Judiciales
Condenan a dos policías de Río Colorado por vejaciones y lesiones
Héctor Fabián Lara fue condenado a 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación especial, mientras que el ya retirado José Pedro Benavidez a 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación.
La Cámara Criminal Tercera de Roca condenó a dos efectivos policiales de Río Colorado como autores de los delitos de «vejaciones agravadas por el uso de violencia en concurso ideal con lesiones leves». El hecho investigado ocurrió a fines de diciembre de 2009, alrededor de las 15.30, y comenzó en el sector del canal de riego ubicado en el barrio Unión de Río Colorado. Allí fue detenido con violencia un hombre que luego fue trasladado a la Comisaría N° 11, donde prestaban servicio los imputados. Dentro de la unidad policial, según surge de la imputación, la víctima siguió recibiendo golpes y amenazas.
En la última audiencia del juicio, el Fiscal de Cámara Andrés José Nelli solicitó para el imputado sargento Héctor Fabián Lara la pena de 2 años de prisión en suspenso y 4 años de inhabilitación especial, mientras que requirió para el policía -ya retirado- José Pedro Benavidez la aplicación de la misma pena pero elevada a 3 años de prisión en suspenso y 6 de inhabilitación por su unificación con otra condena recientemente dictada por la Cámara Criminal Primera de esta ciudad.
Por su parte la Defensora Oficial Mariana Serra solicitó la absolución de Benavidez afirmando que no cometió actos vejatorios pues «se limitó a ayudar a reducir a una persona ebria, que se resistía».
En tanto que el Defensor Particular Luis Minieri, en representación del imputado Lara, solicitó la absolución por considerar que éste actuó «en el marco de sus funciones, con la fuerza requerida» y también por el beneficio de la duda, afirmando que los testimonios recibidos «no llevan a formar certeza de lo ocurrido».
El Tribunal hizo lugar en forma unánime al requerimiento de la fiscalía y dictó ambas condenas en consecuencia.
Fundamentos
En su voto rector, la camarista Laura Pérez valoró las declaraciones testimoniales y demás prueba incorporada y señaló que aquella tarde la víctima, por entonces de 25 años de edad, fue detenida por una contravención («ebriedad e importunar a otros con actos torpes u obscenos», según consta en el sumario contravencional) por la cual resultó finalmente absuelto ante el Juzgado de Paz de Río Colorado.
«Conforme la descripción de la víctima y testigos, surge demostrado que si bien Lara inicia en soledad la agresión, posteriormente se suma Benavidez en obrar común y convergencia intencional», concluyó la jueza.
El Tribunal no tuvo por acreditada la alegada «resistencia» por parte de la víctima. En ese punto, Pérez sostuvo: «… va contra el orden natural de las cosas que una persona se deje «agarrar» y «cargar» a un móvil policial sin algún tipo de forcejeo, pero de ahí a que exista resistencia seria y sostenida a la actuación policial, que justifique la utilización de la fuerza y un trato riguroso para lograr la reducción, existe un trecho». También contempló que las lesiones que certificaron en el hospital de Río Colorado eran coincidentes con las «patadas, pisotones en rodilla, cuerpo y cara» que describió la víctima pero no con las típicas lesiones de resistencia o forcejeo.
Tampoco se tuvo por probado el estado de embriaguez del denunciante, aclarando el voto rector que «aun cuando se hubiera acreditado, por sí solo, en modo alguno justifica la existencia del trato vejatorio por parte de los funcionarios policiales».
«El accionar de los funcionarios mencionados en la ocasión resultó abusivo, autoritario y ajeno al contexto que se les presentaba», concluyó la jueza, a cuyo voto adhirieron sus pares Verónica Rodríguez y Fernando Sánchez Freytes.
Judiciales
Ordenaron el retiro del carnet de conducir y la suspensión de la línea telefónica por una deuda alimentaria
Las medidas fueron ordenadas por una jueza de Familia luego de verificar que el progenitor no dio cumplimiento a un convenio alimentario previamente homologado.
