Judiciales
Audiencia preliminar por presunta asociación ilícita y robo de petróleo en Roca
Investigan hechos que habrían ocurrido en un lapso mínimo comprendido entre el 4 de junio y el 16 de agosto de 2012 en un puesto rural ubicado a 6 kilómetros de Roca.
Se realizó este martes ante la Presidenta de la Cámara Criminal Tercera de Roca, Verónica Rodríguez, una audiencia preliminar en el marco de la causa que investiga los presuntos delitos de asociación ilícita y robo de petróleo detectados en Roca en 2012, por los que se encuentran imputadas diez personas. Por un lado, la audiencia tuvo como objetivo definir la prueba que tanto la Fiscalía de Cámara como la parte querellante (empresa damnificada) y las defensas proponen producir en la etapa de juicio oral y público. Y por el otro lado, brindar a las partes la instancia para proponer alguna vía alternativa al juicio oral tradicional, como la suspensión de juicio a prueba (probation) o el juicio abreviado. En ese sentido, sólo la defensa de dos de los imputados formalizó su pedido de probation, mientras que los representantes de los restantes acusados definieron ir directamente a debate, cuya fecha de realización definirá la Cámara Tercera en los próximos días.
El hecho
Los hechos que se investigan, según surge de la requisitoria fiscal de elevación a juicio formulada por la fiscal de Cámara Graciela Echegaray, habrían ocurrido en Roca en un lapso mínimo comprendido entre el 4 de junio y el 16 de agosto de 2012 en un puesto rural ubicado a 6 kilómetros de esta ciudad, por donde pasa un oleoducto de la empresa Oldelval S.A., la cual transporta el petróleo mediante un sistema de ramales subterráneos a las refinerías.
Sostiene la acusación que los imputados habrían conformado «una organización delictiva para sustraer, trasladar y comercializar» el crudo, efectuando una «pinchadura» en el oleoducto y derivando el petróleo a un piletón, «en una maniobra extremadamente riesgosa por la eventualidad de explosión del ducto a gran escala y el riesgo ambiental». También se atribuye a algunos de los imputados procesados haber organizado «el destino, distribución e inversión de las ganancias obtenidas» mediante la sustracción y comercialización del fluido.
Se imputó un hecho de robo por un volumen cercano a los 30.000 lítros de petróleo presuntamente ocurrido el día 16 de agosto de 2012, con el secuestro del camión que transportaba el crudo y una serie de allanamientos simultáneos en inmuebles de la calle Tucumán al 1500, Mitre al 1800 y el puesto rural al norte de Roca, en los que se secuestró variada documentación así como varios vehículos -incluidos camiones cisterna-, nueve armas de fuego, municiones y unos 740.000 pesos en efectivo, además de herramientas y equipos relacionadas con la manipulación del crudo y el mantenimiento del piletón.
Se imputaron, además, otros tres robo de petróleo, todos por similar volumen, presuntamente ocurridos los días 28 de junio, 11 de julio y 31 de julio de 2012.
Las imputaciones
Participaron de la audiencia de hoy los siguientes imputados:
– José Luis Olivetto: requerido a juicio por los presuntos delitos de «asociación ilícita (en condición de jefe) en concurso real con cuatro hechos de robo en despoblado y en banda, portación de arma de fuego de uso civil, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y arma de guerra de uso civil condicionado». Cuenta con la defensa particular del abogado Gabriel Pérez.
– Oscar Daniel Araño: requerido a juicio por los presuntos delitos de «asociación ilícita en concurso real con robo en despoblado y en banda -tres hechos-«. Cuenta con la defensa oficial de Miguel Salomón.
– Lisandro Manuel Álvarez: requerido por presunta «asociación ilícita en concurso real con robo en despoblado y en banda». Defensa particular del abogado Jorge Crespo.
– Víctor Darío Olivetto: requerido como presunto «coautor de asociación ilícita en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil». Defensa particular de Gabriel Pérez.
– Enrique Miguel Olivetto: requerido por presunta coautoría de «asociación ilícita en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil». Defensa particular de los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren. Solicitaron para el imputado el beneficio de suspensión de juicio a prueba. La razonabilidad del ofrecimiento económico y luego la procedencia del mismo serán analizados y resueltos en los próximos días por el Tribunal.
