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«Mano dura»: En año electoral, baja en la edad de imputabilidad

Por Silvia Augsburger, Diputada Provincial de Santa Fe por el Bloque Igualdad y Participación FPCYS.

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Tras el brutal asesinato de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que fue baleado cerca de su casa, el Gobierno Nacional repite, una vez más, la fórmula remanida de responder a la demanda social, con declaraciones mediáticas y efectistas de “mano dura”. Así, poniendo todo el acento en la baja de edad de imputabilidad de las personas menores de edad que fue propuesta de campaña electoral de Sergio Massa, el Ministro de Justicia ha asegurado que impulsará el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, en el marco de un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil, que será enviado al Congreso después de las elecciones legislativas.

En el año 2005, año en el cual el parlamento nacional sancionó la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nuestro país dio un paso fundamental en el camino de concretar en hechos los postulados, derechos y garantías consagrados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño que desde el año 1994 tiene rango constitucional. Pero otros importantes instrumentos en el marco del Sistema Integral de Protección de derechos reconocidos en los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto, no se han ni sancionado ni puesto en marcha, con lo cual nuestro ordenamiento jurídico tiene un enorme incumplimiento y retraso sustantivo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Uno de estos instrumentos es sin dudas la creación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como responsabilidad sustantiva la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral.

Hasta hoy y ya pasado más de una década de sancionada la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, aún no se ha logrado reunir la decisión política de concretar la puesta en funcionamiento de tan importante institución que garantizaría un avance sustantivo en el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.

El otro instrumento jurídico pendiente, es la implementación de un sistema de responsabilidad penal juvenil, que remplace la vieja ley vigente de la dictadura, y que tenga como objetivo principal la garantización de los derechos humanos de los/las jóvenes en conflicto con la ley penal y como último recurso la privación de la libertad en casos excepcionales en los que se hayan agotado todos los recursos disponibles por parte del estado.

Durante el año 2009, nuestro compañero Rubén Giustiniani trabajó junto a senadores de otros bloques parlamentarios en un proyecto de ley de régimen penal juvenil que tuvo media sanción en el Senado y que nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. También en ese año, desde el Bloque de Diputados Socialistas presentamos una iniciativa que tampoco fue tratada.

Es impostergable avanzar hacia una adecuación normativa compatible con el paradigma de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de las personas menores de edad, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. La restricción de la libertad personal (y más aún de un/a joven) en los contextos de encierro hoy vigentes, profundizan las vulneraciones de derechos y están lejos de solucionar el problema que socialmente se reclama: la inseguridad.

Pero además es un argumento falaz. Según el Revelamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2015, hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2015. De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación.

Frente al debate instalado, desde Igualdad y Participación insistimos en la necesidad de poner el eje desde los tres niveles gubernamentales en poner en marcha las políticas públicas, con los recursos presupuestarios adecuados que establecen las leyes de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la plena vigencia de los derechos humanos, dejando el derecho penal como el último recurso, agotadas todas las acciones y medios a disposición del estado. En este sentido, compartimos lo expresado por Roberto Gargarella y Leonardo Filippini en una nota de opinión del diario “La Nación”: “La doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio, es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención”.

“Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?”.

Para dar solo algunos ejemplos que nos interpelan muy de cerca, en la provincia de Santa Fe, se sancionó en el año 2011 la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, adecuando la normativa provincial a la ley nacional. Hasta hoy, ni la ciudad de Rosario, ni la ciudad de Santa Fe han puesto en marcha los dispositivos de protección de derechos locales que exige la norma.

En esta misma línea de desatención del estado a la infancia, más de 10.000 niños y niñas de la provincia de Santa Fe, no tendrán este año posibilidad de iniciar el ciclo formal de educación obligatorio desde los 4 años, porque no existen jardines públicos para todos/as ellos/as.

Si repasamos las estadísticas oficiales de la población carcelaria, veremos cómo nuestras cárceles están pobladas en su mayoría por personas jóvenes que no han completado la escuela primaria, y que al momento de cometer el delito que se les imputa, no tenía trabajo. Incluso un alto porcentaje de estos jóvenes, ni siquiera posee DNI. Aun privados de la libertad, el estado sigue violando los derechos humanos de estas personas, ya que las condiciones en los que se encuentran no responden a estándares mínimos de salubridad, son maltratados y en su mayoría no tienen posibilidades ni de estudiar ni trabajar.

