Río Negro
Provincia y Municipios podrán actualizar más de 173.000 parcelas con mejoras no declaradas
Ya adhirieron al proyecto 27 municipios, los cuales tendrán acceso al Sistema de Información Parcelaria a través de claves de usuarios personalizados con perfiles propios.
La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro puso en marcha el Proyecto de Modernización de la Gestión Catastral, mediante el cual Provincia y Municipio podrán compartir información de manera interactiva a través de un sistema de información desarrollado para operar vía Internet. Esta acción es llevada adelante a través de la Gerencia de Castrato y financiada a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El proyecto, que inició en 2015 con el proceso de modernización del Estado, tiene como objetivo lograr que la Provincia cuente con un Sistema de Información Parcelaria con información georrefrenciada actualizada para todo el ámbito provincial, la cual será de fácil acceso para los Municipios a través Internet, así como para todos los organismos, instituciones, empresas y usuarios en general que lo requieran.
En la actualidad son 27 los Municipios que adhirieron al proyecto, los cuales tendrán acceso al Sistema de Información Parcelaria a través de claves de usuarios personalizados con perfiles propios. Son Comunas que firmaron actas compromiso y convenios de reciprocidad con la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.
En tanto, la Agencia hará entrega a los mismos, en los próximos meses, de equipamiento tecnológico suficiente para que accedan al nuevo sistema, y capacitará a su personal en los nuevos procedimientos.
Se trata de un sistema que opera íntegramente on line, a través de usuarios con distintos perfiles, sobre una base de datos gráfica y alfanumérica integrada que permitirá la actualización de forma directa a medida que las partes incorporen datos sobre inmuebles.
El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Agustín Domingo, manifestó al respecto que “tener bases de datos catastrales actualizadas entre la Provincia y los Municipios permite brindar una información uniforme y real respecto al inmueble en cualquiera de los organismos, evitando las contradicciones que surgen cuando no se dispone de estos medios de interacción”. Y resaltó que “era moneda corriente que un mismo ciudadano tenga información catastral diferente sobre un mismo objeto en las bases municipales y provinciales, teniendo consecuencias importantes, por ejemplo, el retraso en la actualización de valuaciones fiscales”.
“Esta falencia fue considerada por nuestra Gerencia de Catastro logrando que en breve, después de mucho esfuerzo, se ponga en funcionamiento un sistema de gestión que agilizará íntegramente los procesos catastrales y permitirá compartir los datos parcelarios oficializados por la provincia y los generados por los municipios”, agregó.
En este sentido, la Gerencia de Catastro de la Agencia de Recaudación, como autoridad responsable del proyecto, desarrolló desde principios de año un operativo de relevamiento detectando 173.068 parcelas con mejoras no declaradas, que representa una actualización de más de 10.000.000 metros cuadrados en la base catastral de la provincia que, traducidas en el impuesto inmobiliario, son unos $88.000.000. Dichos datos serán actualizados e incorporados a la facturación del impuesto inmobiliario para el ejercicio fiscal 2017, estimándose un incremento en la recaudación de dicho impuesto del 25% sólo por este concepto.
A diferencia de otros operativos de detección de mejoras no declaradas, las incorporadas en el marco del proyecto serán accesibles a los municipios a través del nuevo Sistema de Información Parcelaria para su tratamiento particular según las legislaciones propias de los gobiernos locales.
Se trata de superficies edificadas que no fueron declaradas voluntariamente por sus propietarios. Los datos se obtuvieron a través de imágenes satelitales y controles de campo realizados en distintas ciudades de la provincia, como parte del proyecto de modernización catastral.
Asimismo, el Sistema de Información Parcelaria Provincial pondrá a disposición de los distintos usuarios la información catastral parcelaria actualizada y consistente correspondiente a todos los inmuebles de la provincia, e inaugurará la Oficina Virtual Catastral a través de la cual se realizarán en forma digital los trámites habituales ante el Registro Público Catastral.
Judiciales
Un fallo del STJ protegió la gratuidad de quien ganó un juicio de consumo
El Banco Patagonia había recurrido la decisión y pretendía aplicar el tope previsto para la responsabilidad por costas.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) confirmó una sentencia que declaró inaplicable, por inconstitucional, el límite establecido en el artículo 730 del Código Civil y Comercial de la Nación en un juicio de consumo. De esta manera, protegió el beneficio de gratuidad de la persona consumidora que había ganado el proceso.
La discusión surgió luego de que Banco Patagonia, condenado en costas, pretendiera aplicar el límite previsto en esa norma. La aplicación del tope reducía la parte de los honorarios que debía afrontar la entidad y trasladaba la diferencia a la persona consumidora que había resultado vencedora.
La persona consumidora y su abogado cuestionaron esa situación y plantearon que el límite no podía aplicarse porque la Ley de Defensa del Consumidor reconoce el beneficio de gratuidad para quienes recurren a la Justicia para defender sus derechos.
La Cámara de Apelaciones hizo lugar al planteo y declaró inaplicable el artículo 730 para el caso concreto. El banco recurrió ante el STJ, entre otros motivos, porque consideraba que el planteo de inconstitucionalidad había sido realizado fuera de tiempo.
El máximo Tribunal rechazó ese argumento. Explicó que el perjuicio generado por la norma se hizo concreto recién cuando se regularon los honorarios y se dispuso la aplicación del artículo 730. Antes de ese momento, el impacto económico todavía no estaba determinado.
