Sociedad
Intentan poner fin a los delitos rurales
Mediante un proyecto de ley buscan crear fiscales rurales. La iniciativa es de los legisladores del Frente Progresista, Jorge Ocampos y Daniela Agostino.

Se trata de una iniciativa que presentaron Jorge Ocampos y Daniela Agostino bajo la premisa que el delito rural no tiene las mismas características del delito urbano, especialmente por la clara diferencia del terreno en el que opera, cuyas dimensiones lo hacen difícilmente controlable. “En la comisión de este tipo de delitos, corren riesgo hasta las vidas de las personas, puesto que el accionar delictivo no tiene ningún tipo de límites”, explican los legisladores del Frente Progresista en la propuesta parlamentaria.
“Para lograr su cometido, los ladrones cortan alambrados y matan a los animales, mientras que otra metodología utilizada, es la de apoderarse de los camiones de transporte de hacienda en las rutas, donde la vigilancia es casi nula”, indicó Ocampos.
El presidente de la bancada referenció que “las provincias de Buenos Aires y de Entre Ríos, pioneras en la cuestión, ya cuentan con varias fiscalías de competencia exclusiva para el tratamiento del delito rural”. Detalló que estas fiscalías tienen una competencia exclusiva basada en los delitos que se cometen en el campo o hechos conexos, que pueden ser el abigeato, sustracción de animales tanto ganado mayor o menor, hurto de elementos utilizados en el campo, maquinarias de trabajo, alambrados o cercos.
“El robo de ganado es un hecho que los productores agropecuarios padecen, sin que la difícil situación encuentre un tratamiento y solución adecuados. De hecho, en la renovación de autoridades que tuvo lugar recientemente en la Sociedad Rural de Río Colorado, la primera solicitud al gobierno provincial fue la implementación de medidas para combatir la inseguridad de áreas rurales”, recordó el legislador.
En la propuesta parlamentaria indican que “el hurto o robo de animales, cuenta con una ventaja respecto de los delitos urbanos, cual es la distancia que separa a las víctimas del auxilio de la fuerza pública”. Y agregan que si bien el sistema de patrullas rurales establecido en algunas provincias argentinas, destinado a recorrer y vigilar caminos vecinales, con base en la policía y en los municipios, es una medida aliativa, choca con la falta de uniformados y de móviles para cumplir esa función.
Ocampos aseguró “resulta indispensable la creación de fiscalías especializadas en delitos rurales, que a su vez puedan tener la misma disposición de las demás fiscalías de las fuerzas de seguridad para asegurar la función que cumplen”. Y detalló “el proyecto de ley presentado establece la designación de un fiscal rural por cada circunscripción judicial de la provincia”.
Policiales
Un joven murió tras ser atropellado en pleno centro de Roca
La víctima circulaba en bicicleta y fue colisionada por un Volkswagen Gol. Fue en la esquina de 9 de Julio y España.

Un hombre que circulaba en bicicleta murió este jueves (03/09) en Roca tras ser atropellado por un Volkswagen Gol, que conducía un joven. Producto de la colisión, la víctima falleció en el acto.
El siniestro vial ocurrió en la esquina de calles 9 de Julio y España. Fue cerca de las 16.30 horas.
Hasta el momento, no se estableció cómo ocurrió el accidente ni cuáles fueron las circunstancias que derivaron en el impacto. No obstante, testigos señalaron que el joven que circulaba en bicicleta descendió desde la vereda hacia la calle y no fue percibido por el conductor del automóvil, que no alcanzó a frenar.

En el lugar del hecho se montó un importante operativo, con la intervención de efectivos policiales, personal de Tránsito municipal y una ambulancia del SIARME.
La zona permanecía cortada al tránsito mientras se realizaban las tareas correspondientes y avanzaban las pericias para esclarecer las circunstancias del siniestro.
Judiciales
Un cliente perdió casi $15 millones y la Justicia responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén
Las operaciones se realizaron luego de una maniobra de phishing. El fallo cuestionó la falta de alertas y controles frente a movimientos que se apartaban del comportamiento habitual de la cuenta.

