Gremios
ATE denuncia que jubilados del PAMI de Cipolletti son medicados por medio de urnas
«Se trata de un hecho sin precedentes en el país, ya que no se había conocido con anterioridad la utilización de un mecanismo similar que pusiera en riesgo la vida de los pacientes de manera tan evidente», indicaron.
Esta mañana en una conferencia de prensa realizada frente a la sede del PAMI en la ciudad de Cipolletti, el Frente Previsional conformado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizó una denuncia gravísima y aseguró que «los jubilados son medicados por medio de urnas instaladas en los consultorios médicos, sin que los pacientes sean vistos o tengan contacto con los profesionales durante varios meses, y en algunos casos, durante años».
«Los jubilados periodicamente depositan en las urnas una solicitud con la medicación que creen necesitar, indicando el nombre de los fármacos y por supuesto, mediante el pago de una suma de dinero determinada que se abona a una secretaria en el consultorio, consiguen en el día posterior o a las 48 hs, pasar a buscar la receta ya confeccionada y firmada por los médicos; quienes en ningún momento tuvieron contacto con el jubilado y llegando al absurdo que en algunos casos el profesional ni siquiera conoce al paciente», sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Río Negro.
«Es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país. Los empleados ya no saben que hacer. Se debe investigar si no se trata de un delito. Acá se está poniendo en serio riesgo la salud de miles de jubilados y el juramento hipocrático de los profesionales no existe, porque medican sin control y sin tener contacto con el paciente. La falta de médicos de cabecera y el hecho que no se designe un Jefe de agencia, impide que más de 10.500 beneficiarios tengan atención médica normal en la ciudad», finalizó el dirigente.
«Las autoridades de la obra social son las principales responsables que en la actualidad más de 10.500 beneficiarios de la ciudad tengan problemas para lograr atención médica, a partir de la falta de médicos de cabecera. Apenas hay 10 profesionales estables con un promedio de 600 pacientes cada uno, aunque en algunos casos superan los 1.000 y sólo atienden entre un 15% y 20% por mes, porque trabajan para PAMI sólo uno o dos días por semana, solamente dos o tres horas en cada uno de ellos», detallaron desde el gremio.
El Frente Previsional de jubilados y trabajadores destaca «el esfuerzo de los empleados de la delegación local y considera que son dos los problemas que se deben resolver. Por un lado, se debe designar de manera inmediata un Jefe de agencia en la ciudad, ya que desde hace más de un año no hay un responsable de la Institución, y por el otro, es primordial entablar un diálogo con los prestadores, ya que el bajo valor de la consulta abonada por la obra social ($18) no es atractivo para los profesionales y de esta manera se genera un círculo vicioso que mantiene de rehenes a los jubilados», agregaron.
Por último, ATE no descarta que la crisis de funcionamiento de la obra social esté siendo también sostenida desde la industria farmacéutica. «Es que las recetas de medicamentos sin control, no sólo afectan la salud de los pacientes, sino que generan un alto costo para la obra social y un gran beneficio económico para las farmacias», explicaron.
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Sin convocatoria de la CGT, el Frente de Sindicatos Unidos decidió lanzar una movilización al Congreso el viernes
«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso», dijo Aguiar.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran ATE junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras, lanzó una movilización al Congreso el viernes (27/02) mientras la reforma laboral es tratada nuevamente en el Senado. ATE además lanzará un Paro Nacional para ese día.
«Esta reforma laboral es la continuidad de la que inició a sangre y fuego hace 50 años la dictadura militar. Tenemos que evitar que salga del Congreso. Debemos pelear hasta el último momento. Comprando votos hicieron del Senado una escribanía. Que Milei y Bullrich no festejen por anticipado», indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Los mismos dirigentes que confiaron en los gobernadores y el Congreso a pesar de que los votos nunca estuvieron, ahora nos dicen que confían en la Justicia. La pregunta es cuándo van a confiar en los trabajadores. Por más que no se haya convocado a un paro, tenemos que movilizar igual. No le podemos regalar la calle al Gobierno», agregó el referente estatal.
En este marco, el dirigente apuntó que «tenemos que evitar que se apruebe una ley que va a profundizar la precarización de todos los trabajadores porque se trata de una norma que sólo beneficia a los empleadores».
