Sociedad
La Justicia rechazó el amparo presentado por UnTER contra la nueva Escuela Secundaria
Desde el gremio buscaban la declaración de ilegalidad y la prohibición de ejecución de las resoluciones relativas a la reforma del Nivel Medio.
En un fallo unánime, el Superior Tribunal de Justicia rechazó la acción judicial interpuesta por los representantes de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), mediante la cual se solicitaba la declaración de ilegalidad y la prohibición de ejecución de las resoluciones relativas a la reforma de la escuela secundaria rionegrina.
La sentencia fue dictada el pasado 9 de febrero y tuvo el voto conjunto de los cinco jueces del STJ. Antes la Procuradora General, Silvia Baquero Lazcano, había dictaminado en el mismo sentido.
En el fallo del STJ se enumeran la existencia de varias acciones legales ordinarias en curso presentadas por la UnTER que están en pleno desarrollo judicial. “Como bien puede ser advertido la misma accionante presenta prueba que evidencia un profuso tránsito administrativo en curso, con sus correspondientes impugnaciones”, dice el fallo. Frente a la posibilidad de esas vías ordinarias, resulta improcedente el “excepcionalísimo” recurso del prohibimus.
El planteo de UnTER
Las autoridades de UnTER promovieron un «mandamiento de prohibición» contra la Provincia de Río Negro -Consejo Provincial de Educación (CPE)-, demandando que se declare la «ilegalidad e inconstitucionalidad» de seis resoluciones administrativas del Ejecutivo referidas a la reforma de nivel medio y requiriendo al STJ que «prohíba la ejecución» de tales disposiciones. Asimismo, solicitaron como «medida cautelar innovativa» que se ordene la suspensión de las asambleas de toma de cargos y de «todo otro acto que implique llevar adelante la reforma de la escuela secundaria cuestionada».
Argumentaron una violación a la Constitución Provincial, a la Ley Orgánica de Educación y a otras normas de la materia y sostuvieron -entre otros cuestionamientos- que las resoluciones fueron dictadas sin la debida intervención del Consejo Provincial de Educación, en su carácter de cuerpo colegiado, y sin debate previo entre los integrantes de la Comunidad Educativa.
El dictamen de Procuración
En su oportunidad procesal, la Procuración General propuso que se rechace la presentación «por resultar formalmente improcedente», por no reunir «los recaudos esenciales que habilitan la viabilidad del mandamiento de prohibición (art. 45 de la Constitución Provincial) ni tampoco de la figura del amparo genérico (art. 43 de la Constitución Provincial)». Indicó que «no se ha acreditado la irreparabilidad del daño, la urgencia o el peligro en la demora ni resulta manifiesta la ilegalidad de la conducta estatal» y que tampoco se agotó la vía administrativa, pues están pendientes de resolución los recursos ordinarios planteados por UnTER contra las respectivas disposiciones.
La decisión del STJ
Tras analizar los argumentos de cada parte, el Superior Tribunal de Justicia recordó que el amparo en cualquiera de sus formas (lo que incluye la acción de «prohibimus» interpuesta por UnTER) sólo es viable ante «situaciones especiales en las que de ningún modo se presenten medios administrativos o judiciales idóneos» para su solución, y donde la afectación de derechos se presente «de modo francamente manifiesto, claro y evidente, de una gravedad tal que no admita dilación alguna». Esas circunstancias «de modo alguno quedan acabadamente acreditadas en estas actuaciones», sostuvo el máximo Tribunal.
Se señaló que en el caso no se acreditaron los requisitos esenciales de «urgencia, gravedad, irreparabilidad del daño e ilegalidad manifiesta» atribuibles al Ejecutivo Provincial y al CPE.
Por otra parte, el STJ señaló que en la acción específica de «prohibimus» o «mandamiento de prohibición» se suma otro requisito: «que un funcionario o ente público administrativo ejecute actos prohibidos por la propia Constitución, una ley, decreto, ordenanza o resolución». Así, el Tribunal puntualizó que para que proceda la medida se debió acreditar: 1) la existencia de una prohibición legalmente establecida en una norma; 2) la ejecución por parte de un funcionario o ente público administrativo de un acto prohibido por ella, y 3) la afectación, por tal ejecución, de los derechos de los recurrentes.
En el caso, el STJ concluyó que UnTER «no describe con precisión cuál es la prohibición concreta impuesta normativamente al Poder Ejecutivo Provincial que por su eventual realización haya afectado algún derecho de los actores».
Coincidiendo también con el dictamen de Procuración, el STJ destacó que aún están «en trámite en su sede natural» los múltiples reclamos administrativos (que la sentencia enumera) formulados por UnTER contras las normas cuestionadas, configurándose así otra «circunstancia que obsta a la pertinencia formal de amparo, habida cuenta que ello -de por sí- pone en evidencia la existencia de otras vías útiles para alcanzar eventualmente la tutela del derecho de que se trata».
Política
Tensión en el IUPA tras las elecciones: Impugnaciones, acusaciones y disputa por el Consejo Superior
La oposición asegura haber logrado mayoría, mientras el oficialismo reivindica el resultado electoral.
Las elecciones en el Instituto Universitario Patagónico de las Artes (IUPA), realizadas entre el domingo (15/03) y el lunes (16/03), marcaron un hecho clave en el proceso de normalización institucional, pero derivaron en un fuerte conflicto político y denuncias cruzadas entre distintos sectores de la comunidad universitaria.
