Opinión
«Mano dura»: En año electoral, baja en la edad de imputabilidad
Por Silvia Augsburger, Diputada Provincial de Santa Fe por el Bloque Igualdad y Participación FPCYS.

Tras el brutal asesinato de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que fue baleado cerca de su casa, el Gobierno Nacional repite, una vez más, la fórmula remanida de responder a la demanda social, con declaraciones mediáticas y efectistas de “mano dura”. Así, poniendo todo el acento en la baja de edad de imputabilidad de las personas menores de edad que fue propuesta de campaña electoral de Sergio Massa, el Ministro de Justicia ha asegurado que impulsará el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, en el marco de un anteproyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil, que será enviado al Congreso después de las elecciones legislativas.
En el año 2005, año en el cual el parlamento nacional sancionó la Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, nuestro país dio un paso fundamental en el camino de concretar en hechos los postulados, derechos y garantías consagrados por la Convención Internacional de los Derechos del Niño que desde el año 1994 tiene rango constitucional. Pero otros importantes instrumentos en el marco del Sistema Integral de Protección de derechos reconocidos en los tratados internacionales que nuestro país ha suscripto, no se han ni sancionado ni puesto en marcha, con lo cual nuestro ordenamiento jurídico tiene un enorme incumplimiento y retraso sustantivo en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Uno de estos instrumentos es sin dudas la creación del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene como responsabilidad sustantiva la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ante las instituciones públicas y privadas y la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección integral.
Hasta hoy y ya pasado más de una década de sancionada la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, aún no se ha logrado reunir la decisión política de concretar la puesta en funcionamiento de tan importante institución que garantizaría un avance sustantivo en el ejercicio pleno de los derechos de niñas, niños y adolescentes de nuestro país.
El otro instrumento jurídico pendiente, es la implementación de un sistema de responsabilidad penal juvenil, que remplace la vieja ley vigente de la dictadura, y que tenga como objetivo principal la garantización de los derechos humanos de los/las jóvenes en conflicto con la ley penal y como último recurso la privación de la libertad en casos excepcionales en los que se hayan agotado todos los recursos disponibles por parte del estado.
Durante el año 2009, nuestro compañero Rubén Giustiniani trabajó junto a senadores de otros bloques parlamentarios en un proyecto de ley de régimen penal juvenil que tuvo media sanción en el Senado y que nunca fue tratado en la Cámara de Diputados. También en ese año, desde el Bloque de Diputados Socialistas presentamos una iniciativa que tampoco fue tratada.
Es impostergable avanzar hacia una adecuación normativa compatible con el paradigma de protección integral, que cree un sistema especializado en línea con los estándares internacionales en materia de protección de derechos humanos de las personas menores de edad, garantizando el acceso a la Justicia y dejando como sanción excepcional (sólo en casos de extrema necesidad) la restricción de la libertad personal. La restricción de la libertad personal (y más aún de un/a joven) en los contextos de encierro hoy vigentes, profundizan las vulneraciones de derechos y están lejos de solucionar el problema que socialmente se reclama: la inseguridad.
Pero además es un argumento falaz. Según el Revelamiento sobre Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal producido por Unicef en 2015, hay 3.908 jóvenes infractores y presuntos infractores de la ley penal de hasta 17 años inclusive, alojados en establecimientos o incluidos en programas de todo el país. Esta cantidad representa 0,14% del total de población de 14 a 17 años del país, según las proyecciones de población por edades simples del Instituto Nacional de Estadística y Censos para el año 2015. De este total de 3.908 adolescentes, la mayoría (89,5%) tiene entre 16 y 17 años, esto implica que, en la medida que los delitos imputados sean de acción pública y con una pena de más de dos años de prisión, serían considerados punibles según la legislación.
Frente al debate instalado, desde Igualdad y Participación insistimos en la necesidad de poner el eje desde los tres niveles gubernamentales en poner en marcha las políticas públicas, con los recursos presupuestarios adecuados que establecen las leyes de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes para garantizar el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda y a la plena vigencia de los derechos humanos, dejando el derecho penal como el último recurso, agotadas todas las acciones y medios a disposición del estado. En este sentido, compartimos lo expresado por Roberto Gargarella y Leonardo Filippini en una nota de opinión del diario “La Nación”: “La doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio, es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención”.
“Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?”.
Para dar solo algunos ejemplos que nos interpelan muy de cerca, en la provincia de Santa Fe, se sancionó en el año 2011 la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, adecuando la normativa provincial a la ley nacional. Hasta hoy, ni la ciudad de Rosario, ni la ciudad de Santa Fe han puesto en marcha los dispositivos de protección de derechos locales que exige la norma.
En esta misma línea de desatención del estado a la infancia, más de 10.000 niños y niñas de la provincia de Santa Fe, no tendrán este año posibilidad de iniciar el ciclo formal de educación obligatorio desde los 4 años, porque no existen jardines públicos para todos/as ellos/as.
Si repasamos las estadísticas oficiales de la población carcelaria, veremos cómo nuestras cárceles están pobladas en su mayoría por personas jóvenes que no han completado la escuela primaria, y que al momento de cometer el delito que se les imputa, no tenía trabajo. Incluso un alto porcentaje de estos jóvenes, ni siquiera posee DNI. Aun privados de la libertad, el estado sigue violando los derechos humanos de estas personas, ya que las condiciones en los que se encuentran no responden a estándares mínimos de salubridad, son maltratados y en su mayoría no tienen posibilidades ni de estudiar ni trabajar.
Por ello, estamos convencidos/as que, frente al debate planteado, antes de pensar en cómo hacer más eficiente el castigo es necesario pensar cómo hacemos para extender los derechos y los sistemas de protección de la infancia, y frente a los/as jóvenes en conflicto con la ley, cómo desde el estado garantizamos para estos, condiciones para la restitución de los derechos vulnerados y lugares de privación adecuados, porque una sociedad más segura es una sociedad justa. Y por sobre todo, una sociedad más igualitaria.
Silvia Augsburger.
Diputada Provincial de Santa Fe por el Bloque Igualdad y Participación FPCYS.-
Opinión
Educación: Entre forma y contenido, entre ser y aparecer, realidad y ficción
Nota de opinión por Omar Medina, docente jubilado.

Sr. Gobernador: En mi carácter de ciudadano elevo la presente a Ud., con el fin de hablar seriamente sobre Educación. No pretendo caer en formalidades, sino analizar los resultados fácticos sobre el particular. No es mi intención enredarme en discursos formales que -así como la vemos hoy- hagan referencia a los logros educativos donde no se perciben deserciones ni desgranamientos, toda vez que eso ocurre sólo en el plano de lo formal, en la realidad, lo que se ve es el trato del educando como “dibujo animado”: sólo existe en el papel. En lo fáctico, si abandona, si deja de ir por largo tiempo, no importa. Mientras siga figurando en las planillas… esto es útil al Estado para garantizar la Educación Perfecta. La Estadística ejemplar.
Entonces, propongo hablar seriamente lo que significa EDUCACIÓN, como FINALIDAD, como apropiación de la Naturaleza Interna, y no como MEDIO de apropiación de la Naturaleza Externa (economía) observado esto en la Institución Escuela como garante de ESCOLARIZACIÓN, o GUARDA, como depósito y cuidado de niños y adolescentes en establecimientos para su interacción y socialización, pero con nula exigencia en cuanto a su formación académica. Y con la única finalidad de garantizar sueldos, y garantizarse los subsidios para Educación.
Usted se comprometió (en 2017) que al finalizar la primera promoción de la ESRN se iba a hacer una evaluación INTEGRAL de sus resultados, hecho que debería haberse concretado en 2021, y no se ha realizado. Se han quedado sólo con el dato formal, estadístico de una escuela perfecta, donde nadie queda libre ni repite, pero, vuelvo a reiterar, eso no se ve en la práctica.
