Judiciales
Indagaron a una pareja sospechada de cometer un robo en Roca
Seguirán detenidos hasta la resolución de su situación procesal. Investigan un robo ocurrido en el Canal Grande.

El titular del Juzgado de Instrucción N° 12 de Roca, Maximiliano Camarda, dispuso que permanezcan detenidas hasta la resolución de su situación procesal dos personas sospechadas de haber cometido un robo calificado el pasado lunes 28 de noviembre en esta ciudad. En la audiencia oral y pública realizada ayer al mediodía, el agente fiscal Ricardo Romero imputó a un varón de 22 años y a una mujer de 23 ser los presuntos autores del hecho que ocurrió alrededor de las 23.00 horas, en la intersección de las calles Belgrano y Gadano de Roca.
De acuerdo con la acusación, allí se encontraban dos amigas que tenían abierto el baúl de un vehículo Renault Sandero Stepway cuando una pareja se acercó a bordo de una moto. El varón descendió del rodado «y le apuntó con un arma de fuego» a la dueña del auto, «a la vez que la amenazó diciéndole que si no le daba dinero le iba a dar ‘un cuetazo'». Finalmente el sujeto se apoderó de dinero en efectivo, herramientas y un kit de seguridad que había en el baúl del vehículo.
Unos minutos después la moto descripta por testigos fue ubicada por el personal de la Comisaría N° 21 de Roca en inmediaciones de Jilguero y Kennedy, donde los imputados fueron detenidos. En poder del varón fueron secuestrados tres proyectiles calibre 22 y en un rastrillaje por las inmediaciones fue secuestrada, dentro de un canasto de basura, un arma de fuego tipo revólver.
De manera provisoria la fiscalía calificó el hecho imputado como «robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no ha sido acreditada». El resultado de las pericias y medidas solicitadas sobre el revólver permitirán constatar si se trata del mismo utilizado para el robo y si está en condiciones de ser disparado. De verificarse esta última situación, se agravaría el delito imputado a la pareja.
En representación del varón, el Defensor Oficial Oscar Mutchinick solicitó la exención de detención, mientras que la Defensora Pública Mariana Serra hizo idéntico planteo respecto de la joven imputada. Ambos pedidos fuero rechazados por el juez Camarda, quien hizo lugar a la oposición de la fiscalía en atención al posible agravamiento de la acusación a una figura «no excarcelable», según resulte de las pericias sobre el arma.
Los dos imputados, por su parte, se abstuvieron de prestar declaración indagatoria. Finalmente el juez les explicó verbalmente, asegurando la comprensión cabal por parte de los imputados, que la calificación legal definitiva, la resolución de la situación procesal y la aplicación o no la prisión preventiva serán definidos dentro del plazo legal de diez días hábiles, lapso en el cual los imputados deberán permanecer alojados en una unidad policial de esta ciudad.
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Condenaron a un policía por dispararle a su ex pareja: Le hirió el pie con su arma reglamentaria
El juez subrayó que el disparo podría haber tenido consecuencias más graves si hubiera impactado en otra parte del cuerpo.

Un empleado policial fue declarado penalmente responsable por unanimidad del delito de lesiones graves agravadas por violencia de género, por el vínculo de pareja y por el uso de arma de fuego, luego de que el Tribunal Colegiado interviniente tuviera por acreditado que disparó contra su ex pareja hiriéndola en el pie con su arma reglamentaria.
El hecho ocurrió el 18 de mayo pasado en el domicilio de la víctima. El presidente del Tribunal destacó la solidez del testimonio de la damnificada, quien mantuvo su declaración sin variaciones desde la denuncia inicial hasta el debate oral. «Pudo describir tanto las situaciones previas como lo ocurrido el 18 de mayo pasado en su domicilio, con precisión y detalle», señaló el magistrado.
El Tribunal también descartó de manera categórica el carácter accidental del episodio. «La consecuencia de este episodio pudo haber sido más grave si el disparo efectuado por el imputado hubiese impactado en otra parte del cuerpo de la víctima. No cabe duda de que no fue un hecho accidental, sino doloso», expresó el presidente del cuerpo judicial.
En la misma audiencia, la Fiscalía solicitó la prórroga de las medidas cautelares hasta la firmeza del fallo para resguardar a la víctima, quien deberá declarar en la próxima audiencia de cesura de la pena.
La defensa penal pública no formuló oposición y el Tribunal resolvió prorrogar la prohibición de acercamiento en un radio de 100 metros y de todo tipo de contacto, tanto directo como a través de terceros o medios electrónicos.
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.

Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
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Escándalo en el Poder Judicial: Un arma secuestrada apareció en un procedimiento policial y faltan otras en las oficinas de Roca
La irregularidad puso en evidencia fallas en el circuito de secuestros judiciales.

El Poder Judicial de Río Negro impulsó una denuncia penal y una investigación interna de carácter urgente luego de detectar que un arma de fuego que se encontraba secuestrada y bajo custodia judicial apareció en un procedimiento policial realizado en la ciudad de Roca. El hallazgo alertó sobre una irregularidad grave en el resguardo de ese elemento y desencadenó una serie de medidas institucionales.
La denuncia tramita en la Fiscalía de Roca, donde se investiga cómo el arma, que debía permanecer en dependencias judiciales, terminó involucrada en un episodio delictivo. En paralelo, el organismo dio intervención al Auditor General, requirió información a distintas áreas, tomó declaraciones testimoniales y analizó documentación vinculada al circuito de secuestros judiciales.
Como medida complementaria, se ordenó un relevamiento y arqueo integral de los objetos secuestrados en la Oficina Judicial de Roca, que fue extendido a todas las Oficinas Judiciales de la provincia para verificar la correspondencia entre los registros y la existencia material de los elementos resguardados.
El resultado del arqueo agravó el cuadro: se detectó el faltante de otras armas de fuego, lo que motivó la ampliación de la denuncia penal. El número total de elementos involucrados aún no está determinado, dado que el control sigue en curso.
Actualmente se indaga sobre los registros de elementos secuestrados y los protocolos de control interno en las dependencias judiciales. La revisión abarca depósitos, sistemas de inventario y circuitos administrativos relacionados con la custodia.
El Poder Judicial indicó que el proceso interno podría derivar en medidas precautorias o sanciones. La causa penal en la Fiscalía de Roca continúa en etapa inicial, mientras el Auditor General prosigue con las actuaciones administrativas dispuestas por el organismo.





