Gremios
Sitrajur declaró el estado de alerta y movilización
Desde el gremio de los trabajadores judiciales expresaron que «en una nueva muestra de buena voluntad hacia la negociación en el ámbito paritario -a realizarse la próxima semana-, resolvimos suspender y supeditar las medidas de fuerza».
La Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitrajur) informó, habiéndose realizado asambleas resolutivas en toda la Provincia, rechazan nuevamente el accionar del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, expresando su «más absoluto rechazo a la nota N° 28/16 STJ». En este sentido, el gremio se declaró en estado de alerta y movilización.
«Ratificamos el derecho a huelga como la principal herramienta de lucha del movimiento obrero y que, al igual que otras medidas legítimas de acción sindical -garantizadas no sólo por la Constitución Nacional, sino también por Tratados Internacionales y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo a los que adhiere nuestro país-, no podrá ser limitada ni condicionada como consecuencia de negociación colectiva para el sector judicial de Río Negro, tal cual lo expresa el artículo 15 de la Ley N° 5009», explicaron en un comunicado de prensa desde Sitrajur.
«Sin perjuicio de ello, y en una nueva muestra de buena voluntad hacia la negociación en el ámbito paritario, los trabajadores judiciales resolvimos suspender y supeditar las medidas de fuerza de la próxima semana a la respuestas que esperamos en las reuniones a realizarse el lunes 17 de octubre (paritaria general), el jueves 20 de octubre (Comisión Legislativa Interpoderes- Reforma del Código Procesal Penal y paritaria de Condiciones de Trabajo) y el viernes 21 de octubre (paritaria salarial).
«Los trabajadores judiciales esperamos respuestas concretas respecto de la apertura salarial, la carrera administrativa, los despidos y la devolución de los descuentos efectuados ante los días de paro y las retenciones de servicio -entre otros reclamos- pero nuestra paciencia tiene un límite y, de no existir respuestas por parte de la patronal, profundizaremos el plan de lucha con medidas de acción directa a nivel provincial y en articulación con los demás gremios estatales», agregaron desde Sitrajur.
«Asimismo, ponemos de manifiesto que nos alarma el oscuro blindaje respecto de la reforma judicial ya que, a las y los trabajadores judiciales ni el Superior Tribunal de Justicia ni el Ministerio Público nos han informado ni convocado para debatir el contenido de ningún proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuando a las claras, y teniendo como antecedente las pasadas reformas, podrían ser modificadas nuestras condiciones de trabajo de manera unilateral e inconsulta y por fuera de nuestro ámbito paritario, lo cual agrava aún más la situación», añadieron.
«Lo cierto es que los trabajadores judiciales ya conocemos cómo terminan las recetas mágicas y los espejitos de colores que se venden en los pasillos del Poder Judicial. Son los mismos que anticiparon que, con cada reforma, venían acopladas las nefastas políticas precarizadoras del Ministerio Público en manos de la Sra. Silvia Baquero Lascano, donde no se respeta igual remuneración por igual tarea, donde se nos roban las vacaciones y se nos intenta imponer un horaria vespertino, donde no se respeta la carrera judicial y, como corolario designa a uno de sus hijos que trabaja en este poder, como Jefe de División, con los concursos en trámite, los que no fueron corregidos después de casi 6 meses de iniciados, por la inoperancia de los que tienen esa responsabilidad», concluyeron desde Sitrajur.
Gremios
ATE llama a una “condena social” contra los gobernadores por la quita de la zona fría
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo», dijo el titular de ATE.
Luego de que la Cámara de Diputados aprobara el proyecto oficialista que elimina el subsidio de energía por zona fría a distintas provincias, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, señaló que «tenemos que lograr que sean condenados socialmente los gobernadores que apoyaron la media sanción. No debieran estar gobernando por carecer de toda sensibilidad».
«En las puertas del invierno, ¿cómo pueden avalar la quita de subsidios a los habitantes de sus provincias que van a tener que pagar el doble por el gas? Estamos frente a un nuevo golpe al bolsillo. El deterioro del poder adquisitivo es gravísimo, no se tolera más. Si esta ley se aprueba, se profundizará el ajuste en las provincias, va a empobrecer aún más al 80% de la población y va a acelerar la conflictividad», agregó el dirigente estatal.
En referencia a la condonación de deudas millonarias que las empresas energéticas mantenían con el Gobierno, Aguiar cuestionó que «es inaceptable que le quiten los subsidios a quienes menos tienen, a los más pobres, mientras benefician a las elites empresarias, a quienes les van a perdonar deudas por miles de millones de dólares».