Desde una mirada desde el llano, lo que se puede apreciar es que han extendido el sistema de Educación Inicial, a los otros dos. Hagamos un poco de historia para fundamentar lo dicho:
ANTECEDENTES:
1) Hasta el año 2008, el estudiante de Nivel Medio debía tener una asistencia regular en la escuela para no quedar libre, no desertar, y no adeudar más de dos materias para pasar al curso siguiente. En el primer caso, el Régimen de Inasistencias -reflejado en la Resolución que aparecía detrás de los boletines rosados- expresaba que a las quince (15) inasistencias, el estudiante quedaba libre, y se le daba una reincorporación automática, pero en lo formal, los padres y/o tutores debían firmar el trámite de la reincorporación. Luego de las veinticinco (25) inasistencias, sólo si tenía diecisiete (17) ausencias respaldadas por certificado médico, se lo reincorporaba por segunda vez, hasta las 30 inasistencias. Luego, directamente perdía la regularidad. Por otro lado, el BID, como institución que garantizaba (y garantiza) subsidios para Educación observó -como órgano de control sobre el dinero que entregaba de ese modo- una irregularidad: había mucha deserción en el Sistema. Allí se gesta el primer cambio, con la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA (implementada en 2010). La actividad áulica no se modificó mucho, pero el Régimen de Inasistencia DESAPARECIÓ. El Estudiante ya no quedaba libre. Ya no había deserción.
2) Pero esta corrección de una variable, no tuvo en cuenta la incidencia en otras, y aquí aparece la segunda irregularidad, que pone en evidencia el divorcio del Sistema entre lo Formal y lo Fáctico. Porque el estudiante seguía faltando, otros directamente abandonaban la escuela, pero, como no quedaban libres, a fin de año había que cerrarle notas. LA ANOMALÍA: Si de un curso ingresan 30 alumnos, abandonan 12, y 3 de ellos repiten de año, la estadística da asistencia plena, pero ese curso tenía un 50% de desgranamiento.
3) Allí es que, cuando se les hace notar de parte de este organismo de control que es al mismo tiempo el que subsidia el Sistema Educativo, el tema del desgranamiento, en vez de hacer los ajustes necesarios para garantizar una mejor educación, y rendirle cuentas a la ciudadanía, deciden ajustar en las formalidades, y dejar en lo fáctico, a los educandos a merced de su voluntad, convirtiendo, u organizando a la Educación como proyección de Educación Inicial. Así como el niño asiste a sala de 4 y sala de 5 por cronología, así hacen con el nivel primario (que ya venía con el sistema de no repitencia, a tal punto de recibir en 1° año del secundario niños que no saben leer y escribir) y el Nivel Medio. Nace la ESRN, donde los adolescentes transitan de Primero a Quinto año, del mismo modo que de Sala de 13 a Sala de 17.
DESARROLLO:
Queda demostrado en los antecedentes, que se usa a Educación como bien de cambio, como MERCANCÍA, y no como INVERSIÓN para garantizar la correcta formación e instrucción de un ciudadano pleno, con inserción social y con posibilidades de acceso al Nivel Superior. En mi caso, siempre he mantenido la afirmación de que la EDUCACIÓN es un FIN en sí misma, no un MEDIO para conseguir empleo, o dividendos de la banca internacional. Sin embargo, en la mayoría de los casos he oído, de parte de los garantes de la igualdad y la inclusión, respuestas relacionadas a esto último. Y aquí es donde también he expresado que, de ese modo, se sigue fomentando lo que se quiere combatir a través de la obligación de la Educación Media: la mano de obra barata. Eso sí. Con título secundario. Y ahí es, también, donde se invierte la visión respecto a Educación. Se la ve como un GASTO.
