El diario capitalino Página 12 señala en la edición de este miércoles 25 de enero que el cura a quien, hace tres años, el Vaticano prohibió ejercer el ministerio sacerdotal durante una década porque había abusado sexualmente de una niña, vive bajo la protección del obispo del Alto Valle, Marcelo Cuenca.

El religioso Luis Alberto Bergliaffa, que en 2014, tras una investigación realizada por un tribunal eclesiástico, fue hallado responsable de abusar de una niña en Córdoba, donde era responsable de una parroquia, reside en General Roca, al amparo del obispo Cuenca.

Página 12 confirmó en el Obispado del Alto Valle que Bergliaffa se desempeña allí, aunque –aseguraron los voceros– no oficia misa. Por estos días, vacaciona en Córdoba, informaron.

El obispo Cuenca, protector de Bergliaffa, es el mismo que defendió públicamente al padre Julio César Grassi y sostuvo que “es inocente” un día después de que un fallo de la Suprema Corte bonaerense ratificara su condena por abuso sexual agravado y corrupción de menores. Es también el mismo que se negó a dar la bendición a la familia de Lucas Muñoz, el oficial de 29 años asesinado en Bariloche a mediados de 2016, cuya muerte derivó en el descabezamiento de la cúpula policial local ante la fuerte sospecha de su participación en el hecho.

“Es una barbaridad que conociendo que ha cometido el delito de abuso sexual infantil, la Iglesia Católica le haya dado una palmadita en la espalda, y lo haya trasladado a otra diócesis dándole protección. Es lo que suele hacer con curas pederastas. ¿Quién controla que efectivamente no de misa o que no esté en contacto con otras posibles víctimas? Ni siquiera les avisan a los feligreses que les envían un pedófilo”, cuestionó en diálogo con Página 12 el abogado de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi. “Les aplican sanciones livianas. La Iglesia Católica debería acompañar a la familia de la víctima para que denuncie penalmente al cura abusador, poniéndoles abogados a su disposición, pero eso jamás ocurre”, agregó.

Bergliaffa era el sacerdote a cargo de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en el barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba. A comienzos de 2014 el Arzobispado provincial, a cargo de Carlos Ñañez anunció la sanción por la cual el Vaticano le prohibió el ejercicio sacerdotal durante 10 años. Esa sanción significa, por ejemplo, que Bergliaffa no puede celebrar misa ni impartir sacramentos como bautismos o matrimonios. “Todo sacerdote vive del ministerio que ejerce, va a tener que buscar trabajo para proveerse sustento”, indicaron en aquel momento fuentes del Arzobispado de Córdoba.

Pero el cura castigado por pedófilo no tuvo necesidad de buscar conchabo, porque pronto encontró cobijo en los pagos de otro cordobés. Antes de ser designado como obispo del Alto Valle en 2010 por el papa Benedicto XVI, Cuenca hizo su carrera eclesiástica en el clero de esa provincia.

El caso es paradójico: el cura Bergliaffa, según indicó el Arzobispado de Córdoba, no fue denunciado ante el fuero penal por la familia de la víctima, lo que le permitió esquivar una investigación judicial –podría estar en contacto con otras niñas–, a pesar de que se lo encontró culpable de abuso sexual de una nena en el proceso canónico que llevó adelante el Vaticano.

El Arzobispado de Córdoba detalló que una vez que recibió la denuncia del abuso sexual contra Bergliaffa, el obispo Carlos Ñañez ordenó una investigación canónica administrativa y la remitió a la Congregación para la Doctrina de la Fe, único tribunal competente en el ámbito de la Iglesia Católica para esos delitos. La jerarquía católica alegó que al tratarse de un delito de instancia privada, la denuncia penal debía realizarla la víctima o sus padres, y por eso no llevó el caso a la justicia ordinaria. Luego de recibir numerosos testimonios, el sacerdote fue retirado de su cargo como medida cautelar.

Después se le aplicó la sanción. Bergliaffa apeló la sanción, pero la Congregación para la Doctrina de la Fe confirmó el decreto condenatorio. En un comunicado de prensa difundido el 14 de marzo de 2014, el Arzobispado de Córdoba informó: “El pasado 10 de enero del corriente año 2014, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha confirmado con certeza moral suficiente, en segunda instancia, la sentencia que ha encontrado culpable al Pbro. Luis Alberto Bergliaffa del delito de abuso sexual de una menor”. Y agregó: “Por tal motivo, (…) se le prohíbe todo ejercicio público del ministerio sacerdotal por 10 años”. Sobre el traslado al Obispado del Alto Valle, de Bergliaffa no hubo comunicado de prensa ni aviso en la comunidad.