Por ello, estamos convencidos/as que, frente al debate planteado, antes de pensar en cómo hacer más eficiente el castigo es necesario pensar cómo hacemos para extender los derechos y los sistemas de protección de la infancia, y frente a los/as jóvenes en conflicto con la ley, cómo desde el estado garantizamos para estos, condiciones para la restitución de los derechos vulnerados y lugares de privación adecuados, porque una sociedad más segura es una sociedad justa. Y por sobre todo, una sociedad más igualitaria.

 

Silvia Augsburger.
Diputada Provincial de Santa Fe por el Bloque Igualdad y Participación FPCYS.-

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Opinión

Las Universidades, para qué?

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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En estos días es habitual oír los problemas que enfrenta el sistema educativo, por el desfinanciamiento que está sufriendo. 

Y rápidamente podemos preguntarnos cuál sería el problema y por extensión, por el rol clave que deberían cumplir, en especial las universidades. 

En primera medida servir de espacio de contención socio cultural para quienes pretendan formarse y contar con nuevas herramientas para avanzar en la vida, y segunda y quizá tenida menos en cuenta, generar conocimientos valiosos para la comunidad en su conjunto. 

Si hay algo que uno espera de la educación superior, (de las universidades) ese lugar donde se produce el conocimiento, es que corran los límites, que vayan más allá, que incomoden todo aquello que sea necesario para poder avanzar. 

En este sentido, las ciencias sociales, esas con las que convivimos, ya que nos revisan en eso que nos define como sociedad, como individuos y como humanos, tendrán mucho para aportar. 

Claramente el estado, pero no únicamente el nacional, decide qué financiar y por ende qué no. Pensemos por un momento un gobierno provincial e inclusive algunos gobiernos locales (municipio y comunas), financiando proyectos de investigación en la creencia y seguridad de que eso que se investigue, aportará nuevas ideas, conocimientos y herramientas para su gestión. 

Pero claro, hoy pareciera que las cosas son distintas. Quienes ocupan cargos de gestión, con su trabajo cotidiano nos responden a la preguntá ¿qué se hace?, ya que es su cotidiano. Mientras que quienes investigan en políticas públicas, ciencias de la administración y todo lo referido a la administración pública, nos responderían a ¿qué se podría hacer? 

Hay algo hasta increíble en la separación que tiene hoy la academia con la gestión gubernamental, los investigadores en lo estatal por un lado y los cargos electivos y funcionarios por otros. Si bien son dos conocimientos diferentes, el que se consigue estudiando y el que se consigue haciendo, en algún momento deberían encontrarse. 

Pero claro, quién financiaría aquello que lo incomode, que lo exhiba, que revele sus falencias, inclusive aparece cierta complicidad por parte del sistema ya que esos avances pueden a las claras incomodar la capacidad de gestión de quienes ocupan cargos en las propias instituciones educativas. 

Complicidad de dos lados, dos caras de una moneda que lógicamente no se encuentra, más que en un borde que investiga y aporta sobre cosas cómodas, relatos de una historia sabida y que recopila los datos ya conocidos. 

En esa misma rueda, los trabajadores de la investigación atrapados, ya que se les reconoce y se los obliga a investigar y se les financia aquellas cosas que no molesten. 

Existen problemas de financiamiento, claro, pero ojo no son los únicos. 

Si queremos salir de los problemas que presenta el sistema, sin salir del sistema, deberemos cambiar lo que se deba, corregir lo que se necesite y abrir las administraciones. 

Conseguir que política y conocimiento se amiguen, caso contrario el pozo será cada vez más hondo y la falta de dinero, pasará a ser, el menor de los problemas. 

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

Del otro lado, nosotros

Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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En estos tiempos tan veloces de vivir, son pocos los momentos en que nos detenemos a tratar de comprender qué nos pasa, más allá del bolsillo.

