Política
Pita le respondió a Milesi: «Que difícil debe ser medir a otros con una vara distinta de la propia»
«¿Qué hace la legisladora Milesi en relación a los dolorosos hechos de violencia de género de Cipolletti?», se preguntó la legisladora del FpV tras el cuestionamiento de su par de JSRN.
«Seguramente, para quien ha transitado diferentes espacios políticos, debe ser casi imposible entender de convicciones, coherencia y proyecto político. Aún así, el deber de todo buen funcionario público, siempre es el de argumentar y fundamentar sus decisiones. Por ello, como legisladora del bloque del Frente para la Victoria de Río Negro es preciso señalar que en el FpV realizamos un exhaustivo y profundo análisis del pliego licitatorio del agente financiero para la provincia de Río Negro. Pliego, que además de estar fuertemente direccionado hacia la contratación con el Banco Patagonia, contenía artículos que debían ser mejorados. Por ello, nuestra postura fue a favor de una moción de modificaciones al pliego licitatorio, las cuales lo mejoraban ampliamente y que caben señalar», dijo la legisladora Carina Pita, tras las declaraciones que manifestó su par de Juntos Somos Río Negro, Marta Milesi.
«En relación a la fiscalización y control del servicio, con el fin de que se respondiera a las necesidades e intereses de los rionegrinos y rionegrinas; así como también de sector productivo de nuestra provincia, observamos un carácter exacerbado en la duración del contrato a 15 años, por lo que mocionamos 10 años», planteó Pita.
«En cuanto a la territorialidad, planteamos la disminución a dos años para la instalación de sucursales en localidades como Campo grande, Cervantes, Chichinales, Fernández Oro, Ing. Huergo, Los Menucos, Chimpay, Luis Beltrán y Las Grutas. Y un plazo de 180 días para los cajeros de Valcheta y Comallo; a los que agregamos Pomona, San Javier, Balsa las Perlas y Valle Azul», aclaró la legisladora del FpV.
«Planteamos también, que un agente financiero -el cual tiene una altísima rentabilidad de negocio- debía devolver a nuestra provincia un canon con mayor porcentaje, destinando como mínimo el 20% y no el 10% como planteó el oficialismo, al cual pertenece la legisladora Milesi», añadió.
«Propusimos también que quedaran explícitas, cláusulas que atendían la adecuación de cajeros para personas con discapacidad audiovisual, inclusión del cupo laboral de 4% para personas con capacidades diferentes, el cumplimiento acabado de la ley 2.817 de Defensa al Consumidor con libro de registro de tiempo de duración del trámite bancario a realizar, con su debida sanción e indemnización por incumplimiento de plazos; servicios sanitarios , asientos adecuados, especial tratamiento a jubilados y pensionados, sucursales móviles para parajes de menos de 2000 habitantes; son parte del análisis exhaustivo, con propuestas y modificaciones que propusimos», explicó Pita.
«Estas modificaciones que perfeccionaban el pliego, planteaban mayores exigencias al agente financiero y atendían los intereses de nuestra provincia; fueron rechazadas por el oficialismo en la Legislatura provincial. Es de destacar que el pliego no contiene ninguna mejora en el servicio bancario para Cipolletti, y que nuestra propuesta de incorporar un cajero para Balsa Las Perlas fue rechazada por el oficialismo».
«Para finalizar, y retomando algunas expresiones vertidas públicamente por la legisladora Milesi en relación a poder mirar las necesidades del territorio, cabe preguntar: ¿qué hace la legisladora Milesi en relación a los dolorosos hechos de violencia de género de Cipolletti?, ¿qué hace Milesi en relación a otorgar dignidad y calidad de vida a vecinos y vecinas que viven en los asentamientos de la ciudad de Cipolletti, su ciudad?, ¿qué política está ejecutando desde el oficialismo para reducir la contaminación de nuestros ríos?… Que difícil debe ser medir a otros con una vara distinta de la propia…», concluyó Pita.
Gremios
ATE pronostica alta adhesión al paro nacional del miércoles contra la reforma laboral del Gobierno
«La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos», aseveró Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) pronostica una alta adhesión al paro nacional de este miércoles (19/11) en rechazo a la reforma laboral prevista por el Gobierno y para exigir la inmediata reapertura de las paritarias. «La reforma laboral y el reciente acuerdo con los Estados Unidos están íntimamente vinculados. Trabajar más y por menos plata para abaratar los costos del saqueo. Sin huelga y movilización no la frenamos», aseveró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, en referencia al acuerdo comercial anunciado días atrás entre los gobiernos de ambos países.
