Gremios
Sitrajur declaró el estado de alerta y movilización
Desde el gremio de los trabajadores judiciales expresaron que «en una nueva muestra de buena voluntad hacia la negociación en el ámbito paritario -a realizarse la próxima semana-, resolvimos suspender y supeditar las medidas de fuerza».
La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur) informó, habiéndose realizado asambleas resolutivas en toda la Provincia, rechazan nuevamente el accionar del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, expresando su «más absoluto rechazo a la nota N° 28/16 STJ». En este sentido, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
«Ratificamos el derecho a huelga como la principal herramienta de lucha del movimiento obrero y que, al igual que otras medidas legítimas de acción sindical -garantizadas no sólo por la Constitución Nacional, sino también por Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo a los que adhiere nuestro país-, no podrá ser limitada ni condicionada como consecuencia de negociación colectiva para el sector judicial de Río Negro, tal cual lo expresa el artículo 15 de la Ley N° 5009», explicaron en un comunicado de prensa desde Sitrajur.
«Sin perjuicio de ello, y en una nueva muestra de buena voluntad hacia la negociación en el ámbito paritario, los trabajadores judiciales resolvimos suspender y supeditar las medidas de fuerza de la próxima semana a la respuestas que esperamos en las reuniones a realizarse el lunes 17 de octubre (paritaria general), el jueves 20 de octubre (Comisión Legislativa Interpoderes- Reforma del Código Procesal Penal y paritaria de Condiciones de Trabajo) y el viernes 21 de octubre (paritaria salarial).
«Los trabajadores judiciales esperamos respuestas concretas respecto de la apertura salarial, la carrera administrativa, los despidos y la devolución de los descuentos efectuados ante los días de paro y las retenciones de servicio -entre otros reclamos- pero nuestra paciencia tiene un límite y, de no existir respuestas por parte de la patronal, profundizaremos el plan de lucha con medidas de acción directa a nivel provincial y en articulación con los demás gremios estatales», agregaron desde Sitrajur.
«Asimismo, ponemos de manifiesto que nos alarma el oscuro blindaje respecto de la reforma judicial ya que, a las y los trabajadores judiciales ni el Superior Tribunal de Justicia ni el Ministerio Público nos han informado ni convocado para debatir el contenido de ningún proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando a las claras, y teniendo como antecedente las pasadas reformas, podrían ser modificadas nuestras condiciones de trabajo de manera unilateral e inconsulta y por fuera de nuestro ámbito paritario, lo cual agrava aún más la situación», añadieron.
«Lo cierto es que los trabajadores judiciales ya conocemos cómo terminan las recetas mágicas y los espejitos de colores que se venden en los pasillos del Poder Judicial. Son los mismos que anticiparon que, con cada reforma, venían acopladas las nefastas políticas precarizadoras del Ministerio Público en manos de la Sra. Silvia Baquero Lascano, donde no se respeta igual remuneración por igual tarea, donde se nos roban las vacaciones y se nos intenta imponer un horaria vespertino, donde no se respeta la carrera judicial y, como corolario designa a uno de sus hijos que trabaja en este poder, como Jefe de División, con los concursos en trámite, los que no fueron corregidos después de casi 6 meses de iniciados, por la inoperancia de los que tienen esa responsabilidad», concluyeron desde Sitrajur.
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