Ahora es fácil confundir el síntoma con la causa, la consecuencia con la fuente del problema. Seguir discutiendo en circularidad de lo obvio: el dinero no alcanza. Cuando, en realidad no somos capaces de repensar qué es lo que genera la situación.

Entonces traigo tres dicotomías tan vigentes y actuales (y pasadas, si lo son), como necesarias para incorporar, quizá mate mediante en un momento de reflexión:

La primera responde a la pregunta, ¿dónde estamos?

Rápidamente comprender que estamos inmersos en un sistema democrático, que es abonado por todas y todos, ejercido por las instituciones del estado, pero que muchas veces quien gobierna, impone, crea y establece las condiciones de gobernabilidad, traza las políticas e inclusive el plan de gobierno, es el poder económico privado. Nacional e internacional.

Lo que quiero aportar aquí es esta dicotomía de los “jugadores” de adentro y de afuera del sistema. Vecinas y vecinos serán de afuera, pudiendo aportar con sus participaciones a quienes sí están adentro, la clase dirigencial, políticos y funcionarios públicos. Pero ojo, no seamos tampoco ingenuos, porque quizá hasta ellos mismos, están afuera del sistema de decisión, del poder real. Su único diferencial es conocer el sistema, ser conscientes de su lugar y cumplir con su papel, hacer como que deciden, emular que pueden, abonar alguno de los dos lados de una grieta que no existe como tal.

Para la segunda pregunta, debemos pensar, ¿qué nos ofrecen?

Es que claro, si ellos que son quienes ocupan los cargos públicos, que los elegimos para que gobiernen, no pueden hacerlo porque a su vez son condicionados por los poderes económicos concentrados nacionales, qué nos queda esperar a los demás?

Por lo pronto comenzar a comprender esta segunda dicotomía en la que usualmente nos empantanamos al momento de relacionarnos con ellas/os, y que comprenderla nos dará la libertad de saber qué se nos dice. Esta dicotomía es doble, ya que confundimos los productos del accionar del estado con resultados de la política pública desarrollada y a la vez, el diagnóstico de la situación, con la posibilidad real de avanzar y construir propuestas.

Daré un breve ejemplo: una campaña de vacunación que alcance las 50 personas diarias evidentemente da cuentas de un trabajo (producto – personas vacunadas), pero no de un resultado ya que desconocemos el punto de partida, la situación problemática que se pretendía abordar y acaso el nivel de esfuerzo institucional comprometido y previsto (¿qué tasa pretendíamos mejorar con la vacunación? ¿Queríamos vacunar 50 o quizá el doble y no pudimos?). En este mismo sentido el diagnostico es necesario para saber dónde estamos, qué nos falta, cuál podría ser un punto de partida. Pero solo es eso, un estado de situación. Se requiere entonces avanzar, trascender, comprender que eso es la base a considerar para planificar propuestas que mejoren ese punto de partida. El diagnóstico lo podemos compartir casi todos, pero el plan de acción seguramente tenga lógicas y necesarias resistencias.

Para la tercera pregunta y la más complicada, debemos enfrentar un, ¿qué necesitamos?

Claramente es mi opinión, y parte de considerar que la mejor manera de cambiar las cosas, es participando activamente, conociendo las reglas y teniendo las herramientas y recursos contextuales para ser parte de una construcción que permita dar discusiones, debates e incidir en el diseño y ejecución de lo público.

Por ello, la tercera dicotomía propone que no necesitamos mártires, sino líderes. Esa idea remanente de los héroes en la historia que lo han dado todo por la liberación de los pueblos, de alguna manera invita a pensar en luchas colosales y sobresalientes de pocas/os iluminados y claramente la historia argentina de los últimos 200 años da cuenta que, si a esos proyectos no se los nutre de ideología de compromiso, se los oxigena con carne y participación, mueren antes de iniciar, o se extinguen con su fundador.

Aquí aportar otra dicotomía que se desprende del sistema y es actual en términos de no aportar más que nombres sin proyecto, y es que, no es lo mismo ganar una elección que gobernar. Esas alianzas que dicen lo que se quiere escuchar, o que apelan a lo que el otro ha hecho mal, por sobre proponer hacia dónde, ganan es cierto, pero rápidamente quedan expuestas al momento de tener que avanzar y resolver cómo y qué hacer dentro y desde el estado. Discursos biensonantes sobran, quizá lo que falta es conocimiento sobre el funcionamiento de la cosa pública, para tratar de comprender si eso que han planteado, es posible, probable, realismo mágico o acaso legal.

