Río Negro
Weretilneck ratificó que la Provincia no está en condiciones de brindar nuevos aumentos salariales
Aseguró asimismo que continuarán aplicando descuentos a quienes adhieran a las medidas de fuerza.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ratificó ayer que la Provincia no está en condiciones de otorgar ningún aumento salarial a los trabajadores estatales en lo que resta del año. También descartó la posibilidad de pagar un bono de fin de año.
“Necesitamos que los empleados del Estado entiendan que no hay mala voluntad o animosidad hacia ellos, todo lo contrario, pero la realidad es que hay escasez de recursos y falta de fondos, lo que nos impide otorgar cualquier tipo de incremento”, señaló el mandatario.
En declaraciones realizadas a la prensa en Bariloche, Weretilneck sostuvo que “hay que tener en cuenta que el funcionamiento del Estado no es solamente el pago de salarios, sino que tenemos que seguir garantizando el funcionamiento de los hospitales, las escuelas, de la seguridad, el acompañamiento a las actividades productivas. La responsabilidad de la provincia no se agota únicamente en lo salarial”.
Respecto de las medidas de fuerza llevadas adelante actualmente por UnTER, el Gobernador recalcó que “no hemos variado la postura que venimos manteniendo desde un principio. Los aumentos salariales que dimos en la provincia están por encima de la inflación del año, y siempre fuimos claros que después del cierre de las paritarias no podíamos dar más aumento porque nos está costando mucho pagar los salarios, sobre todo en virtud de la baja en los ingresos provinciales”.
“Es preciso recordar que llevamos el salario docente del cuarto peor lugar en el país al cuarto mejor y que hicimos muchas cosas a favor de nuestros educadores. Entendemos el reclamo y sabemos la postura de la dirigencia gremial, pero no podemos acceder a los requerimientos. Esto derivó en las medidas de fuerza que han hecho que los chicos pierdan varios días de clase y lamentablemente no tenemos salida u opción, porque no podemos dar aumento salarial”, expresó el gobernador.
Respecto de las medidas de fuerza determinadas por el gremio para todo el mes de octubre, Weretilneck explicó que “esperaremos a que terminen para ver qué pasos se siguen y si es posible sentarse a dialogar”.
Por otra parte, el gobernador descartó el pago de un bono a los empleados públicos. “Son 55.000 empleados públicos, a razón de $1.000 serían $55.000.000, los cuales si sumamos lo que significa el pago de aguinaldos a fin de año, la verdad es que no estamos en condiciones de afrontar un gasto semejante, porque la Provincia ha perdido muchos recursos durante el año”, dijo.
“Queremos que entiendan que no hay mala voluntad o animosidad hacia el empleado público. Hay escasez de recursos y falta de fondos”, reiteró el mandatario.
Asimismo, el gobernador ratificó que continuarán los descuentos por los días no trabajados. “Así como respetamos las medidas de fuerza y no hemos hecho juicios de valor sobre la decisión de los dirigentes gremiales ni bastardeado el derecho a huelga, tenemos la obligación de descontar los días no trabajados, sobre todo teniendo en cuenta que los chicos están perdiendo clases”.
Por otra parte, al ser consultado sobre las declaraciones de la procuradora general, Silvia Baquero Lazcano, respecto de la necesidad de garantizar la independencia de Poderes en la Provincia, el Gobernador resaltó que “si hay algo que se cumple en la provincia, es la división de poderes. Jamás hablamos de los fallos, y se ha mantenido un irrestricto respeto de la constitución y las leyes en el seno del Consejo de la Magistratura”.
“Jamás hemos hecho ninguna acción que tenga que ver con el Ministerio Público y que afecte la división de Poderes. La Legislatura sanciona las leyes como corresponde y el Poder Judicial lleva adelante su tarea libremente”, señaló.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
Río Negro
Río Negro comienza la eliminación del pasivo de transformadores con PCB’s
Se trata de aproximadamente 70 transformadores que fueron retirados a partir del año 2012.
La Provincia inició el operativo para eliminar el pasivo de transformadores con restos de PCB´s almacenados en Hiparsa, mediante su acondicionamiento y traslado a una planta especializada en Francia para su tratamiento final.
Comenzaron las tareas para eliminar de manera definitiva los pasivos ambientales vinculados a aproximadamente 70 transformadores contaminados con PCB que permanecían almacenados en el predio de Hiparsa S.A., en Sierra Grande. La acción forma parte del plan provincial de gestión de pasivos históricos y busca garantizar un tratamiento seguro y acorde a la normativa internacional.
La medida se concreta a partir del trabajo articulado entre la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación y la empresa Hiparsa, permitiendo avanzar hacia la solución final de estos residuos mediante su traslado a una planta especializada en el exterior. Por la concentración original del contaminante y su reglamentación específica, esta es la única vía autorizada para su eliminación segura.
El plan operativo incluye el acondicionamiento de las carcasas de transformadores que permanecían bajo custodia de Hiparsa -cuyos aceites con PCB fueron retirados en 2012-. Los componentes sólidos serán embalados en big bags de estándar internacional y consolidados en contenedores marítimos dentro del predio, con supervisión de Aduana y Prefectura. Luego serán trasladados al puerto para su embarque con destino a Francia, donde la empresa Trédi ejecutará procesos de descontaminación en autoclave e incineración de alta temperatura, garantizando la eliminación segura y total del contaminante.
El proceso cuenta con financiamiento del Proyecto PNUD ARG20/G27, que cubre la logística, el transporte y el tratamiento en la planta de destino. Una vez certificada la eliminación, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático gestionará la baja correspondiente en el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCB (RENIPP), completando así una instancia clave en la gestión ambiental de la provincia.
