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ATE denuncia que jubilados del PAMI de Cipolletti son medicados por medio de urnas
«Se trata de un hecho sin precedentes en el país, ya que no se había conocido con anterioridad la utilización de un mecanismo similar que pusiera en riesgo la vida de los pacientes de manera tan evidente», indicaron.
Esta mañana en una conferencia de prensa realizada frente a la sede del PAMI en la ciudad de Cipolletti, el Frente Previsional conformado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizó una denuncia gravísima y aseguró que «los jubilados son medicados por medio de urnas instaladas en los consultorios médicos, sin que los pacientes sean vistos o tengan contacto con los profesionales durante varios meses, y en algunos casos, durante años».
«Los jubilados periodicamente depositan en las urnas una solicitud con la medicación que creen necesitar, indicando el nombre de los fármacos y por supuesto, mediante el pago de una suma de dinero determinada que se abona a una secretaria en el consultorio, consiguen en el día posterior o a las 48 hs, pasar a buscar la receta ya confeccionada y firmada por los médicos; quienes en ningún momento tuvieron contacto con el jubilado y llegando al absurdo que en algunos casos el profesional ni siquiera conoce al paciente», sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Río Negro.
«Es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país. Los empleados ya no saben que hacer. Se debe investigar si no se trata de un delito. Acá se está poniendo en serio riesgo la salud de miles de jubilados y el juramento hipocrático de los profesionales no existe, porque medican sin control y sin tener contacto con el paciente. La falta de médicos de cabecera y el hecho que no se designe un Jefe de agencia, impide que más de 10.500 beneficiarios tengan atención médica normal en la ciudad», finalizó el dirigente.
«Las autoridades de la obra social son las principales responsables que en la actualidad más de 10.500 beneficiarios de la ciudad tengan problemas para lograr atención médica, a partir de la falta de médicos de cabecera. Apenas hay 10 profesionales estables con un promedio de 600 pacientes cada uno, aunque en algunos casos superan los 1.000 y sólo atienden entre un 15% y 20% por mes, porque trabajan para PAMI sólo uno o dos días por semana, solamente dos o tres horas en cada uno de ellos», detallaron desde el gremio.
El Frente Previsional de jubilados y trabajadores destaca «el esfuerzo de los empleados de la delegación local y considera que son dos los problemas que se deben resolver. Por un lado, se debe designar de manera inmediata un Jefe de agencia en la ciudad, ya que desde hace más de un año no hay un responsable de la Institución, y por el otro, es primordial entablar un diálogo con los prestadores, ya que el bajo valor de la consulta abonada por la obra social ($18) no es atractivo para los profesionales y de esta manera se genera un círculo vicioso que mantiene de rehenes a los jubilados», agregaron.
Por último, ATE no descarta que la crisis de funcionamiento de la obra social esté siendo también sostenida desde la industria farmacéutica. «Es que las recetas de medicamentos sin control, no sólo afectan la salud de los pacientes, sino que generan un alto costo para la obra social y un gran beneficio económico para las farmacias», explicaron.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
