Río Negro
Provincia y Municipios podrán actualizar más de 173.000 parcelas con mejoras no declaradas
Ya adhirieron al proyecto 27 municipios, los cuales tendrán acceso al Sistema de Información Parcelaria a través de claves de usuarios personalizados con perfiles propios.
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro puso en marcha el Proyecto de Modernización de la Gestión Catastral, mediante el cual Provincia y Municipio podrán compartir información de manera interactiva a través de un sistema de información desarrollado para operar vía Internet. Esta acción es llevada adelante a través de la Gerencia de Castrato y financiada a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto, que inició en 2015 con el proceso de modernización del Estado, tiene como objetivo lograr que la Provincia cuente con un Sistema de Información Parcelaria con información georrefrenciada actualizada para todo el ámbito provincial, la cual será de fácil acceso para los Municipios a través Internet, así como para todos los organismos, instituciones, empresas y usuarios en general que lo requieran.
En la actualidad son 27 los Municipios que adhirieron al proyecto, los cuales tendrán acceso al Sistema de Información Parcelaria a través de claves de usuarios personalizados con perfiles propios. Son Comunas que firmaron actas compromiso y convenios de reciprocidad con la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.
En tanto, la Agencia hará entrega a los mismos, en los próximos meses, de equipamiento tecnológico suficiente para que accedan al nuevo sistema, y capacitará a su personal en los nuevos procedimientos.
Se trata de un sistema que opera íntegramente on line, a través de usuarios con distintos perfiles, sobre una base de datos gráfica y alfanumérica integrada que permitirá la actualización de forma directa a medida que las partes incorporen datos sobre inmuebles.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Agustín Domingo, manifestó al respecto que “tener bases de datos catastrales actualizadas entre la Provincia y los Municipios permite brindar una información uniforme y real respecto al inmueble en cualquiera de los organismos, evitando las contradicciones que surgen cuando no se dispone de estos medios de interacción”. Y resaltó que “era moneda corriente que un mismo ciudadano tenga información catastral diferente sobre un mismo objeto en las bases municipales y provinciales, teniendo consecuencias importantes, por ejemplo, el retraso en la actualización de valuaciones fiscales”.
“Esta falencia fue considerada por nuestra Gerencia de Catastro logrando que en breve, después de mucho esfuerzo, se ponga en funcionamiento un sistema de gestión que agilizará íntegramente los procesos catastrales y permitirá compartir los datos parcelarios oficializados por la provincia y los generados por los municipios”, agregó.
En este sentido, la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación, como autoridad responsable del proyecto, desarrolló desde principios de año un operativo de relevamiento detectando 173.068 parcelas con mejoras no declaradas, que representa una actualización de más de 10.000.000 metros cuadrados en la base catastral de la provincia que, traducidas en el impuesto inmobiliario, son unos $88.000.000. Dichos datos serán actualizados e incorporados a la facturación del impuesto inmobiliario para el ejercicio fiscal 2017, estimándose un incremento en la recaudación de dicho impuesto del 25% sólo por este concepto.
A diferencia de otros operativos de detección de mejoras no declaradas, las incorporadas en el marco del proyecto serán accesibles a los municipios a través del nuevo Sistema de Información Parcelaria para su tratamiento particular según las legislaciones propias de los gobiernos locales.
Se trata de superficies edificadas que no fueron declaradas voluntariamente por sus propietarios. Los datos se obtuvieron a través de imágenes satelitales y controles de campo realizados en distintas ciudades de la provincia, como parte del proyecto de modernización catastral.
Asimismo, el Sistema de Información Parcelaria Provincial pondrá a disposición de los distintos usuarios la información catastral parcelaria actualizada y consistente correspondiente a todos los inmuebles de la provincia, e inaugurará la Oficina Virtual Catastral a través de la cual se realizarán en forma digital los trámites habituales ante el Registro Público Catastral.
Policiales
Río Negro tendrá una nueva Agencia Antinarcóticos
Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
El Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley para crear la Agencia Provincial de Lucha contra el Narcotráfico, uno de los objetivos estratégicos definidos por el gobernador Alberto Weretilneck para 2026. Se trata de un organismo destinado a fortalecer el abordaje de los delitos complejos, mediante capacitaciones internacionales, tecnología de última generación y la incorporación de nuevos recursos operativos.
La iniciativa fue anunciada por el gobernador durante el acto central por el Día de la Policía de Río Negro en Los Menucos, donde subrayó la necesidad de dotar al Estado provincial de más herramientas para enfrentar al narcotráfico, al que calificó como «la gran amenaza que tenemos como sociedad».
El secretario de Narcocriminalidad del Ministerio de Seguridad y Justicia, Darío Buonaventura, profundizó sobre el proyecto y detalló que la nueva Agencia se integrará al trabajo que hoy realizan la Secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y las delegaciones de Toxicomanía de la Policía de Río Negro. «Es una sumatoria de capacidades, necesaria para enfrentar una temática cada vez más compleja, que exige recursos acordes y personal altamente capacitado», señaló.
Respecto de los ejes centrales del organismo, Buonaventura indicó que estarán enfocados en la profesionalización permanente del recurso humano, la capacitación continua y la conformación de equipos operativos dedicados exclusivamente a delitos complejos y lavado de activos.