Los tres pilares de la Comunidad Educativa, presuntamente se sienten cómodos con este sistema, dado que 1) para los padres, lo importante es que el estudiante no repita. Ya quedó demostrado en el pasado, cuando en el año 1995, ante la falta de pago por tres meses, la emisión de bonos que al cambio se devaluban a un 60%, y por los paros realizados, los estudiantes corrían el riesgo de perder el año. En ese momento los padres marchaban junto a los docentes para garantizar la Educación de sus hijos, pero, cuando el Gobernador anuncia que los Estudiantes ese año aprobarán por decreto, automáticamente ya no importaba la Educación, ya estaba garantizado el pasar de año, a pesar de lo educativo. 2) Es muy común que cuando el gremio docente organiza un paro, se planteen varios temas, y sea el último el de mejora salarial, ahora, si el gobierno soluciona (de una demanda de ocho temas) los siete primeros, pero no aumenta los sueldos, el gremio sigue con la medida de fuerza. Ahora, si aumentan el sueldo y no resuelven los siete ítems anteriores… eso puede esperar. Hay que volver a clase, aunque los baños estén tapados, las ventanas sin vidrios, y los calefactores rotos. Este hecho lo viví personalmente como papá de la Escuela Primaria N° 128; 3) Por último, de parte del Gobierno, se evidencia que antes que la formación académica de los educandos para que puedan insertarse en estudios superiores y formarse como Profesionales, está más preocupado por las Estadísticas, para rendirle cuentas al BID sobre la conveniencia de seguir recibiendo subsidios. En todos los casos, el estudiante es cosificado, manipulado como datos para una simple estadística, y usado como rehén en el conflicto entre Gremio/Gobierno. En definitiva, me atrevo a decir: es un dibujo animado, que tiene sólo existencia en el papel. Aunque no vaya, aunque tenga problemas para apropiarse de ciertos saberes, aunque… mientras figure para las estadísticas será premiado con otro papel: el título secundario. Pero si quiere conseguir trabajo, le exigen secundario terminado, y ahí recién se desayuna que el egreso no sirve de nada. Y si su intención es seguir una carrera Universitaria, se da cuenta que no tiene los saberes acordes a un ingresante de Estudios Superiores. He oído -también- solicitar a las Universidades se ajusten a la Nivelación hacia abajo que se hacen con los sistemas básicos. Pero de ser así, mi hipótesis es que quien estudie medicina se convertirá en un curandero con título profesional.
No quiero centrar la discusión con el modo de obrar de los educandos, en virtud de que, por una cuestión cronológica, y de la conformación de su personalidad, aún no tienen en claro las consecuencias de sus actos. Como dije siempre, los chicos son chicos. Detrás de ellos, los adultos responsables (llámese padres/tutores, docentes, gobernantes) tenemos toda la responsabilidad de garantizarle una formación académica adecuada para su futuro. Pero, en vez de hacer hincapié en eso, preferimos -como burócratas- garantizar las estadísticas, -como profesionales en educación- convertirnos en simples asalariados, y como padres, en fieles creyentes que lo externo (un papel, un título) garantiza lo interno (el conocimiento, el portar las herramientas que harán -de los futuros ciudadanos- hombres libres, con principios y con valores).
Ahora, plantear un sistema de emergencia puede ser un recurso válido mientras se sanean otros problemas, pero ENALTECER LA DOCTRINA DEL FRACASO, pretendiendo llevar el modelo totalmente obsoleto de la ESRN, a las Técnicas, es un DESPROPÓSITO que no se puede presuponer como un equívoco viniendo de los Funcionarios que tienen la OBLIGACIÓN de gobernar para garantizar un buen presente y un mejor futuro para los ciudadanos Rionegrinos, y que tienen una formación y el conocimiento para entender que no pueden convertir el aspecto intrínseco de la Naturaleza Humana (el Mundo Simbólico, la Educación) que garantiza la evolución científica de la humanidad, en simple MERCANCÍA, empleando las Estadísticas para interactuar con organismos de préstamos y subsidios. Es bien sabido que las Garantías que ofrecen desde los distintos estamentos de Educación en relación al presunto acompañamiento de los Egresados es una FALACIA. Una vez que el educando sale de Sala de 17, es abandonado a su suerte. Se les da un correo electrónico para comunicarse con los espacios que adeuda y, frecuentemente, si el establecimiento tiene docentes disponibles que puedan orientarlo (siempre y cuando no esté cubriendo cursos en horas libres) recibirá una respuesta con el tiempo. No pueden ir personalmente, los educadores están abocados a los cursantes, y ellos pasan inadvertidos, son invisibilizados.
