Sociedad
Trabajadores de UATRE reclaman por el 20% de zona desfavorable
Ayer se reunieron en Roca junta a las Diputadas Nacionales Horne y Soria.
En la reunión convocada por UATRE, ayer por la tarde en General Roca, trabajadores de la cosecha acordaron sobre la necesidad de llevar adelante diferentes medidas para obtener el 20% adicional por zona desfavorable. En este sentido, la Diputada Nacional del Frente para la Victoria, Silvia Horne, expuso el proyecto presentado el año pasado por su par María Emilia Soria, que propone modificar la Ley N° 26.727 de Trabajo Agrario. Este proyecto tiene un doble propósito: por un lado, incluir a los trabajadores ocupados en tareas de cosecha y/o empaque de frutas en el Régimen de Trabajo Agrario; y por el otro que todos los trabajadores agrarios patagónicos cobren el diferencial por zona desfavorable.
Actualmente, la actividad de cosecha y/o empaque de frutas se rige por la Ley de Contrato de Trabajo, por eso los trabajadores de dicho rubro quedan excluidos de la aplicación de los beneficios propios y específicos del Régimen de Trabajo Agrario y de la esfera de actuación de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. A partir de este proyecto, al pasar a estar comprendidos en el Régimen de Trabajo Agrario, los trabajadores de cosecha y/o empaque de frutas podrán obtener todos los beneficios vigentes para el resto de los trabajadores de la actividad.
Paralelamente, el proyecto de Soria plantea que la Comisión Nacional de Trabajo Agrario -que es quien fija las remuneraciones del sector- debe incluir a las Provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, y el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires como integrantes de la Patagonia. De esta manera, todos los trabajadores agrarios del norte de la Patagonia también percibirán el adicional del 20% sobre la remuneraciones mínimas que fija dicha Comisión y que actualmente solo lo perciben los trabajadores agrarios que desarrollan sus tareas en el sur de la Patagonia – Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur -.
Movilización y convocatoria a legisladores nacionales
En la misma reunión, surgió de los propios trabajadores la idea de realizar movilizaciones y solicitar al resto de los diputados y senadores de la región que acompañen este proyecto para modificar la Ley de Trabajo Agrario. A tal efecto, quedó establecida la comunicación entre los dirigentes de UATRE y las Diputadas Soria y Horne para tener un mejor seguimiento del proceso del expediente en el Congreso de la Nación.
Amparos laborales
Otro de los temas planteados en la reunión fueron los obstáculos que encuentran los trabajadores de las chacras al momento de llevar adelante un reclamo laboral. Ante diferentes tipos de incumplimientos por parte de la patronal, para poder judicializar sus reclamos los trabajadores tienen que afrontar costos que significan la mitad de su sueldo, el cual muchas veces aún no han cobrado; y luego esperar entre 12 y 24 meses que es el tiempo que demora una sentencia. Por ello surgió la idea de realizar amparos laborales a fin de agilizar los procesos judiciales que garanticen el cumplimiento de los derechos de los trabajadores.
Judiciales
Le vaciaron la cuenta con los ahorros de toda su vida con un cambio de chip en otra ciudad: Condenan a banco y telefónica
La víctima descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000.
Una jubilada de Viedma perdió varios millones de pesos en menos de una hora después de que delincuentes tomaran el control de su línea telefónica mediante un cambio fraudulento de chip. Con ese acceso ingresaron a su cuenta bancaria y realizaron ocho transferencias que vaciaron prácticamente todos sus ahorros. La Cámara de Apelaciones de la capital provincial concluyó que el fraude fue posible por fallas concurrentes en los sistemas de seguridad de dos prestadores de servicios.
La mujer tenía constituido un plazo fijo y el 13 de octubre de 2022 advirtió que su celular solo permitía realizar llamadas de emergencia. Horas más tarde, cuando intentó renovar esa inversión, descubrió que de los casi 3 millones de pesos de ese momento solo quedaban $8.000. El dinero había sido transferido mediante seis débitos inmediatos (DEBIN) y dos transferencias a personas desconocidas.
Frente a esa situación promovió una demanda por daños y perjuicios. Sostuvo que el cambio de la tarjeta SIM se había concretado sin verificar correctamente la identidad de quien lo solicitó y que, además, nadie advirtió una serie de operaciones bancarias completamente ajenas a su comportamiento habitual como clienta.
En primera instancia, el fuero Civil de Viedma responsabilizó únicamente a la empresa de telefonía. Entendió que el cambio fraudulento del chip había sido la causa adecuada del perjuicio y liberó de responsabilidad a la entidad financiera.
La Cámara confirmó que existió una falla en el procedimiento que permitió reemplazar la tarjeta SIM. Valoró que el cambio se autorizó desde una antena ubicada en Neuquén cuando apenas una hora y media antes la línea funcionaba normalmente en Viedma. También destacó que no existían registros que permitieran comprobar cómo se había validado la identidad de quien realizó esa gestión.
Sin embargo, el tribunal consideró que la entidad financiera también incumplió su deber de seguridad. Señaló que las operaciones reunían numerosos indicadores de riesgo: la generación de un nuevo token, el alta de varios destinatarios desconocidos, ocho transferencias consecutivas en apenas 36 minutos, el vaciamiento casi total de la cuenta y montos incompatibles con el historial de la clienta. Pese a ello, no se activó ningún mecanismo de alerta, bloqueo o verificación.
