Gremios
ATE va a un paro nacional este jueves
Las protestas en Río Negro se concentrarán en Allen, sobre la Ruta Nacional N° 22; Viedma, Bariloche y El Bolsón.
Esta mañana, en una conferencia de prensa realizada en la ciudad de General Roca, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó su adhesión al paro nacional convocado por el gremio para la jornada de este jueves 10 de noviembre y anunció que llevará la protesta a cuatro puntos estratégicos de la provincia. Los estatales demandan en Río Negro una inmediata convocatoria para abrir la discusión salarial y exigir un 20% de aumento o un bono de $10.000 antes que finalice el presente año.
«Si es verdad lo que dice el Gobierno ‘que no hay plata’, entonces es por falta de creatividad y mala gestión de las finanzas públicas. Los trabajadores no somos responsables y no podemos pagar el costo de un esquema de recaudación regresivo y que no afecta a los sectores de mayor rentabilidad en Río Negro», manifestó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y CTA Río Negro.
«A pesar de una muy buena campaña mediática orquestada por el gobernador (Alberto Weretilneck) y otros funcionarios, para construir de manera ficticia un escenario de complejidad financiera, los estatales no nos vamos a resignar a perder frente a la inflación este año», añadió.
La medida de fuerza afectará de manera significatica los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social. En estos últimos sectores se mantendrán guardias mínimas y se garantizará la atención de urgencias y emergencias. Del mismo modo, la medida de fuerza nacional repercutirá en los organismos dependientes del Estado Nacional y las Municipalidades donde la entidad tiene representación.
Modalidad y lugares de protesta
-En el Alto Valle, se concentrará en Allen, sobre Ruta Nacional N° 22 a la altura de los principales pozos petroleros.
-En Viedma sobre el Puente Basilio Villarino, que une la capital provincial y la localidad de Carmen de Patagones.
-En San Carlos de Bariloche sobre la rotonda del Ñireco en el ingreso a la ciudad.
-En El Bolsón sobre la Ruta Nacional N° 40, a la altura del Paralelo 42 en el límite con la vecina provincia de Chubut.
Desde ATE rechazan las argumentaciones del Poder Ejecutivo Provincial sobre la falta de recursos para atender los pedidos de incremento de haberes. «La demanda de los empleados públicos debe ser financiada por la renta minera, por el petróleo, los casinos, los bancos y entidades financieras que operan en la provincia», indicaron.
Principales reclamos de ATE
-Efectivización del pase a la planta permanente de los 5.000 trabajadores que rindieron los exámenes exigidos por la ley.
-Renovación automática de todos los vínculos contractuales de los empleados ingresados a partir del 1 de enero de 2015 y que vencen el 31 de diciembre próximo.
-Normalización del cronograma y el pago de salarios en tiempo y forma.
-Pago unificado de sueldos, horas y guardias extras.
-Convenio Colectivo de Trabajo en el Estado.
-Eliminación del Impuesto al Salario (Ganancias).
-Aumento de emergencia y el 82% móvil para todos los jubilados.
-Desprocesamiento de los dirigentes sindicales y el fin de la judicialización de la protesta social.
-Derogación de la Ley Antiterrorista y del protocolo antipiquetes.
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Gremios
Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
