Río Negro
El Ejecutivo elevaron el proyecto para prorrogar la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal
Desde el gobierno provincial y organismos judiciales, estiman pertinente la fijación de fecha de implementación el 1 de agosto de 2017.
El Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Legislatura de Río Negro el proyecto de Ley que propicia la prórroga hasta el 1 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Ley Nº 5020. Esta decisión se fundamenta en que, ante la inminencia de ingresar en la fase de implementación del nuevo Código Procesal Penal se advierte la necesidad de profundizar en la redefinición de tareas de los distintos actores del nuevo sistema como así también la de efectuar reformas normativas necesarias que acompañen armónicamente la reforma Procesal Penal en cuestión.
De esta manera, atendiendo las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma respecto de la prorroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el 1 de agosto de 2017.
En tanto, en su artículo 2º, el proyecto expresa que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deberán informar por escrito a la Comisión Interpoderes, a partir de enero de 2017, del 1 al 10 de cada mes y hasta la fecha establecida en el artículo anterior, los avances obtenidos para la efectiva puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema adversarial.
Se recuerda en tal sentido que la reforma del Código Procesal Penal, sancionada hace exactamente dos años, estableció la fecha de entrada en vigencia de la mencionada normativa a partir del 1 de marzo de 2017 en todo el territorio de la provincia, a excepción de lo relativo al Juicio por Jurados, cuya vigencia operará desde el 1 de enero de 2018.
Asimismo creó la Comisión Interpoderes para una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal, con seguimiento al proceso de reforma, integrada por un representante del Poder Ejecutivo, tres legisladores, un representante del Superior Tribunal de Justicia designado por el Presidente del Cuerpo, un representante del Ministerio Público designado por la Procuración General, el Presidente del Colegio de Magistrados y un representante de los Colegios de Abogados.
Recuerda asimismo que el pasado 6 de diciembre de 2016, se llevó a cabo una reunión de la Comisión en San Carlos de Bariloche, oportunidad en la que comenzó el debate con el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acordando los presentes ampliar el orden del día para el tratamiento del anteproyecto de modificación de la Ley K Nº 4.199 del Ministerio Público.
La Procuradora General avanzó sobre la propuesta de prórroga de inicio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Ley Nº 5.020, planteando como nueva fecha el 1º de junio de 2.017. Fundamentó la petición en las necesidades del Ministerio Público Fiscal para poder encarar el nuevo sistema adversarial, definiendo personal y un sistema conclusivo.
La moción fue receptada favorablemente por los Colegios de la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripción, por el Presidente del Colegio de Magistrados, manifestando la Presidente del Superior Tribunal de Justicia que la fecha fijada primigeniamente lo fue por parte de la Legislatura y que desde el máximo organismo se trabajó en ese sentido encontrándose preparado el Superior Tribunal de Justicia para la implementación en tiempo y forma, no obstante lo cual, ante el pedido del Ministerio Público deberá aceptarse la moción para posibilitar ordenar su dinámica.
Desde el Ejecutivo se consideró que de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma respecto de la prorroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el día 1 de agosto de 2017.
Se determinó además que en la adopción de la medida de prórroga, resulta imperioso conocer los avances obtenidos para la efectiva puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema adversarial, para lo cual se considera necesario establecer que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deban informar mensualmente dicha circunstancia a la Comisión Interpoderes.
Río Negro
Así será la planta que convertirá el gas de Vaca Muerta en valor rionegrino
Tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias, más del triple de la producción y transporte actual del país.
La planta de fraccionamiento en tierra será una de las piezas centrales del proyecto Argentina GNL y marcará un antes y un después en el desarrollo industrial de Río Negro. No se trata solo de exportar gas: se trata de industrializarlo en la provincia, generar una nueva actividad económica y más puestos de trabajo.