«Milei y el empresariado nacional y trasnacional que lo mandan son los autores de un daño social irreparable, pero también existen cómplices necesarios y son los gobernadores, diputados y senadores», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
El proyecto que ya cuenta con media sanción del Congreso recorta los subsidios de gas en numerosos departamentos de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Jujuy y La Rioja, al modificar el Régimen de Zona Fría. Esta modificación implica una suba drástica de los costos de los servicios que, según el caso, aumentará entre un 20 y un 100% en caso de aplicarse la ley, afectando a más de 3 millones de usuarios.
La norma además incluye la condonación de las deudas que las empresas Edesur y Edenor mantienen con el Estado Nacional. El monto de la deuda rondaría los 1.800 millones de dólares.
Gremios
UnTER rechazó la propuesta salarial y reclamó una nueva paritaria urgente
Aunque la moción de paro obtuvo mayoría, no alcanzó los dos tercios requeridos por el estatuto sindical, por lo que no habrá nuevas medidas de fuerza.
El Congreso Extraordinario de UnTER resolvió rechazar la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro en la paritaria del pasado jueves (14/05) y reclamó una nueva convocatoria urgente para continuar con las negociaciones.
El encuentro se desarrolló este jueves (21/05) en Viedma con la participación de representantes de las 18 Seccionales de la provincia, donde se analizó la situación educativa y salarial a nivel provincial y nacional.
Según informó el gremio docente, durante la jornada también se debatió la posibilidad de llevar adelante medidas de fuerza. La moción a favor del paro obtuvo 104 votos, mientras que la postura de no realizar medidas de fuerza consiguió 51 votos y hubo además dos abstenciones. Sin embargo, desde UnTER aclararon que el estatuto sindical exige una mayoría especial de dos tercios del total de congresales para aprobar un paro, número que finalmente no se alcanzó. Por ese motivo, el Congreso resolvió no avanzar con medidas de fuerza en esta instancia.
No obstante, el sindicato definió impulsar acciones de visibilización simultáneas en toda la provincia y en conjunto con otras organizaciones gremiales.
Previo al inicio del Congreso, docentes realizaron una movilización hacia el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y posteriormente a Casa de Gobierno para expresar sus reclamos salariales y en defensa de la educación pública.
Gremios
El Frente de Sindicatos Unidos reclama un salario mínimo vital y móvil de $2.879.877
El informe detalla que el SMVM oficial ya es el más bajo de la historia argentina y está 20% por debajo del valor que tuvo durante la década del 90.
El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) sostuvo que las y los trabajadores necesitan un Salario Mínimo, Vital y Móvil de $2.879.877 para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo. Ese monto equivale a ocho veces el actual salario mínimo, que es el más bajo de la historia argentina.
Además, en lo que va del gobierno de Javier Milei, los asalariados perdieron más de 62 billones de pesos en el acumulado de sus ingresos mensuales y se vieron forzados a endeudarse para sostener la vida cotidiana. Eso explica el nivel de endeudamiento de las familias argentinas.
En el desglose de datos, el FreSU informó que cada trabajador del sector privado perdió en promedio $2.321.24 y, en el caso del sector público, la pérdida fue de $12.788.939 en promedio.
Para determinar el valor que debiera ser el SMVyM, se toma como referencia los costos necesarias para cubrir las nueve necesidades vitales que establecen la Constitución Nacional: Alimentación adecuada ($648.271); vivienda digna ($568.227); educación ($252.457); vestimenta ($147.595); salud ($349.332); transporte, esparcimiento y vacaciones ($597.209); y previsión social ($316.786).
El FreSU está integrado por unas 140 organizaciones sindicales de las tres centrales obreras entre las que se encuentran UOM, ATE, Federación Aceitera y Desmotadora, Conadu, Conadu Histórica, Aeronáuticos, Molineros y Papeleros.
El 1 de Mayo pasado, el FreSU realizó su Primer Plenario de Delegadas y Delegados y votaron el Programa Unidad, Lucha y Rebeldía para Recuperar la Patria, donde afirmó que «reivindicamos el derecho al trabajo y a un Salario Mínimo Vital y Móvil según su definición en el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, esto es, que asegure a los trabajadores en su jornada legal de trabajo una vida digna, mediante la satisfacción de las 9 necesidades allí contempladas: alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión».
El tercer informe mensual del FreSU fue anunciado por los secretarios generales Abel Furlán (UOM), Rodolfo Aguiar (ATE), Daniel Yofra (Federación Aceitera) y Matías Fachal (Federación Judicial) y la secretaria general de Conadu Histórica, Francista Staiti, desde la jornada de debate realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de Mendoza, la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) y la Asociación Latinoamericana de Abogadas y Abogados Laboralistas (ALAL) en el Centro de Congresos y Exposiciones de Mendoza.
