Río Negro
El Ejecutivo elevaron el proyecto para prorrogar la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal
Desde el gobierno provincial y organismos judiciales, estiman pertinente la fijación de fecha de implementación el 1 de agosto de 2017.
El Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Legislatura de Río Negro el proyecto de Ley que propicia la prórroga hasta el 1 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Ley Nº 5020. Esta decisión se fundamenta en que, ante la inminencia de ingresar en la fase de implementación del nuevo Código Procesal Penal se advierte la necesidad de profundizar en la redefinición de tareas de los distintos actores del nuevo sistema como así también la de efectuar reformas normativas necesarias que acompañen armónicamente la reforma Procesal Penal en cuestión.
De esta manera, atendiendo las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma respecto de la prorroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el 1 de agosto de 2017.
En tanto, en su artículo 2º, el proyecto expresa que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deberán informar por escrito a la Comisión Interpoderes, a partir de enero de 2017, del 1 al 10 de cada mes y hasta la fecha establecida en el artículo anterior, los avances obtenidos para la efectiva puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema adversarial.
Se recuerda en tal sentido que la reforma del Código Procesal Penal, sancionada hace exactamente dos años, estableció la fecha de entrada en vigencia de la mencionada normativa a partir del 1 de marzo de 2017 en todo el territorio de la provincia, a excepción de lo relativo al Juicio por Jurados, cuya vigencia operará desde el 1 de enero de 2018.
Asimismo creó la Comisión Interpoderes para una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal, con seguimiento al proceso de reforma, integrada por un representante del Poder Ejecutivo, tres legisladores, un representante del Superior Tribunal de Justicia designado por el Presidente del Cuerpo, un representante del Ministerio Público designado por la Procuración General, el Presidente del Colegio de Magistrados y un representante de los Colegios de Abogados.
Recuerda asimismo que el pasado 6 de diciembre de 2016, se llevó a cabo una reunión de la Comisión en San Carlos de Bariloche, oportunidad en la que comenzó el debate con el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acordando los presentes ampliar el orden del día para el tratamiento del anteproyecto de modificación de la Ley K Nº 4.199 del Ministerio Público.
La Procuradora General avanzó sobre la propuesta de prórroga de inicio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Ley Nº 5.020, planteando como nueva fecha el 1º de junio de 2.017. Fundamentó la petición en las necesidades del Ministerio Público Fiscal para poder encarar el nuevo sistema adversarial, definiendo personal y un sistema conclusivo.
La moción fue receptada favorablemente por los Colegios de la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripción, por el Presidente del Colegio de Magistrados, manifestando la Presidente del Superior Tribunal de Justicia que la fecha fijada primigeniamente lo fue por parte de la Legislatura y que desde el máximo organismo se trabajó en ese sentido encontrándose preparado el Superior Tribunal de Justicia para la implementación en tiempo y forma, no obstante lo cual, ante el pedido del Ministerio Público deberá aceptarse la moción para posibilitar ordenar su dinámica.
Desde el Ejecutivo se consideró que de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma respecto de la prorroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el día 1 de agosto de 2017.
Se determinó además que en la adopción de la medida de prórroga, resulta imperioso conocer los avances obtenidos para la efectiva puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema adversarial, para lo cual se considera necesario establecer que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deban informar mensualmente dicha circunstancia a la Comisión Interpoderes.
Política
Coparticipación: Culminó la ronda de diálogo en toda la provincia
Desde el Gobierno provincial aseguraron que se buscará avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
El Gobierno de Río Negro llevó adelante la última mesa de trabajo con intendentes, en el marco del proceso de actualización de los índices de coparticipación, completando así la ronda de encuentros con todas las regiones de la provincia.
Del encuentro participaron los intendentes Marcelo Román de Allen; Daniel Hernández de Campo Grande; Daniela Salzotto de Catriel; Enrique Rossi de Cinco Saltos; Rodrigo Buteler de Cipolletti; Horacio Zúñiga de Contralmirante Cordero; y María Emilia Soria de General Roca.
La reunión fue encabezada por el ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, acompañado por la secretaria de Gobierno, Natalia Almonacid, y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.
Durante la jornada, y en base al diálogo y el consenso, se tomó nota de cada una de las propuestas presentadas por los municipios, con el objetivo de analizarlas y avanzar en posibles mejoras de los indicadores que conforman el esquema de distribución.
«Estamos llevando adelante un proceso serio, responsable y profundamente federal. Escuchamos a cada municipio, tomamos sus propuestas y trabajamos en conjunto para construir una herramienta más justa, actualizada y acorde a la realidad de la provincia», expresó Ríos.