El retiro del carnet de conducir y la suspensión de líneas telefónicas fueron las medidas dispuestas contra un padre que no acreditó el pago de una cuota alimentaria fijada a favor de su hija menor de edad. Las decisiones se adoptaron en el marco de un expediente de familia y tuvieron como finalidad compeler el cumplimiento de una obligación alimentaria vigente.
Las medidas fueron ordenadas por una jueza de Familia de Cipolletti luego de verificar que el progenitor no dio cumplimiento a un convenio alimentario previamente homologado. Además del retiro de la licencia de conducir o, en su caso, la prohibición de tramitarla o renovarla, la magistrada dispuso oficiar al Registro Provincial de Deudores Alimentarios para la inscripción correspondiente y ordenó la suspensión de líneas telefónicas fijas o móviles de su titularidad.
La resolución se dictó tras una intimación previa cursada el año pasado, en la que se requirió al padre que acreditara el pago de los alimentos bajo apercibimiento de adoptar medidas razonables para garantizar la obligación. Esa intimación no fue impugnada y, ante la persistencia del incumplimiento, la jueza hizo efectivos los apercibimientos anunciados.
Contra esa decisión, el progenitor presentó un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. En su planteo sostuvo que las medidas adoptadas no resultaban eficaces para asegurar el pago de los alimentos y que su situación económica le impedía cumplir regularmente con la cuota. Señaló que realizaba trabajos informales vinculados a tareas domiciliarias y que se encontraba sin empleo. También cuestionó la valoración de la prueba y afirmó que efectuó depósitos y transferencias parciales que, a su criterio, no fueron considerados de manera adecuada. En ese contexto, solicitó que se dejaran sin efecto las sanciones y que se le concediera un plazo para regularizar una cuota correspondiente a un período determinado.
La persona que reclamó los alimentos respondió y sostuvo que la cuota alimentaria convenida y homologada continuaba plenamente vigente. Indicó que el padre no promovió ningún incidente tendiente a modificar la prestación y que, hasta tanto ello ocurra y exista una resolución judicial, la obligación resulta exigible en los términos fijados. También remarcó que las medidas dispuestas se encuentran previstas en la normativa vigente y dentro de las facultades del Poder Judicial para asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. En el mismo sentido se pronunció la Defensora de Menores, quien recomendó mantener lo resuelto.
Al intervenir en el caso, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Cipolletti analizó el recurso y señaló que la resolución cuestionada constituyó una consecuencia directa de una intimación anterior que había quedado firme. En ese contexto, destacó que no resulta procedente impugnar la providencia que hace efectivo un apercibimiento cuando el acto que le dio origen no fue cuestionado oportunamente, ya que los plazos procesales operan de manera preclusiva.
El Tribunal también recordó que el derecho alimentario de niñas, niños y adolescentes se encuentra protegido por normas de jerarquía constitucional y supralegal, y que la obligación alimentaria no se modifica por manifestaciones unilaterales sobre la situación laboral del progenitor. Para alterar una cuota vigente resulta necesario promover el trámite judicial correspondiente y obtener una resolución que así lo disponga.
Con esos fundamentos, la Cámara rechazó el recurso de apelación y confirmó la resolución dictada en primera instancia en todo lo que fue materia de agravio, incluidas las medidas de retiro del carnet de conducir y suspensión de la línea telefónica.
Judiciales
Seguirá preso hasta julio: La jueza extendió la detención del acusado por el choque múltiple en Allen
El Ministerio Público Fiscal argumentó que Araneda contaba con solvencia económica y antecedentes penales al momento del hecho. La defensa propuso medidas alternativas, pero la magistrada no hizo lugar al planteo.
La jueza de Garantías interviniente en el caso del siniestro vial ocurrido el 21 de noviembre en el kilómetro 1204 de la Ruta Nacional N° 22, en Allen, resolvió prorrogar la prisión preventiva de Axel Adrián Araneda hasta el 21 de julio de 2026.
