Río Negro
Con la presencia de Weretilneck, acordaron modificaciones del Impuesto a las Ganancias
Los fondos que dejarán de recibir las provincias por la coparticipación, se cubrirán con los ATN en forma automática durante todo el año que viene. Además, la Patagonia tendrá un mínimo no imponible diferente al resto.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, participó este martes de la reunión en la que los mandatarios provinciales, el Gobierno Nacional y la oposición política, alcanzaron un acuerdo para la modificación del Impuesto a las Ganancias. La iniciativa prevé que el déficit de las provincias se cubrirá con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
De esta manera, el proyecto que se logró por consenso contempla que los fondos que dejarán de recibir las provincias por la coparticipación de este impuesto, se cubrirán con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en forma automática durante todo el año que viene.
Weretilneck participó de la conferencia de prensa en la que se presentó el acuerdo alcanzado, la cual fue encabezada por los ministros de Hacienda y Finanzas, Alfredo Prat Gay y el de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y los mandatarios de Córdoba, Juan Schiaretti; de San Juan, Sergio Uñac, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.
Al respecto, Frigerio explicó que con el apoyo de la mayoría de los gobernadores, el nuevo proyecto ha reinstalado el impuesto al juego. “Con los acuerdos volvimos a imponer este tributo, con otras modificaciones”, consignó la agencia Télam. Con ello, explicó Frigerio, se vuelve a respetar el Presupuesto Nacional de 2017 y el valor diferencial va a ser cubierto una parte de ATN, otra con el impuesto a las Ganancias y otra con la coparticipación.
Al ser consultado respecto del acuerdo alcanzado, el gobernador Weretilneck destacó que “una de las cuestiones más importantes es que se logró una serie de modificaciones que benefician directamente a los trabajadores, particularmente a los de la Patagonia, donde el mínimo no imponible trepa a los $45.140. En tanto, otro aspecto a resaltar es que se logró revertir el desfinanciamiento de las provincias que se iba a producir si prosperaba el anterior proyecto”.
La Patagonia tendrá un mínimo no imponible diferente al resto. Un trabajador en relación de dependencia que está casado con dos hijos comenzará a pagar el impuesto desde los $45.140, un piso 22% más alto que el del resto del país.
El mandatario rionegrino resaltó que “un punto muy importante para las provincias es que no destinamos más dinero de nuestro presupuesto que el que ya teníamos previsto. Con el acuerdo alcanzado hoy, se evita la pérdida de recursos para las provincias, como lo estipulaba la anterior iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados”.
En tal sentido, insistió que “las Provincias tendremos el mismo ingreso por el Impuesto a las Ganancias que teníamos cuando se sancionó el Presupuesto. Por lo tanto, si los diputados y senadores habían votado estos impuestos, no debería haber ningún tipo de inconveniente para lo que se vaya a votar ahora”.
“Por otro lado, las centrales obreras han manifestado su acuerdo con el Gobierno Nacional a partir de estas modificaciones que se han hecho a los mínimos y las escalas, el otro motivo de preocupación de diputados y senadores también ha desaparecido”, añadió.
Destacó en este marco el compromiso de los senadores nacionales rionegrinos, “quienes habían acompañado a la provincia en la intención de evitar que se definancie y tenga un déficit importantísimo. En las próximas horas me comunicaré con ellos para explicarlos los alcances del acuerdo”.
Weretilneck remarcó la importancia del trabajo conjunto entre los gobernadores de distintos partidos políticos. “Hemos encontrado un espacio común para coordinar las políticas provinciales con las nacionales. Seguramente seguiremos sumando más integrantes a este grupo”, resaltó.
Precisamente, el mandatario rionegrino consideró que “el hecho más importante de estos diez días fue la capacidad de recrear el diálogo, la confianza y el trabajo en conjunto y en equipo de los distintos sectores de la vida argentina”.
“El viernes pasado, los gobernadores le planteamos al Gobierno Nacional la convocatoria a un diálogo. Y debemos agradecer esto y lo que se ha llevado adelante con las centrales obreras, los legisladores y con nosotros mismos”, expresó.
