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Solicitan 10 años de prisión para abuelo acusado de abusar sexualmente de su nieta

Fue durante el año 2010, en la chacra de un familiar de la víctima, una niña de 4 años. El acusado, tiene otra condena de 15 años de prisión por abusar de una menor de 13 años.

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Con la declaración de dos testimonios, culminó ayer la etapa probatoria del juicio oral contra un hombre mayor de edad, acusado del delito de abuso sexual agravado por el vínculo ante la Cámara Tercera en lo Criminal de General Roca. En la jornada de ayer, previo a la formulación de los alegatos, prestaron declaración dos psicólogas, una en representación del Juzgado de Familia Nº 11 y otra particular, quién estuvo a cargo del tratamiento de la menor durante el plazo de un año. Luego declaró el imputado, quién negó los hechos que se le imputa.

El Fiscal de Cámara, Andrés José Nelli solicitó la pena de 10 años de prisión efectiva con accesorias legales y costas, por considerarlo autor material y responsable del delito de «abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por haberse cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma».

La causa fue elevada, según la requisitoria fiscal bajo la calificación de «abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menor». De acuerdo a las conclusiones que surgieron en el debate, el fiscal Nelli solicitó que se lo acuse por el delito de «abuso sexual con acceso carnal con el agravante del vínculo y del núcleo conviviente».

El hecho investigado habría ocurrido en una oportunidad en el año 2010, en la chacra de un familiar de la menor de zona de General Roca, cuando la víctima tenía 4 años de edad, en circunstancias en que ambos (nieta y abuelo) se encontraban solos.

Para el representante del Ministerio Público Fiscal las pericias practicadas sobre la niña fueron contundentes a la hora de probar la existencia de los hechos. Durante su alegato, el fiscal Nelli resaltó el informe de la Oficina de Atención a la Víctima, en el que «se evidencia el estado y la situación de angustia de la menor», la pericia psicológica realizada a la menor, en la que se indica que «la menor posee sintomatología con el abuso sexual», como así también el testimonio de la menor en Cámara Gesell y el informe de la perito, el cual descarta que «los dichos de la menor sean producto de la invención de la misma».

En tanto la Defensora de Menores e Incapaces, la Dra. María Estela Aroca Alvarez, compartió el criterio de la fiscalía, adhiriendo a la acusación y solicitó que se agregue el agravante de «situación de convivencia». Destacó, al igual que el fiscal Nelli, los informes técnicos, en particular los informes del Juzgado de Familia Nº 11, agregados a las actuaciones, en los que se desprende «la situación de violencia intra-familiar que padecía la menor y de los malos tratos recibidos». Asimismo, señaló que el testimonio de la menor dado en Cámara Gesell «se encuentra avalado por elementos probatorios suficientes que le dan sustento a dicha declaración».

Por su parte, la defensora oficial Flavia Rojas solicitó la absolución de culpa y cargo de su defendido, cuestionando «la materialidad del hecho, la autoría y la calificación legal». Destacó en su alegato las pericias realizadas sobre el imputado, de las cuales señaló «no surgen claros signos o síntomas asociados a un trastorno en la esfera piso-sexual . Además, remarcó que «no existen informes que sustenten los dichos de la menor y que los mismos presentan contradicciones».

La defensa, presentó como prueba un DVD con declaraciones prestadas por la menor en Cámara Gesell en el 2014, en el marco de otro causa donde la misma «habría negado ser abusada por su abuelo y que había sido inducida por su madre». Con respecto a esto, a fiscalía señaló que «no guarda relación con el hecho que se está investigado».

El Tribunal fue presidido presidido por la Dra. Verónica Rodríguez e integrado por los Dres. Laura Pérez y Fernando Sánchez Freytes. La sentencia se dará a conocer el 4 de Octubre a las 12 horas en la Cámara Tercera en lo Criminal.