El STJ también analizó el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y señaló que las relaciones de consumo cuentan con un régimen especial de protección. Ante una duda, sostuvo, debe prevalecer la interpretación más favorable a la persona consumidora.
El Tribunal aclaró que la gratuidad no es absoluta: en los reclamos individuales, una empresa puede demostrar que el consumidor posee solvencia económica y solicitar que el beneficio cese. En este caso, Banco Patagonia no acreditó esa circunstancia.
Por esos fundamentos, el STJ rechazó el recurso del banco y confirmó la sentencia que declaró inaplicable e inconstitucional el artículo 730 para este expediente.
Política
La Provincia busca fondos para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas 22 y 151
El proyecto enviado a la Legislatura autoriza al Ejecutivo a gestionar financiamiento externo para obras en los sectores más deteriorados y estudios de preinversión.
Río Negro busca contar con los recursos necesarios para comenzar a recuperar los tramos críticos de las Rutas Nacionales 22 y 151, luego de décadas de abandono de los gobiernos nacionales. El proyecto de ley enviado por el gobernador Alberto Weretilneck propone autorizar un financiamiento externo de hasta US$ 60 millones para obras y estudios de preinversión
La propuesta contempla inicialmente recurrir a FONPLATA–Banco de Desarrollo, aunque también habilita al Poder Ejecutivo a gestionar otros programas de financiamiento externo multilateral, bilateral o nacional que pueda disponer el Gobierno Nacional.
El programa tiene un objetivo concreto: resolver los problemas más urgentes y generar las condiciones para una recuperación integral. Contempla obras de puesta en valor en los sectores de mayor deterioro y estudios de preinversión que permitan definir las siguientes etapas, evaluar alternativas técnicas y económicas y determinar los esquemas más convenientes para cada ruta.
La Provincia busca trabajar en dos tiempos: atender primero los puntos críticos y, al mismo tiempo, planificar lo que viene. Las intervenciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad y transitabilidad, mientras que los estudios aportarán la información necesaria para organizar la recuperación durante los próximos años.
Un financiamiento con destino específico
El proyecto establece que los recursos tendrán un destino exclusivo vinculado con las Rutas 22 y 151. Podrán utilizarse para ejecutar obras en los tramos de máxima criticidad, realizar estudios de preinversión y cubrir los costos de administración necesarios para desarrollar el programa.
El Ministerio de Hacienda, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo, será el organismo ejecutor, con la participación de Vialidad Rionegrina como responsable técnica de las obras e intervenciones.
La autorización de la Legislatura no significa que los US$ 60 millones ingresarán automáticamente ni que el financiamiento se tomará de manera inmediata. Permitirá que el Poder Ejecutivo gestione y estructure la operación y suscriba los instrumentos necesarios para concretarla.
Las condiciones financieras, como la tasa de interés, el plazo de amortización, las comisiones y los gastos, se determinarán posteriormente en el convenio de préstamo correspondiente.
Política
Rutas 22 y 151: Qué cambia con la Emergencia Vial Provincial
La medida permitirá acelerar intervenciones sobre los tramos que pasen a la órbita provincial, con prioridad en reparación, mantenimiento, repavimentación y señalización.
El Gobierno de Río Negro busca acelerar las respuestas frente al deterioro de distintos sectores de las Rutas Nacionales 22 y 151. El proyecto enviado por el gobernador Alberto Weretilneck a la Legislatura propone declarar la Emergencia Vial Provincial en toda su extensión dentro del territorio rionegrino, una herramienta que permitirá agilizar las intervenciones necesarias sobre cada tramo, una vez concretada la transferencia de competencias.
Durante años, el abandono de los Gobiernos Nacionales se fue acumulando hasta convertir algunos sectores en un riesgo cotidiano. Ahuellamientos, banquinas deterioradas, obras inconclusas y otras condiciones afectan la seguridad de miles de personas y también impacta en la producción y la conectividad.
Ahora, la Provincia se prepara para asumir una responsabilidad que cambia el escenario. Y para eso necesita contar con herramientas propias para actuar sobre estos corredores.
Por eso, el proyecto propone declarar la Emergencia Vial por un año desde la publicación de la ley, con la posibilidad de prorrogarla por otro período igual mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En términos simples, la medida busca que la Provincia pueda responder con mayor rapidez cuando un tramo presente una situación que no puede esperar.
Vialidad Rionegrina será la autoridad de aplicación y tendrá a su cargo la gestión, administración, mantenimiento, planificación y ejecución de obras sobre los sectores que se vayan incorporando. Esto permitirá atender los puntos deteriorados, realizar tareas de mantenimiento, mejorar la señalización, ejecutar repavimentaciones y desarrollar otras intervenciones necesarias para recuperar condiciones de seguridad y transitabilidad.
El acuerdo con Nación establece que la transferencia será progresiva, tramo por tramo. Cada sector deberá contar con un convenio específico y un Acta de Toma de Posesión que determine qué se transfiere, en qué condiciones y desde qué momento Vialidad Rionegrina comienza a hacerse cargo.
De esta manera, la Provincia podrá ordenar las intervenciones, conocer el estado de cada tramo, establecer prioridades y actuar sobre aquellos sectores que se encuentren efectivamente bajo su gestión.