Consideró además que “estábamos ante una situación en la que se había puesto al Estado argentino en vilo, con serios problemas fiscales para el año próximo, que había tensionado la relación de la política y con el movimiento obrero y había generado hacia el exterior señales de duda. Este encuentro marca claramente que estamos en el camino correcto, de los consensos, el diálogo y el interés común”.
El gobernador rionegrino remarcó además que “con este acuerdo ganan los trabajadores, se recupera la confianza en las instituciones que conducen el Estado y damos una señal de que la dirigencia argentina toma con absoluta responsabilidad no solo la economía, sino la inserción del país en el mundo financiero”.
“Podemos sentirnos tranquilos de haber hecho todo lo posible, de haber encontrado una salida a un problema que realmente nos iba a generar un sinnúmero de inconvenientes”, dijo.
Judiciales
Fallo contempló el cuidado exclusivo de una madre y fijó una cuota de siete salarios mínimos
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior.
El cuidado cotidiano que la madre ejerce de manera exclusiva sobre su hija fue uno de los factores centrales para fijar una cuota alimentaria equivalente a siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles. La sentencia, dictada en Bariloche, también dispuso que el padre deberá afrontar el 50% de los gastos extraordinarios vinculados con la crianza.
La demanda fue presentada por la madre en representación de su hija de 8 años. Señaló que el progenitor reside en Buenos Aires y que el contacto con la niña es esporádico, ya que se ven una o dos veces al año. También explicó que las tareas de cuidado recaen exclusivamente sobre ella.
Según la presentación, el padre pagaba de manera directa un colegio privado, el comedor y algunas actividades. Además, hasta septiembre de 2023 realizaba depósitos mensuales, que luego dejó de efectuar. La madre sostuvo que ese aporte resultaba insuficiente frente al conjunto de gastos de crianza.
El progenitor respondió que no estaba en condiciones de afrontar el monto solicitado. Indicó que se dedica a la intermediación en la venta de caballos, con ingresos irregulares, y afirmó encontrarse desocupado. Durante una audiencia ofreció una suma menor junto con algunos pagos directos, pero no hubo acuerdo.
En el expediente se incorporaron informes sobre los gastos de la niña, vinculados con educación, cobertura médica, actividades extracurriculares y tratamientos médicos. También se realizó una pericia social en el domicilio materno que describió condiciones habitacionales adecuadas y señaló que el hogar se sostiene con el salario de la madre.
Al analizar el caso, la sentencia destacó que las tareas de cuidado tienen un valor económico que debe considerarse al fijar la cuota alimentaria. En este caso, se acreditó que esas responsabilidades recaen casi en su totalidad sobre la progenitora.
El fallo también señaló que el padre no registra impuestos activos ni declaraciones juradas ante AFIP. Sin embargo, en el expediente constan datos sobre la titularidad de un automóvil y viajes al exterior. En ese contexto, el juzgado indicó que, ante ingresos informales, es el propio alimentante quien se encuentra en mejores condiciones de acreditarlos.
Con base en las necesidades de la niña y las circunstancias acreditadas en el proceso, la sentencia hizo lugar a la demanda y fijó la cuota alimentaria en siete salarios mínimos vitales y móviles, además del pago compartido de los gastos extraordinarios.
Política
Caen los fondos que recibe Río Negro por coparticipación nacional
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable.
Río Negro registró en los primeros meses de 2026 una caída real en los fondos que recibe por coparticipación, producto de la baja en la recaudación nacional. La disminución de los ingresos por IVA, junto con una menor cantidad de días hábiles de recaudación y otros factores, configuran una tendencia a la baja que también se refleja en la actividad económica y el consumo.
De acuerdo con los datos del Ministerio de Hacienda de Río Negro, en términos reales los recursos coparticipables enviados por Nación cayeron un -7,87% en enero y un -7,7% en febrero, consolidando una volatilidad negativa marcada en los recursos coparticipados.
La coparticipación constituye una de las principales fuentes de financiamiento para las provincias, por lo que cualquier variación en la recaudación nacional impacta directamente en los recursos disponibles para sostener servicios, obras y políticas públicas.