«Tienen que saber que en la Argentina el día viernes no se termina nada, empieza todo. No les vamos a regalar los derechos que llevaron años conquistar. En todo caso serán los responsables de que aumente la tensión social y crezca la conflictividad», concluyó Aguiar.
El Frente de Sindicatos concentrará el viernes a partir de las 12 en Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen (CABA). La movilización fue definida mediante una reunión que el FreSU mantuvo en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), ubicada en San José 243 (CABA). Cada organización evaluará y definirá sus modalidades de protesta.
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En la previa al paro de 36 horas, escala la tensión entre ATE y el Gobierno por la amenaza de no pagar salarios en febrero
“Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale”, señaló Aguiar.
El Gobierno amenazó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional con no pagar parte de sus sueldos del mes de febrero y la Asociación Trabajadores del Estado decidió profundizar su plan de lucha con un paro de 36 horas con movilización para esta semana en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que ATE integra junto a la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.
«Al congelamiento salarial de la administración pública, ahora se le suma una medida inédita que no tiene precedentes y es la de dejar de pagar parte de los sueldos, aplicar directamente una rebaja privando a los trabajadores del cobro de adicionales tales como el premio estímulo a la asistencia y otros. El Gobierno decidió clausurar la paritaria. Enfrentamos una clara práctica desleal y mala fe en las negociaciones al no retomar el cuarto intermedio que se acordó el pasado 26 de diciembre», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En todos los casos se trata de un monto superior a los $50.000 por agente. En este marco, el dirigente apuntó que «exigimos que el Gobierno cumpla en tiempo y forma con el pago de sueldos. Todos los rubros forman parte integral de los salarios. No vamos a tolerar un nuevo recorte. Esto repercutirá de manera negativa en la prestación de todos los servicios».
El reclamo se suma a la lucha que el Frente de Sindicatos mantiene en rechazo a la reforma laboral que volverá a ser tratada esta semana en la Cámara Alta del Congreso. «Es responsabilidad del Gobierno que la conflictividad escale. Debemos avanzar en una nueva huelga de 36 horas para rechazar la reforma laboral. El viernes quieren hacer del Senado una escribanía y lo tenemos que impedir», indicó.
«No podemos permanecer sin reaccionar y en silencio frente al mayor ataque que se recuerde a todos nuestros derechos. El Frente tiene que profundizar su plan de acción. Esta es una ley inaplicable que está destinada a fracasar», concluyó Aguiar.
ATE además exige la inmediata reapertura de las paritarias que se encuentran congeladas desde diciembre del 2025 y señaló que el poder de compra de los salarios estatales ya perdió más de un 45,3% durante la gestión de Javier Milei.
Gremios
Más de 98% de acatamiento al paro de ATE en todo el país
«Esta iniciativa nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal», dijo Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reportó un nivel de acatamiento casi total al paro nacional, promediando el 98% en todo el país en la previa a la movilización que realizarán al Congreso a partir del mediodía para exigir el rechazo al proyecto de reforma laboral en la Cámara de Diputados. «Esta reforma laboral nos conduce a los trabajadores directamente al matadero. Es una ley criminal. Dejar de pagarle su salario a quien está realizando un tratamiento de quimioterapia y que no pueda sostener a su familia es una conducta delictiva», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
«Nos gobierna una banda de delincuentes que comprende perfectamente la criminalidad de sus actos. La reforma laboral forma parte de una de sus políticas criminales, y los gobernadores, senadores y diputados que la avalan son cómplices necesarios de provocar esta tragedia social», apuntó el dirigente estatal.
En esta línea, argumentó que «es la historia la que prueba que quitando derechos no van a crear un solo puesto de trabajo nuevo. Si se aprueba esta norma, va a haber más desempleo y más precarización porque siempre pasó lo mismo con este tipo de legislaciones en la Argentina y en el mundo».
«Es una ley escrita a medida de la AEA y la UIA, y que sólo busca disciplinar a la clase trabajadora y abaratar el costo laboral. Estamos peleando contra el poder real. El mandato que tenemos es seguir confrontando sin dar tregua», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Desde las 00 horas de este jueves sólo se están garantizando guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.
Otros servicios que ya comenzaron a verse afectados son la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