Desde la institución se destacó la participación de docentes, estudiantes y personal no docente en la elección de representantes para el Consejo Superior, el máximo órgano de gobierno. Según el escrutinio provisorio, la lista oficialista La Unión obtuvo un amplio respaldo en varios claustros.
Sin embargo, la oposición y sectores estudiantiles denunciaron irregularidades en el proceso electoral. Agrupaciones opositoras, entre ellas la Lista 10 -que es la que más sufragios recibió de la oposición- impugnaron el resultado al sostener que se incorporó fuera de término un padrón de estudiantes vinculados a programas de extensión, lo que -según afirmaron- habría alterado el resultado final en el claustro estudiantil.
De acuerdo a esa denuncia, en la sede central votaron 611 estudiantes y ninguna de las listas con mayor respaldo en ese ámbito obtuvo representación, mientras que la lista oficialista logró las dos bancas a partir de votos provenientes de otras localidades.
Además, se cuestionaron aspectos vinculados a la fiscalización, el escrutinio y la conformación de mesas, lo que motivó pedidos de impugnación y la convocatoria a una asamblea para definir posibles medidas de protesta.
Desde el oficialismo, en tanto, rechazaron de manera categórica las acusaciones y denunciaron intentos de deslegitimar el proceso electoral. En un comunicado, sostuvieron que las elecciones se realizaron con todas las garantías institucionales y acusaron a sectores opositores de promover acciones de «violencia política» y desinformación.
En paralelo, desde espacios opositores también se difundieron resultados propios que indicarían una mayoría de consejeros contrarios al oficialismo dentro del futuro Consejo Superior, lo que podría incidir directamente en la elección del rector prevista para fin de mes.
El proceso continúa abierto a la espera del escrutinio definitivo, que será clave para validar los resultados y definir la composición final del órgano de gobierno.
Roca
Trabajos en desagües pluviales: Buscan mejorar el drenaje ante la posibilidad de nuevas luvias en Roca
El objetivo es evitar obstrucciones que puedan generar anegamientos durante tormentas.
El Municipio de General Roca continúa llevando adelante tareas de limpieza y mantenimiento del sistema de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y prevenir anegamientos ante eventuales tormentas.
Las acciones forman parte de un trabajo permanente orientado a garantizar el correcto funcionamiento de alcantarillas, sumideros y conductos pluviales, evitando la acumulación de sedimentos y residuos que puedan obstruir el drenaje.
Durante los últimos días, se realizaron tareas de limpieza en diversos puntos, entre ellos: Jujuy y José Ingenieros, Jujuy y Rochdale, Lisandro de la Torre y Alemania, Lisandro de la Torre y Carlos Gardel, y Los Perales y Los Tamariscos.
También se intervino en sectores como Chula Vista y Mendoza, Bolivia y Maipú, Bolivia y Misiones, Chula Vista casi San Juan, Islas Orcadas y Gelonch, Damas Patricias y Bolivia, Félix Heredia y 9 de Julio, Félix Heredia y Tucumán, Félix Heredia y Mitre, Santa Cruz y Gelonch, Avenida Roca e Yrigoyen, Buenos Aires y Gelonch, Rochdale y Jujuy, Yrigoyen y Mendoza, Tres Arroyos y Mendoza, Avenida Roca y Canadá, José Ingenieros y Japón, y José Ingenieros y Bahamas.
En paralelo, se realizaron trabajos específicos de limpieza en sumideros ubicados en José Ingenieros y Mendoza, y 9 de Julio y Belgrano, priorizando las cámaras donde se encuentran instaladas bombas sumergibles para asegurar su correcto funcionamiento.
Desde el Municipio recordaron a los vecinos la importancia de «no arrojar residuos en la vía pública, ya que muchos de estos desechos terminan en los sistemas pluviales y generan obstrucciones que dificultan el escurrimiento del agua».
Roca
Controles de tránsito en Roca: 221 actas y 9 casos de alcoholemia positiva
Se retuvieron 33 motos y 9 autos por distintas infracciones, entre ellas porque sus conductores circulaban bajo efectos del alcohol.
Como ocurre de manera habitual, el Municipio de General Roca llevó adelante nuevos operativos de control de tránsito en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de reforzar la seguridad vial.
Según se informó, durante la semana comprendida entre el lunes (09/03) y el domingo (15/03), los inspectores municipales confeccionaron 221 actas de infracción, de las cuales 9 correspondieron a casos de alcoholemia positiva.
En el marco de estos controles, se procedió a la retención preventiva de 42 vehículos, entre ellos 33 motocicletas y 9 automóviles. Del total, 6 fueron retenidos por alcoholemia positiva, 9 por ruidos molestos, 5 por delegar la conducción a menores de edad y 13 por falta de documentación.
Las infracciones más frecuentes detectadas durante los operativos fueron la falta de licencia de conducir y la ausencia de seguro obligatorio.
Desde la Dirección de Tránsito recordaron que en la ciudad se encuentra vigente la ordenanza de Alcohol Cero al volante, que prohíbe conducir cualquier tipo de vehículo con una alcoholemia superior a 0 miligramos por litro de sangre.
La normativa establece sanciones severas para quienes incumplan la disposición, con multas que van de 1.000 a 3.000 USAM, lo que equivale a montos aproximados de entre $1.200.000 y $3.600.000, además de la inhabilitación de la licencia de conducir.
En ese sentido, las autoridades reiteraron la importancia de evitar el consumo de alcohol al momento de conducir o, en su defecto, designar un conductor responsable para reducir riesgos y prevenir siniestros viales.
