual de las cosas? Esta mezcla de novedad y continuidad, esta cotidianeidad que venimos habitando, nos fuerza muchas veces a una suerte de parálisis, obligándonos a detenernos indefinidamente en el diagnóstico. Nos enfrentamos, una vez más, cara a cara con sorpresas previsibles: es la sensación de que asistimos a «más de lo mismo», con el agravante de que ese «lo mismo» es, cada vez, peor.
Esta realidad no es abstracta; es una fuerza complicada que está tensionando transversalmente a la Argentina. Tensa a los individuos, a las familias y a los hogares, pero también erosiona a las instituciones, a los partidos políticos y a las organizaciones sociales en su conjunto. Estamos ante un escenario tan complejo como hondo, donde conviven la complicidad de algunos sectores con un agotamiento social generalizado. Es el agotamiento de quienes dijeron «no» a lo anterior para decir «sí» a esto, y que hoy se encuentran en la encrucijada de decir «no» a esto, sin querer regresar a lo otro. En ese limbo, la construcción de una salida institucional sigue siendo una asignatura pendiente.
La trampa de la reactividad: El vacío de la alternativa
En este escenario, lo que queda peligrosamente a la vista es un modelo de gestión de la oposición —tanto institucional como política— que es meramente reactivo en lugar de propositivo. Esta es una falencia generalizada que atraviesa a representantes políticos, sindicales y partidarios por igual: el gobierno nacional impone condiciones y la respuesta carece de propuestas superadoras. Las estructuras tradicionales se mueven siempre un paso por detrás de lo previsible, persiguiendo un modelo oficial que se percibe como arrasador.
Lo más alarmante no es el contenido de lo que se negocia, sino la incapacidad técnica para proyectar algo distinto. Nos enfrentamos a paritarias que no funcionan, a presupuestos que son jirones de la realidad y a discusiones por servicios básicos que parecen vaciadas de sentido. El rol de sindicatos, gobernadores y legisladores se ha degradado al de simples acompañantes de la coyuntura. Mientras se transita esa urgencia, no se está proyectando un plan de salida relevante. Esta reactividad es especialmente compleja en las universidades, donde ciertas conducciones operan como oposición política nacional pero como oficialismos institucionales, quedando atrapadas en la misma falta de iniciativa propositiva.
De la demencia al negacionismo: La inercia institucional de parte del sistema de CyT
Para entender la parálisis de quienes deben conducir, es necesario observar su comportamiento reciente. Tras el punto de inflexión de diciembre de 2023, cuando el flujo de recursos se detuvo abruptamente y las partidas dejaron de llegar, las instituciones universitarias no reaccionaron con un cambio de paradigma. Por el contrario, operaron bajo lo que podríamos llamar una demencia institucional: siguieron haciendo las cosas como si el escenario no hubiera cambiado, repitiendo fórmulas de un pasado que ya no tenía sustento material.
Hoy, esa demencia ha mutado en algo más peligroso: el negacionismo institucional. Al encontrar mecanismos modernos e innovadores para «oxigenar» el sistema -vía financiamientos externos, fundaciones propias o venta de servicios-, las conducciones «optan» por darle la espalda a la lucha estructural de sus trabajadores. Bajo la excusa de la eficiencia técnica y la creatividad para «salvar los muebles», están validando de facto el ajuste. Están demostrando una agilidad que en momentos de flujo ni siquiera se atrevieron a imaginar, pero lo hacen opacando la lucha docente y Nodocente, y confirmando ante el poder central que el recorte era, después de todo, ejecutable.
El experto disciplinar y la orfandad política
Esta desconexión tiene una raíz estructural en la formación de quienes dirigen el sistema de ciencia, tecnología y universitario. Por un lado, tenemos a los docentes e investigadores, y por otro, a los equipos de gestión Nodocente, que constituyen la arquitectura institucional invisible que permite mantener en pie el sistema. En la cima, el funcionariado (Rectores, Vicerrectores y Secretarios) ocupa cargos de naturaleza eminentemente política.
Sin embargo, el sistema está diseñado para que los académicos gestionen, bajo la premisa de que la excelencia en el grado o posgrado se traduce en capacidad de gestión. Pero la trayectoria académica no es proporcional a la pericia política. Geólogos, contadores, biólogos o arquitectos de renombre se encuentran hoy dirigiendo instituciones complejas frente a una política de choque para la cual sus herramientas disciplinares -que representan el 95% de su expertise- son insuficientes. No es lo mismo administrar el flujo que gestionar la incertidumbre y la restricción. Al no ser cuadros políticos de formación, quedan aislados de los debates profundos y los avatares partidarios los toman por sorpresa.
