Río Negro
El Ejecutivo elevaron el proyecto para prorrogar la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal
Desde el gobierno provincial y organismos judiciales, estiman pertinente la fijación de fecha de implementación el 1 de agosto de 2017.
El Poder Ejecutivo Provincial elevó a la Legislatura de Río Negro el proyecto de Ley que propicia la prórroga hasta el 1 de agosto de 2017 la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Ley Nº 5020. Esta decisión se fundamenta en que, ante la inminencia de ingresar en la fase de implementación del nuevo Código Procesal Penal se advierte la necesidad de profundizar en la redefinición de tareas de los distintos actores del nuevo sistema como así también la de efectuar reformas normativas necesarias que acompañen armónicamente la reforma Procesal Penal en cuestión.
De esta manera, atendiendo las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma respecto de la prorroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el 1 de agosto de 2017.
En tanto, en su artículo 2º, el proyecto expresa que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deberán informar por escrito a la Comisión Interpoderes, a partir de enero de 2017, del 1 al 10 de cada mes y hasta la fecha establecida en el artículo anterior, los avances obtenidos para la efectiva puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema adversarial.
Se recuerda en tal sentido que la reforma del Código Procesal Penal, sancionada hace exactamente dos años, estableció la fecha de entrada en vigencia de la mencionada normativa a partir del 1 de marzo de 2017 en todo el territorio de la provincia, a excepción de lo relativo al Juicio por Jurados, cuya vigencia operará desde el 1 de enero de 2018.
Asimismo creó la Comisión Interpoderes para una adecuada implementación del nuevo sistema procesal penal, con seguimiento al proceso de reforma, integrada por un representante del Poder Ejecutivo, tres legisladores, un representante del Superior Tribunal de Justicia designado por el Presidente del Cuerpo, un representante del Ministerio Público designado por la Procuración General, el Presidente del Colegio de Magistrados y un representante de los Colegios de Abogados.
Recuerda asimismo que el pasado 6 de diciembre de 2016, se llevó a cabo una reunión de la Comisión en San Carlos de Bariloche, oportunidad en la que comenzó el debate con el anteproyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, acordando los presentes ampliar el orden del día para el tratamiento del anteproyecto de modificación de la Ley K Nº 4.199 del Ministerio Público.
La Procuradora General avanzó sobre la propuesta de prórroga de inicio de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal aprobado por Ley Nº 5.020, planteando como nueva fecha el 1º de junio de 2.017. Fundamentó la petición en las necesidades del Ministerio Público Fiscal para poder encarar el nuevo sistema adversarial, definiendo personal y un sistema conclusivo.
La moción fue receptada favorablemente por los Colegios de la Primera, Tercera y Cuarta Circunscripción, por el Presidente del Colegio de Magistrados, manifestando la Presidente del Superior Tribunal de Justicia que la fecha fijada primigeniamente lo fue por parte de la Legislatura y que desde el máximo organismo se trabajó en ese sentido encontrándose preparado el Superior Tribunal de Justicia para la implementación en tiempo y forma, no obstante lo cual, ante el pedido del Ministerio Público deberá aceptarse la moción para posibilitar ordenar su dinámica.
Desde el Ejecutivo se consideró que de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Comisión Interpoderes de Seguimiento de la Reforma respecto de la prorroga en la fase de implementación del nuevo sistema hasta tanto se cuente con la totalidad de reformas normativas que hagan viable técnicamente la aplicación del nuevo sistema con real efectividad en la persecución del delito como en la consecución de la paz y orden social, se estima pertinente la fijación de fecha de implementación el día 1 de agosto de 2017.
Se determinó además que en la adopción de la medida de prórroga, resulta imperioso conocer los avances obtenidos para la efectiva puesta en marcha y adecuado funcionamiento del sistema adversarial, para lo cual se considera necesario establecer que el Superior Tribunal de Justicia y la Procuración General deban informar mensualmente dicha circunstancia a la Comisión Interpoderes.
Río Negro
Río Negro avanza con su primer plan de viviendas 100% inclusivo
Se trata del primer plan habitacional diseñado en su totalidad para personas con discapacidad.
El Gobierno de Río Negro consolida el programa Construir Inclusión como un hito inédito en la provincia, al ser el primer plan habitacional diseñado en su totalidad para personas con discapacidad. Con un enfoque puesto en las personas, abre nuevas oportunidades para muchas familias rionegrinas, que podrán acceder a hogares pensados desde su origen para brindar accesibilidad, autonomía y una mejor calidad de vida.
Esta nueva herramienta fue presentada por el gobernador Alberto Weretilneck y representa un avance significativo en materia de acceso a derechos. Si bien el IPPV en cada plan de viviendas que lleva adelante contempla un mínimo del 10% de las casas para personas con discapacidad, en esta oportunidad se puso en marcha una línea habitacional específica, pensada para garantizar mayor accesibilidad, autonomía y oportunidades a familias rionegrinas, con fondos provinciales y contratación de empresas y mano de obra local.
«El programa Construir Inclusión es el primer programa específico donde todas las viviendas que se van a construir en el marco de este plan son destinadas a familias con integrantes con discapacidad», destacó el interventor del IPPV, Mariano Lavin.
La iniciativa es coordinada junto al Ministerio de Desarrollo Humano y organizaciones que trabajan en la temática de discapacidad, que tendrán un rol clave en el proceso de implementación.
En una primera etapa, el programa proyecta la construcción de 100 viviendas. La inscripción ya se encuentra habilitada y puede realizarse tanto de manera online como presencial en las delegaciones del IPPV distribuidas en toda la provincia.
