Gremios
«Educación en Río Negro, como barco sin timonel»
UnTER acusa que mientras la ministra Silva dice una cosa en los medios de comunicación, sus funcionarios hacen lo contrario.
La inscripción virtual, último intento del gobierno para imponer su proyecto de la Nueva Escuela Secundaria en Río Negro, aparece en estos días como «una mala comedia de enredos», según el gremio docente UnTER. «Cada uno con su propio guión, pero el director no aparece. El problema es que el conflicto está en el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. La Ministra Mónica Silva declara una cosa, sus funcionarios firman actas con UnTER con el mismo criterio, pero el vocal gubernamental Omar Ribodino hace lo contrario. Desde las Supervisiones se emiten notas múltiples opuestas a las directivas ministeriales. ¿El poder lo tiene Silva, Ribodino o funcionarias de tercera línea? ¿Con este mismo criterio discutieron el modelo de la ESRN, armaron el diseño curricular y el proyecto de trayectorias escolares? ¿En manos de quién se encuentra el destino de 70000 estudiantes secundarios y las garantías laborales de las y los docentes?», se preguntaron desde el sindicato.
UnTER denuncia esta «metodología impuesta con el único objetivo de desarticular la férrea oposición del colectivo docente a la ESRN, que se traduce, hasta el momento, en las más de 2500 negativas, firmadas en escuelas de toda la provincia, por acuerdo entre docentes, en asambleas o publicadas por las redes sociales, que incluyen el reclamo de docentes del CEM N° 58 de Los Menucos, que se encontraron, pese a su negativa incluidos en una Resolución emitida unilateralmente en la última sesión del CPE, con rechazo expreso de la vocal gremial docente, Sandra Schieroni».
«Exigimos al Ministerio que respete los compromisos firmados ante la Secretaría de Trabajo y que se organice de una vez. Es inadmisible tanto despropósito en áreas tan sensibles. Mientras que la ministra Silva, declara en los medios de Viedma que «si en el Consejo escolar no se inscriben la mitad más uno de los docentes, entonces en ese consejo escolar los docente han entendido que no están interesados y nosotros no aplicaremos la escuela», en paralelo, el vocal gubernamental Ribodino advierte, por las redes sociales, que quien no se inscriba perderá su puesto laboral, borrando con el codo el acta que firmó en la Secretaría de Trabajo el jueves 23 de febrero, en la que consta que «la ESRN se implementará en aquellos consejos escolares/asambleas impedidas donde la mitad mas uno del universo de docentes titulares e interinos soliciten la designación completando el formulario», enfatizaron desde UnTER.
Por otra parte, «desde algunas Supervisiones escolares se envían notas múltiples que son un burdo apriete al conjunto de docentes, como sucede con el documento firmada por las supervisoras de Educación Secundaria de las Zonas I, II y III Alto Valle Este I, por el cual instan a la inscripción online habilitada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos, advirtiendo la posibilidad de quedar en disponibilidad o perder instancias de toma de cargo. Sin mencionar normativa que respalde esta afirmación, lo único que se puede entender es que es una orden de la Dirección de Nivel, aplicada bajo obediencia debida».
«Experiencia similar se vivió en Villa Regina, al momento de suspender la asamblea de concentración, cuando las supervisoras enviaron notas imperativas avaladas por los funcionarios, aún cuando el vocal gubernamental, Oscar Cifuentes, reconoció el error y se hizo cargo públicamente ante las y los docentes presentes», explicaron.
«Situación análoga viven docentes de la Línea Sur que reciben mensajes del coordinador de la Zona Sur, José Ramallo, con información falaz, por ejemplo se atreve a afirmar que el interino que se inscriba podrá titularizar mediante una simple capacitación, desconociendo el estatuto docente que determina la normativa de ingreso a la docencia».
«No sorprende el proceder de los funcionarios, si el de docentes que lograron llegar al máximo escalafón luego de años de lucha sindical para lograr la titularización de estos cargos con normas claras para el concurso de ascenso. Con esto se entiende, que optaron por ser funcionales al gobierno de turno, mientras que en otras Supervisiones se ponen del lado de sus compañeros y compañeras exigiendo el estricto cumplimiento de la Ley de Educación y el Estatuto docente independientemente de quién de la orden de desconocerlas».
