Río Negro
Mango propone crear la Secretaría de control Policial de Río Negro
“Establecer mecanismos que auditen y controlen el uso de la fuerza policial es uno de los mayores desafíos del gobierno provincial”, expresó el legislador cipoleño.
A través de una nueva iniciativa legislativa, el legislador Marcelo Mango (Frente para la Victoria/Frente Grande), propone la creación de la Secretaría de Control Policial de Río Negro. La misma funcionaría en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia y estará integrada por la Auditoría de Asuntos Internos; el Tribunal de Disciplina Policial y la Defensoría del Policía de Río Negro.
En su opinión, para Mango, “los sistemas de control y rendición de cuentas de la gestión de instituciones públicas, son necesarios para una óptima relación entre las autoridades y la sociedad, en un contexto democrático así como también para garantizar su adecuado funcionamiento (…) la actuación policial sufre una grave crisis de legitimidad social, derivada de la falta de apego a la legalidad de algunos de sus miembros y de la ineficacia para abordar la problemática delictiva. La policía recibe la facultad de portar armas y emplear la fuerza como método de coerción, por ello es fundamental tener control sobre su gestión, dado que el abuso de esta autoridad es lo que entraña mayor riesgo para el respeto a los derechos humanos”.
“El presente proyecto de ley propone un sistema de control de gestión de la policía de Río Negro – incluye instancias de control interno y externo – basado en principios democráticos, ante el cual los funcionarios y organismos policiales deben rendir cuentas. Por lo general, no hay respuesta adecuada o satisfactoria para los casos de delitos o abusos cometidos por personal policial. De esta manera, la aplicación de controles donde participen representantes de la sociedad civil, resultan más necesarios y perentorios. Por ello, establecer mecanismos que auditen y controlen el uso de la fuerza policial es uno de los mayores desafíos del gobierno provincial”, comentó Mango.
Para el diputado provincial, “en nuestra provincia el asesinato del oficial Lucas Muñoz en la ciudad de Bariloche, aceleró el debate sobre la necesidad de impulsar una amplia reforma policial, pero en lo inmediato es imperativo impulsar una agenda que asegure mayores niveles de control a la fuerza y una actuación acorde con el sistema democrático. Para funcionar adecuadamente la policía debe aproximarse al ciudadano, asegurar que responde a sus demandas concretas y que protege sus derechos con estricto apego a la ley. Pero, para asegurar la confianza ciudadana, la sociedad debe tener certeza sobre el accionar de la policía, lo que sólo se puede obtener mediante el acceso a la información sobre su desempeño y la observación permanente de la conducta de sus integrantes”.
Al respecto, Mango explicó que “la Secretaría de Control Policial será dirigida por un funcionario civil sin estado policial, designado por el Ministro de Seguridad y Justicia. El Ministerio de Seguridad y Justicia establecerá su organización y su funcionamiento y la dotará con personal civil idóneo para el cumplimiento de sus funciones”.
“En este sentido es necesario avanzar en el establecimiento de mecanismos –más allá del control judicial o legislativo- que promuevan el control político y social sobre la actuación de la policía. Esto es fundamental para asegurar que no se repitan los patrones y altos índices de abuso, negligencia, discrecionalidad y conductas ilegales”, concluyó el legislador del FpV/FG.
Según el proyecto, las funciones de la Secretaría de Control Policial de Río Negro serían:
1. Velar por el cumplimiento de leyes, reglamentos y disposiciones de la Policía de Río Negro.
2. Ordenar la instrucción de las actuaciones sumariales cuando le fueren requeridas.
3. Designar por sorteo un defensor letrado integrante de la Defensoría del Policía cuando el imputado no ejerza la facultad de la asistencia letrada.
4. Dictar la disponibilidad preventiva o la desafectación del servicio del o los encausados a petición de la Auditoría de Asuntos Internos en el marco de actuaciones sumariales.
5. Designar por sorteo auditores sumariales e inspectores ad hoc cuando circunstancias especiales y urgentes lo justifiquen.