«Ya iniciamos la inscripción con mucha repercusión, con numerosas personas registrándose a través de nuestra web y en las 18 delegaciones del IPPV», agregó.
Entre los requisitos principales se encuentran ser mayor de edad, contar con Certificado Único de Discapacidad vigente, acreditar residencia en la provincia y no poseer vivienda propia.
Las personas interesadas pueden completar el trámite de forma digital a través del siguiente enlace: https://ippv.rionegro.gov.ar/formulario-de-inscripcion-construir-inclusion o bien acercarse a la delegación más cercana para recibir asistencia personalizada durante el proceso.
Diseño universal y políticas sostenidas
El programa se enmarca en una política habitacional más amplia que la provincia viene desarrollando en los últimos años.
«Todos los planes de vivienda del IPPV tienen un piso del 10% destinado a personas con discapacidad», recordó Lavin.
Además, destacó que el 100% de las viviendas recuperadas por el organismo se reasignan a familias con integrantes con discapacidad, y que todas las nuevas unidades habitacionales incorporan criterios de accesibilidad.
«Todas las viviendas que estamos construyendo tienen diseño universal, lo que significa que están preparadas para la transitabilidad de una persona en silla de ruedas, sin necesidad de hacer modificaciones estructurales», subrayó.
Regularización dominial y Ley Pierri, otra herramienta clave
En paralelo, la provincia avanza en políticas de regularización dominial que permiten a más familias acceder al título de propiedad de sus viviendas, entre ellas la implementación de la Ley Pierri.
«Tenemos tres líneas importantes: la escrituración de viviendas del IPPV, el programa ‘Mi Escritura, Un Derecho’ y la Ley Pierri, que permite resolver situaciones de personas que no pueden escriturar por las vías normales», explicó Lavin.
En este sentido, destacó que ya se entregaron más de 2.600 escrituras en los últimos años, consolidando el acceso a la propiedad para miles de familias.
«La Ley Pierri está pensada para quienes tienen posesión legítima de su vivienda, pero no pueden completar la escritura por distintas situaciones, como el fallecimiento del titular registral», indicó.
El programa establece requisitos específicos, como acreditar posesión anterior al año 2006 y que se trate de una vivienda única, brindando una solución concreta a problemáticas históricas de acceso a la titularidad.
Río Negro
Licitan una importante refacción en la Escuela Primaria 35 de Roca
La obra incluye mejoras estructurales, sanitarias y de seguridad, con un plazo de ejecución de 180 días.
El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro avanzó con el proceso de licitación para la refacción integral de la Escuela Primaria N° 35 de General Roca, una obra clave para mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.
En ese marco, se realizó la apertura de sobres, donde se presentaron tres ofertas: Mapivial Equipos SRL, con una propuesta de $366.146.191,05; KUMA SRL, que cotizó $418.723.277,55; y BRB SRL, con una oferta de $360.398.918,31.
Actualmente, las propuestas se encuentran en etapa de análisis técnico y económico, con el objetivo de avanzar en la adjudicación y posterior contratación de la obra, que cuenta con un presupuesto oficial superior a los $312 millones.
El proyecto contempla una intervención integral en el edificio, incluyendo el recalce estructural de fundaciones, la reconstrucción de contrapisos y pisos en aulas y sectores de circulación, así como la mejora de veredas perimetrales.
También se prevén trabajos en revoques interiores y exteriores, pintura general, refacciones en la cubierta de techos y cielorrasos, además de la instalación de un sistema de alarma, nuevas carpinterías y barrales antipánico en los accesos.
El plazo de ejecución estipulado para la obra es de 180 días, y forma parte del plan provincial para fortalecer la infraestructura escolar en la región.
Gremios
Mientras UnTER asegura un 70% de adhesión al paro, el Gobierno informa un 65% de presentismo en las escuelas
En el primer día de protesta, los docentes se movilizaron en los puentes Cipolletti-Neuquén y fueron reprimidos por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura.
La primera jornada del paro docente de 48 horas en Río Negro estuvo marcada por cifras contrapuestas entre el gremio UnTER y el Gobierno provincial, y por momentos de tensión en los puentes carreteros que conectan Cipolletti con Neuquén.
Desde el sindicato aseguraron que la medida de fuerza alcanzó una adhesión cercana al 70% en toda la provincia. En contraposición, el Ministerio de Educación y Derechos Humanos informó que el presentismo docente superó el 65%, lo que, según indicaron, «permitió sostener el dictado de clases en gran parte de las escuelas».
En paralelo, la protesta tuvo su punto más crítico en la zona de los puentes interprovinciales sobre la Ruta Nacional N° 22, donde docentes se manifestaban en el marco del paro de 48 horas. Durante la mañana, la actividad se había desarrollado con entrega de folletería y tránsito lento, sin mayores inconvenientes.
Sin embargo, la situación escaló cuando un grupo de manifestantes intentó avanzar sobre la calzada. En ese momento, intervinieron efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura, quienes utilizaron gas pimienta para dispersar a los docentes.
El accionar generó corridas, momentos de tensión y desconcierto entre los presentes. Algunos manifestantes resultaron afectados por los gases, aunque fueron asistidos en el lugar y continuaron con la movilización.
Desde UnTER señalaron que la intención era movilizarse hacia la rotonda sin cortar totalmente el tránsito, dejando al menos un carril habilitado para la circulación.
Por su parte, el Gobierno provincial cuestionó la medida de fuerza al considerarla injustificada y remarcó que, «en los últimos años, los salarios docentes se ubicaron por encima de la inflación».
