Judiciales
Confirmaron rechazo a las salidas transitorias de Kielmasz
Cumple una condena de prisión perpetua por su participación en el triple homicidio ocurrido en Cipolletti en 1997.
Los jueces de la Cámara Criminal Segunda de Roca confirmaron la resolución que había denegado el beneficio de salidas transitorias al interno Claudio Kielmasz, quien cumple una condena de prisión perpetua por su participación en el triple homicidio ocurrido en Cipolletti en 1997. El caso llegó al análisis del Tribunal en virtud de la apelación formulada por el interno contra la resolución del juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos, quien había rechazado en mayo pasado su incorporación al régimen de salidas.
En el voto rector de la sentencia, el camarista Oscar Gatti analizó los planteos formulados en la reciente audiencia oral y pública por el Defensor de Ejecución, Eduardo Luis Carrera; el Fiscal de Ejecución, Miguel Fernández Jahde, y el abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, y concluyó que la resolución atacada por la defensa «es ajustada a derecho». A ese criterio adhirieron sus pares Gastón Martín y María Evelina García Balduini.
«La situación planteada respecto al condenado Claudio Kielmasz no es posible subsumirla en las previsiones de la Ley 24.660 en cuanto a salidas transitorias se refiere. Dado que tal cual lo pusiera de relieve clara y minuiciosamente el Sr. Juez de Ejecución en su interlocutorio apelado, el nombrado mostró un claro retroceso en los avances que había conseguido con anterioridad», sostuvo el Tribunal.
En la resolución apelada, Chirinos había destacado que Kielmasz y su nueva psicóloga tratante del Servicio Penitenciario Federal no habían logrado «entablar un vínculo tratamental lo suficientemente sano como para lograr la continuidad del tratamiento» y que ese «quiebre importó una seguidilla de sanciones y en concreto el traslado del interno a la Unidad 12 de Viedma y luego a la Unidad 4 de Santa Rosa», perdiendo éste el puntaje que lo había hecho en su momento «merecedor de un informe favorable para las salidas transitorias» por parte de la unidad penitenciaria.
La Cámara sostuvo además que resulta «negativo y preocupante» que el interno haya sido procesado recientemente por el presunto delito de amenazas denunciado por una docente que cumple funciones en el Servicio Penitenciario. En ese punto, el Tribunal aclaró que «aunque dicho procesamiento por amenazas no estuviera firme a la fecha, ello no impide que sea valorado en forma negativa por el Dr. Chirinos, sopesándolo obviamente con las restantes circunstancias que merituó en su interlocutorio». Además recalcó que «se le dio solamente el valor que tiene dicha resolución judicial, que como todos sabemos no causa estado y que puede ser confirmada o revocada en el futuro. Posibilitando en este último caso un nuevo análisis del tema».
«En definitiva (…) es fácil advertir que Claudio Rodolfo Kielmasz ha incurrido en un claro retroceso en su vínculo tratamental que inclusive lo llevó a que se le baje la puntuación y recibiera un informe negativo por parte de la unidad para acceder al beneficio que pretende. Con lo cual, lo resuelto (…) es ajustado a derecho y no se advierte arbitrariedad alguna que determine su revocación por parte de esta Cámara», concluyó el Tribunal de Apelación.
Judiciales
La Justicia prorrogó las medidas cautelares para los imputados por la agresión a un adolescente a la salida de un boliche
La Justicia resolvió que dos de los acusados continúen con prisión preventiva, mientras que un tercero llevará tobillera electrónica.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la prórroga de las medidas cautelares para tres jóvenes imputados por la brutal agresión a un adolescente ocurrida el 16 de junio pasado, a la salida de un local bailable de General Roca.
Tras el debate entre las partes, la jueza de Garantías interviniente resolvió que uno de los imputados deberá permanecer con un dispositivo electrónico de control, con autorización únicamente para salir de su domicilio con destino al establecimiento educativo. Además, se le impuso la prohibición de contacto con testigos y de realizar publicaciones o comentarios en redes sociales vinculados al caso.
En tanto, los otros dos imputados continuarán con prisión preventiva, luego de que la magistrada rechazara los pedidos de morigeración presentados por las defensas.
Desde la Fiscalía argumentaron que «se trata de un hecho muy grave, y el riesgo procesal de entorpecimiento a la investigación continúa vigente». En ese sentido, se destacó que aún resta la declaración de testigos en Cámara Gesell, algunos de los cuales no quieren declarar por temor, lo que hace necesario mantener las medidas restrictivas.
Además, la fiscal del caso informó que durante las últimas semanas se secuestró un teléfono celular que se encuentra en proceso de peritaje por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), y que el Gabinete de Criminalística realizó levantamiento de rastros sobre la ropa de los imputados, evidencias que «son clave para avanzar hacia el control de acusación».
Por su parte, la querella -representante de la familia del adolescente- adhirió a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, destacando la necesidad de preservar los testimonios y garantizar que «las personas involucradas lleguen con tranquilidad al juicio».