Uno de los aspectos que más fue atacado en el Sistema Educativo en las últimas décadas, fue la MERITOCRACIA. Cuando la Ideología momentánea tangentea e influye en organismos Estructurales como es Educación, pasan estas cosas. Pero, en ese actuar ideológico también se aplicaba la doble moral, el doble discurso. Resulta que el Estado debe formar en igualdad, sin meritocracia, donde no hay unos más competentes que otros, donde la igualdad ante la ley desaparece cuando se plantea la idoneidad como algo no deseado (producto del mérito), entonces aparecen los acomodos por afinidad. Pero, en Educación, para obtener un cargo, y aplicar para los jerárquicos, se deben reunir requisitos propios de la MERITOCRACIA, allí no somos todos iguales como les enseñamos a los educandos, allí, el Mérito de ser Docente está tres puntos arriba del ser Habilitante y seis arriba del Supletorio. Entonces, un estudiante de la ESRN que decide formarse en Educación, se encuentra que 1) como educando, le enseñaron que el mérito no es válido; 2) como educador, le exigen mérito para los cargos que desee cubrir (aparte de la especificidad). 3) Cuando se enfrenta a esta realidad, descubre el ENGAÑO. Y ya es tarde.
Omar B. MEDINA
DNI: 14.937.370
Docente jubilado
Opinión
El problema de la Argentina, es político
Nota de opinión por Federico Vasches, integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.

Me pregunté bastante estos últimos días de qué manera podría colaborar, no tanto en un caso puntual como el de una colecta de insumos necesarios para atender un incendio en la zona del el Bolsón, sino en general, para llevar un poco de luz al momento que estamos atravesando.
Básicamente, me pregunté ¿qué se puede aportar en tiempos de desregulación, inclusive del sentido?
Si acordamos que el año pasado (2024) fue el de buscar culpables institucionales o sociales y por ende emprender batallas generales, este todavía no queda claro por donde podría transcurrir.
No nos olvidemos de las masivas marchas por el financiamiento universitario, los gobernadores dando aviso de diferencias, diputados y senadores haciendo lo suyo por el quorum, reclamos multitudinarios en las calles, privatizaciones, cierres de empresas y reparticiones, despidos masivos, sindicatos en alza e inclusive la CGT que se rompió.
Ha pasado tanto en tan poco tiempo que parece que fuera una película lejana y si bien poco sentido tendría que yo se las cuente (porque todos la vivimos), estoy casi seguro que el común denominador ha sido la poca reflexión al respecto.
No me embarco en una discusión electoral (aún cuando este sea un año para ello), sino en algo más profundo, algo del sentido de las cosas, de la esencia de un sistema que a pesar y al pasar los nombres se orada y nos deja a los ciudadanos siempre en la base.
En este sentido me parece oportuno, traer esa clasificación bastante consensuada en el campo de las ciencias políticas, sobre las concepciones de la palabra “política”. Una primera “polity” que daría cuenta de la función de distribución de poder en la sociedad (algo así como el sistema político), una segunda “politics” como el juego cotidiano de actores por espacios de poder e influencia (en particular con el ejercicio de la política, negociaciones y arte de lo posible) y por último la “policy” como la acción de gobierno (en nuestro caso conocido como políticas públicas.
Este triángulo de conceptos que se interrelacionan y recobran sentido, nos permite pensar que las acciones de un gobierno democrático, electo por la mayoría, que ejerce en sus libertades y posibilidades legales el poder político con acompañamiento social, puede inclusive gobernar en detrimento de mayorías y por ende beneficiar en particular a pequeños grupos.
Este es un gobierno que no escondió, ni esconde el sentido de lo que hace, no prometió nada que no fuera a cumplir, de hecho, está honrando sus compromisos de campaña con creces.
¿Entonces dónde radica el conflicto?
A mi entender en dos aspectos que si se entrelazan aportan claridad, pero que pueden ser presentados como dos frentes de lucha casi objetivamente irrenunciables.
Me refiero por un lado el desfinanciamiento de la ciencia y la tecnología en especial, las ciencias sociales y por otro el echar culpas constantes y “embarrar” la cancha sectorial, como los únicos y grandes culpables de un sistema que no pueden cambiar esos actores.
El pensar en un modelo de desarrollo y crecimiento del país desde la inversión en ciencia y tecnología, implica no únicamente apostar a las ciencias duras o de trayectorias más reconocidas y antiguas, y a las emergentes para la innovación, modernización, sino no dejar de lado a las ciencias sociales. Castigadas, seguro, poco reconocidas también, aunque el debate puede ser extenso, pretendo que nos detengamos en considerar algo en especial. En momentos como estos en los cuales “desregular” el mercado implica a la vez poner techo a las paritarias y liberar que las empresas de telefonía, servicios, alquileres, prepagas de medicina aumenten libremente, es lo mismo que achicar el bolsillo de las/os trabajadoras/es, y este tipo de visualizaciones contextuales claramente son campo de estudio, de comunicación, de divulgación y de consolidación desde la ciencias sociales; por lo que desfinanciarlas es clave para silenciar voces calificadas.
