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Rechazaron recusación contra el fiscal Pierroni y continuará la investigación contra Fioretti

Está siendo investigado por la contratación directa de artistas para la última Fiesta Provincial de la Vendimia.

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En el marco de la causa que investiga la Comisión del Delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público contra el intendente de Villa Regina, Daniel Hugo Fioretti y dos ex funcionarios comunales, fue rechazado el planteo de recusación planteado contra el fiscal Gastón Pierroni por el mandatario municipal reginense.

El Juez Federico Dalsasso, titular del Juzgado de Instrucción N° 20 de Regina, resolvió no hacer lugar a la recusación y dispuso la ratificación de lo actuado por considerar que «no se ha probado debidamente la configuración de las causales previstas» en la normativa, para la impugnación del accionar del fiscal. Además resolvió hacer lugar a la medida requerida por el Ministerio Público Fiscal, en relación al pedido de indagatorias, que fueron fijadas para hoy en horas de la mañana.

En el cuestionamiento presentado por el intendente el pasado 1 de octubre se argumentó la falta de objetividad y la existencia de una presunta amistad entre el fiscal y el denunciante. En tanto, el fiscal Gastón Pierroni, solicitó al Juzgado el rechazo al planteo de recusación por «insustancial y por falta de fundamentación».

Luego de analizado los principales puntos de la recusación y los argumentos de parte del fiscal rechazando dichas acusaciones, destacando el amplio cuadro probatorio reunido en la causa, el Tribunal sostuvo que «no existen datos objetivos que indiquen que el agente fiscal deba ser apartado de la investigación» y remarcó que «las acusaciones se basan en una mera sospecha con sustento en vanas apreciaciones subjetivas que no ha logrado ser desvirtuadas correctamente».

Cabe recordar, que la causa se inició a partir de la denuncia efectuada por el fiscal municipal, Juan Carlos Giménez, el 22 de agosto pasado cuando detectó la irregularidad cometida por el intendente en contradicción con lo normado en las Ordenanzas de Contrataciones vigentes N° 067/94 y 121/11 y la Carta Orgánica Municipal, al contratar de forma directa la provisión del escenario y otros servicios para la Fiesta Provincial de la Vendimia Edición 2016, por un precio de $834.900, mediante Disposición 448/16. En esa fecha, el tope vigente dispuesto para el Estado para efectuar contrataciones directas era de $104.842, conforme lo explicitaba la Ordenanza N° 121/11.

La contratación mencionada constituía una addenda a otra anterior, a través de la cual se contrataba al grupo «Los Auténticos Decadentes» para que realicen una presentación en la celebración local, por cuya labor cobrarían una suma de $459.800.

Por este hecho, el Titular de la Fiscalía que investiga delitos contra la administración pública, imputó al intendente municipal, Hugo Daniel Fioretti, por considerarlo autor responsable del delito de «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público». Además imputó como «partícipes necesarios» del mismo delito al ex secretario de Economía y Finanzas, Pablo Zaccaria y a Cristian Daniel Aristan, secretario de Gobierno y Coordinación de la Municipalidad.

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Jurado popular declaró culpable a un hombre por delitos sexuales contra tres de sus hijas

Ahora el juez Camarda tendrá como único objetivo definir el monto de la pena que deberá cumplir al acusado.

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Un jurado popular declaró culpable a un hombre del Alto Valle que llegó a juicio acusado de abusar sexualmente de tres de sus hijas, cuando las niñas tenían entre 4 y 12 años de edad. Con menos de una hora de deliberación y luego de un juicio que duró 3 días, el tribunal popular emitió el veredicto de culpabilidad por todos los delitos enumerados por la Fiscalía.

El hombre fue declarado culpable de abuso sexual simple agravado por el vínculo reiterado en dos casos, con acceso carnal gravemente ultrajante en otros y corrupción de menores agravado por el vínculo.

La próxima etapa del proceso será el juicio de cesura, del que ya no participa el jurado popular. Ese tramo del proceso estará a cargo del juez profesional que dirigió el juicio, Maximiliano Camarda, y tendrá como único objetivo definir el monto de la pena que deberá cumplir el hombre.

Tras conocerse el veredicto de culpabilidad, la fiscalía solicitó que se imponga la prisión preventiva al imputado. El hombre había sido detenido el lunes pasado para garantizar su participación en el juicio y la parte acusadora solicitó que esa medida se extienda, considerando los riesgos.

El juez Camarda hizo lugar al planteo, extendiendola hasta la cesura.

La acusación en el juicio estuvo a cargo de la fiscal jefa Graciela Echegaray y la fiscal del caso Vanesa Cascallares. En resguardo de los derechos de las víctimas intervino la Defensora de Menores María Estela Aroca. En tanto que la defensa del imputado correspondió al defensor penal público Juan Pablo Chirinos.

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Su padre lo reconoció tarde pero nunca mostró interés: Adolescente pidió volver a tener solo el apellido materno

El joven manifestó que «no refleja su identidad».

