Sociedad
Diputados aprobó en general el proyecto que autoriza el uso del aceite de cannabis
Por 221 votos aprobaron el proyecto de ley que autoriza al Estado a importar y distribuir el aceite de cannabis para tratar enfermedades, sin permitir el autocultivo.
La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto de ley que autoriza al Estado a importar y distribuir el aceite de cannabis para tratar determinadas enfermedades, pero sin permitir el autocultivo como solicitaban organizaciones de familiares que padecen epilepsia refractaria.
La iniciativa se votó en general por 221 votos y si bien en el debate hubo críticas de legisladores porque no se despenalizaba el autocultivo, posteriormente decidieron acompañar el dictamen de mayoría para que la iniciativa pueda ser aprobada por un amplio margen.
De todas maneras, el diputado Felipe Sola buscó en el final del tratamiento en particular incluir una modificación para permitir que las familias continúen con el cultivo del aceite de cannabis hasta que el Estado pueda tener producción propia de este producto, pero fue rechazado por el oficialismo.
De hecho, este artículo fue el único que tuvo una votación más ajustada dado que salió 128 a 75 votos, a diferencia de lo que sucedió con el resto de los ítems aprobados en la discusión en particular.
El dictamen de mayoría impulsado por el oficialismo, un sector del massismo y del bloque justicialista, establece un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Además se incluyó una modificación para que el INTI y Laboratorios Nacionales puedan realizar el cultivo del aceite de cannabis destinado a la investigación.
También dispone que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) permitirá la importación de aceite de cannabis, cuando sea requerida por pacientes que presenten las patologías contempladas en el programa y cuenten con la indicación médica pertinente y su provisión será gratuita.
A su vez, establece que el Ministerio de Salud será la autoridad de aplicación y deberá realizar las acciones para garantizar el aprovisionamiento de los insumos necesarios a fin de efectuar los estudios científicos y médicos de la planta de cannabis con fines medicinales.
Asimismo, el proyecto crea el registro nacional voluntario de pacientes y familiares de pacientes que, presentando las patologías incluidas en la reglamentación, sean usuarios de aceite de cáñamo y otros derivados.
Al defender el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Seguridad Interior, Luis Petri (UCR-Mendoza) sostuvo que el Estado a partir de esa ley estará presente, al recordar que “estuvo ausente durante estos años y si hubiera estado presente tendríamos investigación científica real sobre el uso del cannabis para todas esas patologías” y rechazó que el proyecto sólo incluya la investigación médico-científica sino “que es mucho más amplia”.
Tras cuestionar al kirchnerismo por no haber debatido “y no haber dado respuesta” antes el proyecto cuando tenían mayoría parlamentaria, Petri destacó la importancia de “involucrar al Estado, no sólo en una investigación que certifique los extremos positivos, sino en el control, porque sin Estado no hay médicos que lo puedan prescribir. Necesitamos un Estado que sea protagonista, de eso se trata el despacho que estamos debatiendo”.
Por uno de los dictámenes de minoría, la presidenta de la comisión de Salud, la kirchnerista Carolina Gaillard aseguró que “no es un tema de drogas es un tema de salud” y pidió despenalizar el cultivo por parte de las madres, al advertir que “el Estado los va a seguir criminalizando”.
Sostuvo que “hay evidencia científica y empírica de niños que han dejado de tener convulsiones y empezaron a sonreír: las madres pueden atestiguar” y pidió dejar de apegarse “a la sociedad científica que muchas veces está apegada a lo que le convienen a los laboratorios”.
Por su parte, desde el PRO, el diputado Sergio Wisky (Río Negro) contó el caso de su hija fallecida por un daño neurológico y reconoció que si hubiera sobrevivido, muy probablemente hubiera necesitado el cannabis medicinal, tras reconocer a la salud “un derecho humano, y desde esa convicción fuimos encontrando soluciones a las grandes diferencias que teníamos internamente y hacia fuera del interbloque. Y así llegamos a un dictamen de mayoría que seguramente tienen muchas soluciones a los problemas planteados”.
Por su parte, la diputada socialista Gabriela Troiano dijo que iba a acompañar el proyecto pero cuestionó que «es esencial que se modifique la ley de estupefacientes a fines de que no considere como tenencia o consumo de estupefacientes en su estado natural o cualquiera de sus derivados destinados a la práctica medicinal o paliativa».
En tanto, la legisladora de Libres del Sur Victoria Donda afirmó que este proyecto se está tratando porque «nos trajeron a los empujones las madres, los padres y los niños que tienen enfermedades que tratan con el aceite de cannabis».
Fuente: Agencia Télam.
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.
La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
Roca
Avanza la obra del conector vial de calle Güemes entre Jujuy y Mendoza
Los trabajos se desarrollan actualmente sobre el carril este, mientras que la próxima semana se prevé avanzar con el restante.
El Municipio de General Roca continúa con la ejecución de la obra Conector Vial calle Gral. M. M. Güemes, entre Jujuy y Mendoza, una intervención incluida en el Plan de Conectividad e Infraestructura Vial.
Actualmente, desde Mendoza hacia Jujuy se avanza con la ejecución de un paño de hormigón de aproximadamente 25 metros de longitud. En esta primera etapa, los trabajos se desarrollan sobre el carril este.
Para la próxima semana está prevista la ejecución del carril restante, dando continuidad a las tareas de pavimentación en el sector. Paralelamente, continúan los trabajos correspondientes a los sectores de estacionamiento sobre calle Güemes, en ambos lados de la calzada.
La obra contempla la ejecución de carpeta asfáltica, cordón cuneta, cordón central y badenes, además de sectores de estacionamiento conformados con adoquines sobre el sector norte de la traza principal.
El proyecto también incluye la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir el riesgo de anegamientos.
A esto se suma infraestructura complementaria para los sistemas de riego y alumbrado público, además de conexiones de servicios que permitirán evitar futuras intervenciones sobre la nueva calzada.
Roca
Subasta de terrenos en Roca: 6 compradores adquirieron 8 lotes
La venta alcanzó un total de $120.268.000 y los fondos serán destinados a obras de infraestructura y servicios para la ciudad.
El Municipio de General Roca llevó adelante una nueva subasta de terrenos en el marco de la Ordenanza 5063/2025 y concretó la venta de ocho lotes por un total de $120.268.000.
Fueron seis los compradores que realizaron las adquisiciones de los terrenos ofrecidos. Según informó el Municipio, todos los lotes eran de propiedad municipal como consecuencia de las cesiones correspondientes a los loteos establecidos por el Plan Director de Roca.
Los terrenos se encuentran ubicados en zonas residenciales, tanto en barrios privados como abiertos. Debido a su alto valor de mercado, no resultan aplicables a loteos sociales ni a otros planes habitacionales.
Desde el Municipio destacaron que la totalidad de los fondos recaudados será destinada a la realización de obras de infraestructura y servicios para la ciudad. Además, la venta permitirá generar un ahorro en los costos fijos vinculados al mantenimiento de los terrenos.
