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Con gran convocatoria, se desarrollaron las Primeras Jornadas de Criminología e Investigación Criminal

Más de 400 personas participaron el viernes pasado en Cipolletti.

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Más de 400 personas participaron de las Primeras Jornadas de Criminología e Investigación Criminal desarrolladas el viernes 16 de diciembre en el Hotel y Casino «Del Río» de Cipolletti. Los expositores destacaron la importancia del espacio para debatir y compartir experiencias para mejorar la labor diaria en las investigaciones penales. La organización estuvo a cargo del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro y de la Universidad Nacional de Río Negro.

La jornada comenzó con el acto protocolar y las palabras de bienvenida a cargo del Fiscal Coordinador de la IV Circunscripción Judicial, Gustavo Herrera, el secretario de gobierno de la Municipalidad de Cipolletti, Diego Vazquez y el Secretario de Investigación de la zona Alto Valle y Valle Medio de la Universidad de Río Negro, Fernando Archubi.

La primer exposición, estuvo a cargo del Licenciado Alejandro Osorio, Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. El reconocido profesional realizó una presentación sobre la «psicología en la investigación criminal» y brindó algunos ejemplos del trabajo que realiza el equipo que dirije en la Policía bonaerense. Además, Osorio, reprodujo un video demostrativo sobre como se llevaba a cabo una negociación en un secuestro extorsivo que generó especial atención en los asistentes.

Por otro lado, Marcelino Cottier, Licenciado en Criminalística y Comisario Mayor de la Policía de la Provincia de Buenos Aires expuso sobre la importancia de la preservación del lugar del hecho. A través de ejemplos prácticos y de una clase interactiva con el público, demostró como la «contaminación» o «alteración» de los lugares donde suceden los crímenes pueden afectar gravemente el éxito de las investigaciones.

Los representantes de la Policía Federal, Principal Blanca Montenegro, Subinspector Agostina Matticoli, Auxiliar 2da. Maria Juliana Castro y Agente Luis García Lavín, presentaron las potencialidades del sistema SIBIOS respecto de la identificación biométrica de las personas para luchar contra la impunidad. Puntualmente, el SIBIOS es un sistema informático que permite identificar a las personas por sus huellas dactilares, realizar reconstrucciones faciales y pericias de reconocimiento de voz, entre otros servicios.

David Baffoni, con su exposición «Las TICs en la investigación criminal – la evidencia digital» advirtió sobre la posibilidad de generar prueba en distintas investigaciones criminales a partir de información recabada de los equipos tecnológicos. En este sentido, destacó que en la actualidad, con el uso masivo de las nuevas tecnologías entre las que se encuentran los teléfonos celulares y las computadoras personales, se puede, mediante pericias y solicitando informes específicos, hallar a los posibles autores de delitos informáticos.

La investigación de casos en el sistema acusatorio, fue el eje de la charla brindada por los Comisarios Cristian Vázquez y Sergio Llaytuqueo, de la Policía de la provincia de Neuquén. En su ponencia, advirtieron sobre la importancia de la capacitación en técnicas de investigación científica y de la relación entre fiscales y policías para lograr resultados positivos en los distintos casos.

El cierre y reflexión final estuvo a cargo del Fiscal del caso de la provincia de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid y del Juez de Instrucción, Santiago Marquez Gauna, recientemente designado Fiscal de Cámara de la IV Circunscripción Judicial. Los funcionarios destacaron las ventajas del sistema acusatorio en la investigación criminal y la necesidad de una capacitación constante en las distintas áreas científicas y técnicas, por parte de todos los actores que intervienen en las investigaciones mencionadas.

En cuanto al evento en general, los ponentes destacaron la posibilidad de encontrarse para compartir experiencias y técnicas de investigación que pueden utilizarse para la investigación de distintos hechos delictivos. Además destacaron el éxito de la convocatoria que superó holgadamente la prevista por los organizadores. La Universidad Nacional de Río Negro y el Ministerio Público de Río Negro fueron las instituciones que conjuntamente se encargaron de la organización de la jornada.

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Judiciales

Imputaron a una quinta persona por la presunta millonaria defraudación al IPROSS en Valle Sereno

Se trata de una acompañante terapéutica, acusada de participar en una presunta maniobra que habría perjudicado a la obra social provincial mediante la facturación de prestaciones que no se habrían realizado.

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La investigación por la presunta defraudación al Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS) sumó este jueves (02/07) una quinta imputación. El Ministerio Público Fiscal formuló cargos contra una acompañante terapéutica, a quien acusa de haber participado en una maniobra para facturar prestaciones de salud mental que, según la investigación, nunca fueron brindadas a pacientes del establecimiento Valle Sereno-San Cirano S.A., de General Roca.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta Gimena Ducca sostuvo que la imputada habría intervenido en 21 hechos ocurridos entre noviembre de 2021 y julio de 2023, junto a un médico clínico y psiquiatra, una licenciada en Psicología, directivos del establecimiento y otros integrantes del equipo profesional.

De acuerdo con la acusación, el grupo habría confeccionado historias clínicas, planillas de asistencia y registros de pacientes con datos falsos, incluyendo internaciones ambulatorias bajo la modalidad Hospital de Día que, en realidad, no se habrían concretado. Esa documentación era utilizada para emitir facturas que luego eran presentadas al IPROSS para el cobro de prestaciones.

