Judiciales
La Justicia asegura que el dirigente de ATE detenido mordió a un policía
Además, informaron que había sido citado en dos oportunidades para que se presente en la sede policial de Allen con el solo fin de notificarlo de la denuncia que pesa en su contra.
En el marco del expediente en el que se investigan presuntas agresiones hacia una concejal de Allen, desde el Juzgado de Instrucción N° 2 de Roca, a cargo del juez Rubén Norry, brindaron precisiones sobre el estado procesal de la causa y las medidas dispuestas hasta el momento.
En primer término, indicaron que el señor Ramón Cayuqueo había sido citado en dos oportunidades -para los días jueves 6 y viernes 7 de octubre- a la sede policial de Allen, «al sólo efecto de notificarse» del inicio de las actuaciones judiciales derivadas de los hechos ocurridos en la última sesión del Concejo Deliberante de la ciudad. Debido a que no compareció, y por tratarse de un acto de «obstaculización al accionar judicial», el juez Norry ordenó el sábado 8 de octubre el registro del domicilio particular de Cayuqueo con el único objetivo de que el delegado municipal sea conducido por la fuerza pública a la dependencia policial para notificarse de la denuncia por «amenazas» existente en su contra.
La detención de Cayuqueo, según precisaron desde el Juzgado, se debió a que durante esa diligencia el hombre opuso resistencia y lesionó a un efectivo policial aplicándole reiteradas mordeduras en un brazo. De allí la imputación de los presuntos delitos de «resistencia a la autoridad y lesiones leves» en grado de flagrancia que motivó la inmediata detención. El juez dispuso esa privación de la libertad hasta la recepción del informe de antecedentes del imputado y una vez obtenido ese registro ordenó la liberación.
Todas las medidas adoptadas lo fueron en el marco de los deberes, obligaciones y atribuciones que dispone el Código Procesal Penal de Río Negro (Arts. 96, 202 y 263, entre otros)
En cuanto a los antecedentes, se verificó que Cayuqueo está imputado en otra causa penal que tramita ante el Juzgado de Instrucción N° 8 por las lesiones (traumatismo en un brazo) que sufrió una contribuyente de Allen durante una protesta que se desarrolló en el edificio municipal a fines de 2015. Las certificaciones que obran en ese juzgado indican que el delegado fue citado en varias oportunidades -entre mayo y agosto de 2016- a prestar declaración indagatoria y que no compareció pese a encontrarse debidamente notificado. Ante esa situación, el titular del juzgado, Maximiliano Camarda, dispuso el pasado 7 de septiembre la «detención y traslado por la fuerza pública» del imputado «al sólo efecto de prestar declaración indagatoria», aunque la medida no pudo concretarse porque Cayuqueo se retiró antes de que se produjera el ingreso de los efectivos policiales a las instalaciones del corralón municipal, donde se encontraba trabajando.
Por otra parte, el juez Norry sostuvo que su intervención personal en Allen resultó necesaria porque los hechos denunciados impidieron el normal desarrollo de una sesión del Concejo Deliberante, el cual «es un organismo de raigambre constitucional y de base institucional democrática que los jueces estamos obligados a proteger».
Normativa aplicable
Todas las medidas tomadas en el marco de la presente causa respondieron a expresas disposiciones del Código Procesal Penal de Río Negro. Se transcriben a continuación las más relevantes:
Artículo 96: En el ejercicio de sus funciones, el Tribunal podrá requerir la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas que considere necesarias para el seguro y regular cumplimiento de los actos que ordena.
Artículo 202: Si hubiere motivos para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado, de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Juez ordenará, por auto fundado, el registro de ese lugar.
Artículo 263: Cuando el delito que se investiga no esté reprimido con la pena privativa de la libertad o permita la excarcelación, o parezca procedente una cadena de ejecución condicional, el Juez salvo en los casos de flagrancia, ordenará la comparencia del imputado por simple citación. Sin embargo, dispondrá su detención cuando fuere reincidente o hubiere motivos para presumir que no cumplirá la orden, o intentará destruir los rastros del hecho, o se pondrá de acuerdo con sus cómplices, o inducirá a falsas declaraciones.