La planta recibirá los líquidos y gases asociados que llegarán a través del poliducto de 22 pulgadas, que correrá en paralelo al gasoducto desde Neuquén hasta la costa rionegrina. Tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias, más del triple de la producción y transporte actual del país. Ese ducto no solo permitirá exportar, sino también procesar en origen y agregar valor.
La más grande de la Argentina
Será la planta fraccionadora más grande de la Argentina. Allí se separarán propano, butano y gasolinas naturales, productos con alto valor industrial y comercial que hoy forman parte de cadenas estratégicas de la petroquímica y la energía.
Este paso implica dejar atrás un esquema meramente extractivo. «Río Negro no puede ser solo un lugar de paso. Nos toca una etapa siguiente», remarcó Weretilneck. La planta consolida esa visión: el gas será procesado, industrializado y generará nuevas oportunidades en tierra rionegrina.
La instalación permitirá que parte del valor agregado quede en la provincia, impulsando el desarrollo del futuro Polo Petroquímico de Río Negro, uno de los próximos desafíos planteados por el Gobierno.
Una industria que llega para quedarse
A diferencia de otras obras que tienen un inicio y un final, la planta operará durante toda la vida útil del proyecto, estimada en 30 años. Esto significa empleo directo e indirecto sostenido, servicios asociados, logística, transporte, mantenimiento, seguros y nuevas inversiones industriales.
«Este es el nuevo orden económico que comienza a construirse», definió el gobernador al referirse al rol que tendrán el gas, el petróleo y la minería como pilares exportadores del país.
Un cambio estructural en el Golfo
La planta forma parte de un esquema integral que incluye gasoducto dedicado, poliducto y buques de licuefacción. Pero es la instalación en tierra la que consolida el salto productivo: transforma al Golfo San Matías en un polo industrial y no solo en una salida marítima.
Con infraestructura permanente y actividad sostenida por décadas, Río Negro avanza en la construcción de un nuevo perfil económico, con industria, empleo y valor agregado que quedan en casa.
Policiales
Fin de semana largo con amplios controles en rutas y terminales
La Policía reforzó la prevención en puntos estratégicos de circulación de personas y vehículos.
Durante el fin de semana extra largo de Carnaval, la Policía de Río Negro desplegó intensos controles preventivos en toda la provincia. En Viedma y Lamarque la División Toxicomanía inspeccionó colectivos y vehículos particulares, se identificó a decenas de personas y se labraron infracciones, todo sin registrar secuestros de droga ni hechos graves.
El operativo, coordinado por la División Toxicomanía junto a otras áreas, reforzó la prevención en puntos estratégicos de circulación de personas y vehículos.
Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy (18/02), el movimiento en la Terminal de Ómnibus de Viedma fue monitoreado de cerca. Entre las 6 y las 10, el personal especializado, acompañado por perros detectores, controló siete colectivos de media y larga distancia. Recorrieron, pasillos, bodegas y equipajes bajo la mirada atenta de los efectivos. El resultado no tuvo novedades de consideración. De todas maneras, el trabajo preventivo apunta a anticiparse y a desalentar cualquier intento de traslado de sustancias ilegales.
Por otra parte, en el Valle Medio, el despliegue se concentró sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 998, frente al Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel. Allí, entre las 9 y las 11, se montó un control vehicular conjunto a cargo de la Delegación Lamarque de Toxicomanía. En total se revisaron 45 vehículos y se identificó a 45 personas, en su mayoría mayores de edad que circulaban por el fin de semana turístico.
Además, se labraron tres infracciones policiales vinculadas a irregularidades detectadas en los vehiculos. No se registraron secuestros de estupefacientes ni detenciones por delitos vinculados a drogas. El resto de los controles finalizó sin novedades, lo que permitió sostener una circulación ordenada en uno de los corredores más transitados de la provincia.
Este tipo de operativos, especialmente en fechas de alta movilidad como Carnaval, no sólo buscan detectar delitos sino también marcar presencia. La combinación de controles en terminales y en rutas estratégicas responde a una planificación que prioriza la prevención y el cuidado de quienes viajan.
