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La CTA se movilizará hasta Expofrut y cortará la Ruta 22
Desde las 10.00 horas se manifestarán en Ruta 22 y el acceso a General Roca de calle Mendoza.
Esta mañana, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Río Negro anunció, en conferencia de prensa en la ciudad de General Roca, la realización de una jornada provincial de protesta mañana viernes 18 de noviembre, con movilización a las 10 horas hasta las instalaciones de la empresa Expofrut y el bloqueo de la Ruta Nacional N° 22 sobre calle Mendoza de la localidad.
Esta acción la central sindical da continuidad a las actividades iniciadas el 8 de julio pasado cuando -al cumplirse el Bicentenario de la Independencia- los sindicatos, organizaciones sociales y políticas que la integran, llevaron la protesta hasta el acceso de Lago Escondido en el Tacuifi (El Bolsón) para demandar contra los avances del magnate inglés Joe Lewis.
De la actividad de la CTA Autónoma de Río Negro participarán la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Centro de Jubilados de ATE, la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), la agrupación Violeta de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Instrumento Electoral por la Unidad Popular (UP), Patria Grande (PG), el Partido de los Trabajadores y el Pueblo (PTP-PCR).
La Central Obrera rechaza la nueva Ley Provincial de Tierras que impulsa el Gobierno, el ajuste y los despidos producidos en las empresas extranjeras y exige que se declare la Emergencia Social a Nivel Nacional. «Es que la ley promovida por el Gobierno vulnera derechos de los pobladores y de los pueblos originarios; ignora la Ley Integral del Indígena, la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales; y abre la puerta a mega proyectos extractivos que se pretender concretar en el territorio rionegrino», indicaron.
«Crece el hambre en el país. Día a día se aumenta la concurrencia a los comedores y copeos comunitarios. En todas las provincias país y principalmente en las zonas rurales, la comida en las escuelas son las únicas del día. En esta línea, en la primera parte del año la pobreza aumentó en 1.400.000 personas, llegando al 35% de la población, lo que significa 13 millones de personas y la situación se sigue agravando», agregaron.
«Las grandes empresas internacionales se llevan todas nuestras riquezas, nos exprimen como pueblo y cuando no nos pueden sacar más nada, se van dejando tierra arrasada. Tenemos que poner freno al ajuste y los despidos», reclamó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar. En este sentido demandó que «los gobiernos Nacional y Provincial deben declarar la Emergencia Social, como única posibilidad de brindar respuestas a las necesidades de las franjas sociales más vulnerables. Si eso no sucede, podemos tener un mes de diciembre altamente conflictivo».
«El gobernador (Alberto) Weretilneck pretende seguir regalando a los extranjeros la tierra que es propiedad de todos los rionegrinos. Tenemos que profundizar todas las medidas para intentar impedirlo», proclamó el dirigente social.
«Con esta acción reclamamos al Gobierno Nacional el cumplimiento de la Ley 23548 de Coparticipación Federal que establece un 57% para la provincia de Río Negro. Porcentaje que no se ha respetado hoy ni por durante el Gobierno anterior. Mensualmente a Río Negro se le roba un 30% de la coparticipación», señaló Raúl Rajneri de la Corriente Clasista y Combativa. Agregó que «al mismo tiempo, entre otros puntos, protestamos en defensa de la economías regionales, reclamando la defensa de los puestos de trabajo y un salario digno para los trabajadores. Debemos destacar que esta actividad cuenta con el acompañamiento de la Federación Agraria de Villa Regina».
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ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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Fallo de la Corte Suprema: ATE se declara en alerta y Aguiar llama a reaccionar y convocar a una gran movilización al máximo tribunal
«Este fallo de la Corte es gravísimo y vulnera la voluntad popular representada en las calles y en el Congreso», señaló el dirigente sindical.
Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) que revocara el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley N° 26.737 de Tierras Rurales, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se declaró en alerta y movilización en todo el país. El secretario general, Rodolfo Aguiar, propondrá al Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) y a las Centrales Obreras -cabe recordar que el sindicato integra la CTA Autónoma- construir una gran movilización a la Corte para repudiar el fallo, defender la soberanía nacional y detener la extranjerización de las tierras.
«Lo que hizo la Corte es una tomada de pelo al Congreso Nacional y a todo el pueblo argentino que se movilizó contra la extranjerización de las tierras. Esta decisión restringe la democracia a su mínima expresión. Estos jueces están gobernando y quieren habilitar el saqueo en nuestro país», cuestionó Aguiar. «Si no nos movilizamos, nos termina gobernando Trump a través del Poder Judicial. Tenemos que defender la soberanía sobre nuestros territorios. Nos quieren convertir en colonia y lo tenemos que evitar», agregó.
Cabe señalar que la decisión del máximo tribunal de Justicia nacional fue adoptada en la causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había cuestionado la derogación por considerar que afectaba la soberanía territorial. El argumento central de la Corte fue que el CECIM no tenía legitimación para iniciar una demanda colectiva. Según el Tribunal, no estaba configurado un «caso o controversia» que habilitara la intervención judicial y cuestionó que la Cámara hubiera considerado a la soberanía nacional como un «bien colectivo» que permitiera a la organización de ex combatientes accionar judicialmente.
El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
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El Gobierno provincial ratificó la obligatoriedad del control biométrico para el personal de Salud
La suspensión cautelar perdió vigencia y el sistema de registro mediante biometría facial continúa siendo obligatorio.
El Gobierno de Río Negro informó que el control biométrico de asistencia continúa vigente y es obligatorio para el personal del Ministerio de Salud, luego de que se agotara la vía administrativa vinculada con los planteos contra la Resolución 986/2026.
La resolución del Consejo Provincial de la Función Pública establece la obligatoriedad del sistema de registro de asistencia mediante biometría facial para el personal de Salud.
La semana pasada, la Cámara del Trabajo de Viedma había hecho lugar a una medida cautelar autónoma presentada por ASSPUR y suspendido transitoriamente los efectos de la resolución. Sin embargo, esa medida tenía una condición concreta: la suspensión se mantenía únicamente hasta que el Estado Provincial agotara la vía administrativa.
Según informó la Provincia, la decisión judicial no había resuelto la cuestión de fondo ni declarado inválido el sistema de control biométrico. La cautelar se había dictado debido a que se encontraba pendiente de resolución un recurso jerárquico presentado por ASSPUR.
El Gobierno Provincial completó ese trámite mediante el Decreto N° 903, que rechazó el recurso jerárquico y ratificó la obligatoriedad del sistema establecido por la Resolución 986/2026.
Con el dictado y la notificación del decreto quedó formalmente agotada la vía administrativa. La Provincia comunicó esta circunstancia a la Cámara del Trabajo de Viedma, que tuvo por acreditado el cumplimiento del requisito y remitió a los términos de su pronunciamiento anterior. De esta manera, al cumplirse la condición fijada por la Justicia, perdió vigencia la suspensión cautelar y continúa vigente la Resolución 986/2026.
La definición se suma a otros pronunciamientos judiciales vinculados con la implementación del sistema. Entre ellos, la Justicia rechazó recientemente un amparo presentado por UPCN para dejar sin efecto el control biométrico para sus afiliados.
En ese caso, se consideró que no estaba acreditada la existencia de un daño grave e irreparable ni una ilegalidad o arbitrariedad manifiesta que justificara la utilización de la vía excepcional del amparo.
Así, agotada la instancia administrativa y cumplida la condición que había dado sustento a la suspensión cautelar, el sistema de control biométrico continúa vigente y es obligatorio para el personal alcanzado del Ministerio de Salud.