– Edgardo Miguel Olivetto: requerido como presunto coautor del delito de asociación ilícita. Defensa particular de los abogados Oscar Pineda y Pablo Iribarren. También solicitaron para el imputado el beneficio de suspensión de juicio a prueba. La razonabilidad del ofrecimiento económico y la procedencia del beneficio serán analizados y resueltos en los próximos días por el Tribunal.
– Juan Alberto Muñoz: requerido por «coautoría en el delito de asociación ilícita». Defensa oficial de Miguel Salomón.
– Javier Tomás Doleschan: requerido por «robo en despoblado y en banda en concurso real con uso de documento privado falsificado». Defensa oficial de Miguel Salomón.
– Patricia Inés Valverde: requerida por presunta «coautoría en asociación ilícita en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de guerra de uso civil condicionado y arma de fuego de uso civil». Defensa particular de Gabriel Pérez.
– Alejandro Sergio Valverde: requerido por el delito de «tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil». Defensa oficial de Miguel Salomón.
Judiciales
El perro del vecino casi le mata al gato: Una conciliación evitó llegar a juicio
Aunque en un primer momento el dueño del can desconoció los hechos, llegaron a un acuerdo económico para cubrir el tratamiento veterinario del felino.
El perro del vecino se metió al patio, atacó al gato y casi lo mata. Lo mordió y lo dejó con la cola destrozada, el cuerpo desgarrado y varias heridas que obligaron a una intervención quirúrgica. Hubo cirugías, curaciones, controles, medicamentos. El gato sobrevivió pero quedó con secuelas. Lo que empezó como un zarpazo inesperado en una siesta de primavera se convirtió en un caso judicial que terminó, meses después, con un acuerdo económico homologado por un juez.
El hecho ocurrió en San Antonio Oeste, en septiembre de 2024. Luego del ataque, la dueña del felino pagó todo el tratamiento veterinario y documentó cada paso: facturas, fotos del antes y el después, videos de la cámara de seguridad que mostraban al perro invadiendo su propiedad.
Presentó una demanda de menor cuantía por $900.000 en la Justicia de Paz. Los dueños del perro respondieron la demanda y negaron todos los hechos. Dijeron que no era su perro, que no reconocían lo que mostraban las cámaras, que desconocían las pruebas y que el reclamo era excesivo. Se armó la escena de dos versiones irreconciliables: un ataque brutal y una defensa que intentaba despegarse de los hechos.
Pero el expediente no se trabó. En febrero de 2025, durante una audiencia formal con abogados de ambos lados, las partes encontraron una salida. La propuesta fue concreta: $700.000, en diez cuotas iguales de $70.000. A partir de la sexta, el monto se actualizará por inflación según el índice del INDEC.
El acuerdo se firmó, se acordó una cuenta bancaria para los depósitos y se dejó en claro que cualquier incumplimiento permitiría exigir la totalidad de lo pactado. El juez interviniente homologó el arreglo con carácter de sentencia. No hubo declaración de responsabilidad, ni culpa admitida, pero sí un cierre legal al conflicto.
El acuerdo fue homologado como sentencia definitiva, lo que implica que tiene fuerza ejecutoria en caso de incumplimiento.
Judiciales
Sacó varios préstamos, desconoció su firma y dijo que eran abusivos: Fallo destacó que los consumidores también tienen responsabilidades
La Cámara aclaró que, si bien el consumidor suele ser la parte más débil, eso no justifica que se desligue de las responsabilidades que tiene como ciudadano y miembro de la sociedad.
Una mujer sacó varios préstamos personales en distintas entidades crediticias. También lo hizo como afiliada de la Asociación Mutual Valle Inferior (AMVI). Con el dinero depositado en su cuenta, las cuotas fueron descontadas de su recibo de haberes.
Meses después comenzó a percibir una suma reducida de su salario. Sobreendeudada y con débitos que consumían prácticamente la totalidad de sus haberes, promovió una demanda por daños y perjuicios contra AMVI. Además, solicitó la nulidad de los préstamos y el cese de los descuentos, por considerarlos abusivos e ilegales.
