Sociedad
María Emilia Soria impulsa declaración de emergencia frutícola
Presentó un proyecto en la Cámara de Diputados para que el gobierno declare el estado de emergencia del sector de frutas de pepita y carozo en todo el territorio nacional.
La Diputada Nacional del Frente para la Victoria, María Emilia Soria, presentó ayer un proyecto para declarar el estado de emergencia del sector de frutas de pepita y carozo en todo el territorio nacional.
«Teniendo en cuenta la grave situación económica que atraviesa nuestro país que ha impactado fuertemente en la producción frutícola, ya que está siendo afectada por costos en alza, fuerte caída en la demanda, sobre oferta en el mercado, falta de financiamiento, excesiva presión fiscal y dificultades para colocar sus productos en el mercado exterior; surge la imperiosa necesidad de generar un marco propicio para que el Poder Ejecutivo implemente acciones tendientes a reducir la presión impositiva y los requisitos de acceso a financiamiento bancario para los productores afectados», indicó la roquense.
La iniciativa propone la realización de un relevamiento de todos los productores frutícolas de pepita y carozo afectados a fin de que el Poder Ejecutivo asista económicamente a esos productores, para la ejecución de acciones y obras tendientes a paliar los efectos de la crisis del sector. «Se plantea que el Poder Ejecutivo, a través del Banco Nación de la Nación Argentina, instrumente una línea de crédito para los productores frutícolas a cinco años de plazo por sumas de hasta un millón de pesos que cuente con un plazo de gracia de dos años y tasa máxima equivalente al cincuenta por ciento de la tasa pasiva del Banco Nación en sus operaciones de descuento», dice parte del proyecto presentado por la Diputada.
En este sentido, Soria expresó que «sin ir mas lejos, la tormenta de granizo que pasó hoy por Río Colorado dejó desolados a los productores de cereza. A lo complicado de la situación económica general se les suma ahora la pérdida de parte de su producción. El Estado no puede desentenderse de estas situaciones. Hasta que se decidan a implementar políticas de fondo que ayuden a la reactivación del sector, debemos garantizar al menos la subsistencia de la actividad, por ello pedimos declarar la emergencia frutícola».
Y agregó que «justamente hoy tratamos en Comisión de Agricultura una de las herramientas que propuse para mejorar la competitividad del sector, que es el Proyecto de Trazabilidad para la fruta de pepita y carozo que tiene como fin la obtención, sistematización y control de los datos relativos al cultivo, proceso, empaque y despacho de la fruta de pepita y carozo. Al contar con estos datos se podrá, entre otras cosas, cumplir con las normas que existen en materia de sanidad y seguridad alimentaría, con lo que el producto podrá ser más competitivo e insertarse en mercados externos que exigen este requisito. Lamentablemente Cambiemos sigue dando vueltas al tema y todavía no permite que esta iniciativa pueda avanzar para llegar a convertirse en Ley. Vamos a seguir insistiendo con este Proyecto de Trazabilizad y con el de creación del Instituto de la Pera y la Manzana que son herramientas para apuntalar la actividad, pero mientras tanto tenemos que garantizar que los pequeños y medianos productores puedan sobrevivir a esta crisis, por eso pedimos la declaración de emergencia”.
El proyecto de autoría de María Emilia Soria se presentó con el acompañamiento de los Diputados Alberto Ciampini, Luis Bardeggia, Marcos Cleri y Luis Basterra.
Roca
El Hospital de Roca modernizó su sala de radiología
Esta tecnología de vanguardia reemplaza al equipamiento que prestaba servicio desde hace más de 26 años.
El Hospital Francisco López Lima dio un salto cualitativo en materia de diagnóstico por imágenes tras la adquisición e instalación de un nuevo equipo de rayos X y un Sistema Digital Directo de RX convencional. Esta tecnología de vanguardia reemplaza al equipamiento que prestaba servicio desde hace más de 26 años.
En el marco del plan de modernización hospitalaria que lleva adelante el Ministerio de Salud, el Hospital de General Roca renovó integralmente su capacidad de respuesta en diagnóstico radiológico. La incorporación de este sistema digital directo no solo optimiza la calidad de las imágenes, sino que redefine los estándares de seguridad y rapidez para los pacientes rionegrinos.
Entre los beneficios más destacados de esta tecnología se encuentran la menor exposición a la radiación, que el nuevo sistema reduce la incidencia de radiación ionizante entre un 50% y un 80% en comparación con los equipos convencionales. Gracias a la nitidez de la captura, ya no son necesarias exposiciones reiteradas para obtener una imagen clara.
Además, al ser un proceso digital, los diagnósticos son fidedignos y se obtienen en menor tiempo, agilizando el flujo de atención en la sala de guardia y consultorios.
Otro de los beneficios es que el sistema elimina el uso de películas y líquidos reveladores, lo que se traduce en un ahorro de costos operativos y una eliminación total de desechos químicos contaminantes.
Tecnología única para estudios complejos
Más allá de la radiología convencional, este nuevo equipo cuenta con un software especializado que permite realizar estudios de alta complejidad, tales como:
Espino-gramas: unión de imágenes para visualizar la columna completa (desde el cuello hasta la pelvis) en una sola placa, fundamental para el tratamiento de la escoliosis.
Medición de miembros inferiores: visualización panorámica de huesos largos para detectar asimetrías óseas desde la cadera hasta el tobillo.
