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Gremios

«Tenemos la responsabilidad de ser la mayoría», dijo Scalesi

Durante más de seis horas, los referentes de UPCN debatieron sobre la situación actual de la provincia, entre otros temas relacionados al gremio.

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El pasado viernes, hasta entrada la noche, el pleno de la Mesa Directiva de UPCN Río Negro se reunió en Viedma para tratar, además de la coyuntura salarial que apremia, temas de diversa índole gremial. Durante más de seis horas, los referentes de la Mesa Directiva de todo el territorio rionegrino presentaron las agendas locales de trabajo semestral y anual, que incluyen las actividades gremiales y administrativas que se realizan en cada región de la provincia en beneficio de los trabajadores afiliados.

Se plantearon además cuestiones locales de las distintas zonas del territorio y asuntos que son de incumbencia general, como lo salarial; la asistencia a los trabajadores en condiciones de jubilarse; el importante aporte del FOS a los agentes de Salud; el calendario de capacitación para los trabajadores de todos los agrupamientos y organismos; el aporte de los útiles escolares a las familias con hijos en edad escolar, etc.

El secretario general de UPCN, Juan Carlos Scalesi, remarcó «la importancia de estos momentos de evaluación conjunta, es en nuestras reuniones, donde ponemos en común el trabajo gremial del día a día, escuchando a los trabajadores de cada rincón de la provincia. Las voces de los afiliados traídas a estas reuniones generales, nos muestran que, al tener aceitado nuestro funcionamiento como gremio que otorga muchos beneficios a sus afiliados, las consultas de los trabajadores que más rescatamos en este tiempo tienen que ver con la preocupación por sus salarios (los trabajadores activos) y por sus futuros haberes jubilatorios (quienes ya están o estarán próximos a la edad de retiro)».

En el plano salarial se compartieron los avances a nivel provincial y municipal de las diferentes coyunturas. «No estamos en una burbuja. Como gremio somos conscientes de que este es un año complejo, pero en el marco de esa consciencia consideramos que, además de tener en cuenta las previsiones inflacionarias difundidas desde Nación, debemos considerar la depreciación que tuvimos sobre nuestros salarios», sostuvo Scalesi.

En otro momento de la reunión, y ante los planteos de los trabajadores traídos a esta Mesa Directiva desde distintos lugares de la provincia sobre la necesidad de considerar la pérdida del valor de los salarios, el secretario general dijo que «esa es nuestra lucha en este momento. Necesitamos recuperar de alguna manera lo que las anteriores negociaciones salariales nos dieron, por eso aún no pudimos llegar a un acuerdo salarial en la Mesa de la Función Pública». Más adelante destacó que «seguimos manteniendo las reuniones con todos los análisis salariales del gremio sobre la mesa. Los tiempos son duros, si, pero lo son también para los trabajadores y así como se busca el equilibrio financiero y de ingresos provinciales, debemos los trabajadores también buscar el equilibrio de nuestros ingresos que son el sostenimiento de las familias».

Respecto a los trabajadores que están en condiciones de jubilarse este año, Scalesi les remarcó a los secretarios regionales la importancia de que convoquen a estas personas «estuvimos reunidos en el ANSES y vimos que todos quienes adhirieron al Decreto 664 y ahora al 1600, tienen haberes jubilatorios que superan el 80% de sus salarios como activos, incluso, quienes se jubilaron con las categorías más bajas, perciben jubilaciones que son iguales a lo que recibían trabajando». El secretario general puso mucho énfasis en esto considerando que «es muy importante porque algunas personas egoístas e inescrupulosas hicieron publicidad negativa sobre estos decretos que consiguió UPCN, pero los hechos, como tantas veces, nos dieron la razón. Hay que informar bien a las personas, porque su futuro como jubilados y recibir haberes dignos depende de eso, de no dejarse engañar».

