Sociedad
SITRAJUR exige reincorporación de trabajadores despedidos de la Justicia
Solicitan al STJ de la provincia de pedir informes y dar explicaciones sobre casos de judiciales cesanteados «injustamente».
El Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (SITRAJUR) exigió en un comunicado de prensa la reincorporación inmediata de los trabajadores despedidos en el Poder Judicial, «denunciando por enésima vez como se muestra la impunidad en este Poder del Estado, que a las claras se constituye como punta de lanza del ajuste en nuestra provincia», indicaron.
«Hemos recurrido a los tres Poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) durante el último mes y medio intentando por todos los medios posibles la reincorporación de los trabajadores con medidas de acción directa (paros, movilizaciones y retenciones de servicios), con presentaciones a la misma justicia con medidas cautelares, en la paritaria en el marco de la N° 5009, a la Secretaria de Trabajo en el marco de la Ley N° 3803, a la Legislatura rionegrina y a todos los bloques partidarios, sin que hasta el momento tengamos respuesta alguna», añadieron desde SITRAJUR.
«Es en ese marco, que hacemos responsable absoluto y exclusivo de la integridad física del compañero Santiago Villegas al Superior Tribunal de Justicia, que ha llegado al extremo de poner en riesgo su salud con una huelga de hambre y es por ello que acompañaremos con los profesionales médicos y las acciones que definieran el conjunto de las asambleas».
Desde el gremio de los trabajadores judiciales recordaron que «al compañero Santiago Villegas se lo cesantea por manifestarse y denunciar a funcionarios públicos que ejercieron represión y abusos contra manifestantes en el marco de caso Pablo Vera por gatillo fácil. Así las cosas concluimos que es el mismo Superior Tribunal de Justicia quien a las claras castiga la participación, cercenando el derecho a la manifestación y criminalizando la protesta. Este STJ motoriza un sumario arbitrario y defectuoso, vulnerando las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y el decoro, y en el cual los hechos que se le imputan no están probados», agregaron.
Agregaron que «al compañero Facundo García, quien pertenece al sector mantenimiento de San Carlos de Bariloche, se lo despide por activismo gremial luego de 7 años, de precarización laboral mediante contratos basura. El STJ no le renueva el contrato por exigir que se cumplan las condiciones de seguridad mínimas e indispensables para realizar sus tareas, como castigo por defender sus derechos. Sumado a los despidos de los compañeros Maximiliano Boi y Martin Allione», especificaron.
«Interpelamos una vez mas, al poder político que fue quien definió la integración de este Superior Tribunal de Justicia y quien debe auditar su funcionamiento, sea el encargado de pedir los informes y explicaciones sobre estos casos y exhorte a la reincorporación inmediata de los compañeros injustamente despedidos», concluyeron.
Río Negro
Río Negro abonó la totalidad de los salarios al personal estatal
Este martes cobraron todos los trabajadores públicos rionegrinos.
El Gobierno Provincial concretó hoy (02/06) el pago de sueldos al personal de la Administración Pública, «ratificando la política sostenida de previsiblidad, con un orden financiero que permite llevar certezas a estatales de Río Negro», destacaron desde el Ejecutivo.
«De esta manera, se sostiene el rumbo que se enmarca en una gestión responsable de los recursos públicos, cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones en materia de salarios a la planta de trabajadores estatales», agregaron.
Percibieron sus haberes personal de la Salud Pública, con guardias y horas extras; Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial; docentes y porteros; agentes de la Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios, y los poderes Legislativo y Judicial junto a organismos de control.
Judiciales
Quisieron cobrarle una deuda en dólares, pero la firma del pagaré era falsa
El fuero Civil ordenó una pericia caligráfica y el estudio determinó que la rúbrica estampada en el documento era falsa.
Una mujer de Cipolletti enfrentó un intento de cobro por una suma en dólares a través de un pagaré. Ella se opuso a la ejecución, negó que la firma fuera suya y el fuero Civil ordenó una pericia caligráfica. El estudio determinó que la rúbrica estampada en el documento era falsa, por lo que se rechazó el reclamo y se dejó sin efecto la sentencia monitoria dictada al inicio del trámite.
