Judiciales
Con gran convocatoria, se desarrollaron las Primeras Jornadas de Criminología e Investigación Criminal
Más de 400 personas participaron el viernes pasado en Cipolletti.
Más de 400 personas participaron de las Primeras Jornadas de Criminología e Investigación Criminal desarrolladas el viernes 16 de diciembre en el Hotel y Casino «Del Río» de Cipolletti. Los expositores destacaron la importancia del espacio para debatir y compartir experiencias para mejorar la labor diaria en las investigaciones penales. La organización estuvo a cargo del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro y de la Universidad Nacional de Río Negro.
La jornada comenzó con el acto protocolar y las palabras de bienvenida a cargo del Fiscal Coordinador de la IV Circunscripción Judicial, Gustavo Herrera, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Cipolletti, Diego Vazquez y el Secretario de Investigación de la zona Alto Valle y Valle Medio de la Universidad de Río Negro, Fernando Archubi.
La primer exposición, estuvo a cargo del Licenciado Alejandro Osorio, Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El reconocido profesional realizó una presentación sobre la «psicología en la investigación criminal» y brindó algunos ejemplos del trabajo que realiza el equipo que dirije en la Policía bonaerense. Además, Osorio, reprodujo un video demostrativo sobre como se llevaba a cabo una negociación en un secuestro extorsivo que generó especial atención en los asistentes.
Por otro lado, Marcelino Cottier, Licenciado en Criminalística y Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires expuso sobre la importancia de la preservación del lugar del hecho. A través de ejemplos prácticos y de una clase interactiva con el público, demostró como la «contaminación» o «alteración» de los lugares donde suceden los crímenes pueden afectar gravemente el éxito de las investigaciones.
Los representantes de la Policía Federal, Principal Blanca Montenegro, Subinspector Agostina Matticoli, Auxiliar 2da. Maria Juliana Castro y Agente Luis García Lavín, presentaron las potencialidades del sistema SIBIOS respecto de la identificación biométrica de las personas para luchar contra la impunidad. Puntualmente, el SIBIOS es un sistema informático que permite identificar a las personas por sus huellas dactilares, realizar reconstrucciones faciales y pericias de reconocimiento de voz, entre otros servicios.
David Baffoni, con su exposición «Las TICs en la investigación criminal – la evidencia digital» advirtió sobre la posibilidad de generar prueba en distintas investigaciones criminales a partir de información recabada de los equipos tecnológicos. En este sentido, destacó que en la actualidad, con el uso masivo de las nuevas tecnologías entre las que se encuentran los teléfonos celulares y las computadoras personales, se puede, mediante pericias y solicitando informes específicos, hallar a los posibles autores de delitos informáticos.
La investigación de casos en el sistema acusatorio, fue el eje de la charla brindada por los Comisarios Cristian Vázquez y Sergio Llaytuqueo, de la Policía de la provincia de Neuquén. En su ponencia, advirtieron sobre la importancia de la capacitación en técnicas de investigación científica y de la relación entre fiscales y policías para lograr resultados positivos en los distintos casos.
El cierre y reflexión final estuvo a cargo del Fiscal del caso de la provincia de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid y del Juez de Instrucción, Santiago Marquez Gauna, recientemente designado Fiscal de Cámara de la IV Circunscripción Judicial. Los funcionarios destacaron las ventajas del sistema acusatorio en la investigación criminal y la necesidad de una capacitación constante en las distintas áreas científicas y técnicas, por parte de todos los actores que intervienen en las investigaciones mencionadas.
En cuanto al evento en general, los ponentes destacaron la posibilidad de encontrarse para compartir experiencias y técnicas de investigación que pueden utilizarse para la investigación de distintos hechos delictivos. Además destacaron el éxito de la convocatoria que superó holgadamente la prevista por los organizadores. La Universidad Nacional de Río Negro y el Ministerio Público de Río Negro fueron las instituciones que conjuntamente se encargaron de la organización de la jornada.
