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ATE denuncia que jubilados del PAMI de Cipolletti son medicados por medio de urnas

«Se trata de un hecho sin precedentes en el país, ya que no se había conocido con anterioridad la utilización de un mecanismo similar que pusiera en riesgo la vida de los pacientes de manera tan evidente», indicaron.

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Esta mañana en una conferencia de prensa realizada frente a la sede del PAMI en la ciudad de Cipolletti, el Frente Previsional conformado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), realizó una denuncia gravísima y aseguró que «los jubilados son medicados por medio de urnas instaladas en los consultorios médicos, sin que los pacientes sean vistos o tengan contacto con los profesionales durante varios meses, y en algunos casos, durante años».

«Los jubilados periodicamente depositan en las urnas una solicitud con la medicación que creen necesitar, indicando el nombre de los fármacos y por supuesto, mediante el pago de una suma de dinero determinada que se abona a una secretaria en el consultorio, consiguen en el día posterior o a las 48 hs, pasar a buscar la receta ya confeccionada y firmada por los médicos; quienes en ningún momento tuvieron contacto con el jubilado y llegando al absurdo que en algunos casos el profesional ni siquiera conoce al paciente», sostuvo Rodolfo Aguiar, Secretario General ATE Río Negro.

«Es un hecho gravísimo y sin precedentes en el país. Los empleados ya no saben que hacer. Se debe investigar si no se trata de un delito. Acá se está poniendo en serio riesgo la salud de miles de jubilados y el juramento hipocrático de los profesionales no existe, porque medican sin control y sin tener contacto con el paciente. La falta de médicos de cabecera y el hecho que no se designe un Jefe de agencia, impide que más de 10.500 beneficiarios tengan atención médica normal en la ciudad», finalizó el dirigente.

«Las autoridades de la obra social son las principales responsables que en la actualidad más de 10.500 beneficiarios de la ciudad tengan problemas para lograr atención médica, a partir de la falta de médicos de cabecera. Apenas hay 10 profesionales estables con un promedio de 600 pacientes cada uno, aunque en algunos casos superan los 1.000 y sólo atienden entre un 15% y 20% por mes, porque trabajan para PAMI sólo uno o dos días por semana, solamente dos o tres horas en cada uno de ellos», detallaron desde el gremio.

El Frente Previsional de jubilados y trabajadores destaca «el esfuerzo de los empleados de la delegación local y considera que son dos los problemas que se deben resolver. Por un lado, se debe designar de manera inmediata un Jefe de agencia en la ciudad, ya que desde hace más de un año no hay un responsable de la Institución, y por el otro, es primordial entablar un diálogo con los prestadores, ya que el bajo valor de la consulta abonada por la obra social ($18) no es atractivo para los profesionales y de esta manera se genera un círculo vicioso que mantiene de rehenes a los jubilados», agregaron.

Por último, ATE no descarta que la crisis de funcionamiento de la obra social esté siendo también sostenida desde la industria farmacéutica. «Es que las recetas de medicamentos sin control, no sólo afectan la salud de los pacientes, sino que generan un alto costo para la obra social y un gran beneficio económico para las farmacias», explicaron.

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Paritaria docente: UnTER rechazó la propuesta salarial del Gobierno y convocó a un Congreso

El gremio exige recomposición salarial pendiente de 2025. La negociación pasó a un cuarto intermedio hasta febrero.

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Este jueves (22/01) se llevó adelante en la ciudad de Viedma la primera reunión paritaria del año entre el Gobierno de Río Negro y la nueva conducción del gremio docente UnTER, sin que se lograra un acuerdo salarial entre las partes.

Durante el encuentro, realizado en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, la ministra de Educación, Patricia Campos, presentó una propuesta salarial de carácter trimestral, con actualización en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Viedma, correspondiente al período de enero a marzo.

Desde UnTER señalaron que la oferta no puede ser evaluada, ya que «no contempla la recomposición salarial pendiente del año 2025». En ese sentido, las autoridades del gremio reiteraron los reclamos surgidos de los encuentros internos, vinculados a la urgente recomposición del salario docente, mejores condiciones laborales, mayor financiamiento educativo y el cumplimiento de la Resolución 233/98, entre otros puntos.

«El salario debe garantizar la recuperación del poder adquisitivo. Ningún docente por debajo de la línea de la pobreza», remarcaron desde el sindicato.

Por su parte, desde el Gobierno provincial indicaron que «la propuesta salarial se enmarca en un difícil contexto económico, y responde a la política de pagar los salarios en tiempo y forma, garantizar los servicios esenciales del Estado y mantener ingresos que se ubiquen por encima de la inflación, en función de un uso responsable de los recursos disponibles».

Ante la falta de consenso, el Ejecutivo propuso un cuarto intermedio para la primera semana de febrero, instancia que fue cuestionada por UnTER, que manifestó su total desacuerdo con lo que consideró un intento de «dilación» en la negociación.

En ese marco, el gremio docente anunció la convocatoria a un Congreso Provincial, que se realizará el jueves (29/01) en la ciudad de San Antonio Oeste, donde se definirán las acciones a seguir.

