Gremios
ATE se movilizará el miércoles a los puentes Cipolletti-Neuquén en rechazo al 17% que ofrecería el gobierno
Desde las 9 de la mañana, el gremio de los estatales bloqueará el tránsito en los puentes carreteros que unen ambas provincias.
Sin respuestas del gobierno provincial, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Río Negro lanzó una nueva jornada provincial de protesta, con movilización a los puentes carreteros que unen las ciudades de Cipolletti y Neuquén, para este miércoles 8 de febrero a partir de las 9 de la mañana.
“A esta altura, la medida de fuerza se encuentra ampliamente justificada. Es la soberbia y el autoritarismo del Gobierno el que nos está empujando a las rutas. Se intenta aplicar una baja salarial por decreto, eliminar las paritarias y ajustar a todos los rionegrinos sacando servicios públicos”, fundamentó el Secretario General de ATE y CTA Río Negro, Rodolfo Aguiar.
Señaló que “ya adelantamos la convocatoria al Plenario de Secretarios Generales. Si no hay un llamado de parte del Gobierno, este viernes en Bariloche se decidirá profundizar todas las medidas».
En otro orden de cosas, el dirigente gremial anticipó que “lo estamos evaluando y existen muchas posibilidades que organicemos un escrache a (Mauricio) Macri si llega a la provincia. Todos los rionegrinos estamos siendo víctimas de su gobierno y sus políticas para pocos”.
El gremio rechaza la pauta del 17% que pretende imponer el Poder Ejecutivo y demanda una urgente convocatoria a paritarias que permita discutir el aumento salarial de todos los empleados públicos para el período 2017, asegurando la retroactividad del mismo al 1 de enero.
Los estatales también se oponen al recorte de gastos que va desde el 25 al 45% dispuesto por el gobernador Alberto Weretilneck mediante decreto y que afecta los servicios esenciales de Salud, Educación, Desarrollo Social y Seguridad, disminuyendo las prestaciones estatales en su cantidad y calidad.
El sindicato también incluye en su accionar la «absoluta reprobación al mega-endeudamiento que mediante el Plan Castello intenta llevar adelante el gobierno, comprometiendo a la provincia de Río Negro en un empréstito de más de 600 millones de dólares que generará dependencia política en favor de organismos de créditos internacionales y pagarán futuras generaciones con un ajuste sobre los trabajadores, jubilados y sectores sociales de menores ingresos». Algunas Seccionales podrían sumarse con paros y otras acciones, fundamentalmente en los hospitales por ser estos los más afectados con las medidas de ajuste.
Continuidad del plan de lucha y posible escrache al Presidente Macri
Por otro lado, el sindicato adelantó la convocatoria para que sesione en la ciudad de San Carlos de Bariloche este viernes 10 de febrero el Plenario de Secretarios Generales y con mandato de todas las regiones de la provincia se debatan las acciones que permitan dar continuidad al plan de lucha iniciado en enero. Por último, la conducción se encuentra evaluando la posibilidad de realizar un escrache al Presidente Mauricio Macri si es que se confirma su visita a la ciudad cordillerana el próximo jueves, a partir de las «políticas de ajuste, achique y entrega de recursos naturales que está llevando adelante el gobierno nacional».
Gremios
Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas
«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.
Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».
«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.
Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.
«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.
Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».
Gremios
UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria
Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.
El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato.
Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.
El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.
Gremios
ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales
El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.
«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.
En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.
«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.
El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».
De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».
Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».
«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.
Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.