Condenas previas al imputado – Causas en trámite

Cabe recordar, que el imputado fue condenado por la Cámara Criminal Segunda de Roca en mayo de 2016, a la pena de 15 años de prisión efectiva tras declararlo autor de los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante por su duración en el tiempo y por las circunstancias de su realización, realizados en un número indeterminado de veces contra una menor de 13 años mediando abuso intimidatorio de una relación de dependencia y de poder; y siendo la misma mayor de edad, por haberse realizado sin su consentimiento, doblemente agravados por haberse cometido por quien se encontraba encargado de la guarda de la víctima y por haberse cometido contra una menor de 18 años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma; en concurso real con abuso sexual con acceso carnal realizado en un número indeterminado de veces contra una menor de 13 años (con las mismas agravantes que en el delito anterior), todo ello en concurso ideal con la de promoción de la corrupción doblemente agravada por haberse cometido contra una menor de 13 años y mediando abuso intimidatorio por parte de quien tenía la guarda de la menor y aprovechándose de la convivencia preexistente”.

Asimismo, se encuentra en trámite ante la Cámara Criminal Segunda una causa contra el imputado por causa de abuso sexual, donde la denunciante es la hija mayor de edad.

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Cuarta condena por la violenta banda que cometía robos en Roca, Allen y Cipolletti

Dos integrantes de la asociación ilícita reconocieron su participación en los delitos investigados. Un hombre de 35 años recibió 6 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que un adolescente fue declarado responsable penalmente.

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La investigación por una asociación ilícita acusada de cometer violentos robos en viviendas de General Roca, Allen y Cipolletti sumó dos nuevas resoluciones judiciales. Dos de sus integrantes reconocieron haber cometido los delitos que se les atribuían y, de esta manera, ya son cuatro las condenas dictadas por estos hechos.

Tras el pedido conjunto de la acusación y las defensas, el Tribunal Colegiado homologó una pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva para un hombre de 35 años, quien además fue declarado reincidente por segunda vez. En tanto, para el otro imputado, que tenía 16 años al momento de los hechos, se resolvió declarar su responsabilidad penal y disponer que permanezca bajo el régimen del programa de Libertad Asistida de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).

El hombre de 35 años llegó detenido a la audiencia, luego de que la Fiscalía solicitara su prisión preventiva durante la formulación de cargos realizada el 13 de noviembre de 2025. Durante el juicio abreviado reconoció haber integrado la asociación ilícita y haber participado puntualmente en cuatro hechos.

Según describió la Fiscalía, el grupo actuaba con uno o dos vehículos que habían sido robados previamente. Sus integrantes irrumpían violentamente en las viviendas elegidas, ingresando por puertas traseras luego de escalar paredones y techos. Una vez dentro, reducían a las víctimas utilizando armas de fuego y las ataban con alambres o precintos.

Posteriormente, exigían dólares y preguntaban por la ubicación de las cajas fuertes para sustraer dinero, oro y dispositivos electrónicos, aunque no teléfonos celulares. También se llevaban los DVR, equipos donde quedan almacenadas las imágenes de las cámaras de seguridad.

Entre las pruebas reunidas se destacó el trabajo de la Comisión Investigativa Judicial de la Policía de Río Negro, creada especialmente para abordar esta multiplicidad de casos y coordinada por el Ministerio Público.

La investigación incluyó el análisis de cámaras del servicio de emergencias 911 y de particulares, cuyo contenido fue cotejado con testimonios, pericias y datos obtenidos de los teléfonos celulares. La Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (OITel), dependiente de la Procuración General, permitió establecer la ubicación de los imputados mediante el tráfico de las antenas telefónicas y determinar los distintos lugares donde ocurrieron los hechos.

También intervinieron el Gabinete de Criminalística, que realizó levantamientos de rastros, muestras odoríficas y material genético, y la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), que entrevistó y asistió a las personas afectadas mediante los correspondientes análisis victimológicos.

A estas tareas se sumaron las denuncias penales, las actas policiales, los croquis, las entrevistas a vecinos que habían alertado al 911 y los resultados positivos de requisas vehiculares y allanamientos.

Entre los elementos secuestrados durante los procedimientos apareció un equipo de comunicación con características similares a los utilizados por las fuerzas de seguridad, que tenía acceso a 12 frecuencias policiales. Las pericias determinaron que no pertenecía al patrimonio de la Policía de Río Negro.

La investigación continúa con otras ocho personas vinculadas al legajo fiscal, todas con formulación de cargos y medidas cautelares vigentes.

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Abuelos paternos acordaron pagar una cuota alimentaria y mantener el vínculo con su nieto

Ambos jubilados y con ingresos limitados, se comprometieron a aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales. También acordaron un régimen amplio de comunicación con el niño.