El Ministro remarcó además que «este proceso se sostiene en el diálogo permanente y en la convicción de que ningún municipio se verá perjudicado, sino que buscamos fortalecer a cada comunidad en función de su realidad».
Finalizadas estas rondas de trabajo, el Gobierno Provincial ahora analizará integralmente todas las propuestas para definir la mejor actualización de los índices de coparticipación, propuestos a avanzar en base al diálogo y el consenso construido con los municipios.
Gremios
UnTER considera insuficiente la propuesta del Gobierno y advierten que si no hay nueva propuesta habrá medidas de fuerza
Reclaman una propuesta superadora que contemple el salario docente.
El gremio docente UnTER rechazó la última propuesta salarial presentada por el Gobierno provincial y reclamó una nueva convocatoria a paritarias.
La resolución se adoptó tras un extenso congreso realizado en General Roca, donde delegados debatieron durante más de 12 horas antes de fijar una postura.
Desde el sindicato señalaron que la oferta -que incluye un aumento del 5,29% en marzo, sumas fijas y actualización por inflación- no logra recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores de la educación.
La secretaria general, Laura Ortiz, advirtió que, si no hay una nueva convocatoria, se retomarán las medidas de fuerza que habían sido suspendidas. «Se definió declarar la propuesta del Gobierno como insuficiente, una urgente convocatoria paritaria y, de no concretarse, un congreso para el 31 de marzo para poder llevar adelante las medidas de fuerza», indicó.
Además, cuestionó que la propuesta sea similar a la realizada a otros sectores estatales, remarcando que el reclamo docente requiere un tratamiento específico. «Esta no es la respuesta que la docencia está esperando. Le exigimos al Gobierno que nos convoque para mejorar la propuesta atendiendo las demandas que tenemos», agregó.
Judiciales
Una historia detrás de un cambio de apellido: cuando la identidad pesa más que el origen
El adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín.
Un adolescente recurrió al Poder Judicial porque cargaba con un peso invisible: su apellido. Para él, ese nombre en su documento era solo un recordatorio de una ausencia total, lo que le provocaba rechazo y vergüenza.
En la escuela y con sus amigos, todos lo conocen por otro apellido: el de la persona que lo cuidó y lo sostuvo desde que tenía un año y medio. El padre de crianza ocupó el lugar que el progenitor dejó vacío por desinterés.
Aunque su madre ya no es pareja de ese hombre, el vínculo entre ellos permaneció intacto. Él lo acompaña a los actos escolares, lo apoya económicamente y comparte con él vacaciones y festejos familiares.
El fuero de Familia de Villa Regina hizo lugar a la acción iniciada por el adolescente y ordenó la supresión del apellido paterno. También dispuso la rectificación de la partida de nacimiento para que el joven lleve el apellido del hombre que lo crio. Además, ordenó comunicar la decisión al Registro Civil para modificar el acta correspondiente y emitir un nuevo documento nacional de identidad.
Ante una consulta del Juzgado, el adolescente aclaró que su intención concreta consistía en llevar el apellido de su padre afín. Durante el proceso intervino la Defensoría de Menores y se produjo prueba documental, testimonial y pericial psicológica. También se realizaron notificaciones al progenitor biológico, quien no se presentó en ningún momento. La fiscalía y el Registro Civil emitieron dictámenes favorables a la petición.
Los testigos coincidieron en que el joven no se identifica con el apellido paterno y reconoce como padre a quien lo acompañó en su crianza, con quien mantiene una relación cercana. También señalaron que, en ámbitos sociales, escolares y en redes, el adolescente ya utiliza ese apellido.
El fallo recordó que el derecho a la identidad incluye elementos como el nombre, la filiación y la pertenencia social y familiar. El Código Civil y Comercial permite modificar el nombre cuando existen justos motivos, lo que habilita valorar la dimensión dinámica de la identidad personal. En ese marco, la jueza consideró que el abandono del progenitor biológico y la consolidación de un vínculo socioafectivo con el padre de crianza constituyen razones suficientes para apartarse del principio de inmutabilidad del nombre.
También destacó la importancia del interés superior del adolescente y su derecho a ser escuchado. En la audiencia realizada durante el proceso, el joven reafirmó su decisión y explicó que reflexiona sobre el cambio de apellido desde hace años.
A partir de la prueba reunida, el Juzgado concluyó que el uso del apellido paterno genera una afectación en la identidad personal del adolescente y que la modificación solicitada refleja la realidad de sus vínculos familiares y sociales.
