Gremios
ATE realizó numerosa protesta en el Municipio de Roca
Además anunciaron un plebiscito para que los trabajadores municipales puedan emitir su opinión en relación al último incremento salarial.
Como estaba previsto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó una numerosa cantidad de trabajadores y protestó en los ingresos a la Municipalidad de General Roca, para rechazar el último aumento salarial otorgado por el Poder Ejecutivo local, por considerarlo «absolutamente insuficiente e ilegal». El sindicato también anunció en una conferencia de prensa realizada en el lugar, el lanzamiento de un plebiscito del que participarán los empleados de la comuna y la realización de una presentación judicial por considerar que el aumento de salarios firmado por el intendente Martín Soria «violenta el orden jurídico vigente y afecta de manera directa el interés general».
La referida consulta se iniciará el próximo viernes 29 de julio y el gremio instalará urnas en las distintas áreas municipales para que los empleados puedan participar y emitir su opinión en relación al último incremento acordado en la Secretaría de Trabajo, pronunciándose por su aceptación o rechazo. Se estima que la consulta dure una semana y finalice luego que las urnas recorran todos los sectores, incluyendo los Centros Educativos Comunitarios Infantiles (CECIs).
Cabe recordar que la recomposición final de los haberes promedia el 32%, si se suma el último 15% otorgado en cuotas al 17,5% percibido en el primer semestre.
Por otro lado, desde ATE se anunció que en las próximas horas se presentará un reclamo administrativo colectivo para «demandar el blanqueo y la incorporación de las sumas no remunerativas otorgadas al haber básico de todos los trabajadores».
«El verdadero debate tiene que ser sobre si un Intendente, por su carácter de funcionario público, puede violar las leyes a la hora de otorgar un aumento. En este momento tenemos un Municipio que exige, casi acosando a los vecinos para que cumplan con sus obligaciones, pero es el primero en actuar al margen de la ley», detalló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro en conferencia de prensa. Asimismo destacó que «no contribuye a la imagen de Soria el hecho de generar el desfinanciamiento de la seguridad social, evadir aportes a la AFIP y mentir aportando por salarios que no son reales a la obra social provincial. Este aumento produce un doble perjuicio. Afecta de manera directa a la comunidad e indirectamente a todos los trabajadores”.
«El aumento recientemente acordado es inválido jurídicamente ya que se establece el otorgamiento de sumas no remunerativas como incremento de salarios y se desconoce de esta manera Instituciones esenciales del Derecho del Trabajo y este defecto jamás puede ser convalidado por autonomía de las partes o por homologación estatal. Se viola el artículo 7 de la Ley 14.250 que establece como validez de estas cláusulas, que las mismas sean más favorables a los trabajadores y no afecten el interés general», agregó Aguiar.
«El Poder Ejecutivo Local otorgó sumas que al ir en bruto al trabajador y por esa razón no devengar aportes ni contribuciones, perjudica de un modo directo al sistema de la seguridad social y a la vez perjudica indirectamente al propio trabajador porque no sirven como base para el cómputo del Sueldo Anual Complementario (aguinaldos) y de los demás adicionales y modificaciones», añadieron.
Por último, el sindicato señaló todos los precedentes en la Justicia y antecedentes de otros organismos que señalan la ilegalidad de los aumentos de esta naturaleza, expresando que «las partes no pueden pactar acuerdos mediante los cuales modifiquen la naturaleza de los conceptos definidos por la legislación como salario o remuneraciones, como el adoptado en el artículo 1 del Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que define con exactitud al salario».
Gremios
ATE declara alerta máxima en Trabajo para enfrentar inminentes despidos y desguace de la cartera
“Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país”, señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) declaró el estado de alerta y asamblea permanente y no descarta realizar medidas de acción directa en la Secretaría de Trabajo ante la nueva amenaza de despidos y desguace de la cartera impulsada a partir de la reforma laboral.
«Hemos definido el estado de alerta máxima en la sede nacional de Trabajo, pero también en todas las agencias territoriales. Por estas horas, y luego de aprobarse la reforma laboral, están amenazadas todas las políticas de trabajo, empleo y seguridad social, así como también los puestos de trabajo de este sector en todo el país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, el dirigente apuntó que «el Gobierno intenta avanzar con una nueva estructura en la Secretaría y, a través de ella, profundizar el achique y desguace del Estado Nacional».
«Está siendo amenazada la estructura federal del Ministerio, las áreas de control y fiscalización, además del programa ‘Volver al Trabajo’, que alcanza a casi un millón de personas, finaliza el próximo 30 de abril y no sería renovado», detalló Aguiar.