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Dos abuelos jubilados de General Roca, que cuentan con ingresos económicos limitados, acordaron aportar cada uno el 15% de sus haberes previsionales para contribuir a la manutención de su nieto. El compromiso se alcanzó a través de una mediación del Poder Judicial de Río Negro, en la que también se estableció un régimen amplio de comunicación para fortalecer el vínculo familiar.

El conflicto llegó al Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Roca a partir de un reclamo de prestación alimentaria. En la instancia participaron la madre del niño y sus abuelos paternos, con asistencia letrada de la Defensa Pública.

Durante el encuentro, las partes lograron construir una solución consensuada que contempló tanto las necesidades económicas del niño como la importancia de mantener el contacto con su familia paterna.

El abuelo y la abuela aceptaron aportar cada uno el 15% de su beneficio previsional, incluidos los montos correspondientes al sueldo anual complementario cuando lo perciban. Los porcentajes se calcularán una vez aplicados los descuentos obligatorios de ley.

El acuerdo establece que los aportes comenzarán en noviembre de 2026 y deberán depositarse entre los días 10 y 20 de cada mes. Para facilitar el cumplimiento, se solicitó gestionar ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) la retención voluntaria de los porcentajes acordados. Hasta que ese mecanismo esté operativo, los abuelos entregarán directamente las sumas correspondientes a la madre del niño, contra recibo.

Además de la contribución económica, se estableció un régimen amplio de comunicación. Los abuelos paternos podrán mantener contacto con su nieto en días y horarios que coordinarán con la madre. También se acordó que los propios abuelos y una tía paterna podrán encargarse de buscar al niño y acompañarlo de regreso a su hogar.

La intervención de la mediadora oficial permitió alcanzar un entendimiento que contempla dos aspectos centrales: el sostenimiento económico del niño y la continuidad de sus vínculos familiares.

A través del diálogo y la búsqueda de consensos, la mediación ofrece a las familias la posibilidad de construir acuerdos adecuados a sus circunstancias sin necesidad de atravesar un juicio.

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Las prisiones preventivas aumentaron un 50% entre 2022 y 2025

Los registros judiciales muestran un incremento sostenido: las medidas pasaron de 746 en 2022 a 1.121 en 2025. Los delitos contra la propiedad concentraron la mayor cantidad de casos.

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Entre 2022 y 2025 se registraron 3.774 prisiones preventivas en el sistema penal de Río Negro. La cantidad anual pasó de 746 en 2022 a 1.121 en 2025, lo que representa un incremento del 50,3% entre ambos extremos de la serie.

En 2023 se registraron 852 medidas y en 2024 fueron 1.055. La evolución muestra un incremento sostenido durante los cuatro años analizados.

La mayor cantidad de prisiones preventivas correspondió a causas vinculadas con delitos contra la propiedad, categoría que comprende hechos como robos, hurtos, estafas y otros ataques al patrimonio. Se registraron 1.484 medidas durante el período.

Le siguieron los delitos contra las personas, que incluyen hechos como homicidios y lesiones, con 838 medidas. Otras 559 correspondieron a delitos contra la administración pública, categoría que reúne conductas que afectan el funcionamiento de los organismos estatales como las desobediencias a una orden judicial.

También se registraron 418 medidas en causas por delitos contra la libertad, entre los que se encuentran amenazas, coacciones y privaciones ilegítimas de la libertad, y 363 por delitos contra la integridad sexual, categoría que comprende, entre otros, los distintos tipos de abuso sexual.

En los delitos contra la propiedad, las prisiones preventivas pasaron de 275 en 2022 a 466 en 2025.

La prisión preventiva es una medida cautelar que puede disponerse durante el proceso penal cuando se verifican los requisitos establecidos por la ley. Su aplicación no implica una condena ni determina la responsabilidad penal de la persona investigada.

La medida es solicitada por la acusación y su procedencia queda sometida al control judicial. Además, tiene carácter excepcional, está sujeta a plazos y puede ser revisada durante el desarrollo del proceso.

La información surge de los registros estadísticos de las Oficinas Judiciales y permite analizar la evolución de la actividad penal, identificar tendencias y contar con datos objetivos sobre el funcionamiento del sistema.

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