Sociedad
Grave denuncia por pauta oficial
Un empleado de una empresa chubutense radicó una denuncia penal en Viedma que compromete al Secretario de Medios de Río Negro, Guillermo Campetti.
Una posible defraudación a la administración pública rionegrina con la asignación de pauta publicitaria es investigada en Viedma a partir de una denuncia penal, que originó ayer un primer allanamiento. La acusada es la productora de televisión, Antaxus SA, empresa con sede central en Trelew, Chubut, y oficina en Viedma. Sus dueños son propietarios del diario Jornada y varias emisoras de radio. La presentación pone el foco en el vínculo entre un gerente de la firma, Nicolás Humphreys, y el secretario de Medios de la provincia, Guillermo Campetti, según informó esta mañana el diario Río Negro.
Según la denuncia, el gobierno rionegrino contrataba a través de Antaxus espacios publicitarios en Canal 3 de Viedma (Supercanal) y en el cable BTC de Bariloche. No obstante, los contenidos hacia el destino cordillerano “no se emitían pero sí se pagaban”. Detalló Jutton un llamativo, informal, mecanismo de contratación publicitaria y movimiento de la documentación. Relató que Campetti y Humphreys (gerente y apoderado de la firma) “acordaban los montos” de la publicidad. Concretamente, Campetti “le daba la orden a la funcionaria Silvia Eugster, quien emitía las órdenes de publicidad conforme los montos que Campetti le fijaba, las cuales metía luego en un sobre y se las daba a Rubén Lahournere”, empleado de Prensa, y éste último “se las alcanzaba (a Jutton) a la oficina de Laprida 377 de Viedma”. Una vez en la oficina de Antaxus, el denunciante “escaneaba las órdenes y las remitía a la casa central de Trelew, en Paraguay 33, vía mail”. Iban “con destino a Román Pirola, de facturación”. Igualmente, enviaba los documentos Vía Cargo a la Terminal de Ómnibus de Trelew, “a nombre de Bechietti y/o Galdames. Una vez que Pirola recibía las órdenes, las facturaba y le enviaba factura junto a la certificación del servicio de publicidad y la nota para solicitar a la Secretaría el pago del servicio”.
Refiere la denuncia que las órdenes eran emitidas por sumas de 100.000 pesos duplicados (para Viedma y Bariloche), “pero que se incrementaban en épocas de campaña” hasta 400.000. “Río Negro” pudo saber que en los últimos meses hubo incluso órdenes por $200.000 quincenales.
Al respecto, Nicolas Rochas, legislador del Frente para la Victoria, quien acompañó la denuncia, sostuvo que «es imposible que semejante estafa haya sido posible sin la complicidad de funcionarios del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de un abuso en la asignación de pautas publicitarias, se contrató a una empresa que nunca prestó el servicio para el Estado», agregó Rochas.
Finalmente el legislador viedmense dijo que «el Secretario de Medios de la provincia Guillermo Campetti, no pudo desconocer en ningún momento que esto era una estafa que se pagaba con la plata de todos los rionegrinos».
Judiciales
Ordenan terminar con agravios en redes sociales y derivan un conflicto vecinal a mediación
El conflicto incluyó acusaciones públicas en Facebook y reclamos vinculados a una bicicleta.
Un juzgado de Paz dictó medidas preventivas para poner fin a un conflicto vecinal que derivó en agravios públicos y publicaciones ofensivas en redes sociales. Para apaciguar la escalada de violencia digital utilizó la Ley Contravencional, que permite resoluciones más rápidas ante situaciones de menor gravedad.
La actuación se inició a partir de una denuncia presentada por una mujer contra otra vecina, a quien acusó de hostigarla en la vía pública y de publicar mensajes agraviantes en Facebook. La calificaba de «chorra». Según la denunciante, los comentarios también fueron replicados en páginas de amplia difusión local.
El origen del conflicto estaría vinculado a una bicicleta que permaneció en la chacra de la señora que inició la demanda. En una audiencia realizada posteriormente, la mujer denunciada sostuvo que le «prestó» ese rodado, pero luego alegó que «nunca me la pagó». Además, reconoció haber realizado publicaciones injuriantes en redes sociales y se comprometió a eliminarlas.
La jueza de Paz de Conesa recordó que la Ley Contravencional de Río Negro establece que, antes de continuar con una acción de instancia privada, las partes deben recurrir a mecanismos autocompositivos como la mediación o la conciliación para intentar recomponer los intereses afectados y restablecer la paz social.
Como medida cautelar y preventiva, ordenó que ambas partes se abstengan de protagonizar incidentes, proferir agravios o realizar reclamos personales, tanto en espacios públicos como privados. También dispuso que no efectúen comentarios ni publicaciones en redes sociales que puedan generar hostilidad, degradación o humillación hacia la otra parte.