Otro de los puntos centrales tratados giró en torno a todo el trabajo que se hizo desde el Fondo de Obras Sociales (FOS), que «es otro proyecto de UPCN al que varios atacaron pero gracias a él, se ayuda al financiamiento de los hospitales, y por tanto de la salud de los rionegrinos, a partir del aporte de las Obras Sociales a la Salud Pública y, además, los trabajadores hospitalarios ven beneficios salariales a partir de esos aportes particulares a lo público», añadió Scalesi.

Durante la jornada se informó también sobre el calendario previsto para las capacitaciones a los trabajadores rionegrinos. «Sabemos que capacitarse es bueno para el trabajador y para los ciudadanos que son beneficiarios de lo que cotidianamente hace el empleado público por eso fuimos iniciadores y ahora parte del IPAP, porque sabemos bien que la capacitación nos da herramientas para hacer mejor nuestro trabajo. Como gremio conseguimos hace tiempo que eso se haga visible en la carrera escalafonaria del agente y, además, el beneficiario final, que es el ciudadano, valora el trabajo bien hecho, para lo que la capacitación y formación son fundamentales», explicó el titular de UPCN.

Luego de más de seis horas de reunión, los secretarios y referentes de las distintas regiones acordaron el próximo encuentro y los compromisos gremiales locales y generales para los meses venideros.

«Somos mayoría en esta provincia, eso nos da esta responsabilidad personal y grupal sobre las acciones gremiales en beneficio de los estatales rionegrinos. Tenemos la responsabilidad de ser mayoría y eso es lo que veo en la actitud y accionar de cada uno de los trabajadores», concluyó Scalesi.

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Gremios

Para ATE, «las garantías constitucionales están en riesgo» luego de la persecución política y judicial contra periodistas

«Este ataque a la libertad de expresión y el intento de allanar a periodistas pone en riesgo toda la institucionalidad de nuestro país», dijo Aguiar.

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Luego de que el Gobierno denunciara a los periodistas que difundieron audios sobre la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) repudió este accionar del Poder Ejecutivo y acusó «un grave ataque contra la libertad de expresión».

«La persecución y el intento de allanar a periodistas por revelar hechos de corrupción pone en riesgo toda la institucionalidad en nuestro país», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Se trata de un ataque directo a la libertad de expresión y a todas las garantías constitucionales que como sociedad tenemos que defender. Todos los ciudadanos tienen derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa», agregó el dirigente. Entre los periodistas apuntados se encuentran Jorge Rial y Mauro Federico, además del responsable del portal Data Clave, Pablo Giménez.

Además, el sindicato alertó el preocupante acto de censura por el cual el juez Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, prohibió la difusión de nuevos audios de la hermana del presidente.

«Estas decisiones atentan directamente contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, amparados en los artículos 14 y 32 de la Carta Magna. Todos los habitantes de la Nación gozan del derecho a publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal», detalló Aguiar.

Además, recordó que «la Argentina suscribe a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual en su artículo 13 señala que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. El ejercicio del derecho no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley».

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Gremios

UnTER ratificó el rechazo a la oferta salarial del Gobierno y exigió urgente convocatoria a paritaria

Desde el sindicato esperan que el llamado sea la próxima semana, si no convocarán a un nuevo Congreso.

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El plenario de secretarios generales de la UnTER resolvió avalar por unanimidad el rechazo del Consejo Directivo Central a la última propuesta salarial por considerarla «paupérrima» y exigir una urgente convocatoria a paritaria con una oferta de recomposición acorde con los requerimientos del sindicato. 

Con la participación de representantes de las 18 Seccionales, el plenario que se desarrolló por plataforma virtual, definió que en caso de no recepcionar la convocatoria del Ministerio de Educación en la primera semana de septiembre, se realizará un Congreso Extraordinario el 9 de septiembre. Asimismo, se resolvió exigir al Gobierno provincial la derogación de las auditorias médicas.