El reclamo fue promovido por un hombre que poseía un pagaré. En una primera etapa, el trámite avanzó con una sentencia monitoria. Luego, la mujer se presentó en el expediente y planteó una excepción de falsedad de título, una defensa prevista en el Código Procesal Civil y Comercial para discutir la autenticidad del documento utilizado como base de una ejecución.
En su presentación, la mujer sostuvo que la firma atribuida a ella no le pertenecía. También negó haber mantenido trato con la persona que reclamó el pago y desconoció la existencia de la deuda. El planteo abrió el análisis sobre la validez del pagaré presentado para exigir el cobro.
La contraparte no contestó el traslado de esa defensa. Ante esa situación, el fuero Civil dispuso la producción de prueba y ordenó una pericia caligráfica. La medida tuvo como objetivo examinar la firma cuestionada y comparar sus características con material indubitado de la mujer.
El informe técnico marcó varios puntos. La perita indicó que no resultaba posible determinar la antigüedad relativa de las inscripciones ni establecer si la firma y el resto del contenido del pagaré se realizaron en el mismo momento. También señaló que se utilizaron dos instrumentos escriturales distintos y que el completado del documento revelaba una secuencia de plasmación.
La conclusión central fue categórica: «La firma estampada en el documento base de la presente acción no fue realizada de puño y letra» por la mujer. En otros términos, según el dictamen, esa firma no le pertenecía. La pericia no recibió impugnaciones ni pedidos de explicaciones.
La resolución del fuero Civil destacó que, en los procesos ejecutivos, la excepción de falsedad de título puede plantearse cuando se cuestiona una adulteración del documento. En el caso de la firma, la falsedad puede configurarse si se acredita que la rúbrica inserta en el instrumento no pertenece a la persona contra la cual se dirige el reclamo.
El fallo también recordó que la pericia caligráfica resulta una prueba fundamental cuando se discute la autenticidad de una firma. Aunque ese dictamen no obliga de manera automática a quien decide, la resolución indicó que no corresponde apartarse de sus conclusiones sin fundamentos.
En este expediente, el informe fue considerado claro, preciso y ajustado a las exigencias procesales. La resolución valoró que la especialista detalló la metodología empleada, el instrumental científico utilizado, la bibliografía de base y los materiales de cotejo.
Con esos elementos, el fuero Civil hizo lugar a la excepción de falsedad de título presentada por la mujer. En consecuencia, rechazó la ejecución promovida en su contra y dejó sin efecto la sentencia monitoria. También dispuso que, una vez firme la resolución, se levante el embargo trabado sobre sus fondos.
Roca
Retuvieron 45 vehículos en una semana de controles de tránsito en Roca
8 vehículos fueron retenidos por delegar la conducción a menores de edad y 7 por generar ruidos molestos.
Los operativos de control de tránsito realizados en General Roca durante la última semana finalizaron con 93 actas de infracción labradas y la retención preventiva de 45 vehículos por distintas irregularidades.
Según informó el Municipio, los procedimientos fueron llevados adelante por inspectores de Tránsito entre el lunes (25/05) y el domingo (31/05) en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial tanto en el sector urbano como en la zona rural.
Como resultado de los controles, se detectaron 10 casos de alcoholemia positiva. Además, se procedió al secuestro preventivo de 33 motocicletas y 12 automóviles.
De acuerdo con el detalle oficial, 7 vehículos fueron retenidos por alcoholemia positiva, otros 7 por generar ruidos molestos, 8 por delegar la conducción a menores de edad y 23 por falta de documentación obligatoria.
Las infracciones más recurrentes estuvieron relacionadas con la falta de licencia de conducir, ausencia de seguro, falta de chapa patente y circulación en contramano.
Desde la Dirección de Tránsito recordaron que en la ciudad se encuentra vigente la Ordenanza N° 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una graduación alcohólica superior a cero.
La normativa contempla multas que van desde los 1.000 hasta los 3.000 USAM, equivalentes actualmente a entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.
Las autoridades insistieron en la necesidad de evitar el consumo de alcohol antes de conducir y recomendaron designar un conductor responsable para prevenir siniestros viales y proteger la seguridad de toda la comunidad.
