Sociedad
El Senado pide al Ejecutivo suspender la suba de tarifas en el gas
Todas las iniciativas fueron aprobadas por amplia mayoría gracias a los votos de los Senadores del FpV, peronistas disidentes, de partidos provinciales y de la centro izquierda.
La Cámara de Senadores de la Nación aprobó por mayoría parlamentaria, cuatro proyectos de comunicación y resolución para reclamarle al Poder Ejecutivo que suspenda los aumentos en la tarifa de gas implementados a partir de abril pasado.
Uno de los proyectos de Comunicación -impulsado por el kirchnerismo- reclama que el Poder Ejecutivo deje sin efecto los aumentos de tarifas “hasta tanto se haya cumplido con el mecanismo de audiencias públicas previas y se expida la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. Asimismo, la iniciativa requiere que “el nuevo esquema tarifario sea implementado con gradualidad, transparencia y razonabilidad y que se contemple la necesidad de fijar tarifas diferenciadas para las distintas regiones” de la Argentina a “efectos de evitar asimetrías que impacten negativamente”. También se aprobó un proyecto de Declaración del porteño Fernando Pino Solanas, otro de la rionegrina Magdalena Odarda; y uno de la fueguina del Movimiento Popular, Miriam Boyadjián.
El jefe del bloque kirchnerista, Miguel Angel Pichetto, consideró que el aumento de tarifas impulsado por el Ejecutivo Nacional fue “desproporcionado” y agregó que los cambios para que las boletas no sumen más del 400% de aumento estuvieron “muy mal explicados. Esto tuvo un impacto muy fuerte sobre el salario de sectores de la clase media ya que se trata de gente que no puede invocar la tarifa social”, enfatizó Pichetto.
A su turno, el proyecto de Solanas pide anular los aumentos y cuestionó al gobierno por no haber llamado a audiencias públicas para discutir la readecuación de las tarifas. “Sin audiencias, se deberían anular los aumentos”, cuestionó Solanas y agregó que “la sociedad no está en contra de ir con transiciones graduales en ajustes de tarifas”.
Odarda, en tanto, reclamó la suspensión del aumento de las tarifas “sólo en la región patagónica” y reclamó la “necesidad de fijar una tarifa especial”.
En tanto, la peronista puntana Liliana Negre de Alonso cuestionó duramente al gobierno por “desconocer el fallo de la Cámara de La Plata. Por ello, hago propio lo que pidió el gobernador de mi provincia (Alberto Rodríguez Saá): que se le pida la renuncia al ministro Aranguren por desconocimiento a una orden de uno de los poderes del Estado”, reclamó.
Las iniciativas fueron rechazadas por el presidente del interbloque Cambiemos, el radical chaqueño Angel Rozas, quien reclamó que pasen a ser discutidas en comisión para que los funcionarios nacionales puedan asistir al Senado a brindar las explicaciones necesarias. “Deberíamos escuchar a los funcionarios para que expliquen cómo se aplicarán los aumentos. Además, la Corte ya tomó intervención en la cuestión”, sentenció Rozas.
No obstante, el Senador radical insistió en que la decisión de aumentar las tarifas “no se le ocurrió al gobierno” y recordó que en 2010 la Argentina exportaba gas a Chile a través de un gasoducto que atraviesa la Cordillera de los Andes. “Hoy, ese gasoducto trae gas porque este país dejó de tener autoabastecimiento”, subrayó Rozas.
Fuente: Agencia Télam.-
Roca
El Municipio aseguró que la Fiesta de la Manzana dejó más de $10.000 millones en la economía local
El neto total invertido por la comuna roquense fue de $2.372 millones.
La Fiesta Nacional de la Manzana cerró su edición 2026 con un balance «altamente positivo», según evaluó el Municipio de Roca. La nueva disposición del predio y las condiciones climáticas favorables generaron el marco ideal para que miles de personas disfrutaran durante las tres jornadas.
Desde la organización destacaron la diversidad de propuestas artísticas, la integración de los espacios y la fluidez en la circulación dentro del predio. También se subrayó el operativo de seguridad, tanto en el interior como en el exterior del evento, que permitió un desarrollo sin incidentes de gravedad pese a la masividad.
En el plano económico, se estima que el movimiento generado en la ciudad y el Alto Valle superó los 10.000 millones de pesos, con fuerte repercusión en los sectores hotelero, gastronómico, turístico, comercial y de servicios.
La intendenta María Emilia Soria, presidenta de la Comisión Organizadora de la FNM, destacó el trabajo del personal municipal, fuerzas de seguridad, salud y bomberos. «El cuidado de cada detalle de la organización, el control de accesos, el predio bien iluminado, cómodo y limpio, permitió que el público disfrutara sintiéndose tranquilo y seguro», expresó.
En cuanto a los números oficiales, el neto total invertido en la FNM 2026 fue de $2.372.052.361, compuesto por $3.019.718.941 de egresos y $647.666.580 de ingresos.
Entre los principales ingresos se contabilizaron la venta de stands y puestos de artesanos ($303.713.549), entradas ($172.315.000), aportes de empresas auspiciantes ($138.538.031) y otros conceptos como licitaciones y publicidad ($33.100.000).