La caída se explica principalmente por el retroceso del IVA, el impuesto que más incide en la masa coparticipable. Tras varios meses de desaceleración, registró bajas reales de -12,1% en enero y -13% en febrero, reflejando una menor dinámica de la actividad económica y del consumo.
Este escenario se vincula con la evolución del consumo a nivel nacional. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas acumulan variaciones negativas desde mayo de 2025 y en diciembre registraron una caída interanual de -5,2%. En la misma línea, la consultora Scentia informó que el consumo masivo cayó -1,1% interanual en enero de 2026.
En contraste con este contexto nacional, la recaudación propia de Río Negro muestra un comportamiento más estable, ofreciendo un resguardo relativo, aunque no exento de la desaceleración general. El impuesto sobre los Ingresos Brutos registró subas reales de 5,7% en enero y 6,2% en febrero.
La menor recaudación nacional se traslada directamente a las provincias a través de la coparticipación, reduciendo los recursos que reciben para sostener el funcionamiento del Estado y las inversiones en el territorio.
Política
Nuevas cesantías por faltas en la administración pública de Río Negro
En lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
En los primeros meses del año, la Junta de Disciplina aplicó sanciones por faltas graves. «Las medidas ratifican la continuidad del control disciplinario para cuidar los recursos públicos y garantizar la eficiencia», indicó la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
«Bajo la premisa de valorar al agente que cumple y garantizar un servicio efectivo a la ciudadanía, el Gobierno de Río Negro sostiene con firmeza el ejercicio de la potestad disciplinaria», agregó la funcionaria. En ese marco, en lo que va del 2026, se dictaron dos cesantías, 11 suspensiones sin goce de haberes y dos apercibimientos.
Desde enero de 2024, el trabajo de la Junta implicó el análisis de más de 1.000 expedientes administrativos. Este dinamismo permitió agilizar procesos históricamente demorados, logrando duplicar el promedio anual de resoluciones en comparación con años anteriores.
Como resultado de este ordenamiento, desde el comienzo de la gestión se dictaron 94 cesantías, 6 exoneraciones, 448 suspensiones sin goce de haberes y 24 apercibimientos. Asimismo, el sistema de justicia interna determinó 77 absoluciones.
«Tenemos el mandato claro de construir una administración eficiente y preparada para el futuro. Eso requiere reglas claras y tolerancia cero frente a faltas graves o abandonos de servicio, garantizando siempre procesos transparentes», afirmó Lastra.
Los motivos de las sanciones
Las actuaciones disciplinarias abarcan una amplia gama de incumplimientos en el ámbito estatal. Estas irregularidades van desde faltas en el servicio -como desatención de tareas, ausencias injustificadas o negligencia en el cuidado de insumos- hasta inconductas y conflictos interpersonales que incluyen denuncias por malos tratos, insultos y agresiones entre compañeros.
Para los casos de mayor gravedad, la ley prevé las sanciones más severas. Por un lado, la cesantía implica la desvinculación del agente con la prohibición de reingresar al Estado por un plazo de cinco años. Esta medida se aplica ante la acumulación de sanciones previas, abandono prolongado de servicio o faltas graves.
Por otro lado, la exoneración representa la medida más dura del sistema: supone la expulsión definitiva y la inhabilitación permanente para volver a trabajar en la administración pública. Esta sanción se reserva para casos extremos, como delitos dolosos con condena penal firme.
«Un proceso riguroso y transparente», aseguró Lastra
Las sanciones impuestas no son automáticas, sino el resultado de un riguroso sumario administrativo. Al detectarse una posible falta, instructores especializados investigan los hechos, reúnen pruebas y elevan un informe a la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo y vocales gremiales (ATE y UPCN), evalúa la gravedad de los hechos y los antecedentes para emitir su resolución.
La Ley Provincial prevé una escala progresiva: desde el apercibimiento y las suspensiones, hasta la cesantía (desvinculación con posibilidad de reingreso a los cinco años) y la exoneración (expulsión definitiva ante delitos con pena de prisión).
