Gremios
Sitrajur declaró el estado de alerta y movilización
Desde el gremio de los trabajadores judiciales expresaron que «en una nueva muestra de buena voluntad hacia la negociación en el ámbito paritario -a realizarse la próxima semana-, resolvimos suspender y supeditar las medidas de fuerza».
La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur) informó, habiéndose realizado asambleas resolutivas en toda la Provincia, rechazan nuevamente el accionar del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, expresando su «más absoluto rechazo a la nota N° 28/16 STJ». En este sentido, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
«Ratificamos el derecho a huelga como la principal herramienta de lucha del movimiento obrero y que, al igual que otras medidas legítimas de acción sindical -garantizadas no sólo por la Constitución Nacional, sino también por Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo a los que adhiere nuestro país-, no podrá ser limitada ni condicionada como consecuencia de negociación colectiva para el sector judicial de Río Negro, tal cual lo expresa el artículo 15 de la Ley N° 5009», explicaron en un comunicado de prensa desde Sitrajur.
«Sin perjuicio de ello, y en una nueva muestra de buena voluntad hacia la negociación en el ámbito paritario, los trabajadores judiciales resolvimos suspender y supeditar las medidas de fuerza de la próxima semana a la respuestas que esperamos en las reuniones a realizarse el lunes 17 de octubre (paritaria general), el jueves 20 de octubre (Comisión Legislativa Interpoderes- Reforma del Código Procesal Penal y paritaria de Condiciones de Trabajo) y el viernes 21 de octubre (paritaria salarial).
«Los trabajadores judiciales esperamos respuestas concretas respecto de la apertura salarial, la carrera administrativa, los despidos y la devolución de los descuentos efectuados ante los días de paro y las retenciones de servicio -entre otros reclamos- pero nuestra paciencia tiene un límite y, de no existir respuestas por parte de la patronal, profundizaremos el plan de lucha con medidas de acción directa a nivel provincial y en articulación con los demás gremios estatales», agregaron desde Sitrajur.
«Asimismo, ponemos de manifiesto que nos alarma el oscuro blindaje respecto de la reforma judicial ya que, a las y los trabajadores judiciales ni el Superior Tribunal de Justicia ni el Ministerio Público nos han informado ni convocado para debatir el contenido de ningún proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando a las claras, y teniendo como antecedente las pasadas reformas, podrían ser modificadas nuestras condiciones de trabajo de manera unilateral e inconsulta y por fuera de nuestro ámbito paritario, lo cual agrava aún más la situación», añadieron.
«Lo cierto es que los trabajadores judiciales ya conocemos cómo terminan las recetas mágicas y los espejitos de colores que se venden en los pasillos del Poder Judicial. Son los mismos que anticiparon que, con cada reforma, venían acopladas las nefastas políticas precarizadoras del Ministerio Público en manos de la Sra. Silvia Baquero Lascano, donde no se respeta igual remuneración por igual tarea, donde se nos roban las vacaciones y se nos intenta imponer un horaria vespertino, donde no se respeta la carrera judicial y, como corolario designa a uno de sus hijos que trabaja en este poder, como Jefe de División, con los concursos en trámite, los que no fueron corregidos después de casi 6 meses de iniciados, por la inoperancia de los que tienen esa responsabilidad», concluyeron desde Sitrajur.
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
