Judiciales
Por desbordes cloacales, la Procuradora solicitó confirmar sentencia para la remediación ambiental
Baquero Lazcano ratificó lo dictado por la Jueza Andrea de la Iglesia, quien falló en favor del Municipio de Roca por desbordes cloacales en calles Mendoza y Jujuy.
La Procuradora General de Río Negro, Silvia Baquero Lazcano solicitó la confirmación de la sentencia dictada por la Jueza de Amparo, Andrea de la Iglesia, quien falló en el marco del amparo colectivo presentado por el Municipio de General Roca, disponiendo el cese y remediación del daño ambiental generado por la descarga de líquidos cloacales en desagües de la ciudad.
La jueza considera procedente la acción de amparo presentada y la resuelve disponiendo que, en forma coordinada, Aguas Rionegrinas S.A., el Departamento Provincial de Aguas y el Poder Ejecutivo Provincial, tomen las medidas necesarias para que termine el daño ambiental que se está produciendo y que sea recompuesto el perjuicio ocasionado en el medio ambiente.
Las descargas denunciadas se realizarían en los desagües que van desde la calle Mendoza a Jujuy y el trayecto sobre esta última desde la Ruta 22 hasta la calle Perú. En relación a éstas, la jueza dispone además que se mitiguen los efectos nocivos que generan los agentes contaminantes y se prevenga cualquier probabilidad de agravamiento.
Entre otras medidas, requirió también que las partes consensúen un Plan Integrado de Acción, con participación plena y la inclusión de referentes del Municipio, en el que se organice y presente un informe público ambiental con datos actualizados acerca del proceso de remediación de la zona afectada.
Ante esta sentencia las partes implicadas apelaron en idénticos términos argumentando, entre otros aspectos, que la sentencia es arbitraria así como lo son las medidas dispuestas por la magistrada que interviene y que no se encuentra probado el daño ambiental.
En primer término la Procuradora General consideró que no pueden ser aceptados estos recursos de apelación ya que los amparos colectivos ambientales (Ley B 2779) permiten tales cuestionamientos sólo antes sentencias denegatorias. No obstante abunda en los puntos cuestionados, entendiendo además que no son suficientes los argumentos de los mismos a los que considera discrepancias de criterios que no logran rebatir la sentencia. Finalmente sugiere al máximo Tribunal que la misma sea confirmada.
Judiciales
Sentencia ordena el cese de una cuota alimentaria porque los hijos ya tienen 26, 27 y 37 años
La Justicia hizo lugar al pedido de un hombre jubilado que aún pagaba alimentos pese a que sus hijos son mayores y autónomos.
Una sentencia ordenó el cese de una cuota alimentaria que un hombre pagaba desde hacía años a favor de sus tres hijos, quienes actualmente tienen 26, 27 y 37 años. La decisión se tomó luego de que el progenitor solicitara formalmente el cierre de la obligación, al considerar que la mayoría de edad y autonomía de los hijos tornaban improcedente la continuidad del régimen de alimentos. El hombre se había jubilado como policía federal.
Según surge del expediente, el pedido se presentó en noviembre y fue acompañado por las partidas de nacimiento. La jueza de Viedma verificó que los tres hijos habían superado ampliamente la edad prevista por la ley para la vigencia de la obligación alimentaria. Tal como indica la sentencia, «habiendo en consecuencia cesado ipso iure la obligación alimentaria del progenitor a su respecto», de conformidad con los artículos 658 y 663 del Código Civil y Comercial.
El fallo utiliza la expresión latina ipso iure, que significa «por el propio derecho» o «por el solo efecto de la ley». En este tipo de casos, implica que la obligación de pagar alimentos cesa de manera automática cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, sin necesidad de una resolución previa, salvo que existan circunstancias excepcionales que deban ser acreditadas.
De acuerdo a la normativa vigente, el cese de la cuota alimentaria requiere una solicitud previa por parte del aportante, no se realiza automáticamente.
El Tribunal resolvió hacer lugar al planteo del alimentante y ordenó el cese inmediato de la cuota que beneficiaba a los tres hijos adultos. Además, dispuso notificar a la persona que estaba autorizada a percibirla y emitir oficio a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal para que deje sin efecto la retención.
Judiciales
Caso Mandagaray: El STJ rechazó que el caso vaya a la Corte porque no hay sentencia definitiva
El máximo Tribunal provincial sostuvo que el planteo es prematuro y que el expediente debe continuar en la Justicia rionegrina.
El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro (STJ) rechazó el Recurso Extraordinario Federal en la causa donde se investigan responsabilidades por la muerte de Gabriel Mandagaray. De esta manera, el proceso continúa en el ámbito provincial y el próximo paso será el pronunciamiento del Tribunal de Impugnación. El máximo órgano rionegrino sostuvo que el planteo resulta prematuro, ya que «la sentencia objetada no posee la condición de definitiva ni equiparable».
El fallo recuerda que la resolución impugnada, que ordenó un nuevo examen integral, «no concluye el proceso, no define responsabilidad penal ni clausura la persecución, sino que se limita a disponer la nulidad de la revisión realizada por el TI 2 y a reenviar las actuaciones». En consecuencia, explicó el STJ, el agravio alegado «recién adquirirá entidad a los fines de la vía excepcional una vez emitido el pronunciamiento final».
La Corte Suprema tiene una doctrina de no admitir recursos cuando la sentencia no es definitiva. En el fallo se sostiene que «la ausencia del requisito de definitividad no se suple por la invocación de arbitrariedad o de garantías constitucionales que se estimen vulneradas».
Además, el STJ señaló que los recursos federales interpuestos no satisfacen los requisitos formales de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema. En el texto se consigna que las presentaciones «no desarrollan un relato claro y preciso de todas las circunstancias relevantes del caso», «no demuestran el gravamen ocasionado», «no refutan todos y cada uno de los fundamentos» de la sentencia impugnada y «no ponen en evidencia que medie una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas con lo debatido y resuelto en el caso».
Judiciales
Ordenaron la captura nacional e internacional de uno de los fugados de la Comisaría 3° de Roca
Se trata de Luca Nicolás Torres, uno de los acusados del crimen de Julián Dobra.
Este mediodía (04/12), tras la notificación de la fuga de la Unidad Policial de uno de los imputados que cumplía prisión preventiva en el legajo donde se investiga el homicidio de Julián Dobra, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se ordene su captura nacional e internacional. Se trata de Luca Nicolás Torres, de 18 años de edad.
«Alrededor de las 2.05 de la madrugada recibimos la información del personal de la Comisaria que dos personas se habían dado a la fuga. Una de ellas es este imputado, que inmediatamente se dispuso la búsqueda con la Brigada Judicial de investigación y con canes», explicó el fiscal del caso.
El otro fugado es Ramiro Ezequiel Sosa, quien se encontraba cumpliendo una pena efectiva desde el 20 de octubre de este año, tras haber sido detenido por una causa de robo.
«Solicitamos que se libren los oficios pertinentes tanto a la Policía Federal, a Interpol, a Gendarmería Nacional, policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Nacional y Jefatura de Policía de Río Negro», detalló la Fiscalía.
La querella adhirió al pedido, no hubo objeciones por parte de la defensa penal pública. El juez de Garantías resolvió en el mismo sentido que lo solicitado.