6. Establecer o determinar los procedimientos de auditoría e inspecciones preventivas.
7. Efectuar la programación anual de las auditorías e inspecciones preventivas.
Judiciales
Violencia económica: Un fallo impuso capacitación sobre masculinidades al progenitor y a su abogado
El hombre incumplió acuerdos de pago durante más de dos años y solo abonó una de las cuotas pactadas para saldar la deuda.
Una mujer de Cipolletti acordó en 2023 que el padre de su hijo le pagaría una cuota alimentaria equivalente al 30% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. El convenio se firmó en el ámbito de los Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos. Desde el inicio, sin embargo, el cumplimiento fue parcial.
Con el tiempo, la situación se repitió. La mujer debió iniciar actuaciones judiciales para ejecutar el acuerdo. Denunció que el progenitor no pagaba de manera regular, pese a trabajar. Cada reclamo derivaba en una nueva intimación y, a continuación, en una nueva promesa de pago que tampoco se cumplía.
El padre se presentó en la causa y argumentó que atravesaba dificultades laborales y económicas. Dijo desconocer el monto exacto de la deuda y pidió que fuera la propia mujer quien calculara el monto. Ofreció pagar en cuotas y manifestó su «voluntad de pago». La jueza observó que la cuota se había pactado como un porcentaje del Salario Mínimo, un dato público y de fácil acceso, por lo que la cifra resultaba simple de determinar.
La mujer practicó la liquidación de lo adeudado entre 2023 y 2025. Sobre esa base, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo de pago en cuotas. El progenitor volvió a incumplir: abonó solo una de las cuotas comprometidas.
Ante los reiterados incumplimientos, la mujer solicitó la inscripción del progenitor en el Registro de Deudores Alimentarios y la suspensión de su licencia de conducir. Él se opuso. Sostuvo que una propuesta laboral exigía conducir vehículos y que la suspensión del carnet frustraría esa posibilidad. La jueza compulsó los registros oficiales y verificó que el progenitor ya figuraba en una relación de dependencia que no había informado en el expediente.
La resolución analizó el caso con perspectiva de género. La jueza, titular de la Unidad Procesal Nº 11 de Cipolletti, señaló que el incumplimiento alimentario por parte del progenitor no conviviente constituye una forma de violencia económica hacia la madre. Recordó que la mujer cargó con el sostén cotidiano del hijo y, además, con la obligación de instar de manera permanente el cumplimiento de la prestación.
El fallo citó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 553 del Código Civil y Comercial, que habilita al juez a imponer medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia alimentaria.
La jueza dispuso la retención directa de la cuota alimentaria por parte de la empleadora del progenitor. Ordenó también que tanto el alimentante como su abogado patrocinante realizaran el Programa de Masculinidad y Violencia de la Subsecretaría de Articulación de Políticas del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, cuyo objetivo es promover espacios de reflexión y responsabilización.
La resolución explicó por qué la medida formativa alcanzó también al letrado. La jueza sostuvo que evitar los hechos de violencia de género depende en gran medida de erradicar los patrones socioculturales que la perpetúan, y que por eso resulta esencial la formación en derechos humanos de las mujeres. Sobre esa base, advirtió que la defensa introdujo planteos que, bajo la forma del derecho de defensa, obstaculizaron el cumplimiento efectivo de la prestación e impusieron cargas adicionales a la madre. La magistrada citó a la autora Mariel Molina de Juan, quien advierte que la dificultad para detectar la violencia económica responde a la naturalización de patrones culturales instalados también entre los operadores del derecho. Con ese argumento, la jueza ubicó al abogado dentro de ese colectivo y entendió que la capacitación debía comprenderlo.
La obligación rige para ambos, con consecuencias distintas según el rol. El inicio del programa debe acreditarse en un plazo de treinta días. Si el alimentante incumple, el fallo prevé la aplicación de una multa, la suspensión del carnet de conducir o la intervención del fiscal por desobediencia judicial. Si incumple el letrado, la resolución dispone poner el hecho en conocimiento del Colegio de Abogados.
La resolución advirtió al progenitor que, ante un nuevo incumplimiento de la cuota, se dispondrá sin más la suspensión de su licencia de conducir. La inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios quedó supeditada al resultado de la ejecución de la deuda liquidada en la causa.