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Ataque a la salida de un boliche: La Fiscalía pidió 6 años y 6 meses de prisión para uno de los acusados
La brutal golpiza ocurrió en junio de 2025. La víctima, de 17 años, fue atacada por cuatro personas, tres mayores y un menor de 18 años.
El Ministerio Público Fiscal solicitó la pena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, más las costas del proceso, para uno de los imputados por el ataque ocurrido en junio de 2025 a la salida de un boliche en General Roca.
El hombre participó este lunes (10/08) de la audiencia de cesura de pena en calidad de detenido, ya que permanece cumpliendo prisión preventiva desde el momento del hecho.
Durante la jornada declararon profesionales que intervinieron en la asistencia de la víctima, entre ellos una integrante de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), la psicóloga que lo atendió de manera particular y un médico del Cuerpo de Investigación Forense de la Segunda Circunscripción. También declaró una de las docentes del adolescente, quien explicó cómo debieron readecuarse las materias que cursaba.
Al momento de fundamentar el pedido de pena, la fiscal Verónica Villarruel hizo hincapié en la gravedad del ataque y en la participación de varias personas. «Han podido escuchar una serie de testigos que nos pudieron brindar su mirada profesional respecto de la víctima. No podemos dejar de lado en estos alegatos la pluralidad de sujetos que intervinieron en el hecho, tres adultos y un menor de edad que arremetieron contra el joven y su primo», señaló la fiscal.
Villarruel remarcó además que el ataque ocurrió en la vía pública y frente a numerosas personas, cuya intervención permitió asistir a la víctima.
La representante del Ministerio Público Fiscal también destacó las consecuencias físicas y psicológicas que sufrió el adolescente, quien tenía 17 años al momento del hecho.
«Pesa en nuestro pedido el daño ocasionado, esto lo vimos reflejado tanto en las palabras y las vivencias de la madre del adolescente, como también en lo que tiene que ver con el tiempo de recuperación, el tiempo de convalecencia en el hospital, y se suman las palabras del médico forense», explicó.
Según se expuso durante la audiencia, el joven permaneció durante 10 meses sin la placa necesaria para evitar lesiones en su cráneo.
La Fiscalía también hizo referencia al impacto que el ataque tuvo en su vida cotidiana. «Con sólo 17 años y a raíz de lo acontecido, la víctima fue desarraigada de su vida de estudiante secundario, perdió todo tipo de vínculo con sus compañeros, además se suma que durante mucho tiempo estuvo con medicación y a esto le siguió la rehabilitación», sostuvo Villarruel.
Para el Ministerio Público Fiscal, también debe tenerse en cuenta el daño psicológico sufrido por el adolescente.
«Se le cortó la vida a sus 17 años por una decisión que tomaron en conjunto los imputados», concluyó la fiscal.
Tras los alegatos, la querella solicitó una pena de 7 años de prisión efectiva, mientras que el defensor particular pidió 5 años y 4 meses.
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Quiso separar una pelea entre perros, los hirió con una piedra y la Justicia archivó la denuncia
El Juzgado de Paz concluyó que no existió intención de provocar daño y desestimó la denuncia por maltrato animal.
Un hombre de Río Colorado vio que su perro se había escapado para pelear con otro animal. Quiso terminar con el enfrentamiento y arrojó una piedra para separarlos. Pero nada salió como esperaba. Desafortunadamente el proyectil hirió al otro perro y le provocó una grave lesión en los ojos.
El border collie fue atendido por un veterinario, quien certificó que había perdido la visión de ambos ojos. Su dueño promovió una denuncia al considerar que se trataba de un caso de maltrato animal. Sin embargo, desde el primer momento, el hombre señalado explicó que nunca buscó lastimar al perro y que su única intención había sido terminar con la pelea entre los animales.
