Río Negro
Proponen realizar estudios a funcionarios para desestimar adicción a las drogas
Alcanzaría a funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y también a las autoridades de la Policía.
Ingresó al Parlamento rionegrino un proyecto de ley que busca que se realicen estudios médicos y/o bioquímicos anuales y la obtención de un “Certificado Psico-Físico” de forma obligatoria a los funcionarios del Poder Ejecutivo y Legislativo, y a los miembros de la Policía de Río Negro, para desestimar la adicción a drogas ilegales.
Los autores de la iniciativa, Ariel Rivero, Javier Iud y Alejandro Marinao (FPV), expresan en los fundamentos que «es deber moral de todo funcionario público tener la capacidad psíquica y la optima condición física para poder desempeñar el cargo que le fue conferido por el pueblo o designado por autoridad competente».
La medida alcanzaría a los funcionarios de ambos poderes hasta la categoría de director, legisladores, y hasta el rango de subcomisario de la Policía.
La propuesta define que «los exámenes se realicen en hospitales e instituciones públicas de la Provincia, y que el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación, evalúe la condición psicofísica de cada uno, a través de la Comisión de Juntas Médicas, y elabore el informe respectivo».
Si alguno de los informes diera como resultado un posible deterioro adictivo del paciente, se fijarían las medidas terapéuticas tendientes a su recuperación, encuadrándose en el régimen de licencias vigente.
Los legisladores explican que «la iniciativa responde a la ley provincial de Ética e Idoneidad de la Función Pública, en la que se establecen pautas en el desempeño de cargos en el Estado con el fin de resguardar la calidad institucional».
Señalan que «los funcionarios comprendidos en esta norma deben garantizar, entre otras cuestiones, la actuación en base a los principios de probidad, rectitud, desinterés personal, dignidad, independencia, y respeto por las leyes nacionales y provinciales».
A su vez, afirman que «no podemos dejar exenta a la Policía de Río Negro, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la seguridad pública, que actúa como auxiliar permanente de la Administración de Justicia y ejerce las funciones que las leyes, decretos y reglamentos establecen para resguardar la vida, los bienes y derechos de la población».
Los legisladores aclaran que el proyecto no tiene carácter punitivo, sino que busca garantizar a los ciudadanos el derecho a tener representantes que reúnan las condiciones psicofísicas para desempeñar sus cargos y garantizar la transparencia de sus acciones.
Río Negro
Río Negro pagará aguinaldos el 19 y 20 de diciembre
Lo anunció el gobernador Weretilneck en sus redes sociales.
El Gobierno de Río Negro pagará el segundo medio aguinaldo del año los días 19 y 20 de diciembre. Lo anunció el gobernador Alberto Weretilneck en sus redes sociales, quien afirmó que la decisión apunta a acompañar a las familias y al comercio local.
Con un gran esfuerzo presupuestario, la Provincia cumple con el pago antes de fin de año, garantizando previsibilidad para todo el personal estatal y dando un fuerte impulso a la economía.
Detalle del cronograma
Viernes 19/12
- Salud Pública, guardias y horas extras de Salud
- Policía de Río Negro y Servicio Penitenciario Provincial
Sábado 20/12
- Docentes y porteros
- Ley 1.844, Vialidad Rionegrina, pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo, Judicial y órganos de control
El gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia de este compromiso cumplido que “es una noticia que queríamos darles no sólo a los empleados públicos, sino también al comercio y a todas las familias que estaban esperando este anuncio”.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