«Advertimos que este accionar se encuadra en un acto de deslealtad patronal que deslegitima la intervención de la Secretaría de Trabajo, obstaculiza cualquier intento de continuar el diálogo para destrabar este conflicto y confirma, para preocupación del pueblo de Río Negro, que el derecho social a la educación no es una prioridad para este gobierno, sino una simple variable de ajuste y prenda de cambio en la interna ministerial».
«En defensa de la educación pública, UnTER continuará sus reclamos en todos los espacios que sean necesarios porque es inadmisible el juego perverso en el que quieren involucrar el destino de nuestros estudiantes ni de nuestros compañeros y compañeras y los responsables de esto deberán dar las explicaciones correspondiente y, si amerita, presentar la renuncia a un cargo que ostentan pero no saben honrar», concluyeron desde el gremio que lidera Patricia Cetera.
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ATE anticipa que no tolerará nuevos despidos: «En el 2025 les vamos a robar la motosierra y le vamos a cortar las cabezas a ellos»
«El Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de los más de 57.500 contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año», indicó Aguiar.
Ante la situación que atraviesan los 57.513 trabajadores del Sector Público cuyos contratos vencen a fin de mes y que el Ejecutivo pretende cesantear, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que «el Gobierno tiene que garantizar la continuidad laboral de todos los contratos que vencen el 31 de diciembre y debe terminar con la reprecarización laboral en el Estado firmando los nuevos vínculos por el plazo mínimo de un año».
«Además, aunque seguimos demandando la anulación del Sistema de Evaluación Pública, hay que incorporar en la planta permanente a ese universo de trabajadores que ya se presentó a rendir y que en el 96% de los casos aprobaron en primera instancia los exámenes», agregó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que «más allá de su relato exitista y fantasioso, el Gobierno pierde fuerza. En el 2025 les vamos a robar la motosierra y vamos a empezar a cortar las cabezas de ellos. Tenemos que salvar la democracia y la institucionalidad poniéndole límites claros a Milei, disparó.
«El próximo año la estabilidad tiene que volver a ser un derecho en el empleo público. Tenemos que lograr que recuperen el poder adquisitivo los salarios y jubilaciones e impedir que se siga desguazando el Estado y rematando el patrimonio estatal», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Son 57.513 los contratados en el Estado Nacional según el Boletín Fiscal del Ministerio de Economía al cuarto trimestre de 2024. La gran mayoría de ellos son contratados en el marco del art. 9° de la Ley de Empleo Público (Resolución 48/02). También incluye a monotributistas de locación de obras y servicios; contrataciones bajo entes cooperadores u organismos de crédito internacional; pasantías; y otros tipos de contrataciones a término como eventuales.
El mayor alerta de ATE por estás horas está puesto en el Ministerio de Justicia, donde el Gobierno anticipó el despido de más de 2.400 trabajadores a partir de la baja del convenio con el ente cooperador ACARA. A esto se le suma el anuncio de 104 despidos en la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y también los más de 50 despidos comunicados en el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dependiente de la Secretaría de Transporte (integrada al Ministerio de Economía).
Cabe destacar que según el monitoreo del sindicato, durante la gestión de Javier Milei, más de 20 mil trabajadores de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada perdieron sus puestos de trabajo a partir de cesantías ilegales. Desde la organización se sigue reclamando su inmediata reinstalación y se evalúan nuevas medidas de acción directa para el inicio del 2025.
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ATE exige la reapertura de las paritarias ante de fin de año y una recomposición salarial de emergencia
«La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan», señaló Aguiar.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) le exigió al Gobierno Nacional la inmediata reapertura de las paritarias antes del 31 de diciembre y reclamó un aumento de emergencia para recomponer el poder adquisitivo gravemente deteriorado en el último año. El sindicato anticipó que en el caso de que no haya convocatoria a las negociaciones salariales, podría determinar medidas de acción directa para el inicio del 2025.