Judiciales
No trabajó casi 100 días en un año: Confirman legalidad de despido de un delegado sindical de una empresa
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia, que ratificó la sentencia.
El Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el planteo de un hombre que había sido despedido de una empresa en Jacobacci tras ausentarse 98 días de su trabajo en un lapso de 10 meses. También tenía antecedentes de violencia laboral hacia una gerente. El caso tuvo varios pasos, ya que el empleado era delegado sindical. Por eso previamente se realizó un proceso para excluirlo de la tutela especial que la norma indica para quienes ejercen ese rol. Cumplido ese trámite judicial, se inició otro por la cesantía.
Con la confirmación de las sentencias anteriores de una Cámara Laboral de Bariloche se cerró el último intento judicial en el fuero provincial para revertir el despido que había habilitado a la empresa a romper el vínculo laboral.
La historia judicial comenzó a fines de 2024, cuando el fuero Laboral autorizó la exclusión de tutela sindical de un representante de base que también integraba la conducción seccional de su sindicato. La empresa había pedido el desafuero con un argumento central: la pérdida de confianza frente a una dinámica de conflicto que, según su planteo, había dejado de encuadrar en el ejercicio regular de la actividad gremial.
En ese expediente, los integrantes del Tribunal pusieron el foco en varios ejes. Uno de ellos fue el uso de los permisos sindicales. Entre enero y octubre de 2023, el delegado se ausentó 98 días bajo esa modalidad. La empleadora sostuvo que en muchos casos no existió pedido formal ni aviso previo suficiente para reorganizar tareas, y que esa práctica afectó la planificación productiva. La Cámara consideró acreditado ese esquema de ausencias y lo valoró como un elemento más dentro de un cuadro general que describió como incompatible con los deberes de buena fe y colaboración, propios del contrato de trabajo.
El tribunal laboral también examinó testimonios sobre asambleas realizadas sin coordinación con la empresa, interrupciones de la producción en distintos turnos y enfrentamientos con personal jerárquico. A ello sumó una sentencia previa que tuvo por probadas conductas de violencia laboral hacia una gerente. En conjunto, entendió que se configuraba una injuria de entidad suficiente como para justificar la exclusión de la tutela sindical prevista en la Ley 23.551.
La resolución recordó que la garantía gremial exige autorización judicial previa para despedir a un delegado, pero no implica inmunidad frente a incumplimientos graves. Con esa autorización concedida, la empresa dispuso el despido el mismo día en que fue notificada del fallo.
El trabajador respondió con una nueva demanda. Impugnó el telegrama y se colocó en situación de despido indirecto. Alegó que la sentencia de exclusión no estaba firme y que la protección sindical seguía vigente mientras no se agotaran los plazos recursivos. Invocó el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales y sostuvo que la decisión patronal fue prematura.
La Cámara volvió a pronunciarse en su contra. Señaló que la empresa había seguido el procedimiento legal y que, una vez autorizada la exclusión, podía extinguir el vínculo. Destacó además que el trabajador no recurrió la sentencia que lo dejó sin tutela y que no podía luego desconocer sus efectos. También afirmó que no tiene contenido jurídico considerar disuelto un contrato que ya había sido extinguido por el empleador.
El caso llegó al Superior Tribunal de Justicia a través de un recurso de queja, después de que se rechazara la instancia extraordinaria. El planteo insistió en la supuesta aplicación inmediata de una sentencia que, según el actor, no tenía firmeza y en la errónea interpretación del artículo 52 de la Ley 23.551.
El STJ centró su análisis en la admisibilidad del recurso. Indicó que la queja no refutó de manera concreta los fundamentos de la denegatoria anterior y que los agravios intentaban reabrir cuestiones de hecho y prueba, materia ajena a esa instancia. Con ese encuadre, rechazó el planteo y dejó firme en el ámbito provincial la decisión que había avalado el despido del delegado sindical.
