Gremios
ATE declaró el estado de alerta y asamblea permanente en el Municipio de Roca
Reclaman por un bono de fin de año de $10.000 y la modificación del listado de trabajadores incluido en el proceso a pase a planta permanente.
La Asociación Trabajadores de Estado (ATE) declaró el estado de alerta, asamblea permanente y movilización en todo el ámbito de la Municipalidad de General Roca, a partir de la resolución de una importante asamblea de trabajadores. Entre otras demandas para el Poder Ejecutivo local, la entidad sindical reclama un Bono de Fin de Año de 10.000 pesos; la modificación del listado de trabajadores incluido en el proceso a pase a planta permanente, con la inclusión de quienes ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2010; el blanqueo de todas las sumas no remunerativas y su inclusión al salario básico.
Del mismo modo, desde ATE denuncian maltrato laboral en distintas áreas y que la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) no cubre los accidentes de los empleados que trabajan en la Fiesta Nacional de la Manzana.
«Inicialmente, la ordenanza 4626/11, producto de un acuerdo paritario, estableció que serían alcanzados en el proceso de pase a planta permanente todos los trabajadores que ingresaron a trabajar en la comuna hasta el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo, de manera unilateral, mediante la Resolución N° 2130/16 del 9 de noviembre, la Administración Municipal modificó esto, cerrando la puerta a todos los empleados que ingresaron después del 31 de diciembre de 2008», puntualizó Federico Gabarra, Secretario General de la Seccional local. Agregó que «Estamos demandando que se respeten los acuerdos alcanzados y que el Ejecutivo no borre de un plumazo a todos los trabajadores comprendidos entre 2008 y 2010».
En el marco del estado de asamblea permanente se procederá a lanzar nuevas acciones y asambleas, en el corto plazo, y no se descarta la profundización de las medidas.
Gremios
ATE y UPCN recibieron una nueva propuesta salarial del Gobierno provincial
La propuesta contempla un incremento del 4,18% con los salarios de octubre, calculado sobre el promedio de los índices de inflación nacional y de Viedma de agosto y septiembre. Además, una suma extraordinaria durante el primer trimestre de 2027.
En la Mesa de la Función Pública, el Gobierno de Río Negro presentó a los representantes de ATE y UPCN una propuesta de actualización salarial que contempla un aumento del 4,18% con los haberes de octubre. El porcentaje surge del promedio de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional y de Viedma correspondientes a agosto y septiembre.
La propuesta prevé una nueva actualización con los haberes de diciembre, que se calculará a partir del promedio del IPC nacional y de Viedma correspondiente a octubre de 2026. El Ejecutivo provincial confirmó que ese último incremento impactará en el Salario Anual Complementario (SAC).
El Gobierno también ofreció el pago de una suma extraordinaria durante el primer trimestre del 2027, cuyo monto se definirá en una próxima reunión antes de fin de año.
Finalmente, el Ejecutivo propuso continuar con el sistema de actualización salarial por IPC durante el 2027.
El encuentro estuvo encabezado por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra; la secretaria de Hacienda, Natalia Crociati; el representante del Ministerio de Gobierno y Trabajo, Lucas Entraigas; y la subsecretaria de la Función Pública, Antonela Mestre. Por los gremios participaron Rodrigo Vicente, en representación de ATE, y Mónica Miranda, por UPCN.
Gremios
ATE lanza un paro nacional de 24 horas para protestar en todo el país el jueves 15 y «voltear el decreto 70/23 completo»
«Este DNU no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», indicó Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un paro nacional de 24 horas para este jueves 15 de octubre y en la Capital Federal se movilizará al Congreso de la Nación a partir de las 13.30 para exigir la derogación del Decreto N° 70/23. Además, las protestas se replicarán en las principales ciudades de todas las provincias.
Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores. Cabe destacar que cada provincia definirá la extensión de la medida y la modalidad de protesta.
«Tenemos que ir por todo y voltear el 70/23 completo. Este decreto no es motosierra contra la casta, es motosierra contra nosotros para que la casta se llene de guita», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En este marco, señaló que «no podemos permitir que sigan gobernando la Argentina a sola firma. Lo que no consiguen con los votos pretenden hacerlo por decreto».
«Este decreto es un delivery para las grandes corporaciones. Incluye más de 300 leyes. Ni Videla se animó a tanto. No solo deroga la Ley de Tierras, sino la de Góndolas, de Alquileres, permite la privatización de las empresas públicas y le regala el comercio exterior a 10 empresas. Esto no es reforma, es saqueo», agregó el dirigente.
«Desde que asumió Milei nunca existió ni necesidad ni urgencia. La Constitución Nacional le prohíbe expresamente al presidente legislar. Y si lo hace, debe ser declarado nulo de nulidad absoluta. Con un Congreso que estuvo siempre abierto, este decreto es corrupción», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Además se verán afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radioperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSES atenderán únicamente emergencias.
La movilización se dará además en el marco de la Marcha Federal Universitaria para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, recomposición salarial, actualización de las becas estudiantiles y los fondos necesarios para garantizar el funcionamiento de las universidades públicas.
Gremios
ATE definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en la administración este martes a las 12 para marchar a la Corte Suprema
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) definió un cese de tareas y retiro de los lugares de trabajo en todos los ministerios, organismos públicos y empresas estatales para este martes (6/10) a partir de las 12 del mediodía para movilizar a la Corte Suprema de Justicia en rechazo al fallo que avaló la eliminación de la Ley de Tierras y que permite su extranjerización.
«Tenemos que presionar a los que están en la Corte porque no los votó nadie pero quieren gobernar. Con este fallo destruyeron la división de poderes y pasaron por encima del Congreso. El máximo tribunal ejerce violencia institucional porque vulnera la voluntad popular», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
En esta línea, el dirigente apuntó que «se supone que debieran estar ahí para garantizarlos, pero están pisoteando todos nuestros derechos».
«Este es el fallo más entreguista de los últimos 150 años. Firmaron la entrega de todo el territorio nacional», indicó Aguiar y concluyó con que «les tenemos que poner un límite, porque hoy es la tierra, mañana va a ser el agua y van a terminar regalando las Malvinas».
El fallo de la CSJ del pasado 29 de septiembre revocó el dictamen de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno de Javier Milei derogó la Ley 26.737 de Tierras Rurales. El efecto concreto de la sentencia es que queda nuevamente vigente la derogación de la Ley de Tierras, que establecía límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
