Gremios
ATE Río Negro repudió hechos de violencia en el Congreso Federal del gremio
Esta mañana, una agrupación interna del sindicato entró por la fuerza al encuentro y atacó a varios dirigentes de la conducción nacional.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro repudiaron el ataque perpetrado por integrantes de la Agrupación Verde y Blanca -una agrupación de corte kirchnerista- a los congresales que se disponían a participar del Congreso Federal de la entidad, durante la jornada de hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los Secretarios Generales de los distintos Consejos Provinciales y de Seccionales fueron víctimas de un feroz y cobarde ataque de parte de una patota dentro de la cual pudieron ser identificados los dirigentes Jorge Hoffman (Santa Fe), Daniel Catalano (Capital Federal), Luciano Fernández (Capital Federal), Nando Acosta (Jujuy) y Jorge Marillán (Neuquén), además de reconocidos integrantes de barras bravas de equipos de la capital federal.
El nefasto hecho, donde quedaron heridos de distinta consideración, se produjo hoy pasadas las 9 de la mañana, en el histórico hotel Bauen, ubicado sobre Avenida Callao 360 (que fuera recuperado por una cooperativa de trabajadores en el año 2003).
«Frente a la inescrupulosa violencia que practican algunas agrupaciones dentro de ATE, que en nada se diferencia de la violencia que sufrimos de parte del Estado y la Policía, para nada lograrán acallarnos. Muy por el contrario, nos dan más fuerza para seguir construyendo, junto a cada uno de los trabajadores, el poder que necesitan para terminar con las injusticias y defender el prestigio de nuestra querida asociación, que nada tiene que ver con estas patotas pagas que intentan destruir el debate democrático y violentar la voluntad que cada uno de los afiliados expresamos en las urnas», señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.
Unas 200 personas, donde la mayoría no eran trabajadores ni afiliados a la entidad, que portaban banderas de la Agrupación Verde y Blanca y eran conducidos por los mencionados dirigentes, llegaron hasta el céntrico hotel. Intentando torcer la voluntad popular expresada en las últimas elecciones generales, irrumpieron rompiendo vidrios y mobiliario. Golpearon a integrantes del sindicato, pero también a empleados del hotel y hasta turistas que se encontraban alojados allí.
A partir de este repudiable accionar, como pudieron, los congresales se refugiaron dentro del hotel y hasta tuvieron que ingresar en las habitaciones para resguardarse de las agresiones. Luego de los incidentes el Congreso Confederal fue trasladado hasta la sede del Consejo Directivo Nacional, en Avenida Belgrano 2527, donde sesiona desde horas del mediodía.
En la provincia de Río Negro, la Agrupación Verde y Blanca carece de representación, siendo la única provincia del país donde no se presentó lista provincial en las últimas elecciones generales, aunque conservan un minúsculo grupo de miembros.
Marillán y una historia de violencia constante
Lamentablemente, los actos vandálicos perpetrados durante la mañana de hoy, vienen siendo moneda corriente en quienes conducen la entidad sindical en la provincia de Neuquén. En tal sentido, desde el Consejo Directivo Provincial de Río Negro no sólo se toma distancia de las acciones llevadas a cabo desde la vecina provincia sino que se repudia a quienes conducen los destinos en del sindicato en dicha provincia.
Cabe mencionar por ejemplo que Jorge Marillán, Secretario Adjunto de ATE Neuquén, cuenta en su haber con denuncias por violencia de género y una contundente acusación por abuso sexual sobre una hija. Dada la autonomía de cada distrito sindical, es limitado el campo de acción del Consejo Directivo Nacional hasta tanto no haya una condena firme al respecto.
Gremios
Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