La Fiscalía indicó que el establecimiento mantenía un convenio con la obra social provincial para brindar distintos módulos de atención en salud mental, entre ellos Hospital de Día, una modalidad con un valor superior al de otras prestaciones. Según la investigación, esa circunstancia habría permitido incrementar el monto de las facturaciones presuntamente irregulares.

Como sustento de la imputación, el Ministerio Público Fiscal mencionó la denuncia presentada por el IPROSS en mayo de 2024, documentación administrativa de la obra social, informes contables elaborados por la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal, registros bancarios, informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), documentación del Ministerio de Salud de Río Negro y diversas entrevistas realizadas durante la investigación.

La acompañante terapéutica fue imputada como presunta partícipe necesaria del delito de estafas reiteradas agravadas por haber sido cometidas en perjuicio de la administración pública.

Por su parte, el defensor penal público Juan Pablo Chirinos no presentó objeciones a la formulación de cargos, aunque informó que ya solicitó la realización de una pericia caligráfica.

Finalmente, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos y fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.

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Inició el debate oral por presuntos maltratos y amenazas a niños en un CAINA de Roca

La imputada está acusada por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora. Otro acusado ya admitió su responsabilidad y cumple una condena.

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Comenzó esta mañana (30/06) en los Tribunales de General Roca el juicio contra una mujer que se desempeñaba como auxiliar en un Centro de Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (CAINA) -dependientes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF)-, acusada de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora por hechos que habrían tenido como víctimas a menores institucionalizados.

Cabe recordar que, en noviembre del año pasado, otra persona señalada por la Fiscalía como coautor de los hechos reconoció su responsabilidad en un juicio abreviado y actualmente cumple la condena impuesta.

Durante los alegatos de apertura, el fiscal Marcelo Ramos y la defensora de menores Estela Aroca señalaron que la acusada y el otro auxiliar asistencial habrían maltratado a ocho niños y niñas entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la teoría del caso, ambos habrían amenazado a los menores para impedir que relataran los episodios de maltrato, vulnerando derechos reconocidos por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.

Para sostener la acusación, el Ministerio Público Fiscal presentará la denuncia de la coordinadora institucional, testimonios de operadores del CAINA, informes elaborados durante la intervención, la declaración de la psicóloga de la institución, la participación de profesionales de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), las entrevistas realizadas mediante Cámara Gesell por especialistas del Cuerpo de Investigación Forense y certificaciones laborales de los imputados.

Por su parte, la mujer es asistida por un defensor particular, quien sostuvo que la situación corresponde a una cuestión de orden administrativo.

El debate continuará mañana y se prevé que finalice el jueves, cuando las partes expondrán sus conclusiones respecto de la responsabilidad penal de la imputada.

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Transfirió por error 3 millones de pesos por Mercado Pago y el destinatario se los gastó: El conflicto se solucionó en el Juzgado de Paz

La deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios.

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Un productor de cebollas transfirió por error 3 millones de pesos a la cuenta de Mercado Pago de otra persona cuando intentaba pagar los insumos necesarios para su actividad. Pese a que reclamó en varias oportunidades la devolución del dinero, no obtuvo respuesta. Según relató, incluso fue bloqueado en WhatsApp. El conflicto llegó al Juzgado de Paz de General Conesa, donde finalmente las partes alcanzaron un acuerdo de pago.

La demanda se presentó a través del procedimiento de menor cuantía. El hombre explicó que la transferencia estaba destinada a una agronomía que le provee los insumos indispensables para la producción, pero por un error el dinero terminó acreditado en la billetera virtual de otra persona.

En la presentación judicial sostuvo que intentó recuperar el dinero por vías informales. Afirmó que se comunicó en reiteradas oportunidades con el destinatario de la transferencia para pedirle que restituyera el monto, pero no obtuvo respuesta y luego fue bloqueado.

Durante la audiencia convocada por el Juzgado de Paz, el demandado reconoció que había recibido los 3 millones de pesos en su cuenta de Mercado Pago. Sin embargo, explicó que no podía devolverlos porque los había gastado inmediatamente después de recibirlos.

Ante esa situación solicitó un cuarto intermedio para reunir parte del dinero y elaborar una propuesta de pago que pudiera cumplir. Días más tarde, las partes volvieron a reunirse y alcanzaron un acuerdo.

Finalmente la deuda quedó fijada en $3.370.000, suma que incluyó el capital reclamado, intereses y honorarios. En ese mismo acto el demandado entregó en efectivo medio millón.
El resto se abonará en seis cuotas consecutivas. Los pagos deberán realizarse en el Juzgado de Paz de General Conesa, aunque el acuerdo prevé que el deudor podrá adelantar cuotas o efectuar pagos superiores si tiene posibilidades de hacerlo.

La jueza de Paz consideró que el convenio reflejaba la voluntad de ambas partes y que no afectaba el orden público. En consecuencia, homologó el acuerdo y dejó establecido el cronograma de pagos que permitirá cancelar la deuda originada por la transferencia realizada por error.

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