Asimismo, resolvió remitir las actuaciones al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) para que intervenga en la búsqueda de una solución consensuada.
La resolución advirtió que el incumplimiento de las medidas podrá dar lugar a la aplicación de sanciones previstas por la legislación contravencional, entre ellas amonestaciones, prohibiciones de concurrir a determinados lugares, trabajo comunitario, multas o arresto.
Judiciales
Entregó una Ranger con infracciones de tránsito y el Juzgado de Paz lo condenó a reintegrar los gastos
El fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses.
Una concesionaria recibió una Ford Ranger usada como parte de pago por la venta de una camioneta 0 km. Todo parecía encaminado hasta que la empresa intentó transferir el vehículo a su nombre. El trámite quedó trabado por deudas e infracciones anteriores a la entrega de la unidad.
La empresa automotriz reclamó al vendedor que regularizara la situación, pero no obtuvo una solución. Con la transferencia paralizada, la firma terminó por pagar una infracción de tránsito y los intereses punitorios de patente para poder avanzar con la inscripción registral. Finalmente la sociedad anónima inició una demanda de menor cuantía.
El Juzgado de Paz de General Enrique Godoy hizo lugar a la acción por el reintegro de las sumas que la empresa debió afrontar para completar la transferencia registral del vehículo usado.
La concesionaria afirmó que, ante la negativa del hombre a regularizar la situación, tuvo que abonar una multa de tránsito para destrabar la transferencia. Además, señaló que la demora generó intereses punitorios por deuda de patente.
Previamente, realizó reclamos extrajudiciales, tanto telefónicos como mediante cartas documento. Incluso se desarrollaron instancias de mediación sin alcanzar un acuerdo. Finalmente, decidió efectuar los pagos por su cuenta y se reservó el derecho de reclamar posteriormente el reintegro de esas sumas.
Durante el trámite judicial, el hombre fue debidamente notificado, pero no se presentó a la audiencia ni contestó la demanda. En virtud de las reglas procesales aplicables a los procesos de menor cuantía, esa ausencia produjo el reconocimiento de los hechos narrados por la empresa.
El juez de Paz analizó, además, la documentación presentada y la prueba informativa incorporada al expediente.
Entre los elementos valorados se encontraron informes registrales, cartas documento intercambiadas entre las partes y la declaración del gestor que intervino en la transferencia del vehículo. Esa prueba permitió corroborar que el dominio registraba deudas que obstaculizaban la inscripción y que la firma efectivamente realizó gestiones y pagos para superar esos impedimentos.
Al evaluar los rubros reclamados, el magistrado consideró plenamente acreditado el pago de la infracción de tránsito. También entendió probado el reclamo por intereses punitorios derivados de la deuda de patente.
Como resultado, el fallo condenó al hombre a pagar más de $400.000 por la multa de tránsito, más los intereses. Finalmente, se dispuso la notificación de las partes y se informó que la sentencia puede ser apelada dentro del plazo legal previsto.
Roca
Avanza el plan de bacheo en Roca con obras en distintos puntos de la ciudad
Las cuadrillas municipales trabajan actualmente sobre calle La Plata y prevén avanzar en otros sectores durante los próximos días.
El Municipio de General Roca continúa desarrollando el Plan Integral de Bacheo y Recuperación Vial con nuevas intervenciones en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las acciones destinadas a mejorar la transitabilidad y reforzar la seguridad vial.
Durante las últimas semanas, las cuadrillas municipales realizaron reparaciones de paños de pavimento de hormigón en diversos puntos considerados estratégicos para la circulación urbana. Los trabajos se llevaron adelante en las intersecciones de Canadá y España, Canadá y Don Bosco, Canadá y Neuquén, además de Paraguay al 1146, Vintter y La Plata, San Martín y La Pampa, Santa Cruz y Moreno, Mitre y Chacabuco, Chile al 645, España al 306, 9 de Julio y Mendoza, y Rawson y República del Líbano.
Actualmente, los equipos trabajan sobre calle La Plata, entre Bahía Blanca y Paraná, donde se ejecutan tareas de demolición de sectores deteriorados, preparación de la base y posterior reconstrucción de la calzada.
Desde el Municipio adelantaron que en los próximos días las obras continuarán en República del Líbano y José Ingenieros, República Dominicana y Resistencia, y Canadá y Maipú.
Las autoridades destacaron que «este tipo de intervenciones requiere una importante logística y el traslado de maquinaria pesada, como retroexcavadoras, minicargadoras, motocompresores y camiones. Por ese motivo, en algunos casos se concentran varias tareas sobre una misma arteria para optimizar recursos y tiempos de ejecución».
Finalmente, se solicitó a conductores y peatones «extremar las precauciones al circular por los sectores intervenidos y respetar el vallado y la señalización dispuesta para garantizar la seguridad de los trabajos».
