Juan Grabois, abogado y referente nacional de la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), consultor del Consejo Pontificio de Justifica y Paz del Vaticano, con el acompañamiento de un conjunto de organizaciones de la zona de El Bolsón y Bariloche, presentó el viernes 5 de agosto de 2016 una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo de Río Negro por incumplimiento de funcionario público y contra el empresario inglés Joseph Lewis por daños y usurpación de aguas. Después de meses de informes preliminares, el fiscal de El Bolsón, Francisco Arrien, decidió promover la acción penal en el marco de la denuncia, remitiendo el expediente a Bariloche antes de la entrada en vigencia de la feria judicial.

El Colectivo de Abogados Derechos por la Igualdad que colabora con la CTEP en la región cordillerana, se presentó en el Juzgado de Burgos en reiteradas ocasiones para tomar conocimiento de lo resuelto por el fiscal y analizar la posibilidad de presentarse como patrocinantes de una querella, pero hasta el momento no existe claridad sobre el estado de situación del trámite judicial. Por ello, se presentó un escrito firmado por Grabois, miembros de la CTEP Bariloche y del Colectivo de Abogados para solicitar con urgencia que se ponga a disposición el expediente.

Dado que la denuncia estaba dirigida al gobernador Alberto Weretilneck, ministros y secretarios de la Provincia y al magnate británico y empresarios asociados, desde la CTEP sostienen que “no cabe duda de que estas irregularidades se relacionan con que el Poder Judicial está siendo objeto de presiones por parte del poder político y económico”.

La denuncia tiene que ver con las numerosas irregularidades que involucran la construcción de la estación hidroeléctrica y el electroducto en los alrededores de la localidad de El Bolsón. Entre estas irregularidades la denuncia presentada por el abogado Grabois detalla que “caducidad del permiso de las obras, afectación de un área de reserva forestal y de vertientes que alimentan unidades productivas, irregularidades en la situación fiscal del responsable de la obra civil”, entre muchas otras.

“Lewis nos tiene acostumbrados a manejarse con una discrecionalidad que no deberíamos tolerar en un Estado de Derecho. Su estrategia es la de imponerse por la lógica del ‘hecho consumado’”, cuestionaron desde la Confederación. “La misma que ha aplicado en el “robo” del Lago Escondido y que pretende hacer en la urbanización en Pampa de Ludden recientemente frenada por una medida cautelar”.

Finalmente los representantes de CTP aseguraron que “muchas veces ha contado con un poder político permisivo, cuando no cómplice. No podemos seguir tolerándolo”.