Judiciales
Defensorías temáticas llegan a General Roca y Bariloche
Comenzarán a funcionar a partir del 1 de agosto.
Las Unidades de Defensa Temáticas comenzarán, a partir del 1 de agosto, a funcionar como tales en las jurisdicciones encabezadas por las ciudades de General Roca y San Carlos de Bariloche. Esta decisión se tomó luego de los resultados positivos que arrojara el proyecto piloto iniciado en 2014 en Viedma que dividió las Defensorías civiles según la especificidad de la materia que en ellas se dirime, dando lugar a las Unidades de Defensa de Derechos Civiles, Sociales y de Familia.
La Resolución suscripta en 2014 por la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, creó este nuevo esquema a través del cual las Defensorías de pobres y ausentes se redistribuyen en función de los derechos que protegen posibilitando una especialización mayor de los defensores en determinadas temáticas. Así, la Unidad de defensa de Derechos de familia asistirá a los implicados en procesos de divorcios, alimentos, régimen comunicacional, filiaciones, cuestiones relacionadas con los cuidados y la responsabilidad parental, tutelas y causas atenientes al fuero de familia, entre otras.
La Unidad de defensa de Derechos Civiles por su parte, asumirá la representación en juicios patrimoniales, de ausentes, demandas laborales, cuestiones de vecindad, asistencia a mediaciones complejas, adopciones, desalojos, sucesiones, inicio de procesos de capacidad y procesos ambientales.
Finalmente, la Unidad de defensa de Derechos Sociales se ocupa de representar a adultos en medidas de la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, a personas con problemas de salud mental internadas de forma involuntaria, personas con capacidades diferentes y realiza amparos individuales y colectivos. Esta Defensoría asume además, en etapa recursiva, la codefensa en causas complejas.
En cuanto a la reasignación de equipos de trabajo, en General Roca serán los Dres. Irene Peruzzi, Mónica Ruiz y Diego Suarez quienes se ocupen de la Unidad de Familia; mientras que quedará la Dra. María Belén Deluchi a cargo de las unidades de Derechos Civiles y Sociales. En Bariloche, en tanto, los defensores Adriana Ruiz Moreno, Facundo Barrio Martín y Andrea Alberto estarán a cargo de la Unidad de Familia y Stella Maris Viudez de la Unidad de Derechos Sociales y la de Derechos Civiles.
En Viedma, también se modificará el organigrama de defensores quedando las Dras. Cecilia Cabello, Mariela Pape y Gabriela Sánchez a cargo de la Unidad de Defensa de Derechos de Familia mientras que Dolores Crespo se ocupará de la Defensa de los Derechos sociales y civiles. Todas ellas mantuvieron ayer una reunión en la Defensoría General para coordinar el nuevo esquema de trabajo.
Asimismo seguirán funcionando de la misma manera las Defensorías de menores e incapaces, velando por el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las personas con capacidades diferentes; y las Defensorías penales, en representación de las personas en condiciones económicas de vulnerabilidad que se encuentren detenidas o sindicadas como presuntos autores de alguno de los delitos descriptos en el Código Penal.
Judiciales
Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.
Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
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Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.
El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.