El funcionario destacó que la Provincia viene consolidando su política de formación mediante capacitaciones nacionales e internacionales, incluyendo entrenamientos con especialistas de Colombia, la Embajada de Estados Unidos, la DEA y con el PROCUNAR. «La capacitación es una premisa fundamental establecida por el Ministro Daniel Jara. Este proceso se va a seguir revalorizando porque es clave para el personal que interviene en este tipo de actividades», afirmó.
Judiciales
Un emoji en redes sociales terminó en una prohibición de contacto entre dos vecinos
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con ‘me divierte’ al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería.
Lo que empezó como una simple reacción en redes sociales derivó en una causa contravencional, una audiencia en el Juzgado de Paz de Sierra Grande y la imposición de medidas de restricción entre dos vecinos.
El conflicto se desató luego de que un hombre reaccionara con un emoji al comentario que la pareja de otro vecino publicó sobre su remisería. El ícono representaba un ‘me divierte’. Esa interacción digital generó malestar y escaló rápidamente: según el denunciante, la situación derivó en actos de hostigamiento y mensajes que afectaron su tranquilidad.
Ambos vecinos fueron citados a audiencia. Allí se ratificó la denuncia y pidió que cesaran los actos molestos, tanto personales como a través de redes sociales. Por su parte, el otro hombre negó haber hecho amenazas y sostuvo que únicamente le pidió una explicación por el emoji que había reaccionado al comentario sobre su remisería. Incluso presentó los mensajes que él mismo envió.
La jueza de Paz analizó el caso y concluyó que los hechos denunciados encuadran en el artículo 40 de la Ley D 5592/22, que sanciona actos de intimidación, acoso o amenazas que alteren la tranquilidad o seguridad de las personas. Destacó que el Estado debe actuar con «debida diligencia reforzada» frente a conflictos que, aun originados en espacios digitales, puedan derivar en situaciones de violencia.
Como resultado, la magistrada ordenó medidas preventivas, cautelares y provisorias para ambas partes: prohibición total de contacto por cualquier vía -verbal, telefónica, digital o por redes sociales-, tanto de manera directa como a través de terceros, y la prohibición de difundir comentarios o publicaciones relacionadas con el conflicto.
La Comisaría fue notificada para controlar el cumplimiento de la medida. Además, la jueza exhortó a ambos vecinos a evitar provocaciones, no exponer públicamente el conflicto y recurrir a mecanismos institucionales como la mediación comunitaria o programas de prevención de la violencia.
El fallo advierte que cualquier incumplimiento puede derivar en sanciones que van desde una amonestación hasta trabajo comunitario, multa o arresto.
Judiciales
Fallo limitó los descuentos con tasas poco claras que afectaban a una docente de Río Negro
La mujer tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual.
Una docente de Río Negro con dos hijos a cargo ingresó en una espiral crediticia que llegó a absorberle completamente su salario. Tomó préstamos personales para sostener la economía familiar tras una separación, pero con el tiempo los descuentos automáticos superaron el total de su haber mensual. Los contratos se gestionaban por canales virtuales, incluso por WhatsApp, sin firmas presenciales ni entrega de documentación. Luego de varios reclamos sin respuestas, inició una demanda en el fuero civil de Bariloche.
La sentencia declaró la nulidad parcial de los contratos, ordenó readecuar los intereses y fijó un límite del 20% del salario para futuros descuentos. También determinó que las cuotas deberán calcularse con la tasa pasiva promedio del Banco Central, sustancialmente inferior a la aplicada originalmente.
En su presentación judicial, la docente explicó que nunca recibió copias de los contratos ni información detallada sobre las condiciones. Solo sabía que cada mes, su recibo de sueldo llegaba con retenciones que carecían de explicaciones claras. En agosto de 2024, tras regresar de una licencia sin goce de haberes, su salario volvió a activarse. Pero fue absorbido por completo: los débitos de distintas mutuales superaron el millón de pesos.
La resolución alcanzó a la Asociación Mutual de Servidores Públicos de Río Negro (AMSU) y a la Unión Provincial Asociación Mutual (UPAM), ambas condenadas a readecuar los contratos tras no acreditar el cumplimiento de los deberes de información previstos en la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo remarcó que ninguna de las entidades aportó documentación respaldatoria ni desgloses de los descuentos aplicados.
El fallo analizó los recibos de sueldo aportados y comprobó que los descuentos se realizaban bajo conceptos genéricos, sin detalle de intereses, capital ni cuotas. También subrayó que las condiciones de contratación no respetaban lo establecido en la normativa vigente. El deber de información, señaló el tribunal, no es una formalidad: es la base del consentimiento válido.
Además, se destacó una práctica extendida entre trabajadores del Estado: acceder a créditos rápidos, con mecanismos de aprobación exprés y cobro directo desde el salario, sin evaluación del impacto económico en el hogar. En este caso, ese mecanismo dejó a la mujer sin ingresos, sin documentación para reclamar y con su salud afectada.
El Tribunal entendió que los descuentos desmedidos, sin respaldo documental ni mecanismos de control, vulneran derechos básicos como la subsistencia, el acceso a la salud y el interés superior de los hijos a cargo. La sentencia de primera instancia no está firme porque puede ser apelada.
