Judiciales
Indagaron a una pareja sospechada de cometer un robo en Roca
Seguirán detenidos hasta la resolución de su situación procesal. Investigan un robo ocurrido en el Canal Grande.
El titular del Juzgado de Instrucción N° 12 de Roca, Maximiliano Camarda, dispuso que permanezcan detenidas hasta la resolución de su situación procesal dos personas sospechadas de haber cometido un robo calificado el pasado lunes 28 de noviembre en esta ciudad. En la audiencia oral y pública realizada ayer al mediodía, el agente fiscal Ricardo Romero imputó a un varón de 22 años y a una mujer de 23 ser los presuntos autores del hecho que ocurrió alrededor de las 23.00 horas, en la intersección de las calles Belgrano y Gadano de Roca.
De acuerdo con la acusación, allí se encontraban dos amigas que tenían abierto el baúl de un vehículo Renault Sandero Stepway cuando una pareja se acercó a bordo de una moto. El varón descendió del rodado «y le apuntó con un arma de fuego» a la dueña del auto, «a la vez que la amenazó diciéndole que si no le daba dinero le iba a dar ‘un cuetazo'». Finalmente el sujeto se apoderó de dinero en efectivo, herramientas y un kit de seguridad que había en el baúl del vehículo.
Unos minutos después la moto descripta por testigos fue ubicada por el personal de la Comisaría N° 21 de Roca en inmediaciones de Jilguero y Kennedy, donde los imputados fueron detenidos. En poder del varón fueron secuestrados tres proyectiles calibre 22 y en un rastrillaje por las inmediaciones fue secuestrada, dentro de un canasto de basura, un arma de fuego tipo revólver.
De manera provisoria la fiscalía calificó el hecho imputado como «robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada». El resultado de las pericias y medidas solicitadas sobre el revólver permitirán constatar si se trata del mismo utilizado para el robo y si está en condiciones de ser disparado. De verificarse esta última situación, se agravaría el delito imputado a la pareja.
En representación del varón, el Defensor Oficial Oscar Mutchinick solicitó la exención de detención, mientras que la Defensora Pública Mariana Serra hizo idéntico planteo respecto de la joven imputada. Ambos pedidos fuero rechazados por el juez Camarda, quien hizo lugar a la oposición de la fiscalía en atención al posible agravamiento de la acusación a una figura «no excarcelable», según resulte de las pericias sobre el arma.
Los dos imputados, por su parte, se abstuvieron de prestar declaración indagatoria. Finalmente el juez les explicó verbalmente, asegurando la comprensión cabal por parte de los imputados, que la calificación legal definitiva, la resolución de la situación procesal y la aplicación o no la prisión preventiva serán definidos dentro del plazo legal de diez días hábiles, lapso en el cual los imputados deberán permanecer alojados en una unidad policial de esta ciudad.
Judiciales
Caso Ripari: Condenan a una mujer a 4 años y 6 meses por encubrimiento agravado
La mujer admitió haber recibido dos motos y ocultado carne robada del hecho que terminó con la muerte del hombre de 77 años.
Ayer (20/11), la mujer imputada por haber adquirido o recibido dos motocicletas -sabiendo que tenían un origen ilícito y con fines de lucro- en el marco del homicidio en ocasión de robo de Oscar Ripari, reconoció haber cometido el delito y fue condenada a la pena única de 4 años y 6 meses de prisión.
«El Ministerio Público Fiscal solicitó la declaración de primera reincidencia, las accesorias legales, el pago de las costas y renunció a los plazos procesales», explicó el fiscal que intervino en la audiencia, detallando los alcances del acuerdo alcanzado.
La condena recae sobre los delitos de encubrimiento agravado por el ánimo de lucro, previstos en los artículos 277° inc. 1° c) e inc. 3° b), 55 y 45 del Código Penal. La fiscalía sostuvo que la mujer no solo recibió las motos involucradas en el crimen, sino que también ocultó la carne sustraída de la carnicería de Ripari. «Recibió y ocultó cosas que sabía eran provenientes de un delito, con un claro fin de lucro, tanto para su comercialización como para su consumo personal», indicó.
Para esta instancia de acuerdo abreviado pleno, la Fiscalía presentó un amplio cuerpo probatorio: intervenciones del personal de la Comisaría 21°, múltiples allanamientos, entrevistas testimoniales, informes del Departamento de Informática Forense y de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones (O.I.Tel.), análisis de teléfonos secuestrados, trabajo del Cuerpo de Investigación Judicial y registros de cámaras del 911.