El Juzgado de Paz analizó el caso y resolvió desestimar la denuncia y archivar las actuaciones. La jueza concluyó que los hechos no configuraban la contravención de maltrato animal prevista en el Código Contravencional.
La sentencia destacó que esa figura exige una conducta dolosa, es decir, la voluntad de provocar daño al animal. En este caso, la magistrada entendió que del propio relato del denunciante surgía que el hombre actuó para separar a los perros y no con el propósito de herir al border collie. La lesión fue consecuencia del intento de evitar la pelea y no de una acción dirigida a causar sufrimiento.
Además, el fallo señaló que esa conducta podía incluso quedar comprendida dentro de una causal de no punibilidad prevista para quienes actúan para impedir una agresión, siempre que el medio utilizado resulte una respuesta frente a esa situación. Por ese motivo, la jueza concluyó que no existían los elementos necesarios para atribuir responsabilidad contravencional por maltrato animal.
La resolución también descartó la figura de custodia de animales, ya que esa infracción solo se configura cuando un animal causa lesiones a una persona por falta de cuidados de su dueño. En este caso, el daño recayó sobre otro animal, por lo que esa norma tampoco resultaba aplicable.
El fallo aclaró que el archivo de la causa contravencional no impide que el dueño del perro lesionado reclame por la vía civil una indemnización por los daños que considere haber sufrido.
Judiciales
Quiso borrar el apellido de su padre, pero un reencuentro cambió el rumbo de la historia
El joven había iniciado una acción judicial para suprimir el apellido paterno, pero desistió luego de recomponer el vínculo con su padre durante un proceso terapéutico.
Durante años imaginó que borrar el apellido paterno sería la manera de dejar atrás una historia marcada por la distancia. Así inició un proceso judicial para hacerlo. Pero, mientras el expediente seguía su curso, la historia tomó un rumbo inesperado. Padre e hijo comenzaron a acercarse otra vez.
Ese reencuentro no fue casual. El trabajo realizado en un espacio terapéutico le permitió revisar el conflicto desde otro lugar y preguntarse si todavía quedaba algo por reconstruir. Entonces eligió detener el proceso judicial, recuperar el tiempo perdido y darse, junto a su padre, una oportunidad que hasta hacía poco creía imposible.
El fuero de Familia de Luis Beltrán hizo lugar a ese pedido, declaró concluido el proceso por desistimiento y ordenó el archivo de las actuaciones. La jueza consideró que se encontraban reunidos los requisitos previstos por la legislación para poner fin al expediente.
El joven había promovido la acción para solicitar la supresión de su apellido paterno. Durante la etapa inicial del trámite se incorporó la documentación presentada, se ordenó la publicación de edictos y se dispusieron distintas medidas previas. En esa etapa la demanda todavía no había sido notificada al progenitor.
Al comunicar su decisión de desistir, explicó que el proceso terapéutico le permitió replantear el conflicto desde otra perspectiva. Expresó que quería intentar recuperar la relación con su padre, compensar el tiempo perdido y brindarse mutuamente una oportunidad antes de avanzar con una decisión definitiva sobre su identidad registral.
En la sentencia, la magistrada explicó que el desistimiento es una forma de poner fin anticipadamente a un proceso judicial cuando una de las partes decide no continuar con la acción.
Agregó que el Código Procesal Civil y Comercial autoriza esa posibilidad siempre que, si la demanda ya fue trasladada, la otra parte haya sido notificada.
Como en este caso ese traslado aún no se había concretado, la jueza entendió que estaban cumplidos todos los requisitos legales para admitir el desistimiento y declarar extinguido el proceso.
«En virtud de ello entiendo que se encuentran configurados los recaudos previstos en el artículo 278, para que opere el desistimiento del proceso por voluntad de la parte», explicó. Además, se estableció que las actuaciones permanezcan archivadas en formato digital, conforme a la normativa vigente del Poder Judicial de Río Negro.
