Gremios
ATE prepara acciones judiciales y gremiales contra el Municipio de Roca
El próximo martes el sindicato volverá a protestar en las puertas de la comuna roquense.
Luego que el Poder Ejecutivo de la ciudad de General Roca decidiera otorgar, con el aval de dos de los cuatro gremios, un aumento salarial a las categorías más bajas de los empleados municipales; la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió preparar acciones judiciales y gremiales para llevar adelante durante la próxima semana. Por un lado, el sindicato ratifica el estado de estado de alerta, asamblea permanente y movilización; y convocó a una protesta en las puertas de la comuna (Mitre 710) para el próximo martes 26 de julio a las 8.30 horas. Por otro, ese mismo día, se anunciarán las medidas judiciales mediante las cuales se cuestionará el incremento por ser considerado un apartamiento de las leyes laborales esenciales y de la propia Constitución Nacional.
«(Martín) Soria es un intendente que exige mucho y cumple muy poco. Sobre todo a la hora de respetar la legalidad. El Estado no puede pagar en negro a sus trabajadores. Soria en vez de avanzar, atrasa en materia de derechos laborales», subrayó Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Río Negro.
En relación a la firma de la suba salarial el dirigente rionegrino manifestó que «este aumento no sólo no alcanza para nada en un año donde la inflación va a llegar casi a los 50 puntos, sino que afecta gravemente la calidad de los ingresos de los empleados. A partir de ahora, el municipio incremento en más de un 60% los montos no remunerativos que percibía todo el recurso humano, llevando de $1.900 a más de $3.200 las sumas en negro».
«Con que autoridad puede exigir un Estado municipal a los vecinos, comerciantes y otros contribuyentes que cumplan con sus obligaciones, si es el primero que las incumple. Siempre es el Estado el que debe dar el ejemplo», finalizó enérgicamente Aguiar.
Desde ATE se analizan varios aspectos políticos y jurídicos en relación al rechazo categórico sobre el ultimo aumento salarial otorgado por la Municipalidad. «En primer lugar, se trata de una baja de salarios para este 2016, ya que se acordó un incremento del 15%; lo que genera un anual total apenas por encima del 30%, mientras la inflación proyectada al mes de diciembre se ubicará entre los 45 y 50 puntos. En segundo lugar, se trata de un aumento escalonado en tramos; cuyas cuotas resultan ínfimas de un 5% (julio, septiembre y diciembre) y que terminan directamente sin tener impacto real en el bolsillo de los trabajadores».
Para la entidad sindical además, se trata de «un aumento ilegal, toda vez que está prohibido por las leyes que los Estados otorguen aumentos bajo conceptos no remunerativos; y en este caso se fijaron montos de $1.000 y $1.200 totalmente en esa modalidad».
El gremio señaló que ya existe jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) y del propio Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, aún con su actual conformación de jueces, prohibiendo ese tipo de incrementos a las comunas.
Responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia
El sindicato quiere que sea investigada también la responsabilidad de la Secretaría de Trabajo de la provincia y sus representantes en la Delegación local, ya que según la Ley 3.803 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, su intervención debe ser siempre en favor y defensa de los intereses de los trabajadores, y bajo esta premisa jurídica, «nunca la cartera laboral debió haber avalado y homologado un acuerdo de las características señaladas».
Por último, ATE señala que «existe un reciente pronunciamiento de éste organismo en un arbitraje en el municipio de Catriel. Allí se ordenó el blanqueo absoluto de los todos los haberes no remunerativos de la planta completa de trabajadores de la comuna».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
Gremios
Nueva fecha paritaria para estatales rionegrinos: Será el 8 de septiembre
Así lo acordaron el gobernador Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.
El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.
El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.
«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.
«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.
«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.