Si el citado no se presentare en el término que se le fije ni justificare un impedimento legítimo se ordenará su detención.
Judiciales
Cuatro muertos en Allen: Imputan al hombre que manejaba a más de 170 km/h y bajo efectos de alcohol y drogas
La Fiscalía lo acusó por homicidio culposo cuádruplemente agravado y presentó evidencia clave que incluye alcoholemia, pericias accidentológicas, videos y testimonios. Está detenido.
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra Axel Araneda, por el siniestro vial ocurrido el viernes (21/11) a la madrugada en Allen, donde cuatro personas perdieron la vida. Según la acusación, el imputado embistió con su camioneta a un vehículo detenido sobre la Ruta Nacional N° 22, lo arrastró más de 30 metros y provocó que se incendiara de inmediato.
El hecho ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, a la altura del kilómetro 1204. La Fiscalía sostuvo que el acusado conducía una camioneta en sentido oeste-este «en forma imprudente y antirreglamentaria», bajo los efectos de estupefacientes, con alcoholemia positiva, utilizando su teléfono celular instantes antes y a una velocidad no menor a 170 km/h.
Producto del impacto, fallecieron en el acto dos mujeres -una de 60 y otra de 30 años- mientras que una niña y un niño murieron por inhalación de hollín dentro del rodado afectado, según la evaluación preliminar. Por estos hechos, se le atribuyó al acusado el delito de homicidio culposo cuádruplemente agravado por exceso de velocidad, consumo de estupefacientes, alcoholemia superior a 500 mg/l y por la cantidad de víctimas.
Durante la audiencia, la Fiscalía enumeró las pruebas reunidas: el acta de procedimiento del Cuerpo de Seguridad Vial, los elementos secuestrados dentro de la camioneta -entre ellos teléfonos celulares y un bidón-, los resultados de los allanamientos en la vivienda del imputado, donde se incautaron más dispositivos y armas de fuego, y la prueba de alcoholemia tomada tres horas después del siniestro, que igualmente arrojó un nivel elevado. También incorporó la estimación técnica del nivel de alcohol al momento del impacto y los exámenes toxicológicos.
Un testigo presencial afirmó haber sido sobrepasado por la camioneta del acusado mientras circulaba a 120 km/h y aseguró que el vehículo involucrado venía realizando múltiples maniobras de sobrepaso. El informe accidentológico confirmó que el impacto se produjo entre la parte frontal derecha de la camioneta y la parte posterior izquierda de la EcoSport siniestrada, y determinó una velocidad mínima superior a 170 km/h.
Además, la Fiscalía solicitó el congelamiento de un perfil de redes sociales donde Araneda habría publicado imágenes conduciendo minutos antes del choque y presentó un informe de cámaras de seguridad de un bar de Allen que muestran su presencia entre las 3 y las 5 de la madrugada.
Los querellantes adhirieron a toda la acusación. Por su parte, el abogado defensor cuestionó la formulación de cargos y señaló que el vehículo embestido estaba detenido sobre el carril, lo que, a su criterio, constituía la imprudencia inicial. También objetó el agravante por estupefacientes.
La Fiscalía respondió que la detención de la EcoSport estaba acreditada, pero que numerosos vehículos pudieron evitarla, algo que no ocurrió con el imputado debido a su estado y velocidad. Agregó que el testigo relató que el acusado no prestó ayuda y que inmediatamente realizó llamadas, lo que motivó el secuestro de celulares.
«Este hecho comenzó con imprudencia y terminó con un desenlace fatal. La calificación atribuida coloca como único responsable penal a la persona imputada», afirmó la Fiscalía.
Finalmente, la jueza de Garantías tuvo por formulados los cargos y ordenó la prisión preventiva del acusado mientras avance la investigación.
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Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
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Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
