Judiciales
La Justicia asegura que el dirigente de ATE detenido mordió a un policía
Además, informaron que había sido citado en dos oportunidades para que se presente en la sede policial de Allen con el solo fin de notificarlo de la denuncia que pesa en su contra.
En el marco del expediente en el que se investigan presuntas agresiones hacia una concejal de Allen, desde el Juzgado de Instrucción N° 2 de Roca, a cargo del juez Rubén Norry, brindaron precisiones sobre el estado procesal de la causa y las medidas dispuestas hasta el momento.
En primer término, indicaron que el señor Ramón Cayuqueo había sido citado en dos oportunidades -para los días jueves 6 y viernes 7 de octubre- a la sede policial de Allen, «al sólo efecto de notificarse» del inicio de las actuaciones judiciales derivadas de los hechos ocurridos en la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad. Debido a que no compareció, y por tratarse de un acto de «obstaculización al accionar judicial», el juez Norry ordenó el sábado 8 de octubre el registro del domicilio particular de Cayuqueo con el único objetivo de que el delegado municipal sea conducido por la fuerza pública a la dependencia policial para notificarse de la denuncia por «amenazas» existente en su contra.
La detención de Cayuqueo, según precisaron desde el Juzgado, se debió a que durante esa diligencia el hombre opuso resistencia y lesionó a un efectivo policial aplicándole reiteradas mordeduras en un brazo. De allí la imputación de los presuntos delitos de «resistencia a la autoridad y lesiones leves» en grado de flagrancia que motivó la inmediata detención. El juez dispuso esa privación de la libertad hasta la recepción del informe de antecedentes del imputado y una vez obtenido ese registro ordenó la liberación.
Todas las medidas adoptadas lo fueron en el marco de los deberes, obligaciones y atribuciones que dispone el Código Procesal Penal de Río Negro (Arts. 96, 202 y 263, entre otros)
En cuanto a los antecedentes, se verificó que Cayuqueo está imputado en otra causa penal que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 8 por las lesiones (traumatismo en un brazo) que sufrió una contribuyente de Allen durante una protesta que se desarrolló en el edificio municipal a fines de 2015. Las certificaciones que obran en ese juzgado indican que el delegado fue citado en varias oportunidades -entre mayo y agosto de 2016- a prestar declaración indagatoria y que no compareció pese a encontrarse debidamente notificado. Ante esa situación, el titular del juzgado, Maximiliano Camarda, dispuso el pasado 7 de septiembre la «detención y traslado por la fuerza pública» del imputado «al sólo efecto de prestar declaración indagatoria», aunque la medida no pudo concretarse porque Cayuqueo se retiró antes de que se produjera el ingreso de los efectivos policiales a las instalaciones del corralón municipal, donde se encontraba trabajando.
Por otra parte, el juez Norry sostuvo que su intervención personal en Allen resultó necesaria porque los hechos denunciados impidieron el normal desarrollo de una sesión del Concejo Deliberante, el cual «es un organismo de raigambre constitucional y de base institucional democrática que los jueces estamos obligados a proteger».
Normativa aplicable
Todas las medidas tomadas en el marco de la presente causa respondieron a expresas disposiciones del Código Procesal Penal de Río Negro. Se transcriben a continuación las más relevantes:
Artículo 96: En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordena.
Artículo 202: Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado, de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar.
Artículo 263: Cuando el delito que se investiga no esté reprimido con la pena privativa de la libertad o permita la excarcelación, o parezca procedente una cadena de ejecución condicional, el Juez salvo en los casos de flagrancia, ordenará la comparencia del imputado por simple citación. Sin embargo, dispondrá su detención cuando fuere reincidente o hubiere motivos para presumir que no cumplirá la orden, o intentará destruir los rastros del hecho, o se pondrá de acuerdo con sus cómplices, o inducirá a falsas declaraciones.
Si el citado no se presentare en el término que se le fije ni justificare un impedimento legítimo se ordenará su detención.
Judiciales
Estafa en Roca: Sumaron 10 nuevas denuncias contra un ex empleado policial
Según la Fiscalía, el acusado habría utilizado su condición de policía y exhibido un boleto de compraventa para convencer a otros uniformados de adquirir una fracción de tierra que no tenía habilitación urbana ni factibilidad de servicios.
Se re formularon cargos contra un ex empleado policial imputado por estafa. De esta manera, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se agreguen las 10 nuevas denuncias, resultando 24 personas damnificadas en estos hechos.
La imputación realizada en diciembre de 2024 fue fortalecida por varias pericias, entre ellas la concretada por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF), como por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel), los informes solicitados tanto a la Municipalidad de General Roca como a las entidades bancarias, entre otras.
De esta manera, el hecho que se le reprocha al imputado haber cometido sucedió «entre octubre de 2021 y marzo de 2024 en General Roca, cuando el hombre, mediante ardid y aprovechándose de su calidad de empleado policial, exhibió un boleto de compraventa de fracción de tierra en Paso Córdoba, argumentando una relación de amistad con el dueño de la inmobiliaria y facilidades de pago», explicó la fiscal del caso Jessica González.
«Fue así que el imputado indujo a error a un grupo de policías, quienes dispusieron de su patrimonio pagándole por diversos medios de pago, entre ellos dinero efectivo en pesos y dólares como transferencias bancarias», indicó.
Entre la evidencia mencionado hoy (03/09) por el Ministerio Público Fiscal se encuentran -además de lo arriba mencionado- los comprobantes de transferencias bancarias, informes bancarios, recibos de pagos originales, la concreción de una pericia caligráfica sobre la letra del imputado producido por el perito del Cuerpo de Investigación Forense de General Roca, pagarés originales.
«Contamos además con el informe de la Municipalidad de General Roca confirmando oficialmente que el área comercializada carece de habilitación urbana, factibilidad técnica municipal y de servicios esenciales en la parcela rural en cuestión», agregó González.
Luego de escuchar a la Fiscalía, el defensor particular del imputado se opuso y solicitó que no se tuvieran por formulados los cargos.
Finalmente, la calificación legal por la cual la jueza de Garantías, Natalia González, tuvo por imputados los cargos es del delito de estafa, según los Artículos 45 y 172 del Código Penal.
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Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
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Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