La medida fue solicitada por la Fiscalía, que fundamentó su pedido en la persistencia del peligro procesal de fuga. En ese sentido, la representante del Ministerio Público Fiscal señaló que el imputado cuenta con antecedentes penales, lo que impediría que una eventual condena fuera de ejecución condicional. Además, destacó que al momento del hecho Axel Adrián Araneda se movilizaba en una camioneta Amarok automática, transportaba un millón de pesos y llevaba consigo varios teléfonos celulares marca iPhone, elementos que, a criterio de la fiscalía, dan cuenta de su solvencia económica y de las posibilidades concretas de sustraerse al accionar de la Justicia.
La Fiscalía también indicó que se encuentran pendientes de realización diversas pericias, entre ellas la histopatológica, la reconstrucción virtual a cargo del Ministerio Público de Río Negro y la apertura de los teléfonos celulares por parte de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel).
En cuanto al resultado del análisis de alcohol en sangre, la representante fiscal aclaró que el estudio arrojó 0,94 gramos por litro, circunstancia que no permite acreditar ese agravante en particular. No obstante, precisó que se mantienen los vinculados a la cantidad de víctimas fatales y al exceso de velocidad.
La querella adhirió al pedido. La defensa particular del imputado propuso medidas alternativas, como presentaciones periódicas en comisaría, la prohibición de salida de la provincia y del país, o la colocación de un dispositivo de monitoreo electrónico.
La jueza no hizo lugar a esa propuesta y dispuso que la prisión preventiva se extienda por cuatro meses más.
Judiciales
Un perro mordió a una mujer y su dueña será sancionada
La Justicia constató que el animal ya había protagonizado otros episodios similares con al menos dos personas más.
Una mujer sufrió una mordedura en una pierna cuando se dirigía a su lugar de trabajo y pasaba cerca de un comercio. Según relató, un perro de tamaño mediano y de color blanco se abalanzó sobre ella y le provocó la lesión. Indicó, además, que no se trató de un hecho aislado, ya que el mismo animal había atacado con anterioridad a un familiar.
Tras el episodio, la persona recibió atención en el Hospital de Guardia Mitre. En el expediente se incorporó un certificado médico que acreditó la asistencia y la lesión constatada por el personal de salud.
La mujer se dirigió al Juzgado de Paz de Guardia Mitre y realizó la denuncia. Se constató el domicilio de la responsable del perro y que el animal ya había protagonizado otros episodios similares con al menos dos personas más.
A partir de estos elementos, el juez de Paz consideró que existían pruebas suficientes para imputar a la persona señalada como responsable del cuidado del animal. En consecuencia, dispuso su notificación para que ejerciera su derecho a presentar descargo dentro de los plazos establecidos por la Ley Contravencional Nº 5592. Sin embargo, una vez vencido el plazo, la imputada no presentó ninguna manifestación en su defensa.
El caso se analizó en el contexto del artículo 43 de la Ley Contravencional Nº 5592, que establece que resulta punible la persona dueña o encargada de la custodia de animales que ocasionan daños a la integridad física de terceros cuando no adopta las medidas de precaución necesarias para evitar esos perjuicios. La norma también contempla la posibilidad de que la infracción se configure por conducta culposa.
Asimismo, la resolución incluyó referencias a normativa local. La ordenanza Nº 014/2021 sanciona la tenencia irresponsable de animales sueltos, entre ellos los perros. Por su parte, la Carta Orgánica Municipal, en su artículo 43, establece que el municipio regula el control y la tenencia responsable de animales por parte de sus propietarios.
En función de ello, la resolución dispuso la aplicación de la sanción prevista en el artículo 23, inciso a), de la Ley Contravencional Nº 5592. Esa norma contempla la amonestación como una de las penas posibles. El artículo 24 define esta sanción como una exhortación dirigida a evitar futuras infracciones y a señalar la gravedad de la conducta, así como sus efectos sobre la convivencia social.
El magistrado sancionó a la persona imputada con una amonestación por infracción al artículo 43 de la Ley 5592, sobre la base de los elementos incorporados en el expediente y del encuadre legal correspondiente.
