Río Negro
Impuesto a las ganancias: Weretilneck pidió a los Senadores «que prime la defensa de la Provincia por sobre las pertenencias partidarias»
Solicitó a Magdalena Odarda, Silvina García Larraburu y Miguel Pichetto, defender los intereses de la provincia respecto de la modificación al Impuesto a las Ganancias en la Cámara Alta.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, solicitó a los Senadores Nacionales rionegrinos Magdalena Odarda, Silvina García Larraburu y Miguel Pichetto, defender los intereses de la provincia respecto de la modificación al Impuesto a las Ganancias en la Cámara Alta.
En tal sentido, Weretilneck indicó en relación a los Senadores que «no caben dudas que este tema nos ha puesto a quienes tenemos cargos representativos en la provincia en una de las mayores encrucijadas para fijar una postura, pero independientemente de los deseos que podamos tener como argentinos y personas de la democracia que el sector trabajador de nuestra sociedad pueda mejorar sus ingresos, desde nuestro lugar institucional debemos defender los intereses y la garantía de los derechos de la totalidad de los rionegrinos».
«No se trata de otra cosa que hacer primar el interés común de los rionegrinos y los argentinos en general por sobre el de algunos sectores, aunque su reclamo sea totalmente justo», resaltó.
Sostuvo además que «la Constitución Nacional es muy clara al indicar que los Senadores Nacionales son los representantes de las Provincias, y por ende, deben defender los intereses de su Provincia. Y justamente abrupto cambio en el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias lesiona seriamente a los intereses, no sólo de nuestra Provincia, sino a todas en su conjunto, dejando a varias al borde del quebranto fiscal por la pérdida de ingresos de origen nacional».
En este marco, el gobernador convocó a los tres parlamentarios a cumplir esos preceptos que marcan la función del Senador Nacional, «los de defender los intereses de la Provincia dejando temporariamente de lado las pertenencias partidarias. No se trata aquí de oficialismo ni oposición, sino de la posibilidad que las provincias dejen de recibir fondos que son utilizados ni más ni menos que para cumplir con los derechos de los ciudadanos, como salud, educación, seguridad, entre otros, sin tener en cuenta la virtual imposibilidad de acompañar a los sectores productivos o la generación de obra pública».
El mandatario consideró además que «esto va mucho más allá de un eventual triunfo legislativo del oficialismo o la oposición, ya que están en juego cuestiones que deben estar muy por encima de las cuestiones partidarias, como lo es el bienestar de la población».
«Votar contra un beneficio para la clase trabajadora es una de las decisiones más antipáticas y difíciles que debe enfrentar un dirigente político o un representante institucional, pero lamentablemente hoy es el único camino ante el oscuro horizonte que se le presenta a las provincias si este proyecto es votado tal cual está hoy», señaló.
Recordó en tal sentido que «los gobernadores estamos proponiendo una instancia de diálogo y la posibilidad de generar un nuevo proyecto consensuado que respete los intereses de todos los sectores, incluso que cada uno de ellos resigne beneficios, pero que en definitiva decante en una norma más justa. No tenemos margen para nuevas lesiones al ya forzado equilibrio fiscal, y un agravamiento de esta situación nos lleva indefectiblemente a un mayor endeudamiento y déficit. No es ese el camino que deseamos para Río Negro, pensamiento en el que coincidimos con los senadores independientemente de los colores políticos, por lo que desde el Senado se podría trabajar en un modelo compensatorio que no lesiones los intereses de la Provincia».
Judiciales
Lo condenaron por violencia de género, volvió a convivir con la víctima y lo enviaron a prisión
La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial. El Ministerio Público acreditó que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad.
Un hombre condenado por violencia de género cumplirá pena efectiva en Cipolletti tras comprobarse el incumplimiento de las pautas de conducta. La situación salió a la luz a partir de un procedimiento policial y de un informe de la Oficina de Atención a la Víctima. El Ministerio Público Fiscal acreditó además que regresó a convivir con la mujer, quien se encuentra en condiciones de vulnerabilidad. El juez de Ejecución transformó la pena en suspenso en prisión efectiva.
La condena original se dictó en agosto de 2025 por hechos que incluyeron lesiones, amenazas y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese momento, el Poder Judicial había dispuesto reglas claras: no acercarse ni mantener contacto con la mujer y sostener un domicilio informado. Esas condiciones formaron parte de una pena de ejecución condicional que buscó evitar el encierro.
Sin embargo, la presencia en la vivienda de la mujer evidenció la transgresión de esas restricciones. El informe de la Oficina de Atención a la Víctima describió un escenario atravesado por temor y dependencia económica, además de referencias a episodios de violencia posteriores a la condena.
Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal sostuvo que el planteo se centró en el incumplimiento de las pautas impuestas y no en la investigación de un nuevo delito. La defensa se opuso al pedido y señaló que los hechos integraban una causa en trámite, además de plantear objeciones sobre la posibilidad de una doble sanción.