Las defensas, tanto particular como pública, habían solicitado en primera instancia la libertad de los imputados, y subsidiariamente prisiones domiciliarias o el uso de dispositivos electrónicos, planteos que fueron rechazados.
El hecho investigado
Según la acusación fiscal, el ataque ocurrió el 16 de junio alrededor de las 6.10 de la madrugada, en la esquina de Avenida Roca y Tres Arroyos, cuando cuatro jóvenes, con un «plan común y división de tareas», abordaron al adolescente, lo insultaron, rodearon y golpearon con un trozo de escombro en la cabeza, provocando que cayera al suelo.
Mientras la víctima permanecía en el piso, los agresores continuaron atacándolo, concentrando los golpes en la cabeza «con la intención de acabar con su vida».
El violento episodio fue interrumpido gracias a la intervención de una transeúnte y del personal de seguridad del local bailable, que lograron auxiliar a la víctima y dispersar a los agresores.
Los tres mayores están imputados como coautores de tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por la participación de un menor de edad, mientras que el menor enfrenta cargos por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.
Audiencia restringida
Al inicio de la audiencia, y en cumplimiento de los artículos 73 inciso 1 y 74 del Código Procesal Penal, además de la Acordada 47/2021 del STJ y los lineamientos de Unicef sobre casos con menores involucrados, la jueza dispuso que la audiencia fuera de acceso restringido a los medios de comunicación.
La magistrada explicó que la medida busca proteger la identidad del menor víctima y resguardar al menor imputado, aclarando que «toda la información oficial será difundida por las áreas de comunicación institucionales del Ministerio Público y del Poder Judicial».
Judiciales
Weretilneck sobre la Ruta 151: «El Gobierno Nacional sigue sin hacerse cargo»
Nacion apeló el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la Ruta Nacional N° 151, tras años de abandono y reclamos.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck expresó su malestar ante la decisión del Estado Nacional de apelar el fallo judicial que ordenaba a Vialidad Nacional reparar y mantener la Ruta Nacional N° 151, tras años de abandono y reclamos. Consideró que la apelación «es una muestra más de la falta de interés del Gobierno Nacional por nuestra provincia».
«En lugar de asumir su responsabilidad, que quedó acreditada en la causa judicial y cumplir con la sentencia, deciden estirar el proceso innecesariamente, mientras miles de usuarios siguen poniendo en riesgo su vida todos los días por el estado calamitoso de la ruta», afirmó.
Weretilneck recordó que el fallo de la Justicia Federal reconoció el derecho colectivo a la seguridad vial y ordenó al Estado Nacional presentar un plan de obras en un plazo de 10 días y comenzar los trabajos en 90. «Vuelven a desconocer los argumentos presentados y documentados. En lugar de cumplir con la sentencia y presentar un plan de reparación para la Ruta 151, lo que están haciendo es patear el problema para adelante y mostrar que no les importa Río Negro», enfatizó.
«La 151 es una ruta para el desarrollo del norte provincial y su estado merece una respuesta inmediata. Tiene un enorme grado de abandono, reconocido en la propia causa judicial por el mismo Estado y por Vialidad Nacional. Poco le importa al centralismo porteño este reclamo conjunto con los Intendentes, y parece que mucho menos le importan las vidas que todos los días se ponen en juego cuando alguien transita esa ruta», concluyó el gobernador.
Judiciales
No cumplió con la cuota alimentaria y le suspendieron la licencia de conducir
El hombre solicitó la revisión de las medidas dispuestas por la Justicia, pero fue rechazada.
Un hombre que no cumplió con el depósito de la cuota alimentaria en tiempo y forma solicitó la revisión de las medidas dispuestas por el fuero de Familia de Roca. La resolución incluyó la suspensión de su licencia de conducir y la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. También se ordenó el libramiento de un oficio a su puesto de trabajo para retener la cuota alimentaria pactada.
La Sala I de la Cámara Civil de Roca rechazó la revocatoria y confirmó las medidas. El fallo determinó que el hombre solo presentó constancias de dos pagos, menores y fuera de término. Aportó comprobantes de transferencias realizadas a Mercado Pago y no a la cuenta judicial establecida en el acuerdo original. Se verificó que el último pago válido en la cuenta judicial correspondía a enero de 2024.
El hombre apeló la resolución. Cuestionó la falta de una liquidación precisa de la deuda, afirmó haber realizado pagos y denunció una supuesta violación a su derecho de defensa. También sostuvo que las medidas eran desproporcionadas.
La Cámara consideró insuficientes los argumentos del apelante para revertir la decisión. Señaló que el hombre había sido previamente intimado a cumplir con el pago de la cuota y que su respuesta fue incompleta.
El Tribunal advirtió que el alimentante no aclaró su situación laboral ni acreditó ingresos o cumplimiento regular, lo cual refuerza el incumplimiento. También sostuvo que era su responsabilidad probar el cumplimiento de sus obligaciones, algo que no hizo.
Así, la sentencia interlocutoria concluyó que las medidas adoptadas en primera instancia eran proporcionales y adecuadas para garantizar el derecho alimentario del niño; considerado un derecho humano fundamental.