En este marco, el dirigente apuntó que «los altos niveles de adhesión que se están anticipando muestran una creciente toma de conciencia en los trabajadores acerca de los perjuicios que acarrea la legislación propuesta».
«Los que nos proponen que esperemos hasta el 10 de diciembre para conocer los detalles, le están haciendo el juego al Gobierno y a los grandes grupos empresarios. Todos sabemos que no habrá ni un solo beneficio para los trabajadores y las PYMES», indicó en referencia al cambio de composición en el Congreso nacional a partir del próximo mes.
En referencia a las acusaciones de distintos periodistas de televisión, radio y streaming en los últimos días, Aguiar apuntó que «la ignorancia de quienes nos llaman golpistas preocupa. En un estado de derecho se eligen autoridades y también se establecen mecanismos constitucionales de control y de libertad de expresión. Ejercer el derecho a huelga no es golpista, golpista es pretender gobernar al margen de la ley y contra la Constitución».
«Lo anunciado desde Estados Unidos no es un acuerdo, es un pacto de entrega. Se trata de un boleto de compraventa. Falta solo la escritura para entregar en propiedad a la Argentina», agregó el secretario general de ATE Nacional.
«Es la primera medida que se realiza después de las elecciones de medio término. Tiene que ser un paro que nos permita volver a encender la llamita de la conflictividad y que esta crezca rápidamente», concluyó Aguiar.
El acuerdo anunciado entre Argentina y Estados Unidos incluye la reducción de aranceles a grandes empresas y la alineación a estándares de comercio norteamericano, entre otros puntos.
Judiciales
Fallo judicial permite recuperar deuda de obras sociales
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas.
El Gobierno Provincial logró un fallo judicial que permite recuperar una deuda superior a los $65 millones que la Obra Social de Obreros Empacadores de Fruta mantiene con el Ministerio de Salud, en el marco de la ejecución iniciada por Fiscalía de Estado.
En total, las obras sociales y prepagas acumulan más de $1.040 millones de deuda con el sistema de salud estatal. El listado completo se puede verificar en este link: https://tinyurl.com/24dqtrnt
Esta es la primera sentencia de tres causas similares impulsadas gracias a la Ley 5754, que le brindó a la Provincia un andamiaje legal moderno y ágil, necesario para avanzar en estas acciones luego de que Nación eliminara la Superintendencia de Servicios de Salud.
La resolución de la Unidad Jurisdiccional Contencioso Administrativa Nº13 de Viedma habilita la ejecución por un capital de $65.066.112, más intereses y costas estimados en $36.290.624, lo que representaría ingresos por $101.356.736 para las arcas provinciales.
Según la normativa vigente, el 32% de lo recuperado se podrán destinar directamente a un fondo estímulo para el personal y el resto a los hospitales para su funcionamiento diario, en forma proporcional a la facturación de cada uno.
El fallo otorga un plazo de cinco días para que la obra social pague voluntariamente o presente excepciones. En caso contrario, se avanzará directamente con el cumplimiento forzado.
La acción judicial fue impulsada por la Fiscalía de Estado mediante los abogados Gastón Pérez Estevan, Luciano Minetti Kern y Federico Rosbaco, responsables de llevar adelante el reclamo y asegurar la restitución de los recursos públicos.
Más de $1.042 millones de deuda total con Salud
Los certificados de deuda del Ministerio de Salud suman $1.042.459.789 en obligaciones impagas por parte de obras sociales, aseguradoras y prepagas. A agosto, entre los mayores deudores se encuentran:
- OSECAC, con más de $219 millones.
- OSPRERA, con casi $188 millones.
- OSPECON, con $133 millones.
- Unión Personal Civil de la Nación, con más de $31 millones.
- SANCOR Medicina Privada, OSDE, Swiss Medical y otras grandes prestadoras, con deudas que van de $3 a $9 millones.
El listado, que supera los 150 ítems, incluye obras sociales de sectores industriales, comercio, medios, transporte, seguridad, alimentación y servicios, lo que refleja la magnitud de los recursos que la Provincia adelanta para garantizar la atención.