El plenario se expidió también respecto de las situaciones de violencia en diferentes puntos de la Provincia: exigió la continuidad del trabajo, de manera perentoria, en la elaboración de un protocolo y definió exhortar a los legisladores provinciales a tratar urgentemente el proyecto presentado por UnTER para la  protección y el resguardo de los docentes en las instituciones rionegrinas.

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Gremios

ATE denunció a UPCN y a Unión Personal por prácticas ilegales contra los estatales

El sindicato acusó a la obra social por cobrar coseguros ilegales en prestaciones de salud que forman parte del Programa Médico Obligatorio, y restringir prestaciones a quienes no estén afiliados a UPCN.

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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció ante la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación a Unión Personal, obra social administrada por el sindicato Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), por el cobro de coseguros ilegales. También acusa discriminación en las prestaciones médicas según la afiliación sindical y la aplicación de tarifas exorbitantes sobre las prestaciones médicas obligatorias cercenando el derecho a la salud de los trabajadores.

«La conducta de algunos dirigentes del Sector Público es miserable. Primero le destruyen los salarios a los trabajadores avalando recortes sin precedentes, y ahora pretenden cobrar plus o aranceles diferenciados que están prohibidos por ley. No debe haber nada más bajo que meterse con la salud de los trabajadores y sus familias», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.

«Estamos frente a una extorsión comprobada y además debe investigarse si no existen complicidades de las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud por permitir este accionar discriminatorio y manifiestamente ilegal que perjudica a miles de trabajadores estatales», agregó el dirigente.

En esta línea, el referente de ATE apuntó contra la conducción de UPCN. «Están utilizando a la obra social para intentar de manera desesperada frenar las desafiliaciones masivas que están sufriendo a partir del silencio cómplice que mantienen desde hace 19 meses avalando a un Gobierno que de manera permanente y sistemática ha agredido al empleo público e intentado desmantelar numerosas estructuras del Estado», agregó.

«Sin dudas enfrentamos una maniobra dolosa. Se están cometiendo delitos y de manera inmediata tienen que determinarse las responsabilidades de los administradores de la obra social, los dirigentes gremiales y funcionarios públicos que puedan estar involucrados», concluyó Aguiar.

El dirigente sindical argumentó ante la Superintendencia la ilegalidad del cobro de coseguros para intervenciones quirúrgicas, lo que viola el Programa Médico Obligatorio, y la imposición de costos elevados y diferenciales según afiliación sindical. Además, resaltó que «todos los estatales, independientemente de su afiliación o no, tienen el mismo derecho a la salud».

De esta forma, se acusa a UPCN de «extorsionar a los trabajadores para frenar la desafiliación masiva que viene sufriendo y de eximir solo a quienes estén afiliados a dicho sindicato del pago de los coseguros, entre otros privilegios como el acceso exclusivo a distintos sanatorios. Esto último, además de ser inconstitucional, representa una práctica extorsiva e intimidatoria. Además, el sindicato liderado por Andrés Rodríguez actúa en consonancia con el Gobierno Nacional».

Desde ATE se repudia «una deficiente administración por parte de la obra social Unión Personal y de UPCN lo que obliga a trasladar los costos de los servicios a los propios estatales».

«Gracias a la estrategia jurídica que el centenario sindicato estatal implementó para impedir los abusos que está llevando a cabo Unión Personal, ya se logró dar marcha atrás a algunas de las prácticas fraudulentas. Para eso, se presentaron diversos amparos, colectivos e individuales según el caso, ante el órgano de control de las obras sociales», sostuvo Aguiar.

Por otra parte, los delegados del sindicato en cada sector de la Administración Pública Nacional han registrado múltiples casos y asesorado sobre el procedimiento administrativo para impedir estas acciones ilegales y discriminatorias que está ejerciendo la obra social. También se ha puesto a disposición los formularios correspondientes para realizar las denuncias de forma individual.

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