La Senadora Nacional del Frente Progresista CC-ARI, Magdalena Odarda, elevó esta mañana un escrito a la jueza a cargo del Juzgado Civil, Comercial y de Minería N° 1 de General Roca, María del Carmen Villalba, cuyo N° de Expdte. es el «D-2R0-2319-C1-14, Univeg Expofrut S.A.C /Sur Natural SRL y Lustor S.A S/Ejecución Hipotecaria», en carácter de autora de la ley Ley Nº 4856, conocida como «ley anti-remates» de chacras, poniendo a la magistrada en conocimiento de que la norma en cuestión se encuentra plenamente vigente, como asimismo, la Ley Nacional N° 27.118, en cuyo artículo 19, establece que «Se suspenden por tres (3) años toda ejecución de sentencia y actos procesales o de hecho que tengan por objeto el desalojo de agricultores familiares…».

Del mismo modo, Odarda adelantó que ingresó un expediente en el Senado de la Nación. “Resulta menester poner en conocimiento que Don Luis Tortarolo, -uno de los agricultores demandados-, compró las tierras en el año 1925. Años más tarde, conformó Lustor S.A. (Luis Tortarolo), la cual se compone de la chacra N° 25 de 30 hs plantadas y 8 en blanco; la chacra N° 59 donde se encuentran las casas de Gustavo Tortarolo, Presidente de la empresa de 64 años; del propio Luis Miguel Tortarolo, de 61 años, vicepresidente y primo de Gustavo, y la casa de los trabajadores», explica la parlamentaria en la misiva.

También, la Senadora detalló a la magistrada que «en la chacra, en forma permanente trabajan 13 personas y llegan a 27 en tareas de poda, raleo, etc., incrementándose el número de trabajadores en época de cosecha, donde prestan servicios más de 45 personas. La fruta de las chacras abastece a un galpón de empaque que alquilan a un ex trabajador y brinda empleo a 60 familias. Pero estos agricultores no exportan. Por el contrario, han entregado la fruta a la demandante Expofrut en condiciones de desventaja».

«La parte actora, ha debitado en la cuenta corriente de los chacareros, sumas que le entregaban para permitirle producir, y en el 2011 -cuando mediaba un contrato entre las partes-, el grupo Expofrut, -después de entregar los productores primarios la totalidad de la cosecha-, les cortó los insumos para las tareas culturales como asimismo los recursos financieros, por lo que apenas pudieron realizar algunas tareas culturales«, detalla Odarda en el escrito.

«La metodología utilizada por el grupo Expofrut, consistía en hacer suscribir a los productores primarios, entre ellos los demandados, “reconocimientos de deuda” a través de la firma de pagarés, dónde el agricultor se ataba de pies y manos a las exigencia de la empresa, dado que no poseía ni posee aun, una ley nacional que lo lleve a obtener un precio justo, razonable que contemple los costos de producción y un margen de rentabilidad que le permita un acuerdo digno y con un poder de negociación similar a la contraparte que posee sin lugar a dudas, una situación dominante», indica.

Describiendo la situación de desventaja dominante aplicada por Expofrut, precisa Odarda que «en 2012, la actora inició la ejecución del reconocimiento de deuda (pagarés) que le había hecho firmar a los agricultores en 2010, para asistir con recursos tal lo establecía el contrato. Así, Lustor S.A., no tuvo acceso a su liquidación y no le reconocieron los débitos incorrectos por gastos de frío, fruta no comercializada, fletes indebidos, etc. Estos reclamos presentados en tiempo y forma jamás se acreditaron en la cuenta corriente que tenía Lustor S.A. en Expofrut, lo cual determinó un saldo de 478.000 U$A de capital».

«Estas familias no tienen otro hábitat que las casas de las chacras donde se crían sus hijos que son la cuarta generación de productores y trabajadores de su tierra», subrayó la Senadora. Asimismo insistió a la jueza que «en caso que se lleve a cabo dicha subasta en contraposición con la ley vigente, el daño a la salud y bienes de los productores y sus familias se tornará irreparable: serán dos productores menos en nuestro Alto Valle o dos más, que se suman a los miles que han desaparecido en los últimos años por falta de políticas públicas que los incluyan en un sistema de libre mercado devorador e injusto, donde los que se ubican en una posición “dominante”, aprovechan las falta de legislación protectoria del más débil».

«Le solicito proceda a hacer cumplir la legislación nacional y provincial vigente, dejando sin efecto todo procedimiento previo o la propia subasta de la tierra y sus mejoras de los chacareros», puntualizó finalmente Odarda.