«Es imperiosa la necesidad de que se reabran las negociaciones antes de fin de año. El ajuste aplicado en el sector público durante el 2024 destruyó todos los salarios. La política salarial impulsada desde la Casa Rosada empujó a más del 80% de los estatales a la pobreza. Los sueldos ya no alcanzan ni para cubrir las mínimas prestaciones garantizadas por la ley», señaló Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Ante esta situación el dirigente apuntó que «necesitamos que sea compensando el grave deterioro que han tenido durante este año nuestros ingresos. El bono de $30.000 otorgado y avalado por otro sindicato es una ofensa, no alcanza para nada».
«Hoy todos los empleados públicos que tienen que pagar un alquiler no llegan ni siquiera a mitad de mes. El recorte salarial en la Administración Pública es dramático. Si no existe una respuesta a este pedido concreto, en el inicio del próximo año habrá un aumento de la conflictividad», concluyó el secretario general de ATE Nacional.
En una nota dirigida al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger, y a la Secretaría de Trabajo de Julio Cordero, el sindicato exigió:
- Salarios dignos que, de acuerdo con el art. 14 bis de la Constitución Nacional, aseguren como mínimo alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión;
- Aumentos salariales por encima de la inflación;
- Apertura de todos los convenios colectivos de trabajo sectoriales, especialmente los más postergados, como el del Personal Civil y Docente Civil de las FF.AA.-Seguridad-IOSFA,Sistema Nacional del Empleo Público (SINEP) y Profesionales de la Salud Dto. 1133/09;
- Asegurar la continuidad de todos los procesos de regularización del empleo público – pases a planta permanente;
- Cese del ajuste; los despidos y reincorporación inmediata de todos/as los/as trabajadores despedidos/as a partir del 10 de diciembre de 2023
Hasta el momento, la pérdida del poder adquisitivo en la Administración Pública Nacional (Convenio Colectivo de Trabajo 214/06) superó el 40% en el 2024.
Cabe recordar que la Junta Interna de ATE en el INDEC, utilizando los datos recabados por el organismo, determinó que el ingreso mínimo (no el óptimo ni el deseable) debería ser de $1.547.169.
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ATE inicia semana de acampes: Cortarán calles frente a Rentas
Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
Este lunes (22/12), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) iniciará acampes en los principales edificios públicos provinciales en Roca, Bariloche y Viedma. «Es en rechazo al congelamiento salarial y en demanda de la renovación de los contratos que vencen el 31 de diciembre», informaron.
Desde el sindicato demandan a la provincia una compensación salarial y en este sentido, anunciaron que darán continuidad a las protestas durante las Fiestas si no existe respuesta al pedido de reapertura paritaria. En Roca, el acampe comenzará a las 6 de la mañana del lunes frente al edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria, en 9 de Julio y España. Asimismo, realizarán protestas también en Viedma y Bariloche.
«La política de aumento 0 del Ejecutivo Provincial golpea no sólo al bolsillo de los estatales sino también a toda la comunidad, ya que esa decisión comienza a impactar en el desfinanciamiento del sistema público de salud y educación y en todos los organismos del Estado», dijo Romeo Aguiar, secretario gremial de ATE.
«Los voceros del Ejecutivo mienten cuando dicen que los salarios superaron a la inflación. Se creen su propia fantasía: los servicios básicos, alquileres y combustibles superaron ampliamente la evolución de los salarios», agregó.
Si bien uno de los pedidos fue saldado por el Gobierno -el pago íntegro del aguinaldo antes del 24 de diciembre-, Aguiar insistió con que «el congelamiento salarial de los dos últimos meses empujó a miles de trabajadores bajo la línea de pobreza, que alcanza en la provincia al 56% de los ciudadanos -más que el promedio del país- y con esta decisión se incrementará drásticamente».
«Además demandamos la regularización de los trabajadores con contratos, un personal discriminado sin estabilidad laboral que tiene el derecho a estar en las mismas condiciones que el resto del personal con igual tarea, como dicta la Constitución Nacional», dijo por su parte Leticia Lapalma, secretaria adjunta de ATE. Se trata de más de 4500 agentes que cumplen funciones en diversos Ministerios con contratos de locación y horas cátedra, entre otras relaciones irregulares.