Deportes
Comenzaron los Juegos Rionegrinos 2026
Más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas.
Iniciaron los Juegos Rionegrinos 2026 con las fases clasificatorias correspondientes a la etapa local con participación de hasta 68 localidades. En este marco, más de 18.000 estudiantes convencionales y con discapacidad de toda la provincia se disputarán en distintas disciplinas. Los juegos son organizados por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos junto a la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte.
En Viedma, el básquet 3×3 abrió la competición provincial durante la primera semana de junio. Con el correr del mes, se suman los municipios de Cipolletti, Río Colorado, General Roca, Allen, General Conesa, Luis Beltrán, y Bariloche, dando inicio al resto de los deportes.
Los jóvenes de entre 12 y 18 años, en representación de sus respectivos establecimientos educativos, compiten en handball, vóley, mini vóley, ringo, break dance, básquet 3×3, atletismo convencional y adaptado, y circuito de habilidades motoras para personas con discapacidad. La variedad de disciplinas en las que miles de estudiantes son partícipes desde cada punto del territorio provincial, integran educación y deporte en conjunto, con propuestas accesibles para todos, que promueven la competencia sana, la diversión, y el compañerismo.
La fase local comprende alrededor de dos mil equipos que buscan clasificarse a la segunda etapa del torneo, la fase zonal, a disputarse entre agosto y octubre, en donde se agruparán distintas regiones de Río Negro. Posteriormente, los clasificados de las zonales jugarán la tercera, y definitiva, fase del certamen: la gran final en San Carlos de Bariloche. Esta instancia se disputará del 16 al 19 de noviembre, abarcando una fiesta deportiva que reunirá a chicos y chicas de cada punto de la provincia.
Luego del éxito de los Juegos Rionegrinos 2025, el programa coordinado por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, y la Secretaría de Juventud, Cultura y Deporte, vuelve a impulsar el desarrollo humano y las habilidades deportivas, fomentando espacios de compañerismo en la que niños, niñas y adolescentes de más de 400 establecimientos educativos, se reúnen, juegan y participan en distintas disciplinas.
Policiales
La reparación de zona desfavorable ya llegó a casi 7.000 agentes policiales de Río Negro
Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
El Gobierno de Río Negro sigue con el cumplimiento de la reparación extraordinaria por las liquidaciones del adicional de zona desfavorable del personal policial, una política que ya alcanzó a 6.976 agentes activos, retirados y pensionados en toda la provincia, con una inversión acumulada superior a los $27.000 millones.
En el caso de los policías activos que adhirieron voluntariamente al acuerdo de pago impulsado por la Provincia en el marco de la Ley 5715, el beneficio alcanzó a 3.416 agentes. Hasta el momento, el Estado provincial abonó un total de $14.886 millones.
La reparación destinada a agentes activos comenzó a abonarse en mayo de 2024 y, a la fecha, la Provincia ya completó la cancelación de 2.880 liquidaciones correspondientes a expedientes abiertos.
Por otra parte, en septiembre de 2025, por decisión del Gobernador Alberto Weretilneck, el reconocimiento de esta diferencia se extendió a policías retirados y pensionados, ampliando el alcance de una medida que reconoce la trayectoria y el servicio prestado por quienes dedicaron su vida al cuidado de las y los rionegrinos.
Desde entonces, la Provincia ya abonó $12.976, millones, alcanzando a 3560 agentes retirados y pensionados.
El esquema de pago para retirados y pensionados fue diseñado contemplando distintas situaciones etarias, con el objetivo de brindar respuestas acordes a cada realidad. En el caso de personas mayores de 80 años, el pago se realizó en una única cuota, priorizando a quienes requerían una respuesta más inmediata. Para el resto de los grupos, se establecieron planes de 3, 6, 9, 12 y 18 cuotas, según la edad de las personas beneficiarias.
En detalle, los planes se instrumentaron de la siguiente manera: en 3 cuotas para personas de entre 76 y 79 años; en 6 cuotas, entre 71 y 75 años; en 9 cuotas, entre 66 y 70 años; en 12 cuotas, entre 61 y 65 años; y en 18 cuotas, para personas de 60 años o menos.