Ley 5754: la base legal que permite recuperar costos y fortalecer el sistema
La Ley 5754, promulgada a fines de 2024, fue impulsada por el Poder Ejecutivo para garantizar la sostenibilidad financiera de los hospitales provinciales, obligando a los terceros pagadores -obras sociales, prepagas y ART- a cubrir el costo de las prestaciones brindadas a sus afiliados en el sistema público.
La norma dio a Río Negro un marco sólido para el recupero de costos, especialmente después de la eliminación de los mecanismos nacionales que aseguraban el cobro. En este contexto, el ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó que «contar con esta herramienta legal nos permitirá avanzar en la recuperación de las deudas acumuladas por las obras sociales y prepagas, para que esos fondos se destinen a fortalecer nuestro sistema de salud y mejorar el financiamiento de nuestros hospitales, especialmente en el actual contexto de crisis económica».
Judiciales
Causa Techo Digno: La jueza frenó el intento de archivo y confirmó la vigencia de la acusación
La magistrada resolvió que los plazos de prescripción están suspendidos y rechazó los planteos de nulidad y recaratulación presentados por las defensas de Tortoriello y Baratti.
La jueza Alejandra Berenguer resolvió no hacer lugar al pedido de sobreseimiento por prescripción en la causa que investiga presuntas irregularidades en la ejecución del programa habitacional Techo Digno en Cipolletti. También rechazó un planteo de nulidad y descartó modificar la calificación legal solicitada por una de las defensas.
La magistrada consideró que la acción penal no está extinguida, ya que uno de los imputados -Aníbal Tortoriello- aún ocupa un cargo público, circunstancia que activa la suspensión del plazo de prescripción prevista en el artículo 67 del Código Penal. Berenguer sostuvo que esta interpretación es consistente con la doctrina legal ya establecida por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.
Los hechos investigados
La causa se originó a partir de la implementación del programa Techo Digno mediante un convenio entre la Municipalidad de Cipolletti y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contemplaba la construcción de más de 400 viviendas adjudicadas a empresas privadas.
Según la acusación, durante las gestiones municipales de Abel Baratti y Aníbal Tortoriello se habrían realizado pagos que no se correspondían con el avance real de las obras, lo que habría generado un perjuicio al patrimonio público.
El Ministerio Público Fiscal, integrado por el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y la fiscal adjunta Natalia Poblete, atribuyó a Baratti y Tortoriello los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con peculado.
En tanto que a Lucila Chiocconi, Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi se los acusó como partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta.
Los argumentos de las defensas
Las defensas reclamaron el sobreseimiento al sostener que la causa estaba prescripta. El defensor de Baratti, Rafael Cuchinelli, afirmó que habían pasado más de seis años desde que su cliente dejó el cargo de intendente, y cuestionó además que los hechos pudieran configurarse como peculado.
El defensor de Tortoriello, Gustavo Palmieri, planteó que la prescripción debía computarse desde la rescisión de los contratos en 2016, y sostuvo que su defendido no tuvo injerencia posterior en la administración del programa.
El resto de los defensores -Scianca, Vincenty, Gadano y Chelia- adhirieron a esos argumentos.
Lo que resolvió la jueza
La jueza rechazó los planteos de prescripción al considerar que, aunque se investigan dos hechos diferenciados, ambos se vinculan al mismo convenio -identificado como ACU 813/2015- y deben analizarse en un mismo marco.
Además, sostuvo que la continuidad de Tortoriello en funciones públicas -actualmente diputado nacional- impide que opere la prescripción, tal como establece el Código Penal.
Tampoco prosperó el pedido de cambio de calificación de la defensa de Baratti, que pretendía reemplazar la figura de peculado por la de malversación de caudales públicos. Para la magistrada, esa discusión deberá darse en etapa de juicio.
Por último, desestimó el planteo de nulidad de la acusación fiscal presentado por las defensas de Baratti y Tortoriello. Consideró que la Fiscalía no modificó los hechos atribuidos y que no se afectó el derecho de defensa.
La causa sigue su curso
Con esta resolución, el expediente continuará en la etapa intermedia hacia el juicio, donde se analizará toda la prueba recolectada.
Según informó la Fiscalía, ninguno de los imputados registra antecedentes penales.
La decisión no quedó firme y podrá ser revisada por instancias superiores del fuero Penal.