La seducción del intelectual y el desembarco de los gestores
Este contraste se refleja en la figura presidencial. Su ascenso fue el de un intelectual que ofrecía una doctrina económica liberal inspiradora y de gran penetración en jóvenes votantes y en una gran parte de la población desencantada con lo conocido. La sociedad, en su dificultad para determinar el rol efectivo del Estado, parece haber votado esa elocuencia, apostando a un horizonte filosófico pero dejando de lado o acaso, jamás interpelándose por el «cómo».
Pero una vez en el poder, se produjo un desplazamiento: la gestión real fue delegada en personajes cuyo activo no es la teoría, sino el know-how de la vieja política y la gestión de choque. Mientras el discurso se mantiene en la doctrina, la ejecución queda en manos de segundas y terceras líneas que saben operar las palancas del Estado de forma pragmática. Esta dualidad genera la máxima tensión: un relato intelectual que se ejecuta con las herramientas más conocidas de la gestión tradicional.
El intelectual como arquitecto y el control social
Frente a este vacío, el rol superador del intelectual debe ser el de un traductor: aquel que logre el match entre la ideología (el horizonte filosófico) y el cotidiano de la política pública. No puede ser alguien que se refugie en la academia para dar una clase virtual cada quince días; debe ser quien dote de sentido a la acción técnica e impregne e ilumine los debates públicos.
Nadie discute qué funciones debe afrontar el Estado en tanto garante de derechos. Su capilaridad social estratégica (en términos de Oszlak) es irremplazable. Sin embargo, no podemos seguir persiguiendo quimeras de innovación que mueren en acuerdos personales sobre un andamiaje inexistente. Propongo una salida que incluya una instancia de control social e intelectual comunitario, similar a una Defensoría del Pueblo, pero con una matriz de pensamiento crítico. Un espacio técnico con voz y probada incidencia donde la ciudadanía participe y rediscuta las políticas públicas junto a los intelectuales que les dan sentido.
Conclusión: Salir del asombro
En un mundo de información fragmentada, en el cual desde millennials a la generación alfa son bombardeados constantemente, los discursos vacíos ya no alcanzan. Lo que hoy se vuelve imperativo es la propuesta concreta. Debemos entender que, si la esperanza no tiene acción, es simplemente fe; y la fe es insuficiente para gestionar una organización, menos aún un sistema, demasiado lejos, una nación.
La salida no es dicotómica – izquierda o derecha-, sino programática. Requerimos un nuevo acuerdo social basado en ejes fundantes: ambiente, obra pública, educación, salud, deporte, disidencias, derechos humanos, vivienda y todos los otros temas que la sociedad pueda determinar. La única manera de garantizar a la ciudadanía una protección real es a través de una salida política integral: intelectuales, académicos, gestores y técnicos trabajando en un programa de gobierno concreto que abandone el asombro y retome la iniciativa. Es hora de que la arquitectura del Estado deje de servir a la supervivencia de una casta y empiece a tener a la gente presente en el centro de su diseño y control.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
La Encrucijada de la IA: Moda o Soberanía
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Estamos inmersos en un momento de avances exponenciales de la Inteligencia Artificial (IA). Esta carrera tecnológica, impulsada por el sector privado, genera nuevas oportunidades, pero también expone complejidades estructurales profundas en sociedades como la latinoamericana y la argentina en especial, agravadas ahora por el desfinanciamiento estatal.
Detrás de palabras y conceptos como costo, lucidez e inclusive debatiendo sobre la Paradoja de la Modernización, es crucial entender que no incorporar tecnología es, de hecho, más costoso que hacerlo. La adopción requiere una «lucidez estratégica»: un rediseño consciente y deliberado que entienda que lo que se hace se puede hacer mejor. Pero que de ninguna manera la IA reemplaza ni a las personas ni a sus responsabilidades.
Como dos caras de una moneda:
El sector privado actúa deliberadamente para maximizar la ganancia. Moderniza con celeridad, buscando mejorar procedimientos, presentándose a la vanguardia y el desarrollo, y poniendo en valor la IA.
El sector público, cuyo fin es social, a menudo responde al llamado de la modernización con el desfinanciamiento, con recorte y achicamiento. La negación a incorporar la IA transversalmente como tecnología que permita innovar, claramente es no estratégica, pues la sociedad ya la está utilizando, generando una distancia creciente entre ambos mundos.
Acá nos encontramos con el problema de la falsa dicotomía, la creencia simplista de que el privado es inherentemente más moderno y brillante. Esta visión es escasa, pues las personas en ambos sectores utilizan tecnología personal (smartphones, herramientas de IA como Gemini, ChatGPT, etc.).