Por otro lado, los ataques sectoriales permiten ganar tiempo para tomar mientras, medidas de fondo, llevar la atención hacia ese segmento generando discursos, odios y enojos contra los supuestos beneficios de tal o cual. Ojo que al final de cuentas y luego de tantos culpables, inclusive habiendo dejado sin trabajo a más de 70.000 empleados, los problemas (esos que les endilgaban), no se resolvieron por sí solos y hasta quizá se agravaron.
Si se está jugando un juego, quienes son dueños del tablero tienen conocimiento de las reglas, y todos los demás lo jugamos sin sentido, sin comprender, pero apurados, entregándonos por momentos y combatiendo con la claridad de quien pisa la pelota y levanta la cabeza.
Ya lo denunciaba Borges en su poema Ajedrez cuando se consultaba por la mano que movía la pieza, por el político que dentro de un sistema político juega a la política con sus propias reglas y negocia esas políticas públicas que a cuenta gotas, y pocas veces nos benefician.
Si al final de estas líneas, como yo creen que el problema de la Argentina es político (en todos sus sentidos), habrá bastante más posibilidad de diseñar una reconstrucción nacional que nos contenga, que nos represente, pero que sobre todo nos de oportunidades y claridad para entender por dónde y para dónde van a ir las cosas.
Federico Vasches
Integrante del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales de Río Negro.
Opinión
Cicatrix Maledictum: Secretos del Valle de la Luna
Las grietas de la tierra esconden historias que van más allá de lo visible. Por Javier Galli.

En lo profundo del Valle de la Luna, un paisaje que desafía al tiempo, las grietas de la tierra esconden historias que van más allá de lo visible. Las formaciones sedimentarias, moldeadas por milenios, guardan cicatrices que podrían ser el eco de un cataclismo hídrico que transformó esta región hace miles de años.
Según documentos atribuidos a una expedición científica de mediados del siglo XX, las capas de roca en el Valle no solo revelan eventos geológicos únicos, sino también patrones simbólicos que han despertado interrogantes. ¿Son simples caprichos de la naturaleza o vestigios de una civilización perdida? Entre los hallazgos reportados se encuentran conchas marinas en alturas improbables, grietas que se entrelazan formando diseños geométricos y fragmentos de lo que parecen ser estructuras petrificadas. Todo esto contribuye a la teoría del «Diluvio Negro», un evento mítico que habría devastado esta región, dejando tras de sí un paisaje marcado por la devastación y el misterio.

La serie fotográfica Cicatrix Maledictum captura la esencia de estos paisajes, transformando las bardas erosionadas y los valles desérticos en un escenario donde la naturaleza se convierte en memoria y códice. Cada imagen invita al espectador a explorar las grietas como si fueran las páginas de un libro antiguo, cargadas de significados ocultos.

«El Valle de la Luna es mucho más que un testigo geológico del tiempo. Es un espacio donde las marcas en la tierra dialogan con nuestras propias preguntas sobre el pasado y el futuro. Estas cicatrices nos hablan de eventos que superan nuestra escala humana», reflexiona el autor de la serie.

Esta propuesta artística no busca dar respuestas definitivas, sino plantear interrogantes: ¿Qué historias se esconden bajo las capas del tiempo? ¿Es posible que un cataclismo tan devastador haya dejado huellas no solo en la tierra, sino también en nuestra memoria colectiva? Las fotografías de Cicatrix Maledictum no solo retratan un paisaje, sino que invitan a una experiencia sensorial y filosófica sobre los secretos que la naturaleza guarda bajo llave.

Próximamente, la serie podrá ser apreciada en diferentes espacios culturales de la región, donde se abrirá un diálogo entre arte, ciencia y la historia invisible que yace en el Valle de la Luna.

Por Javier Galli.
Artista. Fotógrafo.