El juez de Ejecución Penal analizó la documentación incorporada, en especial el informe técnico, y consideró acreditada la violación de las reglas de conducta, en particular la prohibición de acercamiento. Con base en ese análisis y en normativa vinculada a la protección contra la violencia de género, dispuso la revocación de la condicionalidad.
La resolución ordenó la detención y el traslado a un establecimiento penitenciario.
Río Negro
Rutas 6 y 8: Histórico pavimento urbano para El Cuy
Será la primera Comisión de Fomento de Río Negro en contar con pavimento urbano.
El Gobierno de Río Negro avanza con una obra clave para la integración territorial y suma un hito histórico en El Cuy: la localidad será la primera Comisión de Fomento en contar con pavimento urbano, en el marco de las obras de repavimentación de las Rutas Provinciales N° 6 y N° 8.
En este contexto, Vialidad Rionegrina ejecuta la pavimentación de calles colectoras paralelas a la Ruta N° 6, junto con la iluminación de ambas banquinas, lo que transformará el paso por la localidad en una verdadera travesía urbana. Ya comenzaron los movimientos de suelo y la construcción de dársenas de giro y colectoras, mejorando la circulación y reforzando la seguridad vial.
El impacto es directo: accesos completamente asfaltados, mejor conectividad y condiciones para el desarrollo local. Se trata de un cambio estructural para la comunidad, que por primera vez contará con pavimento urbano, facilitando el acceso a servicios y generando nuevas oportunidades.
La obra forma parte de la intervención vial más importante de la provincia, con más de 180 kilómetros de repavimentación en las Rutas N° 6 y N° 8, a lo que se suman banquinas asfaltadas, nuevas dársenas en empalmes estratégicos y espacios de control de cargas para preservar la infraestructura.
Un corredor que integra y proyecta desarrollo
El proyecto fortalece la vinculación entre el Alto Valle y la Región Sur, consolidando un corredor clave para la producción, el turismo y la actividad económica. Cada obra responde a un plan: mejorar la conectividad, integrar el territorio y preparar a Río Negro para una nueva etapa de crecimiento.
Política
Denuncia penal federal contra las autoridades del IUPA por presunto fraude en las elecciones
Los denunciantes, gremios y listas opositoras a la actual gestión, describen tres maniobras concretas: el inflado del padrón electoral, irregularidades en el traslado de urnas desde el interior y la adjudicación de cargos docentes por parte de quienes condujeron el proceso electoral.
Representantes gremiales y apoderados de listas opositoras a la actual gestión del Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA) presentaron una denuncia penal ante la Justicia Federal por presunto fraude en las elecciones universitarias. La causa quedó radicada bajo el expediente PUMA N° RO-00567-C-2026, luego de que la Justicia Provincial declinara su competencia al reconocer el carácter nacional del IUPA.
Los denunciados son el rector normalizador Gerardo Norberto Blanes, el presidente de la Junta Electoral Ricardo Casanova y los integrantes de ese organismo: Marcos Fuentes, Daniela Retamal y Leonardo García. La denuncia fue suscripta por Rocío Encina, secretaria general de ADIUPA; Marina Cepeda, secretaria general de SITRAIUPA; y los apoderados y fiscales generales de las listas La Pugliese, Visuales Independientes y Lista N° 10-Celeste y Blanca.
El escrito describe tres maniobras concretas. En primer lugar, que «Blanes y Casanova se presentaron como candidatos en concursos docentes cuyos reglamentos y jurados ellos mismos definieron, para adjudicarse cargos de carrera previo al proceso electoral«. En el caso de Casanova, los denunciantes señalan que «el jurado incluyó a una persona con quien mantiene una relación de pareja pública y notoria».
En segundo lugar, denuncian que «el padrón electoral fue inflado con aproximadamente 50 docentes de guitarra y danzas folklóricas del interior sin funciones universitarias, y con 1.400 estudiantes de un programa de extensión cultural que no integra ninguna carrera de grado, en presunta violación del Estatuto del IUPA».
En tercer lugar, indican que «los votos provenientes del interior llegaron sin fiscalización, con urnas sin firmar, sin fajado y sin fiscales de lista presentes, luego de que la Junta Electoral sincronizara deliberadamente esa votación con la de la sede central para imposibilitar el control de las agrupaciones participantes».
Como medida adicional de encubrimiento, los firmantes denuncian que «la gestión decretó un asueto administrativo que impidió el acceso a las actas y desarticuló la protesta de estudiantes y docentes. Todas las impugnaciones presentadas fueron rechazadas por la Junta Electoral sin permitir la apertura de las urnas cuestionadas».
Ante este cuadro, los denunciantes solicitan a la Justicia Federal el secuestro inmediato de las urnas y la documentación electoral que se encuentra en el edificio, a fin de preservar las pruebas antes de que el Consejo Superior sesione el próximo 30 de marzo para elegir al nuevo rector y autoridades de la institución.