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Por pedido expreso de su hijo, una mamá presentó una solicitud al Poder Judicial para que el adolescente no porte más el apellido paterno, que «no refleja su identidad».

Cuando nació, el niño fue inscripto con el apellido materno. Pero el padre biológico, al enterarse que la mamá inició una relación sentimental, decidió reconocer al niño. «No lo hizo desde un lugar de afecto, sino como una muestra de poder», relató.

Aunque la mamá intentó que no perdiera el contacto, desde el padre biológico no hubo interés. Se hizo cargo sola de la crianza y cuando inició un trámite de prestación alimentaria, el padre se alejó definitivamente de la vida del niño. Un familiar le da aviso mensualmente del pago de la cuota, pero sin vínculo alguno.

El chico ya utiliza su apellido materno en la escuela, en las redes sociales y en su vida cotidiana. Fue varias veces a visitar a su familia paterna, que vive en otra ciudad, pero el interés no fue recíproco. El apellido paterno le genera incomodidad y por eso solicitó el trámite de supresión.

Cuando desde un Juzgado de Familia de Viedma se le notificó al padre del pedido del adolescente, no contestó ni se presentó. La Defensora de Menores que intervino y el Fiscal Jefe no manifestaron objeciones al pedido del adolescente.

El fallo cita jurisprudencia de distintos autores y la normativa aplicable. «El nombre es un atributo de la personalidad desde esta concepción integra el derecho a la identidad personal, instalándose en la persona de manera permanente acompañando el proceso de construcción de la identidad en el ámbito social».

La jueza mantuvo un audiencia con el adolescente, que le transmitió «una clara expresión de deseo de portar solo el apellido materno, con el cual se identifica. Comprendí que construyó una imagen de su progenitor a partir de recuerdos de violencia hacia su mamá y de un destrato hacia él. Me quedó claro que no representa una figura paterna» para el niño. Dejó en claro, entonces, «lo importante que es este trámite para él dado que hace a su propia identidad», expresa la magistrada en la sentencia.

Por otra parte, en el informe del Equipo Técnico interviniente se observó que el adolescente en su entorno de amigos, en la escuela y en las redes sociales, es reconocido por su apellido materno.

El informe psicológico concluyó que «suprimir el apellido paterno sería beneficioso para el desarrollo personal».

No lo exime de la responsabilidad parental

En la sentencia, la magistrada explicó que «el cambio de nombre de ningún modo suprime la responsabilidad parental que pesa sobre su progenitor. Incluso si, con el transcurrir de los años el adolescente decidiera entablar nuevamente un vínculo cercano con su papá, ello sería plenamente factible, dado que, el hecho de no portar su apellido en nada obsta la existencia de sus deberes como padre y del vínculo paterno en sí».

De esta manera, la magistrada dispuso la supresión del apellido paterno del adolescente y además hizo saber a la mamá que deberá procurar que el adolescente concurra a un espacio de terapia.

Para finalizar, la sentencia la jueza de familia le escribió unas palabras directamente dirigidas al adolescente, utilizando la técnica de «lectura fácil», es decir adaptada a un sector vulnerable.

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Le arrojó un ladrillo en la cabeza y lo dejó en estado vegetativo: Indemnización para la hija

Una discusión por una supuesta deuda vinculada a la compra de alimentos en un almacén fue el desencadenante de la brutal agresión.

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Una discusión por una supuesta deuda vinculada a la compra de alimentos en un almacén dejó a un hombre en estado vegetativo. El agresor le arrojó un ladrillo en la cabeza y la víctima, de más de 70 años, no pudo recuperarse. Su hija le inició un juicio civil y ahora deberá indemnizarla por los daños causados.

Un fallo del fuero Civil de Cipolletti fijó una millonaria indemnización en favor del hombre y de su hija, quién se dedica al cuidado permanente de su padre. Surgió de las pruebas aportadas en el juicio que hubo una discusión en una localidad del Alto Valle. El motivo fue el reclamo de una supuesta deuda en un almacén. En ese contexto, el agresor arrojó un ladrillo e hirió a la víctima en el cráneo.

Por su edad, el damnificado sufrió lesiones irreversibles y permanece internado en estado vegatativo sin posibilidades de recuperación. La hija, quien se dedica a cuidarlo junto con la mujer que convivía con el hombre, reclamó una compensación por daño moral. La sentencia es de primera instancia y no está firme porque puede ser apelada.

Se consideraron probados los daños y la responsabilidad del agresor. En consecuencia se hizo lugar al reclamo de indemnización.

«En el caso analizado, golpear a una persona de más de 70 años en la cabeza arrojándole un ladrillo tal como lo hizo el demandado, claramente es un hecho con entidad suficiente para producir un daño tal como aconteció en autos. Por lo expuesto, encontrándose configurados los presupuestos de la responsabilidad civil, no existe duda alguna respecto a la obligación de responder en cabeza de la demandada por los daños causados con su accionar al Sr. B. así como también a las reclamantes», concluye la sentencia.

No se consignan los datos de la localidad ni mayores detalles aquí para reservar la identidad de la víctima y de su familia.

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