Del encuentro participaron, por el Gobierno, la ministra Patricia Campos, la secretaria de Educación Silvia Arza, vocales gubernamentales y autoridades del Consejo Provincial de Educación. En representación de UnTER estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo Central y del equipo gremial y legal del sindicato.

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ATE intima judicialmente al Gobierno por el intento de privatización del área de Metrología del INTI

«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto”, señaló Aguiar.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intimó al Gobierno nacional para que deje sin efecto la recientemente publicada Resolución 213/25 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que desarticula y quita las funciones del Programa de Metrología Legal, área de trabajo que se encarga del control y regulación de instrumentos con reglamentos nacionales como los surtidores de combustible, las balanzas comerciales y los instrumentos médicos, entre otros.

«El Gobierno decidió avanzar con el vaciamiento de una de las áreas más sensibles del Instituto. Esta resolución encubre un claro intento de privatización. Es llamativo que sean atacadas casualmente todas las funciones de control y fiscalización», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

En referencia a las consecuencias que implica esta decisión del Gobierno, apuntó que «esta medida no sólo pone en riesgo cientos de puestos de trabajo, sino que atenta contra la seguridad de toda la población. Parece increíble, nunca nos imaginamos que se llegaría al momento en el que un kilo ya no sea un kilo o que en los surtidores de nafta un litro no sea realmente un litro».

«Es evidente que esto va a tener consecuencias graves y concretas en el funcionamiento cotidiano de numerosas empresas y son millones los ciudadanos que pueden verse afectados», concluyó Aguiar y advirtió que el sindicato realizará plenarios y asambleas para definir el plan de acción hasta lograr que se derogue esta resolución.

El Programa de Metrología Legal tiene repercusión directa en la cotidianidad de la población ya que, por ejemplo, realiza los controles para la correcta medición de los alcoholímetros, los cinemómetros (fotomultas) y las balanzas comerciales, como así también los surtidores de combustibles (garantizando que no se sirva menos cantidad de la que el usuario compra), entre otros controles.

A partir de la disposición del Gobierno, el organismo nacional cesa en sus actividades de aprobación de modelos, y también la certificación de correcto funcionamiento y medición de los instrumentos actualmente utilizados.

Dentro de este área se encuentran las líneas de trabajo de metrología legal, certificación, aprobación de modelos y el Servicio Argentino de Calibración. De las mismas, junto a otras áreas indirectas, dependen 147 trabajadores distribuidos en todas las provincias y cuyos puestos de trabajo están en riesgo a partir de esta resolución.

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Tras el 2,8% de inflación, Aguiar señaló que «los salarios estatales perdieron 14,4% en el 2025»

“Estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece, el proceso inflacionario continúa en ascenso y se reduce el poder de compra de la gente», dijo el secretario general de ATE.

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Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicara que la inflación en diciembre fue de 2,8%, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró que «el Gobierno es el artífice de una pesadilla económica». Agregó que «estamos frente a un estancamiento de la economía. La economía no crece y se reduce el poder adquisitivo de la gente. Estamos atravesando un proceso que será muy difícil de revertir».

Además, INDEC informó que la Canasta Básica Total que mide la línea de pobreza llegó a $1.308.713. En este marco, Aguiar apuntó que «está claro que el dinero vale cada vez menos y alcanza para comprar menos cosas. Desde que asumió el presidente Milei los salarios han mostrado una caída constante».

«A pesar de las promesas del Gobierno, la inflación se mantiene en ascenso. A esta altura tenemos que aceptar que no hay luz al final del túnel como nos dijeron. Se pierden puestos de trabajo, disminuyen los ingresos y se deteriora la calidad de vida de toda la población», indicó el secretario general de ATE Nacional.

En referencia a la evolución del salario en la administración pública que durante el 2025 fue de 17,1%, mientras que la inflación en el mismo periodo fue de 31,5% (una diferencia de 14,4%), el dirigente de ATE indicó que «la destrucción de los salarios y las jubilaciones ha sido una política pública. El empobrecimiento es generalizado y hasta ahora bastante silencioso. Si no reaccionamos, va a ser peor».

«En el sector público, hay que poner en debate la responsabilidad de la dirigencia sindical. No puede ser que durante el 2025 la paritaria estatal se haya ubicado 14,4 puntos por debajo de la inflación y que ello haya sido aceptado por otro sindicato. Es evidente que existe una corresponsabilidad», detalló Aguiar. Cabe recordar que durante la gestión de Javier Milei, ATE rechazó sistemáticamente todos los ofrecimientos que se ubicaron por debajo de la evolución de los precios, mientras que UPCN aceptó.

«Deben convocarse de manera inmediata las paritarias de la administración pública central. No se soporta más ajuste. No podemos arrancar otro año perdiendo», concluyó Aguiar.

Es necesario destacar que según un estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, el 72% de los trabajadores perciben menos de 1 millón de pesos. En el caso de los asalariados formales, el 58% recibe un ingreso menor a esa cifra y en los informales el porcentaje es el 89%. Es decir, en la Argentina la mayoría de los trabajadores son pobres.

Esto, sumado a los servicios que subieron por encima del nivel general de los precios (como los alquileres un 39% o el combustible 40%), da como resultado una caída del consumo que en 2025 fue del 5,2% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

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