Poco tiene que ver la legitimidad que otorga un cargo ganado con la capacidad de gestionar programas y proyectos, todas/os votamos a un par que quizá nos cae bien, pero el haber sido votado no garantiza ni eleva a nadie por sobre la masa. Ese será el rol y desafío que el líder deba emprender en una comunidad politizada, conocedora y sobre todo con la claridad para defender lo propio.

Al final y del otro lado, nosotros tratando de comprender para dónde va la cosa, quizá no sea mucho, pero espero que alguna de estas ideas, de estos conceptos, de estos interrogantes queden resonando y permitan idolatrar un poco menos y comprometerse a debatir un poco más.

Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

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Opinión

¿Por qué marchamos?

Nota de opinión por Nicolás Rochas, apoderado Frente Renovador Distrito Río Negro.

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Nunca nadie que haya llegado al cargo de Presidente había confesado abiertamente, que a su entender, el Estado Nación es «el problema». Porque destruir el Estado no nos hará libres, simplemente nos expondrá ante el mundo casi como bienes fungibles, una nueva especie de res nullius en un planeta organizado en torno a países soberanos.

Marchamos porque no se trata de estar «en contra», sino de advertir las consecuencias de decisiones nefastas y evitar pérdidas que serán irreparables.

Porque gobernar es asignar prioridades y no puede estar antes la ganancia de un banquero que la comida de la gente.

Porque la inflación no puede detenerse a fuerza de pulverizar el salario.

Porque la Cultura, la Ciencia, el Deporte o el Arte, nunca (jamás) son un gasto, sino la inversión a través de la que un pueblo se expresa, se identifica, se distingue y crece.

En poco más de un mes, el gobierno de Javier Milei devaluó en más del 100% la moneda, quitó subsidios, subió tarifas, frenó la obra pública, desfinanció al Estado (tanto Nacional como a las provincias) y desprotegió a todo inquilino, consumidor o usuario. El precio de los alimentos se dispara día a día, pero aún más se le adelantan los medicamentos. Hay una confesa pretensión de asignarle a la recesión la estrategia para frenar los precios (macabra convicción, la de pensar que «no hay inflación en los cementerios»).

En nuestra historia democrática jamás tuvimos un gobierno tan disociado de la realidad, tan ajeno al padecimiento, tan insensible y brutal.

Ganar el balotaje le otorgó la legitimidad para el ejercicio del Poder Ejecutivo, no la adquisición llave en mano de un país (que le avisamos: no está en venta). Ser el Presidente le da facultades para administrar los recursos del Estado, no la Suma del Poder Público, ni el cúmulo de facultades con que los constituyentes contaron en la conformación de la república. También por esto marchamos, para recordarle conceptos tan básicos que parecen habérsele olvidado; premisas tan antiguas como sus recetas económicas del siglo XIX.

Buena parte de la sociedad argentina lo votó en la esperanza de un cambio. Pero ese cambio debe serlo en la mejora del conjunto, no en la aniquilación de todo lo que a su criterio configura “un gasto”. Cuando hablamos de Patria, País o Estado, no nos referimos a cifras, variables o estadística, sino a personas, individuos, ciudadanos. Existencias reales que comen, sufren y sienten; no son likes, ni visualizaciones; son angustias de padres, pies descalzos y pancitas que chiflan si no hay pan sobre la mesa.

Marchamos por la responsabilidad histórica que importa proteger la soberanía y por la sensibilidad social de cuidar a los que menos tienen. Marchamos para advertir sobre las consecuencias que pueden ser aún más gravosas y para intentar corregir desequilibrios que se profundizarán de seguir el curso de las cosas. Marchamos porque es nuestro país el que están rifando, en un experimento en el que (como diría Serrat) «juegan con cosas que no tienen repuesto”. Por todo esto, y tantas otras cosas, el 24 de enero marchamos!

Nicolás Rochas
Apoderado Frente Renovador – Distrito Río Negro.

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