El juez interviniente homologó el acuerdo y confirmó que la mujer de 36 años comenzará a cumplir su condena por los hechos y la calificación legal reconocidos.
Con esta sentencia, el expediente por el homicidio de Oscar Ripari queda cerrado, tras haber sido condenados todos los imputados: tanto los responsables del homicidio en ocasión de robo, como quienes participaron del encubrimiento agravado.
Judiciales
Caso Dobra: Modifican las cautelares y ordenan tobillera y prohibiciones de contacto a uno de los imputados
El acusado continuará con tobillera electrónica y libertad dentro del ejido urbano, además de prohibiciones estrictas hacia víctimas y testigos.
El juez revisor del Foro de Jueces de General Roca hizo lugar al planteo del defensor particular de uno de los imputados en una causa por encubrimiento y ordenó la modificación de las medidas cautelares que pesaban sobre el hombre, de apellido Méndez. El pedido se basó en la escala penal prevista para el delito que se le atribuye.
Tras la resolución del magistrado revisor, se llevó a cabo una nueva audiencia ante el juez de Garantías, quien definió que el imputado deberá utilizar tobillera electrónica hasta mayo de 2026. La medida incluye libertad ambulatoria, pero únicamente dentro del ejido urbano de la ciudad de Roca, debido al riesgo procesal de entorpecimiento que evaluó el tribunal.
Además, el juez estableció una prohibición estricta de acercamiento, hostigamiento, amedrentamiento y cualquier tipo de contacto con las víctimas y los testigos, con un límite de 200 metros. También se dispuso la prohibición de salida del país.
La resolución contó con la conformidad de la Fiscalía y de la querella, y no recibió objeciones por parte de la defensa particular.
El juez advirtió que cualquier incumplimiento de las medidas habilitará la solicitud de prisión preventiva por desobediencia.
Judiciales
La abuela deberá pagar una parte de la cuota alimentaria por el aporte insuficiente del padre
La Justicia dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
El padre se fue a otra provincia, dejó de aportar, casi no llama y, cuando lo hace, es para explicar que no tiene trabajo formal. Mientras tanto, su hija creció bajo el cuidado exclusivo de la madre, sin colaboración económica del progenitor y con apoyo limitado de la abuela materna.
Frente a esta situación, la madre acudió al fuero de Familia de Bariloche para pedir una actualización de la cuota alimentaria y solicitó también que se incorporara al proceso a los abuelos paternos. El planteo se apoyó en el artículo 668 del Código Civil y Comercial, que permite extender la obligación a los ascendientes cuando el padre o madre obligado no cumple o no puede hacerlo.
El padre se presentó en una audiencia y ofreció pagar $100.000 mensuales. Dijo que trabajaba en la construcción, sin relación de dependencia, y que sus ingresos eran variables. Informó que vivía con sus padres en la ciudad de Federal, Entre Ríos. La propuesta fue rechazada, pero aceptada de manera provisoria mientras avanzaba el proceso.
Más adelante se presentó la abuela paterna. Alegó que no tenía relación con su nieta, que su hijo no vivía con ella de forma permanente y que su situación económica era frágil. Explicó que percibía una jubilación mínima y que había estado acompañando el tratamiento médico de su esposo, quien falleció durante la tramitación de la causa.
Los informes reunidos durante la etapa probatoria confirmaron que la adolescente vive con su madre, asiste a una escuela privada con beca parcial, está afiliada a una obra social y no recibe asistencia regular del padre. El informe socioambiental describió una relación esporádica, casi nula, entre el padre y su hija, y registró ingresos informales del progenitor. Los testigos señalaron que la madre sostiene sola la crianza y que el padre se desvinculó tanto afectiva como económicamente.
Con estos elementos, la jueza dio por acreditada la dificultad del progenitor para cubrir en forma completa la obligación alimentaria y resolvió fijar un esquema mixto. Dispuso una cuota equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles: dos a cargo del padre y uno a cargo de la abuela paterna.
La sentencia citó normativa nacional y convencional sobre la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. También destacó el valor económico del trabajo de cuidado y sostuvo que, pese a la situación de vulnerabilidad que puede atravesar una persona mayor, en este caso las más afectadas por la falta de recursos eran las adolescentes.
La magistrada estableció que la cuota asignada a la abuela cesará cuando el padre pueda asumir la obligación alimentaria en su totalidad. Recordó además que las cuotas alimentarias no son definitivas y pueden revisarse si cambian las circunstancias.
