Judiciales
Defensorías temáticas llegan a General Roca y Bariloche
Comenzarán a funcionar a partir del 1 de agosto.
Las Unidades de Defensa Temáticas comenzarán, a partir del 1 de agosto, a funcionar como tales en las jurisdicciones encabezadas por las ciudades de General Roca y San Carlos de Bariloche. Esta decisión se tomó luego de los resultados positivos que arrojara el proyecto piloto iniciado en 2014 en Viedma que dividió las Defensorías civiles según la especificidad de la materia que en ellas se dirime, dando lugar a las Unidades de Defensa de Derechos Civiles, Sociales y de Familia.
La Resolución suscripta en 2014 por la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, creó este nuevo esquema a través del cual las Defensorías de pobres y ausentes se redistribuyen en función de los derechos que protegen posibilitando una especialización mayor de los defensores en determinadas temáticas. Así, la Unidad de defensa de Derechos de familia asistirá a los implicados en procesos de divorcios, alimentos, régimen comunicacional, filiaciones, cuestiones relacionadas con los cuidados y la responsabilidad parental, tutelas y causas atenientes al fuero de familia, entre otras.
La Unidad de defensa de Derechos Civiles por su parte, asumirá la representación en juicios patrimoniales, de ausentes, demandas laborales, cuestiones de vecindad, asistencia a mediaciones complejas, adopciones, desalojos, sucesiones, inicio de procesos de capacidad y procesos ambientales.
Finalmente, la Unidad de defensa de Derechos Sociales se ocupa de representar a adultos en medidas de la Ley de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes, a personas con problemas de salud mental internadas de forma involuntaria, personas con capacidades diferentes y realiza amparos individuales y colectivos. Esta Defensoría asume además, en etapa recursiva, la codefensa en causas complejas.
En cuanto a la reasignación de equipos de trabajo, en General Roca serán los Dres. Irene Peruzzi, Mónica Ruiz y Diego Suarez quienes se ocupen de la Unidad de Familia; mientras que quedará la Dra. María Belén Deluchi a cargo de las unidades de Derechos Civiles y Sociales. En Bariloche, en tanto, los defensores Adriana Ruiz Moreno, Facundo Barrio Martín y Andrea Alberto estarán a cargo de la Unidad de Familia y Stella Maris Viudez de la Unidad de Derechos Sociales y la de Derechos Civiles.
En Viedma, también se modificará el organigrama de defensores quedando las Dras. Cecilia Cabello, Mariela Pape y Gabriela Sánchez a cargo de la Unidad de Defensa de Derechos de Familia mientras que Dolores Crespo se ocupará de la Defensa de los Derechos sociales y civiles. Todas ellas mantuvieron ayer una reunión en la Defensoría General para coordinar el nuevo esquema de trabajo.
Asimismo seguirán funcionando de la misma manera las Defensorías de menores e incapaces, velando por el efectivo cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y de las personas con capacidades diferentes; y las Defensorías penales, en representación de las personas en condiciones económicas de vulnerabilidad que se encuentren detenidas o sindicadas como presuntos autores de alguno de los delitos descriptos en el Código Penal.
Judiciales
Estafa en Roca: Sumaron 10 nuevas denuncias contra un ex empleado policial
Según la Fiscalía, el acusado habría utilizado su condición de policía y exhibido un boleto de compraventa para convencer a otros uniformados de adquirir una fracción de tierra que no tenía habilitación urbana ni factibilidad de servicios.
Se re formularon cargos contra un ex empleado policial imputado por estafa. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se agreguen las 10 nuevas denuncias, resultando 24 personas damnificadas en estos hechos.
La imputación realizada en diciembre de 2024 fue fortalecida por varias pericias, entre ellas la concretada por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF), como por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), los informes solicitados tanto a la Municipalidad de General Roca como a las entidades bancarias, entre otras.
De esta manera, el hecho que se le reprocha al imputado haber cometido sucedió «entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en General Roca, cuando el hombre, mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago», explicó la fiscal del caso Jessica González.
«Fue así que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes dispusieron de su patrimonio pagándole por diversos medios de pago, entre ellos dinero efectivo en pesos y dólares como transferencias bancarias», indicó.
Entre la evidencia mencionado hoy (03/09) por el Ministerio Público Fiscal se encuentran -además de lo arriba mencionado- los comprobantes de transferencias bancarias, informes bancarios, recibos de pagos originales, la concreción de una pericia caligráfica sobre la letra del imputado producido por el perito del Cuerpo de Investigación Forense de General Roca, pagarés originales.
«Contamos además con el informe de la Municipalidad de General Roca confirmando oficialmente que el área comercializada carece de habilitación urbana, factibilidad técnica municipal y de servicios esenciales en la parcela rural en cuestión», agregó González.
Luego de escuchar a la Fiscalía, el defensor particular del imputado se opuso y solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.
Finalmente, la calificación legal por la cual la jueza de Garantías, Natalia González, tuvo por imputados los cargos es del delito de estafa, según los Artículos 45 y 172 del Código Penal.
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