La Justicia Civil de Cipolletti responsabilizó al Banco Provincia del Neuquén S.A. por una estafa digital que terminó con dos transferencias no autorizadas desde la cuenta de un cliente, por un total de $14.999.997.
Según relató la persona afectada, había ingresado desde su computadora al homebanking para realizar operaciones habituales. Durante el procedimiento apareció un mensaje sobre un supuesto nuevo sistema de seguridad destinado a prevenir estafas y se le solicitó el ingreso de un código token.
Luego, la página mostró un aviso sobre una actualización del sistema y las funciones quedaron bloqueadas. Horas más tarde, al ingresar desde su teléfono celular, el cliente constató dos transferencias que no había autorizado: una por $9.999.997 y otra por $5.000.000.
Tras advertir la situación, se comunicó con el banco, realizó una exposición policial, presentó un reclamo formal y formuló una denuncia penal.
La entidad sostuvo durante el juicio que las operaciones se habían concretado con usuario, contraseña y token válidos y que sus sistemas no habían registrado fallas. También argumentó que se trató de una estafa informática ajena a su responsabilidad.
Sin embargo, una pericia informática tuvo especial relevancia en la resolución. El especialista determinó que los sistemas del banco funcionaron correctamente y no detectó fallas en la generación ni en la validación de los códigos de seguridad. Al mismo tiempo, señaló que la maniobra pudo concretarse mediante phishing, una modalidad de ingeniería social que busca obtener credenciales mediante sitios falsos.
El informe también indicó que las transferencias no se realizaron desde las direcciones IP más habituales de la cuenta, que hubo intentos fallidos de validación del token y que el cliente no recibió notificaciones específicas sobre las operaciones.
La sentencia consideró que el banco no acreditó medidas preventivas suficientes frente a esos movimientos. El fallo destacó que las entidades financieras deben contar con mecanismos capaces de detectar operaciones sospechosas y adoptar medidas de verificación cuando se apartan del perfil habitual de un cliente.
Además, sostuvo que las maniobras de ingeniería social forman parte de los riesgos previsibles de la actividad bancaria digital y que la participación de terceras personas no alcanza, en este caso, para liberar de responsabilidad a la entidad.
Para determinar el daño moral, la Justicia valoró testimonios sobre la angustia, desesperación y nerviosismo que atravesó el cliente luego de descubrir la extracción de los fondos, además de que necesitó ayuda de otras personas para afrontar sus gastos.
La sentencia es de primera instancia y todavía no está firme, por lo que puede ser apelada.
Roca
Avanza la obra del conector vial de calle Güemes entre Jujuy y Mendoza
Los trabajos se desarrollan actualmente sobre el carril este, mientras que la próxima semana se prevé avanzar con el restante.

El Municipio de General Roca continúa con la ejecución de la obra Conector Vial calle Gral. M. M. Güemes, entre Jujuy y Mendoza, una intervención incluida en el Plan de Conectividad e Infraestructura Vial.
Actualmente, desde Mendoza hacia Jujuy se avanza con la ejecución de un paño de hormigón de aproximadamente 25 metros de longitud. En esta primera etapa, los trabajos se desarrollan sobre el carril este.
Para la próxima semana está prevista la ejecución del carril restante, dando continuidad a las tareas de pavimentación en el sector. Paralelamente, continúan los trabajos correspondientes a los sectores de estacionamiento sobre calle Güemes, en ambos lados de la calzada.
La obra contempla la ejecución de carpeta asfáltica, cordón cuneta, cordón central y badenes, además de sectores de estacionamiento conformados con adoquines sobre el sector norte de la traza principal.
El proyecto también incluye la construcción de alcantarillas de hormigón armado en los cruces de las calles Formosa, Río Negro y Norberto Blanes, destinadas a mejorar el escurrimiento de las aguas pluviales y reducir el riesgo de anegamientos.
A esto se suma infraestructura complementaria para los sistemas de riego y alumbrado público, además de conexiones de servicios que permitirán evitar futuras intervenciones sobre la nueva calzada.