La Cámara Civil de Roca revocó la sentencia que condenaba a la nutual a indemnizarla por daño patrimonial y extrapatrimonial. También se dejó sin efecto la orden de readecuar el contrato y restituir los fondos.
En un primer momento, la mujer negó haber firmado los contratos. Sin embargo, se comprobó que había solicitado los créditos en la mutual sin dificultad. Tenía pleno conocimiento de las contrataciones, del importe de cada cuota y de la fecha de pago.
Asimismo, había autorizado expresamente los descuentos a la oficina de liquidación de haberes del organismo provincial al que pertenece. Por eso, la Cámara desestimó los argumentos según los cuales no fue debidamente informada sobre la composición de la deuda, ni de los descuentos aplicados.
También descartaron que los préstamos hayan sido por montos superiores a los pactados o que las cuotas no fueran fijas. Además, se reparó en que la mujer es docente, sin impedimento alguno para leer y comprender los términos de los documentos firmados.
«La conducta riñe con los principios rectores de la buena fe y denota su intento desesperado por negar la existencia de contratos claros, certeros y en resguardo de los intereses de ambas partes», señala el fallo.
La Cámara aclaró que, si bien el consumidor suele ser la parte más débil, eso no justifica que se desligue de las responsabilidades que tiene como ciudadano y miembro de la sociedad.
«No puede alegarse desconocer la existencia de un contrato de mutuo cuando firmó toda la documentación, que establecía con claridad el monto, las cuotas, fechas de pago, tasas y demás, y además percibió el monto solicitado», concluye la Resolución.
Judiciales
Tenía un nombre en Argentina y otro en Chile: Ahora podrá usar el mismo en ambos países
Al emigrar eligió adoptar un nuevo nombre y apellido en el país transandino. La decisión no fue casual: su padre biológico estuvo ausente, y quien ocupó verdaderamente ese lugar fue la pareja de su madre.
Durante más de una década, un hombre de Cipolletti vivió entre dos mundos: en Argentina seguía atado al nombre que figuraba en su partida de nacimiento, mientras que en Chile había construido su vida con un nombre diferente, el que representaba su verdadera identidad. Ahora, tras una resolución judicial, podrá unificar su documentación en ambos países y cerrar una etapa de su historia personal.
Por su historia personal, al emigrar eligió adoptar un nuevo nombre y apellido en la República de Chile, donde forjó sus vínculos afectivos y su vida social. La decisión no fue casual: su padre biológico estuvo ausente, y quien ocupó verdaderamente ese lugar fue la pareja de su madre. En reconocimiento a ese lazo, seleccionó el nombre que hoy lo representa y con el cual se identifica plenamente.
Con el tiempo, logró que su identidad en Chile quedara plenamente reconocida, por una sentencia favorable dictada en 2021 por el Juzgado de Letras y Garantías de Pucón. Sin embargo, cada vez que debía realizar un trámite en Argentina, se enfrentaba a la contradicción de tener que utilizar una identidad que ya no sentía como propia.
Para resolver esta situación, en marzo de este año inició un proceso judicial en Río Negro con el fin de homologar la sentencia chilena. El trámite, conocido como exequátur, permite reconocer en Argentina los efectos de resoluciones extranjeras. El hombre presentó toda la documentación necesaria, incluida la sentencia legalizada y apostillada, y los certificados que demostraban la inexistencia de obstáculos legales.
El Registro Civil y Capacidad de las Personas de Cipolletti no encontró motivos para objetar la solicitud. A su vez, la jueza de Familia que intervino en el expediente recordó que el proceso de exequátur no revisa el contenido de la sentencia extranjera, sino que verifica si cumple con los requisitos formales y no afecta el orden público argentino.
El Código Civil y Comercial admite el cambio de nombre cuando existen justos motivos vinculados a la identidad personal, como en este caso. La magistrada concluyó que se cumplían todas las condiciones legales y resolvió homologar la sentencia, autorizando la rectificación de la partida de nacimiento en Cipolletti.
A partir de ahora, la misma identidad que ya rige su vida cotidiana en Chile será reconocida oficialmente en Argentina. De este modo, el hombre dejará atrás la carga de convivir con dos nombres y podrá seguir adelante con una identidad unificada, acorde a sus sentimientos y a su historia personal.
