Sociedad
Intentan poner fin a los delitos rurales
Mediante un proyecto de ley buscan crear fiscales rurales. La iniciativa es de los legisladores del Frente Progresista, Jorge Ocampos y Daniela Agostino.
Se trata de una iniciativa que presentaron Jorge Ocampos y Daniela Agostino bajo la premisa que el delito rural no tiene las mismas características del delito urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en el que opera, cuyas dimensiones lo hacen difícilmente controlable. “En la comisión de este tipo de delitos, corren riesgo hasta las vidas de las personas, puesto que el accionar delictivo no tiene ningún tipo de límites”, explican los legisladores del Frente Progresista en la propuesta parlamentaria.
“Para lograr su cometido, los ladrones cortan alambrados y matan a los animales, mientras que otra metodología utilizada, es la de apoderarse de los camiones de transporte de hacienda en las rutas, donde la vigilancia es casi nula”, indicó Ocampos.
El presidente de la bancada referenció que “las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, pioneras en la cuestión, ya cuentan con varias fiscalías de competencia exclusiva para el tratamiento del delito rural”. Detalló que estas fiscalías tienen una competencia exclusiva basada en los delitos que se cometen en el campo o hechos conexos, que pueden ser el abigeato, sustracción de animales tanto ganado mayor o menor, hurto de elementos utilizados en el campo, maquinarias de trabajo, alambrados o cercos.
“El robo de ganado es un hecho que los productores agropecuarios padecen, sin que la difícil situación encuentre un tratamiento y solución adecuados. De hecho, en la renovación de autoridades que tuvo lugar recientemente en la Sociedad Rural de Río Colorado, la primera solicitud al gobierno provincial fue la implementación de medidas para combatir la inseguridad de áreas rurales”, recordó el legislador.
En la propuesta parlamentaria indican que “el hurto o robo de animales, cuenta con una ventaja respecto de los delitos urbanos, cual es la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública”. Y agregan que si bien el sistema de patrullas rurales establecido en algunas provincias argentinas, destinado a recorrer y vigilar caminos vecinales, con base en la policía y en los municipios, es una medida aliativa, choca con la falta de uniformados y de móviles para cumplir esa función.
Ocampos aseguró “resulta indispensable la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales, que a su vez puedan tener la misma disposición de las demás fiscalías de las fuerzas de seguridad para asegurar la función que cumplen”. Y detalló “el proyecto de ley presentado establece la designación de un fiscal rural por cada circunscripción judicial de la provincia”.
Roca
Roca puso en marcha una obra clave: Comenzó el conector vial de calle Güemes
Se intervendrá el tramo entre Jujuy y Mendoza con mejoras integrales.
Con el objetivo de mejorar la circulación y la conectividad urbana, el Municipio de General Roca comenzó la ejecución de una nueva obra vial sobre calle Güemes.
Se trata del conector vial Gral. M.M. Güemes, que abarca el tramo comprendido entre las calles Jujuy y Mendoza. El proyecto contempla pavimentación, construcción de cordón cuneta y badenes, además de la incorporación de estacionamientos a 45° y señalización horizontal.
Asimismo, se realizarán obras complementarias como la colocación de alcantarillas en calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes.
Esta intervención forma parte del Plan de Conectividad e Infraestructura Vial, que prevé una serie de mejoras en arterias clave de la ciudad para facilitar la circulación vehicular y la integración entre distintos sectores.
Política
El bloque opositor constituye mayoría en el Consejo Superior del IUPA y exige condiciones para una transición democrática plena
El 30 de marzo se llevará adelante la primera sesión del Consejo Superior, donde se elegirán las nuevas autoridades que conducirán la institución.
Los comicios celebrados los días 15 y 16 de marzo en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) han dado como resultado la conformación de un bloque opositor mayoritario en el Consejo Superior, integrado por las fuerzas Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa. Este bloque, que se identifica como Consejeros Electos por la Transparencia, emitió un comunicado manifestando su posición ante la comunidad universitaria y la opinión pública.
«El bloque opositor reconoce y valida la elección de los consejeros estudiantiles de La 17 y Unesa, obtenida de manera transparente y ajustada a derecho, con la presencia de autoridades de mesa reconocidas en los padrones oficiales y fiscales de todas las fuerzas participantes del acto electoral de la sede central», indicaron.
Asimismo, «desconoce los resultados irregulares provenientes de las urnas de las dependencias adicionales y autoridades de mesa (Disposición N° 005/2026), debidamente observadas por las listas en instancias previas y durante el acto eleccionario».
Además, el bloque opositor denunció que las autoridades normalizadoras «están realizando una manipulación maliciosa de la información al difundir resultados electorales a través de medios oficiales sin respaldo documental alguno, sin haber puesto a disposición de las fuerzas políticas ningún tipo de documentación oficial que los acredite. Este proceder constituye un acto de negligencia institucional que vicia de nulidad cualquier comunicación oficial en ese sentido».
En virtud de lo expuesto, el bloque considera pertinente la creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones de la Junta Electoral a lo largo de todo el proceso electivo, con el objetivo de analizar si las acciones llevadas adelante han cumplido con los principios de transparencia e imparcialidad que deben regir todo acto democrático. El bloque se reserva el derecho de iniciar sumarios administrativos, disciplinares y legales si las irregularidades verificadas así lo requirieran.
Finalmente manifestaron que las fuerzas que conforman el bloque opositor electo exigen condiciones plenas para ejercer su mandato como representantes democráticos en la primera sesión del Consejo Superior, prevista para el 30 de marzo, instancia en la que se elegirán las nuevas autoridades que conducirán el período democrático de la universidad de las artes de la provincia.
Todas las autoridades designadas por el rector normalizador deben dar lugar a la nueva conducción elegida por los representantes democráticos. Esto incluye al rector, vicerrector, directores y secretarios. «No puede haber democracia universitaria plena mientras persistan en sus funciones autoridades no surgidas del voto de la comunidad», indicaron.
«El IUPA le debe a su comunidad una universidad democrática, transparente y abierta. Ese es el mandato que recibimos en las urnas y ese es el compromiso que asumimos», concluye el comunicado firmaron por Consejeros Electos por la Transparencia (Lista 10, La Tercera, La Pugliese, La 17 y Unesa).
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