«Vamos a resistir con todas nuestras fuerzas la posibilidad de que la Secretaría de Trabajo se convierta solo en una estructura que garantice los intereses de las grandes corporaciones empresarias. Seguiremos defendiendo a la cartera laboral como la única posibilidad de impedir que, después de la reforma, arrasen con los derechos de los trabajadores del Sector Público y de todas las ramas de la actividad privada», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde el sindicato señalaron que la sanción de la reforma laboral ubica en una situación sumamente crítica el rol y funciones históricas de la cartera, en un contexto de desguace y destrucción del Estado que el gobierno nacional enarbola como bandera de gestión desde su asunción en diciembre de 2023.
Gremios
Inicio del ciclo lectivo con conflicto: El Gobierno informó de 53% de presentismo y UnTER un 90% de acatamiento
Este martes continúan las medidas de fuerza del gremio docente rionegrino.
Con cifras contrapuestas y tensión sindical, comenzó el ciclo lectivo 2026 en Río Negro. El Gobierno provincial aseguró que el 53% del personal docente se presentó a trabajar, lo que permitió el funcionamiento de 696 establecimientos educativos y la asistencia de más de 131.000 estudiantes.
En contraste, la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) sostuvo que el acatamiento al paro fue del 90% y que la medida tuvo alto impacto en toda la provincia, en el marco de la jornada nacional convocada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
El conflicto se originó tras el rechazo gremial a la propuesta salarial presentada por el Ejecutivo en paritarias. Desde el sindicato señalaron que la oferta no contempla la pérdida del poder adquisitivo, mientras que el Gobierno sostiene que se trata de una política salarial responsable.
Desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos destacaron que más de 1.000 instituciones estaban en condiciones de iniciar las clases y remarcaron que «el compromiso oficial fue garantizar el inicio en tiempo y forma, con dispositivos preparados para aquellos edificios donde aún se desarrollan obras o trabajos de mantenimiento»
Ademá, se puso en marcha el servicio de transporte escolar destinado a unos 14.000 estudiantes y el de comedor que inició con la modalidad de refrigerio para, a partir del miércoles (04/03), completar con el resto de sus variantes.
«Frente a una medida sindical irresponsable, Río Negro mantiene firme su decisión de priorizar la calidad educativa de cada estudiante de nuestra provincia», indicaron desde el Gobierno.
En este escenario, el ciclo lectivo comenzó formalmente, pero con un conflicto que continúa abierto y que podría derivar en nuevas medidas de fuerza en las próximas semanas.
Gremios
ATE intimó al Gobierno para que pague el presentismo y convoque a paritarias, y se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo a la asistencia (presentismo) en algunos organismos y áreas estatales, y por la no convocatoria a paritaria en lo que va del 2026. Ante esta situación, el sindicato se declaró en estado de alerta, asamblea permanente y movilización
«Si el Gobierno no paga el presentismo, estaremos frente a un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos. El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave», apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En referencia a la mesa de negociación salarial, la cual se encuentra en un cuarto intermedio desde diciembre de 2025, el dirigente apuntó que «a esto hay que sumar la decisión del Gobierno de no convocar a paritarias y congelar los salarios durante los dos primeros meses del año. Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad».
«Exigimos el inmediato pago del presentismo y la convocatoria a las paritarias. Hemos decidido declararnos en estado de alerta, asamblea permanente y movilización. Además, hemos convocado a nuestro Secretariado Nacional para el día 11 a los efectos de analizar el escenario general y resolver un plan de acción, pero también definir qué medida concreta llevar adelante contra esta decisión de no pagar el presentismo», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Según las estimaciones del sindicato, el no pago del presentismo significa un recorte del 10% en los salarios de los estatales, los cuales ya vienen de una pérdida del 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
En su denuncia, el sindicato informó que mediante el Decreto N° 36/2026 se homologó el acuerdo celebrado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional del 26 de diciembre pasado, el cual prevé, entre otras cuestiones, la prórroga del presentismo, ítem que ha sido sistemáticamente renovado desde el acuerdo celebrado el 29 de septiembre de 2020, homologado por el Decreto N° 837/20.
ATE además señala «que la presunta falta de pago del presentismo y la falta de actualización salarial de los meses de enero y febrero de 2026 constituye una práctica desleal y un acto de mala fe negocial que deja en evidencia la política de miseria y empobrecimiento en contra de los empleados y empleadas públicas de la Administración Pública Nacional».