La diferencia reside en la cultura organizacional: en el privado, la modernización se transparenta y premia; en el público, no está institucionalizada y a veces se castiga la desviación del proceso tradicional.
A no preocuparse, porque no todo es tan sombrío y acaso para evitar un futuro distópico, la solución reside en construir una soberanía tecnológica y digital más horizontal.
Esto nos propone:
Divulgación y Conocimiento: las sociedades y los individuos deben entender el impacto de la tecnología y la IA en todas las instituciones. Este conocimiento es la base para que los ciudadanos puedan defender, construir y validar las reformas necesarias.
Espacios de Co-creación: es imperativo crear espacios público-privados, liderados con la participación activa de la sociedad civil, tecnólogos, divulgadores y directores de proyectos.
Gobierno Abierto: estos espacios deben estar anclados en los principios de Gobierno Abierto: participación ciudadana, innovación, transparencia y rendición de cuentas.
Solo a través de esta colaboración estratégica y una ciudadanía informada, el Estado podrá evolucionar tecnológicamente no solo para sobrevivir, sino para construir un futuro donde la tecnología sirva a fines sociales amplios, y no solo a la maximización de la ganancia privada.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
¿Publicidad electoral gratuita? Para los medios, un costo que nadie reconoce
Nota de opinión por Emilio Occhionero, periodista y socio gerente de Medios Roquenses SRL.
En cada proceso electoral se repite la misma escena: los medios de comunicación legalmente habilitados recibimos órdenes y cronogramas para transmitir espacios de publicidad electoral gratuita. Y, como corresponde a la ley, cumplimos. Sin embargo, pocas veces se habla del costo real que este esquema implica para las radios locales como La Súper FM 96.3, que somos parte activa de la vida comunitaria de General Roca.
Es que a través de la Ley N° 26.571, se fijó la prohibición por parte de las agrupaciones políticas de adquirir espacios en medios de comunicación audiovisual para transmitir publicidad electoral. A raíz de ello, debemos disponer de los espacios asignado mediante sorteo público durante el período de campaña en medios audiovisuales. En otras palabras, financiamos a los partidos políticos.
Y a nosotros, ¿quién nos financia? Muchas veces me preguntaron, ¿las radios de que viven? Vivimos de la publicidad, esa que se escucha cada vez que el conductor de un programa dice vamos a la pausa y volvemos. Si, esos minutos de aire, son los que nos permiten vivir día a día, pagar salarios, servicios e impuestos.
Nuestra emisora –como tantas otras del país– atraviesa un contexto económico crítico. Las tarifas de electricidad y gas aumentan, los impuestos como los de la utilización del éter radial, también. No existen beneficios específicos para los medios, y la pauta publicitaria oficial del gobierno nacional se redujo a cero, como lo dijo el presidente Javier Milei desde el día que asumió. En definitiva, debemos sostener estructuras, personal, equipos y servicios casi sin ingresos fijos, con costos crecientes y sin apoyos estatales.
En ese escenario, la obligación de dar minutos de programación para publicidad electoral gratuita es, en realidad, un esfuerzo económico que sale directamente del bolsillo de los propios medios. Es tiempo que dejamos de vender a anunciantes privados, es contenido que dejamos de producir y, en definitiva, es dinero que dejamos de ingresar. Así, terminamos financiando involuntariamente la campaña de los mismos dirigentes que luego deciden sobre tarifas, beneficios y regulaciones para el sector, incluso que determinan sus propios aumentos salariales.
No cuestionamos el derecho de los partidos políticos a difundir sus propuestas. Por el contrario, somos espacios abiertos al debate democrático. Pero la actual normativa necesita una revisión urgente: si el Estado exige transmisión obligatoria, también debe reconocer los costos y garantizar algún tipo de compensación, pauta o beneficio fiscal que equilibre la carga.
De otro modo, las emisoras locales, sobre todo, quedamos en una situación asfixiante y desigual frente a otros actores mediáticos que no tienen estas obligaciones.
Es hora de discutir con seriedad un sistema que permita sostener tanto la pluralidad de voces como el derecho de la ciudadanía a informarse. Las radios comerciales locales y comunitarias no podemos seguir soportando solas un gasto que no generamos y que, además, compromete nuestra supervivencia. La Democracia necesita medios fuertes e independientes, no medios debilitados por normativas que, aunque bienintencionadas, terminan siendo injustas.
Emilio Occhionero
Periodista – Socio gerente de Medios Roquenses SRL, propietaria de LRG 746 La Super Radio FM 96.3 y www.lasuperdigital.com.ar