La sentencia recordó que las entidades financieras tienen la obligación de implementar sistemas de monitoreo basados en el perfil transaccional de cada cliente y destacó que ese control existe precisamente para detectar operaciones que, aunque se realicen con credenciales válidas, resulten completamente atípicas.
Con ese criterio, la Cámara concluyó que el fraude solo pudo concretarse por la concurrencia de dos incumplimientos. Por un lado, la autorización irregular del cambio de chip. Por otro, la ausencia de controles frente a movimientos claramente inusuales en la cuenta bancaria. En consecuencia, modificó el fallo de primera instancia, dejó sin efecto la obligación de la mujer de devolver el dinero recibido por la medida cautelar y extendió la condena en forma solidaria a Banco Patagonia y Telefónica Móviles Argentina.
También confirmó las indemnizaciones por daño emergente, pérdida de chance, daño moral y daño punitivo.
Río Negro
Con aumento incluido, la Provincia abonó sueldos y aguinaldo a estatales
Significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina.
El Gobierno de Río Negro realizó hoy (03/07) el pago unificado de salarios y del medio aguinaldo a todo el personal estatal de la provincia, con un 4,28% de aumento incluido.
Esta decisión, significó una inyección de $170.000 millones por parte del Gobierno a la economía rionegrina e incluyó el 4,28% de aumento en los sueldos, impactando también en el aguinaldo. Se consolida así una evolución salarial por encima de la inflación acumulada en el semestre.
Durante la primera parte del año, los incrementos escalonados que sostuvo Río Negro alcanzaron un 16% de aumento, por encima de la inflación del 14,7% de acuerdo a datos del INDEC para los primeros cinco meses de 2026.
De esta manera, hoy percibieron sus haberes y el medio aguinaldo el personal de Salud Pública (guardias y horas extras); Policía de Río Negro; Servicio Penitenciario Provincial; docentes; porteros; personal comprendido en la Ley N° 1.844; Vialidad Rionegrina; pensiones de Bomberos Voluntarios; Poder Legislativo; Poder Judicial y Órganos de Control.
«Con el pago de salarios y aguinaldo de manera conjunta, Río Negro sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales de la provincia», indicaron desde la Provincia.
Río Negro
Río Negro avanza con la fiscalización ambiental del proyecto de GNL
El objetivo es que el proyecto avance con una presencia activa del Estado.
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático fiscaliza en territorio, durante la ejecución del proyecto de exportación de GNL en el Golfo San Matías, el cumplimiento ambiental asumido por la empresa.
Mientras Río Negro consolida una nueva etapa productiva vinculada al desarrollo energético, la Provincia mantiene una presencia técnica permanente para acompañar, controlar y verificar que cada avance del proyecto se realice bajo la normativa ambiental vigente.
El seguimiento alcanza las distintas etapas de ejecución, tanto en las obras terrestres como en la infraestructura marítima asociada al desarrollo de Gas Natural Licuado Flotante en el Golfo San Matías. El objetivo es claro: que el crecimiento energético avance con planificación, responsabilidad ambiental y control del Estado.
Control técnico en cada etapa
La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, como autoridad de aplicación, lleva adelante inspecciones y controles en territorio para verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos durante el proceso de evaluación del proyecto.
Las autorizaciones ambientales contemplan obligaciones específicas vinculadas al monitoreo de flora y fauna, la protección de ecosistemas marinos y terrestres, la gestión de residuos, la prevención de impactos y el seguimiento de las tareas que se desarrollan en las áreas intervenidas.
Además de las inspecciones en obra, la Provincia supervisa los procesos de recomposición ambiental en los sectores afectados por la construcción de infraestructura terrestre, con el fin de asegurar que las intervenciones se realicen de acuerdo con los compromisos asumidos.
Desarrollo energético con responsabilidad ambiental
El proyecto contempla infraestructura clave para que Río Negro se consolide como punto estratégico de salida del GNL argentino al mundo, incluyendo obras terrestres, instalaciones submarinas y un centro de soporte logístico en Puerto San Antonio Este.
En ese marco, el Gobierno Provincial sostiene una política que combina nuevas inversiones, generación de empleo, desarrollo de proveedores locales y protección de los recursos naturales que distinguen al Golfo San Matías y a toda la costa rionegrina.
El esquema de fiscalización se apoya en tres pilares: control integral durante todo el ciclo del proyecto, participación ciudadana en los procesos de evaluación ambiental y capacidad del Estado para exigir medidas correctivas o aplicar sanciones ante eventuales incumplimientos.
Un Estado presente para cuidar el rumbo
La decisión del Gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, es que las inversiones estratégicas avancen con reglas claras, planificación y presencia activa del Estado en cada etapa.
De esta manera, la Provincia reafirma que el desarrollo energético no es un hecho aislado, sino parte de un rumbo que busca transformar oportunidades en trabajo, infraestructura y futuro para los rionegrinos, sin resignar el cuidado ambiental ni la protección de los ecosistemas provinciales.