Respecto a los egresos, las mayores partidas se destinaron a la contratación de artistas ($1.211.991.460), escenario, sonido y pantallas ($859.887.916), alojamientos ($17.438.341) y gastos generales y preparación del predio ($930.401.224). Dentro de este último ítem se incluyó la contratación de adicionales de la Policía de Río Negro por $113.382.700, con el objetivo de reforzar la seguridad sin afectar el servicio en la ciudad.
Judiciales
Vendió su vehículo de trabajo para cancelar un plan, pero el auto nunca llegó: Deberán entregarle uno nuevo y compensar el daño causado
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado y una indemnización total de 13,5 millones de pesos.
Confió en la palabra del vendedor, reorganizó su economía familiar y tomó una decisión que afectó de manera directa su actividad profesional: vendió la camioneta con la que trabajaba para cancelar anticipadamente un plan de ahorro y así acceder al modelo que le habían prometido. El vehículo nuevo nunca fue entregado y el conflicto culminó con una sentencia del fuero Civil de Bariloche que ordenó cumplir con la entrega del rodado y pagar una indemnización millonaria.
El fallo responsabilizó en forma solidaria a Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines Determinados y a la concesionaria oficial Automotores Fiorasi y Corradi S.A., al considerar acreditado el incumplimiento contractual y la vulneración de derechos básicos del consumidor, en especial el deber de información clara y detallada.
El hombre, maestro mayor de obras, había suscripto un plan de ahorro para una Volkswagen Saveiro en su versión base, pero según expuso en la demanda, desde el inicio recibió la promesa de que podría cambiar a una versión superior si cancelaba la totalidad del plan antes de tiempo y abonaba la diferencia correspondiente, beneficio que incluía además ciertas bonificaciones comerciales ofrecidas por el concesionario.
Con esa expectativa y ante la necesidad de contar con un vehículo adecuado para su actividad laboral, decidió vender su camioneta, una Ford Ranger que utilizaba como herramienta de trabajo, y destinó el dinero obtenido a cancelar el plan en su totalidad, convencido de que ese paso destrabaría la adjudicación y permitiría concretar el cambio de modelo.
Sin embargo, tras la cancelación comenzaron las dilaciones, los pedidos de pagos adicionales sin precisión suficiente sobre los montos y las explicaciones cambiantes respecto de la disponibilidad de la unidad. En un momento se le informó que existía un vehículo asignado, pero la operación no avanzó y luego se le comunicó que esa unidad ya no estaba disponible, situación que lo llevó a formular reclamos administrativos ante Defensa del Consumidor, donde obtuvo una resolución favorable que tampoco logró la entrega efectiva.
Ante la persistencia del incumplimiento, promovió una demanda civil en la que reclamó la entrega del vehículo comprometido y una indemnización por los daños sufridos, entre ellos el impacto emocional, la imposibilidad de utilizar un rodado propio para trabajar y la conducta que consideró abusiva por parte de las empresas involucradas.
Uno de los ejes centrales de la sentencia fue el deber de información. El juez interviniente consideró probado que el plan estaba cancelado y que existía adjudicación, pero entendió que las demandadas no acreditaron haber brindado información cierta, clara y detallada acerca de los requisitos finales, los importes exigibles para el cambio de modelo y los pasos concretos para efectivizar la entrega. Aplicó el principio de cargas probatorias dinámicas, según el cual en las relaciones de consumo la empresa tiene la obligación de aportar al proceso la documentación y los datos que obran en su poder, de modo que la falta de precisión y respaldo documental jugó en su contra.
La sentencia ordenó entregar el vehículo pactado -o uno de similares características si el modelo ya no se comercializa- y respetar las bonificaciones ofrecidas en el marco de la operación. Además fijó una indemnización total de 13,5 millones de pesos en concepto de daño moral, privación de uso y daño punitivo.
Para cuantificar el daño moral, el juez tuvo en cuenta la frustración generada por la falta de respuesta eficaz, la prolongación del conflicto y la afectación emocional acreditada mediante pericia psicológica, que dio cuenta de ansiedad y malestar vinculados con la situación. Reconoció también un monto por privación de uso del vehículo, al considerar que la indisponibilidad impactó de manera directa en la actividad profesional del demandante. El fallo de primera instancia no está firme porque puede ser apelado.
Roca
Alcohol cero en Roca: Detectaron infracciones y retuvieron motos y autos
Se confeccionaron 121 actas y se detectaron 9 casos de alcoholemia positiva.
Como ocurre semanalmente, inspectores municipales de Tránsito realizaron controles en diferentes sectores de General Roca con el objetivo de preservar la seguridad vial, tanto en la zona rural como en el centro.
Los operativos, desarrollados entre el lunes (16/02) y el domingo (22/02), arrojaron como resultado la confección de 121 actas, de las cuales 9 fueron por alcoholemia positiva. En esos casos se procedió a la retención preventiva de 6 vehículos.
Además, se concretaron otras 4 retenciones por distintas infracciones, lo que elevó el total a 10 vehículos retenidos: 8 motos y 2 automóviles. Según se informó, las faltas más frecuentes fueron la ausencia de licencia de conducir y de seguro obligatorio.
Desde el Municipio recordaron que se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de alcohol cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