Impacto regional
La actualización de la sala de radiología no solo beneficia a los habitantes de General Roca, sino que fortalece la red sanitaria de todo el Alto Valle. Con esta inversión, el Hospital «Francisco López Lima» se posiciona a la vanguardia tecnológica, garantizando un servicio de salud pública más eficiente, seguro y preciso para toda la comunidad.
Sociedad
Pidió gasoil y le cargaron nafta: Tendrán que compensar los daños en el vehículo
El error ocurrió en una estación concesionada de la región y derivó en fallas mecánicas y un reclamo judicial.
Pidió gasoil para una camioneta diésel, pero en el surtidor le cargaron nafta. A las pocas cuadras el motor empezó a fallar y el conductor volvió de inmediato a la estación para reclamar. Ese error en la carga activó un traslado al taller y, más tarde, un nuevo desperfecto en plena ruta. El episodio terminó en un juicio por daños y perjuicios en Cipolletti con una sentencia favorable al dueño de la Mitsubishi Montero.
Según surge del fallo, el hecho ocurrió en una estación de servicio concesionada de la región. La persona que conducía el vehículo solicitó expresamente gasoil, aunque la factura acreditó que se despachó nafta. Tras advertir fallas en el funcionamiento, regresó al lugar y efectuó el reclamo. Desde la estación se informó que se harían cargo del inconveniente y se dispuso el traslado del rodado a un taller mecánico.
En ese primer ingreso al taller se realizaron tareas de vaciado y limpieza del sistema de combustible, además de la carga del combustible correspondiente. El vehículo regresó a la estación y fue retirado por su titular, quien firmó una constancia vinculada a los trabajos realizados. Sin embargo, el conflicto no terminó allí.
De acuerdo con la versión expuesta en el expediente, tiempo después el vehículo volvió a presentar fallas mientras circulaba en la Ruta Provincial N° 65, en cercanías de Fernández Oro. Ante esa situación, el conductor intentó comunicarse con personal de la estación y, al no obtener respuesta inmediata, recurrió a un tercero para recibir asistencia. Luego llevó la camioneta a otro taller mecánico, donde se efectuó un nuevo diagnóstico y reparaciones más amplias.
La estación de servicio reconoció que existió una carga errónea de combustible, aunque sostuvo que el pedido efectuado por el cliente había generado confusión. Aun así, afirmó que asumió los costos del primer traslado, de la descontaminación y de una segunda intervención posterior, que incluyó el cambio de determinadas piezas, todo sin cargo para el usuario. También destacó que en ambas oportunidades el vehículo fue retirado en marcha y con constancias firmadas de conformidad.
Durante el proceso judicial declararon mecánicos que intervinieron en las reparaciones y personal de la estación. Un taller explicó el procedimiento habitual ante una contaminación de combustible y sostuvo que, tras la limpieza, el rodado no presentó fallas. El otro taller describió un cuadro distinto, con componentes afectados y la necesidad de trabajos adicionales. El expediente incorporó documentación, testimonios y registros que dieron cuenta de ambas intervenciones.
Al analizar el caso, el juez encuadró el conflicto dentro de una relación de consumo y aplicó la Ley de Defensa del Consumidor. El fallo tuvo por acreditado el hecho central: se suministró un producto distinto al solicitado, lo que constituyó una prestación defectuosa del servicio. El magistrado remarcó que el control de la operación de carga recae en quien la ejecuta y que la estación debía extremar los cuidados por tratarse de un producto riesgoso.
Uno de los puntos clave fue la relación entre el error inicial y los daños posteriores. La sentencia señaló que no se produjo una pericia mecánica que permitiera establecer con precisión el alcance técnico de la contaminación ni la causa exacta de las fallas detectadas tiempo después. Frente a esa falta de prueba concluyente, el juez aplicó el principio de interpretación favorable al consumidor cuando subsisten dudas razonables.
Con ese criterio, el Poder Judicial responsabilizó a la estación de servicio por los daños materiales acreditados y reconoció un resarcimiento por las molestias y padecimientos derivados del episodio. Por eso la firma Servicios Cipolletti S.R.L deberá indemnizar al cliente. El fallo es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelado.
Roca
Controles de tránsito en Roca: 38 vehículos retenidos y 14 alcoholemias positivas en una semana
Las multas por alcoholemia positiva pueden superar los 3 millones de pesos.
La Dirección de Tránsito del Municipio de General Roca informó los resultados de los controles vehiculares realizados durante la última semana en distintos puntos de la ciudad, en el marco de los operativos preventivos habituales.
Entre el lunes (02/02) y el domingo (08/02), los inspectores municipales confeccionaron 114 actas de infracción. En ese período se detectaron 14 casos de alcoholemia positiva, lo que motivó la retención de 10 vehículos. Sumadas a otras 28 retenciones por diferentes infracciones, el total de rodados retenidos ascendió a 38, entre motos y automóviles.
Las infracciones más reiteradas fueron la falta de licencia habilitante y de seguro, ambas consideradas faltas graves por la normativa vigente.
En ese sentido, recordaron que en la ciudad rige la Ordenanza 5020/23 de Alcohol Cero al Volante, que prohíbe conducir con cualquier graduación alcohólica en sangre. Las sanciones por incumplir esta norma van de 1.000 a 3.000 USAM, lo que equivale a montos de entre $1.200.000 y $3.600.000, según la tarifaria vigente, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.
