Gremios
ATE realizó numerosa protesta en el Municipio de Roca
Además anunciaron un plebiscito para que los trabajadores municipales puedan emitir su opinión en relación al último incremento salarial.
Como estaba previsto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó una numerosa cantidad de trabajadores y protestó en los ingresos a la Municipalidad de General Roca, para rechazar el último aumento salarial otorgado por el Poder Ejecutivo local, por considerarlo «absolutamente insuficiente e ilegal». El sindicato también anunció en una conferencia de prensa realizada en el lugar, el lanzamiento de un plebiscito del que participarán los empleados de la comuna y la realización de una presentación judicial por considerar que el aumento de salarios firmado por el intendente Martín Soria «violenta el orden jurídico vigente y afecta de manera directa el interés general».
La referida consulta se iniciará el próximo viernes 29 de julio y el gremio instalará urnas en las distintas áreas municipales para que los empleados puedan participar y emitir su opinión en relación al último incremento acordado en la Secretaría de Trabajo, pronunciándose por su aceptación o rechazo. Se estima que la consulta dure una semana y finalice luego que las urnas recorran todos los sectores, incluyendo los Centros Educativos Comunitarios Infantiles (CECIs).
Cabe recordar que la recomposición final de los haberes promedia el 32%, si se suma el último 15% otorgado en cuotas al 17,5% percibido en el primer semestre.
Por otro lado, desde ATE se anunció que en las próximas horas se presentará un reclamo administrativo colectivo para «demandar el blanqueo y la incorporación de las sumas no remunerativas otorgadas al haber básico de todos los trabajadores».
«El verdadero debate tiene que ser sobre si un Intendente, por su carácter de funcionario público, puede violar las leyes a la hora de otorgar un aumento. En este momento tenemos un Municipio que exige, casi acosando a los vecinos para que cumplan con sus obligaciones, pero es el primero en actuar al margen de la ley», detalló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro en conferencia de prensa. Asimismo destacó que «no contribuye a la imagen de Soria el hecho de generar el desfinanciamiento de la seguridad social, evadir aportes a la AFIP y mentir aportando por salarios que no son reales a la obra social provincial. Este aumento produce un doble perjuicio. Afecta de manera directa a la comunidad e indirectamente a todos los trabajadores”.
«El aumento recientemente acordado es inválido jurídicamente ya que se establece el otorgamiento de sumas no remunerativas como incremento de salarios y se desconoce de esta manera Instituciones esenciales del Derecho del Trabajo y este defecto jamás puede ser convalidado por autonomía de las partes o por homologación estatal. Se viola el artículo 7 de la Ley 14.250 que establece como validez de estas cláusulas, que las mismas sean más favorables a los trabajadores y no afecten el interés general», agregó Aguiar.
«El Poder Ejecutivo Local otorgó sumas que al ir en bruto al trabajador y por esa razón no devengar aportes ni contribuciones, perjudica de un modo directo al sistema de la seguridad social y a la vez perjudica indirectamente al propio trabajador porque no sirven como base para el cómputo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldos) y de los demás adicionales y modificaciones», añadieron.
Por último, el sindicato señaló todos los precedentes en la Justicia y antecedentes de otros organismos que señalan la ilegalidad de los aumentos de esta naturaleza, expresando que «las partes no pueden pactar acuerdos mediante los cuales modifiquen la naturaleza de los conceptos definidos por la legislación como salario o remuneraciones, como el adoptado en el artículo 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que define con exactitud al salario».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.

El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
Gremios
Nueva fecha paritaria para estatales rionegrinos: Será el 8 de septiembre
Así lo acordaron el gobernador Weretilneck y el titular de ATE, Rodolfo Aguiar.

El secretario general de ATE nacional, Rodolfo Aguiar, y el gobernador Alberto Weretilneck se reunieron este lunes en Buenos Aires y acordaron para el 8 de septiembre una nueva reunión paritaria que será convocada por la Función Pública, de la cual también forma parte el gremio UPCN.
El sindicato había reclamado esta instancia luego de que el INDEC diera a conocer el índice de inflación de julio. Una porción mayoritaria de empleados públicos rionegrinos permanece aún sin conocer cuál será su ingreso en septiembre en un contexto económico turbulento.
«En un escenario nacional que se ha caracterizado por los recortes sobre el sector público, es muy importante poder garantizar paritarias que nos permitan defender los salarios de todos los estatales», dijo Rodolfo Aguiar.
«Está comprobado que el aumento del dólar se trasladó de manera directa a todos los precios de la economía. El ajuste no puede recaer sobre la espalda de los trabajadores. En la próxima negociación, el Gobierno debe realizar un ofrecimiento concreto que les permita a los estatales tener certeza de sus haberes en septiembre y recomponer su poder adquisitivo», agregó.
«También deben ser convocadas mesas en todos los ministerios, a los efectos de discutir problemáticas específicas y actualizar ítems congelados desde hace mucho tiempo», dijo Aguiar.